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Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

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Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

La subasta de la discordia

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La historia reciente de las subastas en España en el ámbito de la energía viene precedida de una polémica más o menos intensa, dependiendo del asunto que se subaste. En algún caso tiene que ver con la forma en que se estableció el modelo de subasta; por errores de diseño que, además, se combinaron con la falta de perspectiva económica de la implantación de sistemas más abiertos y transparentes, que atraerían a más agentes inesperados.

Por ejemplo, en las subastas de interrumpibilidad (la subasta en la que grandes consumidores pujan a cambio de un incentivo a cambio de garantizar su disponibilidad a desconectarse de la red en un momento que el operador del sistema lo requiera), la forma en que se articularon derivó en que muchos operadores que anteriormente no eran los usuarios de los mecanismos precedentes (garantía de potencia) fueran los adjudicatarios, expulsando a operadores que habitualmente eran quienes tenían las tarifas integrales. Ello provocó que el Ministerio acabara ampliando y repitiendo las subastas a la vista de que los inicialmente no adjudicatarios de la capacidad amenazaban con cerrar sus instalaciones. Todo ello, pese a su escasa utilización y a la capacidad instalada excedentaria.

Por otra parte, cuando se subastó por primera vez potencia renovable (eólica más biomasa), hace más de un año, ocurrió algo parecido. Aparecieron operadores que se podrían denominar outsider y empresas con poca o nula experiencia en la operación e instalación renovable, que ganaron la potencia que se ofertaba. Tanto es así que, de los proyectos que ganaron la puja, hoy no está disponible ninguno, ni lo que se denominaba en lenguaje castizo de inauguración, la primera piedra y, además, hay una fuerte polémica por la ejecución de las garantías.

Como previo a esta subasta, el objetivo del Ejecutivo con las mismas es llegar a 2020 con un nivel de cumplimiento más o menos aceptable de los objetivos de potencia y producción renovable que se habían interrumpido tras la reforma eléctrica, sucesiva al desmadre de las primas. Ahora hay una cierta prisa, y a la vez contención, dado que el Ejecutivo también ha tenido presiones para ir más allá de cara a la «transición energética».

Esta subasta también empezó con una fuerte polémica alrededor del concepto de «neutralidad tecnológica», que siendo explícitos significa que la tecnología que puje por menos incentivo (solar, fotovoltaica, eólica, biomasa, etc…) se lleva la nueva potencia renovable a instalar. Los tramos de oferta se ordenarán de menor a mayor valor del cociente entre la retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento, con 2.367 horas anuales en la fotovoltaica y 3.000 en la eólica. Por otro lado, el sistema de desempate (por horas de funcionamiento anual) y la limitación del suelo de las ofertas conllevó que el sector fotovoltaico cuestionara la neutralidad de la misma, acudiendo desde UNEF incluso al Supremo.

Por otra parte, otra cuestión muy criticada de esta subasta tiene que ver con los elementos de inseguridad jurídica que anidan en ellas con las salvaguardas y márgenes de discrecionalidad que el Ejecutivo se ha fijado. Inicialmente se subastan 2.000 MW en paquetes de 100 MW y la posibilidad de ampliar la oferta de potencia en otros 1000 MW es una cuestión abierta que cambia las circunstancias de la puja, incluso en el mismo día. Luego está la revisión retributiva cada seis años. En suma, estas subastas han vuelto a conseguir un excipiente en el que el Ministerio se mueve como pez en el agua: la suspicacia entre las distintas tecnologías. Así, la polémica sobre las subastas también es renovable.

El Tribunal Supremo rechaza la petición de la patronal fotovoltaica UNEF de suspender la subasta de renovables de forma cautelar

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Europa Press.- El Tribunal Supremo rechazó la petición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de suspender de forma cautelar y urgente las reglas y procedimiento establecidos por el Ministerio de Energía para la subasta de energías renovables, que se celebrará este miércoles. La Sala Tercera del Alto Tribunal entiende que los perjuicios que pueda ocasionar la celebración de la subasta no revisten los caracteres de irreparabilidad o irreversibilidad necesarios para adoptar una medida cautelarísima de ese tipo.

UNEF consideraba que en las reglas de la subasta, que pondrá en juego 2.000 megavatios (MW) de renovables que serán ampliables en 1.000 MW más, las instalaciones fotovoltaicas resultan discriminadas injustificadamente frente a las eólicas. El Supremo ha examinado la petición de suspensión llamada cautelarísima, que se tramita inaudita parte, es decir, sin escuchar las alegaciones de la otra parte, en este caso el Ministerio de Energía, por entender UNEF que concurría una especial urgencia al estar prevista la subasta para el 17 de mayo.

Así, el Alto Tribunal rechaza la petición, pero prosigue la tramitación de la petición de suspensión por la vía ordinaria. La patronal fotovoltaica presentó un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra el decreto de la convocatoria del régimen retributivo a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables; así como contra la orden ministerial que reguló el procedimiento de asignación de ese régimen; y contra las dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía, una de ellas convocando la subasta, y la otra estableciendo el procedimiento y reglas de la misma.

Las horas de la discordia

En este recurso, la asociación reclamaba que se adoptara como medida cautelar urgente inaudita parte la suspensión de la resolución del Ministerio que fijó el procedimiento y las reglas de la subasta, en concreto el criterio de que se ordenara «de mayor a menor el número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». Según UNEF, se discrimina injustificadamente a las fotovoltaicas frente a las eólicas ya que la orden establece un número de horas de funcionamiento de 3.000 para las eólicas y de 2.367 para las fotovoltaicas, con lo que la ordenación iría siempre en beneficio de las instalaciones eólicas y en perjuicio de las fotovoltaicas.

Para UNEF, procedía la medida cautelarísima de suspensión, entre otras razones, porque de producirse la subasta con la cláusula cuestionada, se provocaría un daño irreversible, ya que su celebración con unos criterios discriminatorios genera una situación desigual. Además, considera que concurría riesgo de un daño irreparable en caso de que se celebre la subasta en tales condiciones, sin que su suspensión fuese a acarrear perjuicios graves a los intereses generales.

El Supremo rechazó la petición con el argumento de que los perjuicios ocasionados por la subasta «no revisten los caracteres de irreversibilidad o irreparabilidad que podrían determinar, en otro caso, el acogimiento de la pretensión cautelar urgente». Asimismo, señala que, «aun admitiendo que la celebración de la subasta implica la adjudicación de derechos a terceras personas y la consolidación de ciertas situaciones jurídicas, los perjuicios derivados de su celebración no tendrían un carácter irreparable en la medida que, si se dictara una sentencia estimatoria, los daños causados a la parte recurrente podrían ser resarcidos a través de una compensación económica».

Además, indica que la celebración de la subasta y las consecuencias que de la misma podrían derivarse no tendría «una incidencia significativa en la causación de los eventuales perjuicios que la medida cautelar trata de evitar». El Supremo también destaca que no aprecia que «la no suspensión de la celebración de la subasta implique perjuicios a terceros, y si que, más bien al contrario, existen interesados en la subasta y posibles adjudicatarios que verán frustradas sus expectativas en caso de no realizarse en el plazo y en las condiciones establecidas«.

La fotovoltaica UNEF invoca un caso de discriminación en la elección de jueces para detener la subasta de renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ante el Tribunal Supremo su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la subasta de renovables convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que evoca un reciente caso de discriminación en la elección de jueces para incidir en la falta de neutralidad del proceso.

En el recurso presentado ante el Supremo, los abogados de UNEF citan un auto del 8 de marzo del Supremo en el que se adoptaron medidas cautelares contra una decisión del Consejo de Ministros de enero, circunstancia que no es habitual en la jurisprudencia. En concreto, el tribunal suspendió de forma cautelar los criterios para elegir una terna de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al establecer como requisito que tuviesen menos de 61 años. Para el Supremo, esta medida, en apariencia del buen derecho, puede resultar discriminatoria.

En su recurso, UNEF considera que este caso resulta análogo a la discriminación que consideran que introduce el Gobierno para la solar fotovoltaica, al tiempo que no se muestra en contra de la celebración de la subasta, pero reclama que sea «verdaderamente neutral» y permita que las tecnologías compitan «en igualdad de condiciones», sin favorecer a la eólica, como opinan.

La medida cautelar reclamada afecta en concreto a la suspensión del criterio de ordenación de las ofertas de las diferentes tecnologías en función del «número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». UNEF considera que este criterioy el mecanismo fijado por Energíaresulta «arbitrario» y «perjudica a la fotovoltaica en el caso de empate«, al tiempo que no se encuentra motivado y puede «lesionar el derecho a la igualdad de las empresas fotovoltaicas que participen».

En el recurso, la patronal indica que la neutralidad tecnológica a la que se refiere la orden ministerial 315/2017 establece que todas las instalaciones deben ser tratadas en condiciones de igualdad en la subasta con independencia de su tecnología. Junto a esto, considera que la adopción de medidas cautelarísimas es urgente porque la subasta está convocada para el próximo 17 de mayo y, de no aplicarse, el recurso perdería su finalidad, «ya que se habría desincentivado la participación de empresas fotovoltaicas en el concurso, situación que no se remediaría con una sentencia estimatoria del recurso».

UNEF y las organizaciones ecologistas lamentan que el Gobierno desoye sus propuestas para la subasta de renovables

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Europa Press.- Varias organizaciones empresariales y ecologistas lamentan que el Gobierno haya desoído sus propuestas conjuntas sobre el diseño de la subasta de renovables convocada para el próximo 17 de mayo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Fundación Renovables, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, entre otras asociaciones, señalan que las reglas de esta nueva subasta, lejos de atender a la necesidad de alcanzar los objetivos de energías renovables, «van en contra de su desarrollo lógico y reinciden en los errores de la última convocatoria».

Consideran que con esta planificación el Ejecutivo hace «una apuesta descarada» por las grandes instalaciones y por los grupos financieros al aumentar a 200 megavatios (MW) el límite máximo de la cantidad que se puede ofertar en un tramo indivisible, frente a los 100 MW de la propuesta inicial. De esta manera, lamentan que el Gobierno «desperdicia de nuevo una oportunidad de democratizar la energía» al no apostar por la generación cercana al consumo ni por el deseo de la ciudadanía de fomentar el acceso a los pequeños productores y de abrir la participación en la subasta de nuevos actores.

Además, critica que se constata «la falsa neutralidad» tecnológica de la subasta, al no establecer subastas específicas por tecnologías y enfrentar a las renovables entre sí, «ignorando su complementariedad y los importantes beneficios derivados de un mix renovable diversificado«. Para estas asociaciones, el Gobierno «sigue apostando» por favorecer a los grandes grupos empresariales y por convertir a las energías renovables en un producto financiero, «valorando más su capacidad para generar plusvalías que la de generar electricidad en función de las necesidades del sistema». Así, piden un sistema de subastas «adecuado y transparente para cumplir con los objetivos fijados para 2020/2030».

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

La subasta renovable se celebrará el 17 de mayo, triplicando los avales requeridos y con máximos para los descuentos

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Europa Press.– La nueva subasta de renovables para la instalación de hasta 3.000 megavatios (MW) se celebrará el próximo 17 de mayo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En concreto, el BOE ha publicado dos resoluciones sobre la subasta para la asignación del régimen retributivo específico para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología renovable.

Energía indica que la subasta permitirá introducir las renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permitirá a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020. La entidad administradora de esta subasta es el Operador Español del Mercado Eléctrico (OMIE). De forma expresa se licitan 2.000 MW renovables y, como estaba previsto en los borradores publicados por Energía, reservan una opción de ampliación que permitirá sumar otros 1.000 MW y alcanzar los 3.000 MW. El procedimiento para esta ampliación es confidencial.

Las resoluciones incluyen algunos cambios con respecto a los borradores, entre ellos el descuento máximo en la presentación de las ofertas en función de diferentes tecnologías. Si antes eran del 66,01% en el caso de la eólica, en el 59,84% en el de la fotovoltaica y en el 98,94% en el resto de tecnologías, el texto final recoge porcentajes del 63,43% para la eólica, del 51,22% para la fotovoltaica y del 99,99% para el resto.

La subasta utilizará un sistema marginalista en el que los interesados pujarán a la baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego. Las ofertas se ordenarán de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo será la que marque el precio. Las nuevas subastas se presentan como tecnológicamente neutrales, de modo que podrán competir todas las fuentes renovables Esta circunstancia difiere de lo ocurrido en la primera subasta, en la que se pusieron en juego 700 MW, de los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa.

No obstante, este planteamiento ha generado controversia en el sector, ya que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que no hay tal neutralidad y ha solicitado medidas precautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta, al considerar que el mecanismo beneficia a la eólica. La asociación fotovoltaica denuncia que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento, y que este factor supone una ventaja para la eólica.

Las resoluciones publicadas en el BOE recogen un sistema por el que las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas. Como novedad, se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los proyectos generarán al sistema eléctrico. Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento.

Como resultado de la subasta, se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo. La referencia final de la subasta será «el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia para nuevas instalaciones».

En cuanto a los avales necesarios para participar, pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros. Otra de las novedades de la nueva subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW.

La fotovoltaica UNEF pide al Supremo la suspensión de la subasta de renovables por considerar que favorece a la eólica

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Europa Press.- Al tiempo que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobaba la orden ministerial que regula la subasta por 2.000 megavatios (MW) de potencia renovable, ampliable a otros 1.000 MW adicionales «si el resultado de la subasta ofrece precios competitivos», la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acordaba solicitar al Tribunal Supremo que aplique medidas precautelares consistentes en la suspensión de la próxima subasta de renovables, según indicó el director general de la asociación, José Donoso.

La petición responde a que el mecanismo preparado por el Gobierno “favorece”, según UNEF, a la eólica y “contradice” por tanto el principio de neutralidad tecnológica establecido en el real decreto sobre la subasta. En la reunión de UNEF han participado las empresas fotovoltaicas asociadas interesadas en la subasta, tanto las grandes como las pequeñas. «La percepción generalizada es que se produce una discriminación hacia la fotovoltaica, ya que con las condiciones de la subasta no se puede ejercer el grado de competitividad alcanzado por esta tecnología desde el punto de vista económico», explicó Donoso.

Al no reflejarse esta competitividad de la fotovoltaica, «se prevé que haya empate, y en caso de empate vamos a quedar desplazados», indicó. El mecanismo de la subasta limita los descuentos que ofrecen los interesados,lo que eleva según UNEF la probabilidad de empate, al tiempo que fija un procedimiento de desempate que premia los proyectos con más horas de funcionamiento y “beneficia por tanto a la eólica”. Para UNEF, este mecanismo contemplado en los desarrollos normativos rompe con el principio de neutralidad tecnológica establecido por el propio Ministerio de Energía en el decreto sobre la convocatoria de la subasta.

La «discriminación» sufrida por la fotovoltaica es «mala para los consumidores, a los que se impide aprovechar las ofertas más bajas que puede ofrecer esta tecnología», explicó Donoso, antes de recordar las discrepancias de UNEF con el sistema marginalista que se empleará en la puja. Por ello, planteará sus discrepancias a través de un recurso contencioso administrativo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó recientemente que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «un enorme éxito al participar en esa subasta”. “En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», añadió.

Subasta ampliable a 3.000 MW

Por su parte, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal subraya que la subasta será tecnológicamente neutra, «permitiendo competir en igualdad de condiciones a las distintas tecnologías renovables». La subasta se realizará mediante un mecanismo competitivo, de manera que resultarán adjudicados aquellos proyectos que supongan un menor coste para el consumidor. Además, para asegurar la ejecución de los proyectos, que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020, el Gobierno ha establecido un sistema de garantías económicas que, conforme se vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos, irán siendo devueltas progresivamente a los promotores.

El Ministerio de Energía indicó que esta subasta representa un «paso muy significativo» para la consecución de los objetivos ambientales a 2020. Actualmente, España se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir el objetivo del 20% de renovables en 2020, situándose por delante de la mayoría de países de nuestro entorno. El Gobierno realizó ya en 2016 una subasta, la primera desde la moratoria a las renovables, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa, y en la que los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria.