Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.
«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».
En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».
Vandellós II cerraría en 2035
Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.
Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.
No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.
1 euro en la factura
Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».
La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.
Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».
