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El sector energético pide estabilidad para abordar con éxito la descarbonización y el gas pretende ser parte de la solución

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EFE / Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antonio Peris, consideró que el gas tiene que ser «parte de la solución» en el camino hacia la transición energética, ya que sustituye a fuentes «más contaminantes». Peris participaba en una jornada organizada por Enerclub en la que el sector energético español exigió nuevamente estabilidad para poder afrontar con garantías la futura transición energética ante la próxima aparición del informe del comité de expertos analizando diferentes escenarios de cara a la futura ley sobre la materia.

La presidenta de la patronal eléctrica (Unesa), Marina Serrano, recordó que en 2017 la demanda de electricidad aumentó un 1,1% respecto a 2016. Serrano ha indicado que 2018 será un año de importancia vital para todos los sectores energéticos, en el que habrá que alcanzar consensos sobre el futuro mix energético, las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro, y la reducción de emisiones.

Serrano ha advertido que la transición energética va a requerir grandes esfuerzos de inversión, lo que exigirá un marco regulatorio «estable y predecible», y ha recordado que sólo en redes la inversión que se precisará hasta 2030 será de 42.000 millones de euros. A este respecto, señaló que será importante que se establezca una tasa de retribución a esta actividad «razonable» y «de acuerdo con los métodos fijados en otros países europeos de nuestro entorno». Además, consideró necesario el diseño de un mercado que de unas «señales a largo plazo, que permita que el sistema sea seguro». Así, solicitó también la regulación de los mecanismos de capacidad, que ayudan a «asegurar la seguridad de suministro».

Por su parte, el presidente de la patronal gasista Sedigas, ha destacado que en 2017 el sector conectó 172.487 nuevos puntos de suministro y está al alcance del 79% de la población española, llegando a alcanzar un 31% de penetración en viviendas. Peris, que ha subrayado que se está a las puertas de la publicación del informe del comité de expertos sobre la Ley de Transición Energética, reclamó que en esta transición el gas se contemple no sólo como una energía de transición, sino que “forme parte de la solución” ya que se trata de una fuente de energía que sustituye a otras «más contaminantes«.

A este respecto, indicó que la mayor presencia del gas aportaría 150 millones de euros a la economía y reduciría las emisiones en 11 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además, señaló el papel que jugaría en movilidad, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorando la calidad del aire. Así, Peris subrayó que «el gas tendrá un rol protagonista en la economía baja en carbono y un papel clave en la transición energética global, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura».

La demanda de gas natural en España alcanzó la cifra de 350.870 gigavatios por hora (GWh) al finalizar 2017, lo que representa un incremento del 9,1% respecto al 2016 y evitó la emisión a la atmósfera de cerca de 25.300 kilotoneladas de CO2. Peris apuntó a la falta de lluvias y al aumento de la demanda de gas de los ciclos combinados en un 26,8%, con una cuota del 17,2%, como los hechos que marcaron el pasado ejercicio. Peris destacó que estos ciclos combinados tienen un rendimiento de hasta un 25% más que las térmicas alternativas, por lo que «suponen menos consumo de energía primaria» y evitan la emisión de casi 5.000 kilotoneladas de CO2″.

La demanda convencional aumentó un 5,1% el año pasado, sobre todo en los meses de agosto y septiembre como consecuencia de las altas temperaturas y la utilización de gas natural para la refrigeración del sector doméstico y comercial. La demanda industrial, que supone el 62% del consumo de gas nacional también siguió una tendencia alcista, lo que, según Sedigas, demuestra la recuperación económica del sector.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y de BP España, Luis Aires, destacó que 2017 fue un año «histórico» que refleja «la fortaleza» de las refinerías españolas en un entorno de bajos precios. De cara al futuro cree que el petróleo se moverá entre los 40-70 dólares, aunque ve muy difícil que se supere esta cota por el impacto de la tecnología en las formas de producción y lo más probable es que el mayor tiempo esté entre 50 y 60 dólares. Aires consideró que la transición energética debe llevarse a cabo desde un punto de vista de equilibrio entre el coste y la eficiencia, por lo que «no se debe despreciar ninguna tecnología».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), José Miguel Villarig, advirtió de que el sector se «teme lo peor» sobre la próxima revisión que se aplicará a las renovables para el próximo periodo regulatorio sobre su tasa de rentabilidad. «Esta rentabilidad tiene como fallo que nos la cambian cada 6 años y nos la revisan cada 3», señaló

Además, consideró que en el sector «va a haber un antes y un después de las subastas», que van a dinamizar 8.300 millones y crear 9.000 empleos, aunque subrayó que el reto será ejecutar esos 8.000 megavatios (MW) adjudicados «en el corto plazo que se ha dado». No obstante, criticó el cómo se han llevado a cabo las subastas, ya que «ha sido una vez más con improvisación», y pidió que para el futuro se diferencie entre tecnologías y se establezca un calendario para ellas.

Por su parte, el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia, ha apuntado que 2017 fue un año algo mejor para el sector del carbón tras el «nefasto» 2016 en el que el Gobierno «denostó el carbón» e incumplió los compromisos con el sector. Aún así, ha indicado que en 2017, pese a crecer la producción con carbón un 20%, la cuota correspondiente al carbón nacional en el mix de generación de electricidad fue sólo del 2,4%. Por otra parte, ha señalado que el carbón debe tener un papel importante en la transición energética por ser el único combustible autóctono y dar garantías de seguridad al suministro.

Iglesia señaló que el sector afronta el reto de la amenaza de cierre para 2018 de todas aquellas empresas que recibieron ayudas desde 2011 o, en caso contrario, afrontar como proceder a devolver estas ayudas recibidas. Por ello, pidió el apoyo del Gobierno para materializar en «medidas concretas» el respaldo al carbón para que siga jugando un papel dentro del mix energético, dado que a los actuales precios es inviable.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

Arias Cañete apuesta por un nuevo modelo energético para la Unión Europea basado en la eficiencia y las fuentes renovables

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EFE.- El responsable de Energía y Acción Climática de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha apostado por un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables que cree empleo y crecimiento económico. El comisario europeo ha abordado la transición energética que se tiene que afrontar en el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

En este sentido, ve viable avanzar en un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables, como demuestra que la Unión Europea haya reducido desde 1990 sus emisiones en un 23% y haya aumentado su PIB comunitario un 53%. Cañete ha destacado que Europa sea líder en este ámbito, con los objetivos de reducción de emisiones más altos, y ha dicho que el futuro «no es negro» si se hacen «las cosas bien».

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

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Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

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Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

Galán critica los planteamientos «a corto plazo» de los últimos ministros de Energía mientras Iberdrola cuestiona a Siemens en Gamesa

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EFE.- Iberdrola, propietaria del 8% del capital de Siemens Gamesa, ha pedido que la compañía germano-española incluya en el orden del día de su próxima junta de accionistas un punto para ratificar que la sede social de la compañía seguirá en España. Por su parte, el presidente de la compañía eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, ha lamentado que «desgraciadamente» los últimos ministros de energía actúen con planteamientos «a corto plazo» en un negocio, como el energético, que «necesita planificación a largo plazo».

«Por necesidades de corto plazo no se está haciendo una planificación de largo: qué energía necesitamos, cómo la vamos a producir y cómo la vamos a pagar», ha señalado Galán. El presidente de Iberdrola subrayó que, cuando una empresa va a invertir 32.000 millones de euros en el periodo 2018-2022, entre 7.000 y 8.000 millones en España, los accionistas piden que no haya cambios regulatorios «a mitad de camino» y que haya “una predictibilidad permanente».

El primer ejecutivo de Iberdrola ha destacado, no obstante, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado «un tremendo paso» al crear un grupo de expertos sobre transición energética, la Comisión para la Transición Energética, y promover una ley de cambio climático y transición energética. En su opinión, estas dos iniciativas «pueden sentar las bases del futuro modelo energético».

Tensión con Siemens en Gamesa

Según comunicó Siemens Gamesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nuevo punto incluido por Iberdrola en su próxima junta de accionistas pide que se detallen las medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos sobre el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa de la sociedad matriz. Además, Iberdrola ha incluido otro punto para reforzar el gobierno corporativo de Siemens Gamesa y proteger a los accionistas minoritarios frente al mayoritario (Siemens).

El pasado año Gamesa y la división eólica de Siemens se fusionaron en una nueva sociedad en la que la compañía alemana controla el 59% y que, según los términos en los que se formuló la operación, tendría su sede en Zamudio (Vizcaya), la sede tradicional de Gamesa. La junta, que se celebrará el 23 o el 24 de marzo próximos, también tendrá que aprobar un plan de incentivos para el periodo 2018-2020 destinado a los directivos de la compañía.

Foro Nuclear integra la división nuclear de Unesa y unifica todas las actividades relacionadas con esta energía

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Europa Press / EFE.– La asamblea de socios del Foro de la Industria Nuclear Española ha aprobado por unanimidad la integración a partir de ahora en esta organización de todas las actividades nucleares de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). De este modo, la representación del negocio nuclear de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, eléctricas integradas en Unesa, la ostentará a partir de ahora Foro Nuclear, asociación que representa desde 1962 a toda la industria nuclear española.

«El sector nuclear español sale fortalecido con la integración», según destacó Foro Nuclear. Así, Foro Nuclear agrupa la división nuclear de Unesa con el objetivo de que el sector salga reforzado al integrar todas las actividades relacionadas con la energía nuclear en una única asociación. Foro Nuclear seguirá defendiendo, tal y como señala su presidente, Ignacio Araluce, la presencia de la energía nuclear en el mix eléctrico español «al tratarse de una fuente fiable, siempre disponible, capaz de liderar la producción eléctrica, ser la fuente que más horas funciona y la que más ayuda en la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2″.

«Todo esto hace que «las centrales nucleares sean esenciales en la transición energética de nuestro país», señala Araluce. La integración de la división nuclear de Unesa es, para Araluce, una buena noticia para todo el sector nuclear español, que ha definido como una industria «puntera, tecnológica, exportadora de productos, servicios y tecnología a más de 40 países y reconocida a nivel internacional». Un sector, en definitiva, «que apuesta por la I+D+i, generador de riqueza y empleo de calidad y que hay que dar a conocer, preservar e impulsar, algo que haremos intensamente en esta nueva etapa de Foro Nuclear», apunta.

EDP invertirá 10,5 millones en la modernización de su central térmica de Aboño (Asturias) reemplazando el fueloil por gas natural

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Europa Press.- EDP ha iniciado una parada programada del grupo 2 de la central térmica de Aboño (Asturias) para modernizar e implementar nuevas mejoras ambientales en la instalación. Los trabajos que está realizando EDP suponen una inversión de 10,5 millones de euros. Durante esta parada, iniciada a finales de enero y que se prolongará hasta los primeros días de marzo, la compañía completará varios proyectos, además de realizar importantes trabajos mecánicos, eléctricos y de revisión de equipos.

Esta nueva inversión de EDP en sus térmicas, que se suma a los 90 millones de euros invertidos en las plantas de desnitrificación de Soto de Ribera y Aboño, supone un reto. Los proyectos implican a más de 300 empleados de 20 empresas, además de las 150 personas que trabajan diariamente en la central. Además, los trabajos se realizan mientras el grupo 1 está en funcionamiento, atendiendo la demanda del mercado. Uno de los proyectos más visibles, con una inversión superior a los 3 millones de euros, es una infraestructura que permitirá realizar los arranques del grupo con gas natural.

Se trata de una significativa mejora ambiental que elimina totalmente el fueloil como combustible. Para llevarlo a cabo, la compañía está sustituyendo una parte de los quemadores de la caldera por otros nuevos que permiten quemar gas natural. Además, ha construido un gasoducto de más de 300 metros y está completando una ERM (Estación de Regulación y Medida), que es la instalación donde se produce la disminución de la presión del gas natural para que pueda quemarse en la caldera.

Además de ser una energía más limpia, el gas natural implica numerosas ventajas tanto en la operación como en el mantenimiento. En comparación con el fueloil, es un combustible más manipulable y, debido a que su combustión es más estable, facilita los arranques del grupo. Este sistema para la fase de arranque, que EDP ya ha puesto en marcha en Soto de Ribera, convierte a la compañía en la primera que lo utiliza en Asturias.

Los otros proyectos consisten en la modernización de elementos vitales como la turbina de alta presión. La compañía está instalando un nuevo conjunto de rotor y estátor, con una inversión superior a los 4 millones de euros. Este proyecto influye de manera positiva en el capítulo ambiental, pues permite producir la misma energía eléctrica, utilizando un 4% menos de carbón. EDP está preparando sus centrales para operar hasta 2030, garantizando así una transición energética sin sobresaltos. Con la implantación de estos proyectos, EDP habrá invertido más de 200 millones de euros en la última década en mejoras ambientales en Asturias.

El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir emisiones de CO2

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Europa Press.- El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según se desprende del informe Climate Change Report 2017: Marcando el Camino, elaborado por ECODES. La edición en español del informe se ha publicado en el Climate Discussion Forum 2018, un evento anual organizado por PwC. El documento recoge las calificaciones de liderazgo, desempeño y transparencia en relación al cambio climático realizadas por PwC.

De este modo, se constata que las empresas están planificando su futuro bajo en carbono no sólo implementado medidas para reducir sus emisiones sino que un 70% de ellas van a aplicarse en los próximos 5 años y un 30% extendiéndose más allá de una década. El estudio también revela que el 100% de las compañías rinde cuentas respecto al cambio climático y que el 90% ofrece incentivos económicos para cumplir con sus objetivos medioambientales.

Los autores del informe subrayan que estos objetivos están en línea con el nivel de descarbonización requerido para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, el principal objetivo del Acuerdo de París sobre cambio climático firmado por alrededor de 200 países. El estudio añade que las empresas españolas han tomado el liderazgo involucrando a altos ejecutivos. El 100% de las empresas encuestadas atribuye la responsabilidad de las acciones medioambientales a sus máximos ejecutivos, un 90% emplea incentivos económicos para cumplir con los objetivos y un 31% usa incentivos no económicos.

El documento detalla que la transición hacia una economía baja en carbono está impulsando la innovación: el 37% de las empresas tienen objetivos relacionados con la producción de energía renovable, un porcentaje superior a que la media europea (29%). Asimismo, solo el 50% de la muestra respondió a CDP, aunque representan a más del 90% de la capitalización de mercado. Actualmente, un 78% de los encuestados verifica de forma independiente al menos el 70% de sus emisiones directas, lo que se sitúa por encima de la media europea, del 68%.

El director general de CDP Europa, Steven Tebbe, ha asegurado que «las empresas españolas han logrado un progreso sin precedentes al acelerar sus acciones contra el cambio climático. En muchos sentidos, están estableciendo el estándar, con las juntas directivas liderando la estrategia medioambiental en las empresas«. «No obstante, este informe también revela a los ganadores y perdedores que emergen de esta transición. La mayoría de las empresas analizadas no parece tener aún objetivos a largo plazo adecuados. Por eso, instamos a este grupo de compañías a ser más ambiciosas y a alinear sus objetivos con la ciencia climática», ha sentenciado.

Por su parte, la socia responsable de Sostenibilidad de PwC, María Luz Castilla, ha apuntado que «el cambio climático es una fuente potencial de riesgos para las empresas (regulatorios, tecnológicos, de mercado, de transición, etc.) y las empresas españolas deben analizar las implicaciones financieras del cambio climático para responder a las demandas de los mercados financieros». «Pero sin duda, la transición hacia una economía baja en carbono genera importantes oportunidades de negocio, que las empresas españolas pueden aprovechar, posicionando su liderazgo en el CDP para fortalecer su competitividad», ha avanzado.

Por último, para el director ejecutivo ECODES, Víctor Viñuales, «crece rápidamente la convicción de las oportunidades que tienen y tendrán las empresas alineadas con la agenda global del clima. Hoy, las empresas que apostaron por los coches eléctricos, las empresas de energías renovables, las de eficiencia energética… todas ellas tienen el futuro despejado». «Toda la economía amiga del clima tiene el viento a favor», concluyó.