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Unidos Podemos exige a Nadal investigar la «anómala» subida en la factura de la luz y auditar sus costes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha exigido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que lleve a cabo una investigación de la «anómala» subida del precio de la electricidad y realizar una auditoría de los costes que componen la factura energética.

Así, el portavoz de Energía, Josep Vendrell (En Comú), ha preguntado a Nadal por las medidas que piensa adoptar para investigar «las presuntas anomalías» sucedidas el 23 de octubre, cuando el precio de la electricidad alcanzó una media de 61,7 euros por megavatio hora (MWh), superando el máximo registrado en lo que va de año. En este sentido, alude a que el propio presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, observa «puntos atípicos» en el encarecimiento puntual del sistema eléctrico, más allá de «la habitual responsabilización a las condiciones climatológicas de esta época del año», critica.

Así, Vendrell destaca que el regulador «pone su vista en el encarecimiento del mercado de ajuste de la reserva de potencia a subir, y el repunte sufrido en la misma». No es la primera vez, recuerda Vendrell, que la CNMC advierte de anomalías en el precio de la electricidad ya que en 2013 señaló que una subasta energética «no se había celebrado en las condiciones habituales”. “En ese caso, el Gobierno tuvo que intervenir”, resaltó.

En Comú también pregunta a Nadal si tiene previsto realizar «una auditoría independiente de los costes que conforman la tarifa energética», y si cree que los precios actuales «reflejan el coste de producción de la energía». El diputado catalán argumenta que el hecho de que la mitad de la factura energética refleje cualquier alza de los precios de la electricidad «potencia la vulnerabilidad» de la ciudadanía ante estas subidas, por lo que pregunta al Gobierno si es consciente de esta situación, y si piensa tomar medidas «para atenuar o evitar dicho daño». Asimismo, cuestiona a el ministro si «valora la posibilidad de modificar» la reforma del sector eléctrico de 2013.

Nadal llama «irresponsables” a los partidos que reclaman el cierre de las térmicas y rechazan el carbón en el mix

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Europa Press.- El PP alerta del cierre de las centrales térmicas que se produciría de aplicarse la moción de Podemos apoyada por PSOE y Ciudadanos en el Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha criticado la «drástica» moción en materia de carbón, que responde «meramente a motivos ideológicos», por lo que les recriminó ser unos «irresponsables» y «no conocer» la realidad del sector, al contrario del PP, que quiere que esté dentro del mix energético 2020-30.

Una decisión que, según consideraÁlvaro Nadal, «afectará al recibo de la luz de todos los españoles», cuando «el interés general es que el carbón esté para que las puntas de precio no sean muy altas«. «No estamos de acuerdo con un planteamiento que, de aprobarse en las condiciones que ha reclamado el Congreso, en 2020 dejarían de funcionar todas las centrales de carbón de España, por lo que la situación es muy grave», ha añadido. Nadal ha explicado que el Gobierno se encuentra en medio de una negociación con la Unión Europea sobre el futuro del carbón y lamenta que la postura mayoritaria del Congreso «no ayuda en absoluto«.

Según la legislación europea, mientras se cumplan los objetivos europeos en reducción de emisiones, cualquier país puede elegir el mix energético que considere, por lo que Nadal ha recordado que «si España, cumpliendo dichos objetivos, encaja las centrales de carbón porque son útiles desde el punto de vista económico, se pueden mantener«, mientras que la propuesta aprobada «las elimina, lo que no tiene sentido». No obstante, el ministro señala que «no todos los países están de acuerdo con propuestas así», por lo que se están buscando aliados dentro del Consejo Europeo para ver de qué manera «esto se puede modular».

Alerta contra el cierre térmico

Por otro lado, el diputado del PP, José Alberto Herrero, ha advertido de que la aplicación efectiva de la moción de Podemos conduciría al cierre de las centrales térmicas en Europa y, concretamente, de las centrales españolas más significativas, como las de Andorra (Teruel), Asturias o León. Herreno ha visto «sorprendente» que el PSOE se sumara finalmente a la iniciativa de Podemos defendiendo el mantenimiento de las energías de respaldo. «Es triste ver al PSOE adhiriéndose a esta moción a través de una transaccional que va al hilo de lo que dice la formación morada», ha lamentado el diputado popular.

«Todos los países tienen que defender el mismo fin, pero no los mismos medios», indicó Herrero sobre los objetivos nacionales en materia energética, «porque cada país tiene unas singularidades diferentes a la hora de incorporar otros tipos de energía, y en el caso español necesitamos de interconexiones con Europa porque España es una isla en términos energéticos». Según subrayó el diputado popular, aprobar las medidas contenidas en dicha iniciativa supondría el final de la central térmica de Andorra (Teruel), que para esta provincia española supone el 40% del PIB provincial.

El Congreso demanda al Gobierno elevar al 40% el objetivo de energía renovable y eficiencia energética en 2030 en España

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Europa Press.- El pleno del Congreso exige al Gobierno que defienda en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes ya que le pide que marque como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030 como objetivo nacional y vinculante, así como un 40% de eficiencia energética.

Así, la moción impulsada por Unidos Podemos, y acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos, recabó también el apoyo de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. El PP, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. El texto aprobado incluye otras medidas, como la defensa del acceso «en condiciones de prioridad» a la red eléctrica por parte de las energías renovables, la eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.

Asimismo, también llama a limitar, «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados». Si bien Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso cuando otras soluciones, como la interrumpibilidad, las interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes». En todo caso, para optar a pagos por capacidad se establece un umbral de emisiones no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.

Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la Unión Europea. Asimismo, llama a reforzar la cooperación entre las Administraciones y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% para alcanzar en 2050 el 100%.

Unidos Podemos demanda al Gobierno que defienda unos objetivos de energía y clima más ambiciosos ante la Unión Europea

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Europa Press.- Unidos Podemos, grupo parlamentario del que forma parte Equo, exigió al Gobierno una serie de objetivos verdes que deberá defender en el marco de la Unión Europea, dentro de la negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Así lo hizo con una moción consecuencia de la interpelación que la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, dirigió al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En su iniciativa, Unidos Podemos plantea que el Gobierno defienda en las negociaciones comunitarias objetivos nacionales y vinculantes para situar en 2030 el uso de renovables en el 45% y el ahorro en eficiencia energética en el 40%. Este es uno de los objetivos con los que Unidos Podemos esperaba que el Congreso instara al Gobierno a redirigir su política energética en Bruselas. Otras de las medidas propuestas por Unidos Podemos pasan por defender el acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, el apoyo a las cooperativas de productores energéticos, el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono en la Unión Europea.

Asimismo, también llaman a acabar con los mecanismos por capacidad, pues consideran que son «subvenciones encubiertas a las energías sucias» y, si no es así, recurrir a ellas siempre que no se supere el umbral de emisión de 350 gramos por CO2, como propone la propia Comisión Europea, para centrales ya existentes y nuevas. Otras de las medidas que incluyen en su moción son el fin de las subvenciones públicas a los agrocombustibles, que compiten con la producción alimentaria y contribuyen a la deforestación en países empobrecidos, reforzar la cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3%.

Durante su interpelación Nadal, la dirigente de Equo afeó al ministro que España no se situara en el «eje París-Berlín» y se decantara por hacer «causa común con Polonia en defensa de las energías sucias». En el texto de la moción, Martínez critica que, aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea «no son todo lo ambiciosos que deberían para dar cumplimiento a los Acuerdos del Clima de París», la posición del Ejecutivo español «ha sido la de defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión». De esta forma, la diputada de Unidos Podemos acusa al Gobierno de «defender una transición mucho más lenta de lo que es posible tecnológicamente».

Martínez critica que la posición española condicione cualquier objetivo y acuerdo a la construcción de nuevas interconexiones, que si bien concede que este elemento «será importante en la transición energética» asegura no compartir «la supeditación de los objetivos de renovables a la construcción de nuevas interconexiones». Así, advierte del «altísimo coste económico» de estas infraestructuras y vuelve a demandar «máxima transparencia y control» habida cuenta de su impacto ambiental. «Necesitamos más información y evidencias de la necesidad estratégica de estos proyectos: estudios de mercado, los cálculos, análisis de coste-beneficio, de la viabilidad de otras opciones (ahorro, almacenamiento, gestión de la demanda)… Estos informes deben ser públicos y debatidos, dado el esfuerzo que va a suponer en la factura eléctrica», asevera.

Nadal advierte de que un cierre de las térmicas de carbón encarecería el precio de la electricidad hasta un 15%

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno defenderá la permanencia de las centrales de carbón «mientras no perjudique los objetivos medioambientales» y ha argumentado que su desaparición podría encarecer hasta un 15% el precio de la electricidad en los momentos de mayor repunte de los precios.

Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida al Gobierno por la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, que le ha reclamado mayores esfuerzos por impulsar energías limpias y luchar contra el cambio climático. Sin embargo, Nadal ha asegurado que España es, dentro de los países grandes de la Unión Europea, el que más energía renovable ha instalado «con diferencia», que este año alcanzará el 18,9% cuando el objetivo es el 20% en 2020, por lo que cree que es el país que «más rápidamente» está dando cumplimiento a sus compromisos.

Ante las exigencias de la diputada de Equo, el ministro instó a «aprender de los errores del pasado», recordando que la apuesta hace 10 años por «renovables totalmente inmaduras» tiene un coste anual de 7.000 millones durante 25 años y que decisiones de este tipo tienen un coste en la factura. «Aquí todo el mundo promete mucho y sueña mucho», lamentó, acusando a Martínez de «pintar el mundo de color de rosa», y que estas decisiones, y su impacto en el empleo, en la producción industrial, acaba con el mundo «pintado de color de paro».

Nadal ha rechazado que la decisión de mantener este tipo de centrales o su apuesta por las interconexiones energéticas se motiven por el interés de las grandes compañías eléctricas, ya que ha argumentado que tanto el aumento de los precios que traería el cierre de térmicas como una mayor competencia que traerán las interconexiones no beneficiarán sus intereses. El ministro ha defendido la necesidad de profundizar las interconexiones con el resto de países pues ha explicado que permitirá que dotar al sistema de una mayor flexibilidad en los momentos en los que las energías renovables no aporten suficientemente al pool.

La escasa interconexión de España, reflexionó Nadal, condena al país a tener un sistema de pago por capacidad ya que en los momentos de escasez hay que pagar la estacionalidad de centrales térmicas, pero sí ha reconocido la necesidad de encontrar un procedimiento más competitivo, como subastas, «para revelar el coste de esta flexibilidad«. El ministro ha cuantificado que el coste anual de no estar suficientemente conectado con Europa, por los momentos de escasez y el exceso de energía renovable que no puede derivarse a otros sistemas, supone 1.200 millones, pero que en caso de avanzar a objetivos en renovables más ambiciosos, superiores al 20% e incluso cercanos al 30%, estos costes podrían aumentar hasta los 10.000 millones de euros.

Por su parte, Rosa María Martínez ha lamentado que España no contribuya a que Europa lidere las energías renovables y cree que la posición del Gobierno hace que vaya «justo en la dirección contraria a una transición limpia, justa y democrática«. «Ha perdido la oportunidad de ponerse al lado de los Estados que con más fuerza están apostando por la acción climática y las renovables. En vez de ponerse en el eje París-Berlín, hace causa común con Polonia en defensa de las energías sucias», criticó.

Para Martínez, la argumentación del ministro por las limitaciones tecnológicas para apostar por sistemas alternativos no es válida. «Han destrozado la ciencia y la investigación; quizás tengan parte de responsabilidad», denunció. Tampoco dio por buenas ni la defensa de la interconexión ni del carbón. «Me crié en una zona minera. Llevo 20 años viendo cómo se dilapidan los fondos que iban destinados a dar futuro y alternativa a las cuencas», aseveró, responsabilizando al PP y al PSOE. «Su cierre va a llegar antes o después. No lo digo yo, lo dice la transición energética«, auguró.

Respecto a las interconexiones, Martínez expresó su rechazo a que España condicione su compromiso en renovables y contra el cambio climático a estas infraestructuras, y ha reiterado su demanda por poder tener acceso a los análisis, estudios de mercado y coste-beneficio, entre otros, de estos proyectos, recordando los resultados de otros proyectos como el Castor o muchas autopistas, rescatados con dinero público. «Mientras no los tengamos, vamos a seguir pensando que, o bien son excusa para retardar el objetivo de las renovables, o un medio para conseguir contratos millonarios para eléctricos y grandes constructoras«, sentenció.

Asimismo, también puso en duda que las interconexiones vayan a perjudicar a las grandes compañías, como decía el ministro, pues pueden dar salida al gas o a los ciclos combinados, y que si sirven para exportar en momentos como el parón nuclear en Francia, ha advertido que «con el mix actual va a disparar el precio de la electricidad». También criticó la ausencia de alternativas por parte de Nadal, como la búsqueda de formas de almacenamiento, el ahorro energético o la gestión de la demanda. «Eso nos va a dar flexibilidad y no se contempla en sus discursos», ha dicho, defendiendo que esto sí provocaría un descenso de los precios.

La diputada de Equo ha criticado la «visión cortoplacista» de Nadal, «basada en el precio», y que «las acciones del Gobierno indican que no tiene ningún compromiso». «Dice que a España le cuesta mucho más luchar contra el cambio climático, pero es que lo sufre mucho más«, ha dicho. «Dígale a la gente que sufre y está pagando la factura de las consecuencias del cambio climático en su vida que es más caro actuar contra el cambio climático que no hacer nada. Dígaselo», ha concluido.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

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Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.

El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

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EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

Mar Blava reprocha a Ciudadanos su apoyo al «veto» del Gobierno para tramitar la ley balear que prohíbe las prospecciones

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EFE.- La plataforma Alianza Mar Blava ha reprochado a Ciudadanos que haya apoyado el «veto» a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. «Pese a sus promesas de reconsiderar su apoyo al veto del Gobierno Rajoy», Ciudadanos ha votado en la Junta de Portavoces del Congreso junto al PP para rechazar los recursos contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la iniciativa legal.

Alianza Mar Blava señala que la Junta de Portavoces ha rechazado los recursos planteados por el Parlamento de Baleares, el grupo socialista y, de manera conjunta, por Unidos Podemos, Compromis, PDeCat, ERC, Nueva Canarias y EH-Bildu. «Solo Ciudadanos y el Partido Popular se han opuesto a levantar el veto presentado por el Gobierno en junio», lamentó la agrupación antiprospecciones, que se ha declarado decepcionada «por el rechazo, irracional y sin argumentos jurídicos válidos» del partido naranja. También el PSOE ha criticado «la pinza PP-Ciudadanos» que «vuelve a perjudicar a Baleares» al impedir que se tramite la ley contra las prospecciones.