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Castilla-La Mancha pide al Gobierno que retire el recurso contra la protección ambiental que permitiría impedir la construcción del ATC

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para paralizar la protección del espacio natural que rodea la laguna del Hito.

Esta petición ha venido de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que espera que la «sintonía» que ha transmitido el Gobierno central en materia de energías al Gobierno de Castilla-La Mancha, «que apuesta por un modelo renovable y sostenible, contrario a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares», ayude a la toma de decisión de que «no es necesario» construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «en ningún lugar», menos en Villar de Cañas (Cuenca).

Dicho esto, el consejero ha avanzado que se van a iniciar los trabajos con el Ministerio en relación a esta cuestión «para intentar llegar a un compromiso que sea positivo para todos«.

«Estamos en proceso de conversaciones» con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha agradecido su «predisposición al diálogo», cosa que «no ocurría» con el anterior Gobierno. «La ministra sabe de la materia y tiene intención de colaborar y ayudar y está dispuesta a trabajar con las comunidades autónomas», ha espetado.

Así, ha confiado en que mientras se producen estas conversaciones y, teniendo en cuenta que ha cambiado el Gobierno en nuestro país, «no se tomen decisiones que puedan ser incluso contrarias a los planteamientos del Gobierno central en este momento». «No parecería lógico», ha avisado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) toma alguna decisión al respecto mientras se producen esas conversaciones con el Gobierno central.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

La Unión Europea se fija un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 y contempla su revisión en 2023

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Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica modifica las nuevas reglas de funcionamiento del mercado eléctrico que aprobó el anterior Gobierno

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Europa Press / EFE.- El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica modificó la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. Esta resolución aprobada en mayo por el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal provocó que la CNMC abriera una nueva batalla judicial con el Gobierno pugnando por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado, una orden, firmada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboca la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y modifica la resolución. Todo coincide con el inicio del proyecto europeo de mercado intradiario continuo en el que los operadores de mercado y del sistema español confirmaron su participación.

La CNMC recurrió ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía al entender que se habían vulnerado sus competencias. En su recurso, la CNMC denunció el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada hora y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. Solicitaba también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa, para evitar cualquier inseguridad jurídica.

En la orden del BOE, se procede a modificar «dos aspectos concretos» de las reglas aprobadas en la resolución de mayo, «que entran en contradicción con lo aprobado por la CNMC a fin de dar más claridad al proceso de presentación de ofertas y que los agentes tengan definidos con precisión los términos en que tienen que hacerlas«. Se deja sin efecto la regla 11, «en lo que se refiere a la obligación de presentar ofertas por cada unidad de venta, que no será de aplicación para el mercado intradiario continuo», así como el guión relativo a la unidad de oferta de la regla 46.1.

Prevalece el criterio del regulador

Además, la orden establece que, en lo no previsto en la resolución de la anterior Secretaría de Estado de Energía para el mercado intradiario continuo, así como en contradicción o incompatibilidad con la resolución que se aprobó en junio por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC sobre procedimientos de desarrollo de la metodología de subastas regionales intradiarias entre España y Portugal, se aplicará lo dispuesto por el regulador.

La CNMC negoció con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba. La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones.

En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La nueva ministra ya ha señalado, respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España, tanto en materia energética como en materia medioambiental, que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible». Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Lambán (Aragón) advierte a la ministra Ribera que prescindir del carbón y las térmicas encarecerá el precio de la energía

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EFE / Europa Press.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prescindir del carbón, cuando aún no está resuelto el asunto del almacenamiento de la energía procedente de fuentes renovables, encarecería «notablemente» el precio de la electricidad. Además, señaló, pondría en riesgo la supervivencia de buena parte de la provincia de Teruel.

Para Lambán, Ribera hereda del gobierno del PP en este asunto, «como en tantos otros», una situación «complicada», puesto que su gestión respecto a la minería del carbón fue «una página en blanco» y, durante los 7 años que estuvo en el poder, no tranquilizó «nunca» a Aragón respecto al futuro de la Central Térmica de Andorra (Teruel). «El Gobierno del PP, además de engañarnos clamorosamente en algunas ocasiones, no ha hecho absolutamente nada por asegurar la supervivencia del carbón ni por buscar alternativas en las cuencas mineras», lamentó Lambán.

También recordó que el plan para la reconversión del sector para aplicarse en Castilla y León, Asturias y Aragón entre 2013 y 2016, con 250 millones de euros, «se ha incumplido de manera clamorosa», con una prórroga hasta 2022 y 132 millones en lugar de los 250 previstos. Ante esta situación, la nueva ministra habla ahora, recordó el presidente aragonés, de una transición hacia las energías renovables pero que no produzca «quebrantos» en los territorios ni en el sistema energético español, y eso es algo de lo que el gobierno de Aragón quiere hablar con Ribera en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo porque, según Lambán, prescindir ahora mismo del carbón supondría un «encarecimiento notable» del precio de la energía.

Aunque el gobierno autonómico espera que «en un momento determinado» todo el sistema se nutra de energías renovables, en este momento no está resuelto el almacenamiento y por eso, en determinados momentos, para asegurar el abastecimiento de energía hay que recurrir a otro tipo de fuentes, entre ellas, «de manera absolutamente inevitable», al carbón. Además, señaló Lambán, la Central de Andorra «sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia económica de una parte importante de Teruel», por lo que mientras no se encuentren alternativas su cierre sería «una temeridad». Por ello Lambán confía en que la ministra tendrá «sensibilidad suficiente» para coincidir con este diagnóstico.

Lo de Tejerina “no sirve”

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha asegurado haberse encontrado con un texto «avanzado» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por su antecesora Isabel García Tejerina aunque ha precisado que «sirve de poca cosa» al no incluir la parte de energía. «Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», ha indicado la ministra.

No obstante, Ribera lamenta que en el texto «no haya nada en materia de energía, implicación social o medidas fiscales«. Es un texto «interesante que permitirá trabajar sobre una base importante» pero «es poca cosa» porque se ve que «la energía no estaba en el radar». En este sentido ha recordado que desde 2015 «cada país tiene que enviar un plan nacional integrado de energía y clima y no hay una sola línea; la energía no formaba parte del debate«.

Partiendo de esta situación, ha explicado que su tarea será «facilitar un debate que identifique puntos que son complicados. Ribera pretende «presentar unas líneas maestras» a un grupo de trabajo que «de forma plural pueda empezar a discutir y construir para cumplir el objetivo de tener un documento de referencia en plazo». Para la titular de Transición Ecológica, «España no se debe permitir el lujo de llegar tarde a obligaciones que se conocen y marcan el carácter y la seriedad del compromiso con la comunidad internacional y la Unión Europea».

UGT critica a la ministra

Por su parte, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha criticado el «varapalo para Castilla y León» de Teresa Ribera, que asegura que el carbón tiene «poco futuro». Santa Eufemia ha recordado que «desde el sindicato» siguen «pensando que el carbón autóctono tiene vida» y que continuarán «defendiendo las térmicas, el consumo y la extracción de carbón autóctono». El responsable de UGT lamenta las declaraciones sobre las térmicas y el carbón de la nueva ministra, de quien ha criticado que «lleva una semana en el cargo y como quien dice ni tan siquiera se ha sentado a ver los papeles del antiguo gobierno».

Además, Santa Eufemia ha indicado que en los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un año, se verá la postura y firmeza de los políticos ante este tema y de cara a Europa, que está marcando «en Medio Ambiente las rayas» a seguir, y que si no cambian «encontrarán en frente a los sindicatos» para la defensa «de la población y del territorio». El sindicalista mostró su incertidumbre sobre qué va a pasar con la devolución de las ayudas mineras planteadas para 2020, sobre las que recordó que será Europa la que marque esa devolución, pero también ha incidido en que habrá que ver la postura del Estado y cómo se realiza la devolución.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

España e Italia presionan en la Unión Europea para elevar los objetivos en renovables y eficiencia energética para 2030

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EFE / Europa Press.- Los nuevos gobiernos de España e Italia presionaron en el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea para revisar al alza la posición de los países de la Unión Europea en materia de renovables y eficiencia energética. «Cambiamos de posición. España deja de ser un lastre en materia de cambio climático y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro y progresista en este campo», declaró la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La cita debía servir para que los Estados negociasen sus planteamientos en la revisión de dos directivas europeas sobre energía renovable y eficiencia energética para cumplir con los objetivos adquiridos con el Acuerdo de París. Hasta ahora, la posición consensuada por los países antes de la negociación con el Parlamento Europeo del próximo miércoles en Estrasburgo pasaba por defender una tasa mínima del 27% en renovables en 2030 y un objetivo de mejora del 30% en eficiencia energética. Este objetivo de eficiencia energética podría incrementarse hasta el 33%, según trasladaron desde fuentes diplomáticas. «Vamos a ver cuánto más podemos mover esta posición», indicó Ribera, que cree que el acuerdo debe cerrarse «inmediatamente» para «poder hacer operativa toda la política energética».

La Eurocámara, por su parte, reclamaba como punto de partida el 35% en ambas materias, posición que fuentes parlamentarias desvelaron que podría rebajarse a un 34%, en línea con lo que receta la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA). Sin embargo, existe «una división potente, muy clara entre países» y hay que «evitar las minorías de bloqueo» en la negociación final. Luxemburgo, Suecia, Lituania, Portugal, Italia y España abogan por un objetivo del 35% tanto en renovables como en eficiencia, salvo Lisboa, que en eficiencia pide un 31%. «Creo que las posiciones defendidas en la Eurocámara son las más solventes: un 35% en materia de renovables y un 35% en eficiencia energética», apuntó Ribera.

«El mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética porque es la única manera de hacer viable el Acuerdo de París», señaló Ribera, que elevó la cifra del 30% en renovables y eficiencia que defendía el anterior Ejecutivo. Un segundo bloque de países se sitúa en «más del 30%», entre los que se cuentan Francia, Holanda, Dinamarca o Austria; un tercero con Reino Unido, Irlanda y Estonia pide un 30% y el resto de países no se definen, entre los que se cuentan Polonia o Rumanía.

Ribera agregó que en materia de gobernanza, España intentará que «se refleje una cláusula de revisión al alza de los objetivos». En este contexto, remarcó que «los objetivos de renovables y eficiencia energética no pueden introducirse como un tope sino como un indicador o un referente que anime a esa transición energética». Por eso, ha apuntado que es «fundamental» introducir una «cláusula de revisión al alza». «Probablemente, las curvas de aprendizaje, las tecnologías, la caída de los precios… haga mucho más rentable y eficiente ir más allá de lo que acordemos ahora», señaló la ministra.

Ribera también añadió que España defenderá la «propuesta que introdujo el Parlamento Europeo de eliminar, prohibir, que cualquier Estado introduzca dificultades al autoconsumo de los pequeños productores». Ribera coincidió con el comisario de Energía Miguel Arias Cañete, a quien conoce de etapas previas. Preguntados sobre los procedimientos de infracción en curso contra España, el comisario señaló que trabajara para lograr una «solución concertada» que evite acabar en los tribunales europeos. Por su parte, Ribera ha expresado que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible«.

La negociación del miércoles se antoja dura y podría prolongarse hasta entrada la madrugada porque «va a ser un ejercicio muy complicado este trílogo», señaló el comisario de Energía y Clima, quien agregó que «es bueno que haya un cambio de posición de algunos países hacia una mayor ambición», refiriéndose a España e Italia. Asimismo, Arias Cañete es optimista sobre la posibilidad de «alcanzar un compromiso esta semana» en materia de eficiencia energética en la negociación a tres bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea. En materia de renovables pidió «un esfuerzo final», si bien precisó que el reto «no es sólo acordar un objetivo, sino también todas las flexibilidades», es decir, los pequeños detalles legislativos que permiten ciertas compensaciones.

«El mensaje que he transmitido a todos los Estados miembros es que estamos en una transición energética irreversible que hay que entender como una oportunidad y no como una carga, que ésta es una ocasión de tener crecimiento económico, creación de empleo, liderazgo mundial energético, reducción de la dependencia energética y que, por lo tanto, hay que analizar a la hora de fijar la ambición todos los efectos positivos que supone una transición energética más ambiciosa», ha manifestado Arias Cañete.

La ministra de Energía búlgara, Temenuzhka Petkova, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, concedió que el acuerdo final sobre ambos puntos se logre «probablemente en la presidencia austríaca», es decir, durante la segunda mitad de 2018. «Hace falta elevar el nivel de ambición tanto de eficiencia como de renovables en línea con la propuesta del Parlamento Europeo. No solo es realista, sino deseable», agregó el delegado italiano. Las dos directivas en cuestión forman parte del paquete de invierno, una extensa revisión de la normativa comunitaria para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París y reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030.

Bruselas ve «prudente» dar un margen de actuación al Gobierno ante el conflicto con la CNMC por los peajes eléctricos

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Europa Press / EFE.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Bruselas ha preferido ser «prudente» y hablar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad.

«La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión, que desea que el regulador sea el que regule los precios. Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno«, indicó el comisario español. «Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer», añadió el comisario en el marco de la reunión de ministros de Energía de los Veintiocho en Luxemburgo.

El Gobierno fija las tarifas

En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que se trata de una infracción que se produce ya desde hace años, así como también hay otros socios comunitarios que tienen el mismo problema. El anterior Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

El comisario y el Ejecutivo español vienen discrepando abiertamente desde que Bruselas abriese en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España, especialmente con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal. En concreto, la Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, contraviene dos directivas comunitarias. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo de la luz, mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes que fija el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, Arias Cañete tendrá que establecer un diálogo con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asumido las competencias energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de Ribera será, por tanto, convencer a Bruselas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente, respecto a los expedientes abiertos contra España en materia energética y medioambiental, Ribera ha confiado en que puedan cerrarse «cuanto antes y de la mejor manera posible».

La CNMC y el Gobierno

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, espera que el nuevo Gobierno no divida este organismo y le ceda las competencias para fijar los peajes eléctricos. En este sentido, Marín Quemada ha afirmado que todavía no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de «partir» la CNMC, como había manifestado el anterior ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, pero reiteró que «ojalá no lo haga«.

Sobre los peajes eléctricos, indicó que tampoco conoce las ideas del Gobierno, aunque comentó que espera que les ceda las competencias, «como les ha conminado Bruselas». El presidente de la CNMC quiere que su institución tenga unas competencias en materia de energía «parecidas al resto de reguladores y agencias independientes de supervisión de Europa, similar a lo que hay en Francia, Alemania o Reino Unido».

Tras un primer aviso, la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción en 2016, al considerar que la fijación de los peajes debe estar en manos de organismos independientes, tal y como obligan las reglas comunitarias. Marín Quemada ha afirmado que todavía es «extraordinariamente» pronto para tomar estas decisiones, puesto que el nuevo Ejecutivo acaba de iniciar su gestión, pero ha manifestado que «la CNMC siempre está a disposición de hablar de todos estos temas porque son críticos«.