El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.