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El Gobierno declara área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo para impedir las prospecciones petrolíferas

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se declara área marina protegida (AMP) el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, entre Alicante, Gerona y Baleares, donde a partir de ahora no se podrán realizar prospecciones petrolíferas.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que la designación de este área, que ocupa una superficie marina similar al tamaño de Aragón, supone la toma de medidas para la protección efectiva de la zona, así como la elaboración de un plan para reducir el ruido o la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos. De hecho, añadió que con esta declaración «se pone fin a nuevas prospecciones» y a «cualquier tipo de actividad extractiva» de hidrocarburos, al tiempo que anunció que el Ministerio revisará a partir de ahora las que ya están en vigor.

El objetivo es proteger de los efectos que se asocian al ruido submarino a la gran diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Asimismo, se aprueba un régimen de protección preventiva para garantizar que no existe una merma del estado de conservación de la fauna marina y se establece la prohibición de usar sistemas activos dirigidos a la investigación geológica subterránea, tanto a través de sondas, como aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea, y también la de cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor.

Las medidas se mantendrán hasta que se apruebe el correspondiente plan de gestión para lo que el Ministerio abre un plazo máximo de tres años desde el momento en el que el espacio marino se incluya en la Lista ZEPIM del Convenio de Barcelona. El Decreto aprobado afecta a una zona que comprende la totalidad del espacio marino designado, incluidas sus aguas, el lecho, el subsuelo y sus recursos naturales.

El corredor protegido se extiende por el norte, desde el Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur. Por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 kilómetros, mientras que por el oeste, también discurre paralela a las costas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y se mantiene a 38 kilómetros de distancia media.

El PP quiere el mérito

Por su parte, el presidente del PP de las Islas Baleares, Biel Company, aseguró que fue la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la que impulsó este AMP. «Estamos muy contentos de que se haya aprobado pero hay que dejar muy claro que lo hizo el PP. El Gobierno de Mariano Rajoy es el que impulsó este Real Decreto que se ha aprobado ahora para proteger nuestro entorno frente a las prospecciones petrolíferas», explicó Company.

El cambio de modelo energético y el impuesto al sol fueron temas centrales en la primera reunión de intelocución entre una Teresa Ribera «receptiva» y las ONG ambientales

Europa Press. – Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han trasladado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sus demandas para este Gobierno y han calificado de «muy, súper positiva» su primera reunión en la que han observado una ministra «receptiva y con voluntad de avanzar».

Entre los puntos más relevantes que se han tocado en la reunión, destacan los relativos al cambio de modelo energético y al impuesto al sol. En este sentido, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha explicado que le han urgido a la ministra a presentar la ley de cambio climático y esta les ha adelantado que probablemente el borrador estará listo a finales de julio para su presentación al Consejo Nacional del Clima y ha revelado que Ribera ha mostrado su consciencia de que el cambio de modelo energético ha de hacerse «con cuidado» para provocar «el menor de los impactos» a los sectores afectados.

Del mismo modo, también han interpelado a la ministra sobre la fórmula que se aplicará para quitar con urgencia el impuesto al sol. Otras de las demandas planteadas a Ribera es recuperar la regularidad de las reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Así, desde Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal ha destacado que la ministra se ha comprometido a mantener una interlocución fluida con las cinco ONG y a seguir celebrando, igual que con los anteriores gobiernos, una cita aproximadamente cada 45 días, al tiempo que ha mostrado su disposición a facilitar la interlocución también con los departamentos de Agricultura, Pesca y con Fomento.

Además, el coordinador Estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha informado de que le han presentado a la ministra y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un documento con 10 propuestas ambientales que supone una hoja de ruta de las demandas de las cinco ONG y le han insistido en que el medio ambiente debe tener «más peso» en el Consejo Económico y Social, donde se deciden las políticas, porque estiman que no se podrá acometer la transición ecológica sin peso de las políticas ambientales.

Por su parte, la directora Ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha añadido que han instado a la ministra un mayor apoyo a la biodiversidad para que la transición ecológica «no solo sea energética» sino que se apueste por la biodiversidad terrestre y marina, con un aumento de los espacios protegidos como el de la isla de El Hierro o prohibir las prospecciones petrólíferas en alta mar; así como promover la reducción de pesticidas o una reforma de la PAC.

La Junta de Andalucía asegura que «ni un solo metro» del Parque Nacional de Doñana será utilizado para el proyecto de almacenamiento de Gas Natural

Europa Press. – El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha insistido en que «nadie dude de que ni un sólo metro» del proyecto de almacenamiento de Gas Natural «atravesará» el Espacio Natural de Doñana. «No es sitio para un proyecto así», ha añadido fiscal.

El titular de Medio Ambiente se ha pronunciado así preguntado por el proyecto gasístico en una entrevista en Canal Sur Televisión, donde, según ha asegurado, espera que se paralice de una vez por todas. Así, ha argumentado que espera que se «abandone» el proyecto porque el espacio natural de Doñana «no es un sitio para un proyecto de esas características».

El consejero ha manifestado que espera que el nuevo Gobierno tenga «la sensibilidad que no tuvo el anterior» ante este tema y ha adelantado que habrá próximamente un encuentro con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para analizar los «asuntos importantes para Andalucía» entre los que estará el proyecto de gas de Doñana.

Una de las últimas actualizaciones sobre el tema se dio hace unos días en el Parlamento andaluz cuando se aprobó, de forma parcial, una proposición no de ley de Podemos Andalucía por la que reclama al Gobierno andaluz que inste al Ejecutivo central a paralizar inmediatamente el subproyecto Marismas Occidental de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana, así como el proyecto Marismas en su conjunto, un punto que fue apoyado por el PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A y Cs se abstuvieron.

 

 

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

Ecologistas y científicos alertan al Gobierno de que cerrar las nucleares disparará las emisiones y el precio de la electricidad

Europa Press.- Un conjunto de ecologistas, protectores del medio ambiente y científicos climatológicos han expresado su preocupación al Gobierno por incluir en su hoja de ruta el cierre de las centrales nucleares algo que provocaría un aumento de las emisiones y gases contaminantes, además de un aumento en el precio del coste de la electricidad en España.

Así lo indicaron en una carta remitida, entre otros, al Ministerio de Transición Ecológica hasta 20 profesionales internacionales del área de medio ambiente, entre los que se encuentra el ganador del premio Pulitzer y autor de Renovación nuclear y La fabricación de la bomba atómica, Richard Rhodes. A pesar de «alabar» el compromiso de España con la lucha del cambio climático, un país que «ha estado a la vanguardia de la producción de tecnologías de energía con bajas emisiones de carbono», los expertos culpan a la moratoria nuclear promulgada en 1983 por detener la creación de energía nuclear «en una cantidad suficiente como para reemplazar todo el carbón que ahora se quema para crear electricidad«.

Algo similar produjo, a su juicio, el cierre de la central de Santa María de Garoña. Los combustibles fósiles utilizados para reemplazar la energía de esta central generarán alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año, el carbono equivalente a casi un millón de automóviles nuevos en las carreteras de España. Los firmantes de la carta también contradicen al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien afirmó que el cierre de Garoña no tendría ningún efecto en la red eléctrica del país y, sin embargo, según ellos «esta clausura elimina la energía limpia que podría haber alimentado a 1,8 millones de vehículos eléctricos».

De igual forma, la promesa de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar todas las centrales nucleares restantes en el país, «aumentará la producción de energía por combustibles fósiles y, con ello, la contaminación, debido a los factores de baja capacidad y a la intermitencia de la energía solar y eólica», señala la carta. En caso de reemplazarse toda la electricidad proveniente actualmente del parque nuclear en España con la procedente de centrales de carbón y de gas natural, los expertos cifran en 32 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) el posible aumento de las emisiones, lo que equivale a añadir 14,5 millones de automóviles nuevos a las carreteras españolas.

Este incremento en las emisiones haría más difícil cumplir los objetivos establecidos por Europa, además de desencadenar un aumento de los precios de la electricidad, a medida que se vayan cerrando las centrales nucleares. La carta pone como ejemplo lo ocurrido en Alemania, donde se gastaron el año pasado 24.300 millones de euros por encima del precio de mercado por sus tarifas de introducción de energía renovable tras el cierre de sus centrales nucleares. «España puede aprender del error de Alemania y mantener sus centrales nucleares operativas», instan los expertos.

Por todas estas razones, los ecologistas y científicos firmantes afirman que «el siguiente paso para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire es aumentar la electricidad limpia procedente de fuentes no fósiles y reducir de manera masiva los combustibles fósiles utilizados», de donde procede actualmente más del 40% de la electricidad generada en España. La carta ha sido remitida al Gobierno, Ministerios, Consejerías, Instituciones y Asociaciones y firmada por: Michael Shellenberger, presidente de Environmental Progress y Héroe del Medio Ambiente por Time.

También por: Erle C.Ellis, de la Universidad de Maryland; Steve Kirsch, consejero delegado de Token; Martin Lewis, de la Universidad de Stanford; Michelle Marvier, de la Universidad de Santa Clara; Norris McDonald, presidente de Esperanza Medioambiental y Justicia; Kirsty Gogan, directora ejecutiva de Energy for Humanity; Alan Medsker, coordinador de Environmental Progress; Richar Muller, de la Universidad de California Berkeley.

Teresa Ribera promete que el Ministerio para la Transición Ecológica trabajará buscando alcanzar el mayor «consenso» a través del «diálogo»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido que su Ministerio trabajará con «ilusión» y «ganas», buscando «consenso» y «diálogo» para «sentar las bases de una sociedad más justa y ajustada a los límites ambientales», unos propósitos que también suponen, en su opinión, «romper inercias» y «enfrentamientos también«.

«Lleguemos hasta donde lleguemos, debemos hacerlo sobre la base del consenso del diálogo, de escucharnos, de encontrar aquellas soluciones que nos permitan que todos nos mostremos cómodos y copartícipes en ese proceso de cambios», ha comprometido la ministra durante el discurso con el que ha concluido el acto de toma de posesión, celebrado en Madrid, de los altos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, han tomado posesión Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente, José Domínguez Abascal como secretario de Estado de Energía, Juana Lázaro como subsecretaria del Ministerio, Álvaro Abril como director del gabinete de la ministra, María Jesús Martín Martínez como directora general de Política Energética y Minas, Francisco Javier Cachón de Mesa como director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y Ana María Oñoro como directora general de Sostenibilidad en la Costa y el Mar. “Este Ministerio es responsable de la gestión y protección de los bienes públicos globales del patrimonio de todos más allá de fronteras y océanos», ha reivindicado Ribera.

Después, Ribera ha tenido palabras de agradecimiento a las personas que «han formado parte del equipo directivo» del Ministerio con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Todas ellas merecen respeto y agradecimiento por un servicio público que es complejo, denso y habitualmente poco agradecido», ha subrayado. Del mismo modo, ha dado las gracias a los funcionarios del Ministerio y a los nuevos cargos por ofrecer «su tiempo, cerebro y energía en algo que forma parte ya de los grandes desafíos de nuestro tiempo», en palabras de la ministra. «No va a ser sencillo, se trata de hacer mover la balanza mirando al futuro sin dejar a nadie atrás», concluyó Ribera.

Ribera insta a Bruselas a iniciar el desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones a largo plazo

Europa Press. – La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a la Comisión Europea que comience a trabajar en el desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones a largo plazo con el objetivo de conseguir que sean nulas en 2050, así como que «impulse» un actualización de la contribución del bloque comunitario en el Acuerdo de París que refleje un incremento a partir de 2020.

«Lo que queremos es pedir a la Comisión Europea que se ponga a trabajar ya en la estrategia a largo plazo para que la pueda presentar antes de la próxima Cumbre del Clima, pero que también impulse una actualización de esa contribución comunicada a Naciones Unidas hace dos años para adecuarla a la realidad hoy ya en Europa y para facilitar lo que deberá ser el incremento de ambición a partir de 2020″, ha explicado a su llegada a la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE en Luxemburgo.

Ribera ha explicado que son «al menos doce» los socios europeos que apoyan la declaración del «Grupo de Crecimiento Verde» en la que exigen a Bruselas el desarrollo de «escenarios de completa reducción de emisiones» para «llegar a las 0 emisiones en 2050». «Significa producir más con menos, asegurar la capacidad de recuperación de materiales para que se conviertan de nuevo en materiales secundarios en la cadena de producción», ha explicado.

En este sentido, Ribera ha afirmado que la economía circular supone para España «transformar de forma importante sus incentivos fiscales, su seguimiento del impacto que tiene en la industria y una capacidad de facilitación por parte de las administraciones públicas».

 

Emisiones de Turismos

Los ministros de Medio Ambiente también han debatido la propuesta de Bruselas sobre reducción de emisiones de turismos y furgonetas, que a juicio de Ribera es «insuficiente» a pesar de que «permite avanzar y dar una oportunidad de aceleración» al proceso de cambio de la industria del automóvil.       

 La titular de Transición Ecológica ha afirmado que «Es imposible lograr la descarbonización de la economía si no hay un proceso gradual, importante, serio y sostenido de cambio y descarbonización en nuestro modelo de movilidad», ha remarcado, para después añadir que se trata de un «desafío de primer orden» que «ya está teniendo respuesta en muchos países del mundo» y «del que Europa no se puede descolgar».     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

El SOMA-UGT rechaza la transición energética rápida del Gobierno mientras el líder de los socialistas asturianos exige que sea justa

EFE.- El secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que desde su cargo va a pedir «exactamente lo mismo» que reclamaba cuando presidía la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), una transición energética «justa». Sin embargo, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha defendido la continuidad en el uso del carbón autóctono para producir electricidad y ha rechazado el desarrollo de una transformación energética «muy rápida» como la defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se reúnan. «Del dicho al hecho hay mucho trecho», apuntó el dirigente del sindicato minero, que ha considerado quela ministra puede tener la idea de hacer políticas «en pos de una transición energética muy rápida», pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

El PSOE defenderá al carbón

«Mi historia está ahí y ésa es la posición política del PSOE de Asturias», ha asegurado Barbón, que admitió que sabe que «flota en el ambiente» la preocupación por la transición energética tras los planteamientos realizados desde el nuevo Gobierno central. El dirigente socialista hizo estas afirmaciones durante su intervención en la apertura del congreso del Soma-Fitag-UGT que reeligió como secretario general a José Luis Alperi, uno de los principales dirigentes junto a Barbón que respaldaron en las primarias socialistas la candidatura de Pedro Sánchez.

Además, se ha mostrado sorprendido de que haya actores que ahora se acuerdan de que hay un conflicto con la transición energética y que hablen de carbón «sin ponerle apellido» ya que, a su juicio, la prioridad debe ser el autóctono. En un congreso tras meses de negociaciones para el futuro del SOMA-FITAG-UGT, Barbón señaló que es «motivo de alegría» que se hayan mantenido las siglas del sindicato minero «por lo que representan en la historia y para el futuro».

Incrementar precio de la energía

Por su parte, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha afirmado que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el futuro del carbón no le gustan «ni gota», ha abogado por hablar de carbón autóctono y de un mix energético que permita contar con una industria competitiva. «Nos encontraréis en esa lucha mano a mano porque ayuda a la cohesión de la región y porque las cuencas no merecen más que una transición justa y no es momento de incrementar el precio de la energía», ha advertido el dirigente ugetista.

Ribera defiende su aval al impacto ambiental de Castor porque era «frívolo» ir contra el criterio de los organismos técnicos

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió su decisión de avalar el proyecto Castor cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, alegando que hubiera sido «frívolo» por su parte haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén de gas.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra ha recalcado que «nadie recurrió» la declaración ambiental que ella firmó y con la que autorizó el polémico proyecto Castor durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó, la DIA fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron «más de 20 organismos» administrativos y técnicos. Asimismo, ha destacado que «nadie objetó» cuando tuvieron la oportunidad de hacer «comentarios y observaciones» sobre la propuesta de resolución que les fue comunicada sobre el proyecto.

«Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos», aseveró, insistiendo en que tampoco nadie recurrió la declaración de impacto ambiental una vez firmada. Además, señaló que posteriormente se confirmó que la tramitación «se había realizado correctamente» y «sin complicación«. De hecho, ha apuntado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó que la evaluación de impacto ambiental «había sido correcta». En cualquier caso, la ministra sostiene que un proyecto como Castor «tiene una tramitación enormemente extensa» y cree que «ahora» lo que debe hacer el Gobierno es «afrontar» qué hacer con la instalación.

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, preguntó al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorableque Ribera firmó en relación al Castor y ha reprochado al Ejecutivo socialista que «cuando las cosas van mal o se toman malas decisiones en un Gobierno socialista» se eche la culpa a los técnicos. Según ha señalado, la firma para autorizar Castor cuando Ribera era secretaria de Estado es «una clara incompatibilidad sobre su cargo».

Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas y «ha sacudido los bolsillos de los españoles» además de generar una «bomba retardada» que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. «Castor nos ha costado lo mismo que 10 líneas de AVE«, denunció el diputado popular.

En septiembre de 2013 el anterior gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.