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Unidos Podemos exige a Nadal investigar la «anómala» subida en la factura de la luz y auditar sus costes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha exigido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que lleve a cabo una investigación de la «anómala» subida del precio de la electricidad y realizar una auditoría de los costes que componen la factura energética.

Así, el portavoz de Energía, Josep Vendrell (En Comú), ha preguntado a Nadal por las medidas que piensa adoptar para investigar «las presuntas anomalías» sucedidas el 23 de octubre, cuando el precio de la electricidad alcanzó una media de 61,7 euros por megavatio hora (MWh), superando el máximo registrado en lo que va de año. En este sentido, alude a que el propio presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, observa «puntos atípicos» en el encarecimiento puntual del sistema eléctrico, más allá de «la habitual responsabilización a las condiciones climatológicas de esta época del año», critica.

Así, Vendrell destaca que el regulador «pone su vista en el encarecimiento del mercado de ajuste de la reserva de potencia a subir, y el repunte sufrido en la misma». No es la primera vez, recuerda Vendrell, que la CNMC advierte de anomalías en el precio de la electricidad ya que en 2013 señaló que una subasta energética «no se había celebrado en las condiciones habituales”. “En ese caso, el Gobierno tuvo que intervenir”, resaltó.

En Comú también pregunta a Nadal si tiene previsto realizar «una auditoría independiente de los costes que conforman la tarifa energética», y si cree que los precios actuales «reflejan el coste de producción de la energía». El diputado catalán argumenta que el hecho de que la mitad de la factura energética refleje cualquier alza de los precios de la electricidad «potencia la vulnerabilidad» de la ciudadanía ante estas subidas, por lo que pregunta al Gobierno si es consciente de esta situación, y si piensa tomar medidas «para atenuar o evitar dicho daño». Asimismo, cuestiona a el ministro si «valora la posibilidad de modificar» la reforma del sector eléctrico de 2013.

La nueva subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre

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Europa Press.- El Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital convocó para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de diciembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para los 5 primeros meses de 2018.

En estas pujas, los grandes consumidores lanzarán ofertas por entre 6 y 10 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 540 y 900 MW, y por entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW, según consta en la resolución ministerial. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW.

En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros. Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. El escalón de bajada de precio será de 1.000 euros por MW. En el caso de que se realicen subastas de desempate, el escalón de bajada de precio será una décima parte del establecido en el apartado precedente.

En esta ocasión, el Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abría la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018, según constaba en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la interrumpibilidad

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. La primera subasta generó críticas de varias empresas, especialmente Alcoa, por no obtener un precio competitivo para la electricidad. La última subasta de interrumpibilidad se saldó con un coste para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.453 millones de euros hasta agosto, 300 millones menos de lo previsto

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Europa Press.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.452,7 millones de euros en los ocho primeros meses del año, 300,5 millones menos de lo previsto, según la octava liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (113,8 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, que fue 299,3 millones de euros menor de lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 145.133 gigavatios hora (GWh), un 2,6% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 8.429,2 millones de euros, un 1,4% superiores al valor promedio histórico.

El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 85,023%, frente al 81,625% en la liquidación anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de agosto la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 4.766,71 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Aplicado el coeficiente de cobertura, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la octava liquidación asciende a 668,770 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 45,663 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. A la fecha del cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la octava liquidación asciende a 5,787 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de agosto fue de 326 millones de euros, frente a los 329 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,8% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.732 millones de euros, un 2,2% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad (+20%) y por peaje de regasificación (+31%).

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 30 millones de euros, un 29,2% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.702 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.875 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 19 millones de euros. Como resultado, se obtiene una retribución total acreditada de 1.894 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del 2016. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta septiembre ascendió a 194,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (7,1 TWh), lo que supone un aumento del 0,6%.

El Gobierno transfiere al Ministerio de Energía algunas funciones que ejercía la CNMC como las inspecciones y las liquidaciones

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EFE / Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que la Secretaría de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio.

Fuentes del Ministerio señalaron que esta nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos» del propio departamento. Esta estructura organizativa, según el Gobierno, pretende «ayudar a alcanzar un crecimiento económico sólido y duradero, que permita una generación de empleo sostenible». Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 4 de junio de 2013.

El objetivo de esta medida es adaptar la estructura del Ministerio para adecuarla a las competencias en materia de energía y telecomunicaciones recogidas en diferentes leyes sectoriales. Por tanto, se han creado ad hoc las siguientes subdirecciones generales: Energías Renovables y Estudios, Eficiencia Energética e Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. Por el contrario, desaparece la subdirección general de Planificación Energética, mientras que la de Relaciones Energéticas Internacionales refuerza su dimensión exterior y participará en las funciones de estudios, estadísticas y prospectivas.

Pakistán descubre nuevos yacimientos de gas y petróleo con los que espera aliviar su déficit energético

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EFE.- Pakistán ha descubierto un nuevo yacimiento de gas y petróleo que añadirá 292.000 millones de pies cúbicos de gas y unos 23 millones de barriles de crudo a las reservas del país, que sufre un grave déficit energético, según indicó una fuente oficial. «Es un descubrimiento significativo. Empezaremos la producción inmediatamente», indicó Tariq Jaswall, responsable del Departamento de Exploración de Pakistan Oil Limited (POL), compañía que realizó el descubrimiento en la provincia del Punyab.

Jaswall afirmó que estiman que el pozo proporcionará unos 16 millones de pies cúbicos diarios, que se sumarán a los aproximadamente 4.000 millones que Pakistán produce a diario. Los análisis indican que el gas contiene un 86% de metano, un 7,2% de etanol y un 2,9% de propano. El gas representa la mitad de la energía que consume el país asiático de 207 millones de habitantes. Durante los inviernos son habituales los cortes de este combustible para calefacciones de casas y cocinas. El nuevo pozo proporcionará además entre 1.600 y 1.800 barriles de petróleo diarios, sumándose a los alrededor de 100.000 que se producen ahora.

18.000 millones invertidos en energía

Pakistán sufre una grave falta de energía, con un déficit de electricidad de entre 2.000 y 4.000 megavatios, lo que provocan varios cortes de luz, a pesar de las mejoras de los últimos años. El Gobierno de Pakistán está construyendo 11 plantas de carbón, 3 hidroeléctricas, 4 plantas solares y 3 eólicas que aportarán 11.000 megavatios con un coste de unos 18.000 millones de dólares, financiados por China. Además, trata de finalizar la construcción de un gasoducto con Irán para importar gas que comenzó hace 20 años y aún no se ha finalizado dada la compleja situación de la región.

El Gobierno carga a los superávits del sistema eléctrico la devolución a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la CNMC para que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. Las indemnizaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares.

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. En un auto de la Sala de lo Contencioso sección 3 del Supremo, el alto tribunal acordó la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

En octubre de 2016,el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo, estimando los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconociendo el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Por ello, la disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Además, todavía están pendientes de fallo judicial las cantidades abonadas en concepto de bono social de 2014, que fueron aplicadas por la orden IET7350/2014 y cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están pendientes de resolverse.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima. Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

Nadal elude responsabilidades y confirma que la sentencia del Supremo sobre el bono social supone «que lo paguen los consumidores»

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social supone «que lo paguen los consumidores», por lo que el Gobierno analizará las consecuencias jurídicas de la sentencia, si bien la cumplirá a pesar de que la ha recurrido al Tribunal Constitucional para aclarar si la competencia sobre este asunto le corresponde a Luxemburgo o al Supremo.

Así lo ha señalado Nadal, que ha indicado que las sentencias «hay que aplicarlas cuando se emiten», si bien por ahora hay un «incidente de ejecución», y ha recordado que el Gobierno presentó un recurso sobre este asunto al entender que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el bono social, utilizada por el alto tribunal para razonar su sentencia, le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, al ser «competente para ello», en vez de al Supremo. Una vez que el Tribunal Constitucional haga cuestión prejudicial, Nadal ha indicado que se tendrá que estudiar la aplicación, pero si es una sentencia «evidentemente se tendrá que cumplir».

El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras. Nadal ha apuntado que el hecho de que la sentencia apunte al sistema eléctrico es «una cuestión que hay que ver», ya que «las responsabilidades del Estado generalmente son presupuestarias, aunque nosotros habilitamos la posibilidad de que lo haga el sistema eléctrico», que, ha añadido, «no es un ente abstracto», sino «todos los consumidores». Esto «quiere decir que lo paguen consumidores, por eso queremos ver las consecuencias jurídicas de esto», ha añadido.

Nadal anunció también que la aprobación del nuevo bono social eléctrico «está a punto ya de aprobarse» y es «inminente», ya que solo queda el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que se prevé que no tarde «mucho», tras lo que se iniciará su tramitación definitiva. En este sentido, ha destacado que supondrá un «cambio importante» porque se hará en función del nivel de renta, para lo que ha sido «fundamental» la colaboración del Ministerio de Hacienda y principalmente de Empleo, ya que se aplicarán los mismos «esquemas y procedimientos» que para otro tipo de prestaciones, como la ayuda del Plan Prepara para desempleados.

Asimismo, ha explicado que se va a establecer un periodo transitorio de 6 meses, en el que todos los usuarios van a mantener su descuento,  «para que todo el mundo se adapte al nuevo sistema», aunque «será una realidad el bono social, ya muy en breve plazo, para aplicarse desde este invierno». Concretamente, ha detallado que la verificación de los niveles de rentas se llevará a cabo a través de un sistema informático similar al de otro tipo de prestaciones en las oficinas de empleo.

Preguntado por el sistema de fijación de precios de la electricidad, Nadal ha subrayado que depende de lo que cuesta producir la energía, en función de la meteorología y el precio del petróleo, y aparte están las decisiones políticas, que suponen unos 11.000 millones de euros del coste total de 33.000 millones de euros del sistema eléctrico. El titular de Energía criticó las decisiones políticas «del pasado» que encarecieron el coste y heredaron los distintos gobiernos, que «no se pueden eliminar de un día para otro», sino acometer reformas como la llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En este sentido, abogó por un mix energético «adecuado, que sea barato y cumpla con los objetivos medioambientales», lo que se está intentando conseguir con las subastas de renovables, que «entran en el mercado, no tienen prima y al mismo tiempo compiten, por lo que ayudan a mejorar el precio y el medio ambiente«. No obstante, para Nadal es necesario que el mix «piense en el consumidor y el precio y no solo el medioambiente», y principalmente que no se tomen decisiones de orden político que «están muy bien anunciarlas, pero van directamente al recibo».

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

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Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

Brasil retira a Abengoa la concesión para construir nueve líneas eléctricas y la compañía española ve “ilegal” la decisión gubernamental

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EFE.- Abengoa considera “ilegal” la decisión del Ministerio de Energía y Minas de Brasil de declarar caducadas las concesiones para la construcción de 9 líneas de transmisión de energía eléctrica otorgadas al grupo español. En este sentido, las autoridades brasileñas retiraron a Abengoa la concesión debido a los atrasos en las obras, según confirmaron fuentes oficiales. El Ministerio de Minas y Energía oficializó la recomendación que hizo a finales de julio la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), señaló esta entidad.

La firma paralizó las obras de las líneas de transmisión en 2015 y hasta el momento se encontraban paradas, razón por la cual la Aneel optó por recomendar al Gobierno brasileño que retirase la concesión al grupo. De acuerdo con las autoridades, el fin de la concesión no exime a las concesionarias de otras penas previstas en la ley o en el contrato, incluyendo eventuales multas por los atrasos. El secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Paulo Pedrosa, manifestó que la idea del Gobierno ahora es volver a subastar parte de esas líneas.

Según Abengoa, esta medida no se sustenta en criterios razonables, perjudica tanto a los consumidores finales como a los acreedores y no facilita la mejor solución para el sistema eléctrico brasileño. Abengoa entiende que la decisión del Ministerio no altera el escenario definido en el plan que propuso para salir del concurso de acreedores en Brasil, puesto que ya contemplaba que se pudiera adoptar esta medida. El grupo español subraya que la decisión de las autoridades brasileñas no afecta al resto de los activos en ese país, concretamente a las líneas eléctricas ya en explotación.

Según Abengoa, la recomendación del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro de actualizar las condiciones económico-financieras de las concesiones permitiría poner en valor las inversiones realizadas, que de otro modo se perderían, y buscar posibles inversores que retomaran los proyectos. El grupo español deja claro que adoptará las medidas necesarias para mantener sus compromisos en favor de sus acreedores.

Acciona inaugura oficialmente su planta de almacenamiento de energía eólica con baterías en Barasoain (Navarra)

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EFE.- El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha inaugurado la planta de almacenamiento de energía eólica con baterías que Acciona Energía ha puesto en marcha en el término de Barasoain. Se trata de la primera planta en su género, integrada en un parque eólico conectado a la red en España y que tiene por objeto aplicar soluciones tecnológicas que permitan incrementar la penetración de las instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico y optimizar la gestión de la energía producida.

El vicepresidente agradeció a todas las personas implicadas la puesta en marcha de «esta solución pionera» y ha subrayado el papel protagonista de la energía eólica en la producción de electricidad, dentro de las renovables, y que los científicos esperan que sea la fuente energética que más se desarrolle en los próximos años, llegando a suponer el 15% de la producción eléctrica europea en 2030. «En la actualidad alrededor del 24% de la energía eléctrica consumida en nuestra comunidad foral proviene de renovables» indicó Ayerdi, que recordó el reto para 2030: «que las renovables supongan el 50% del consumo energético».

Oportunidades para la industria navarra

Ayerdi también destacó la calidad del tejido empresarial, industrial y del conocimiento con que cuenta Navarra en el sector de energía eólica, así como la intervención del clúster navarro. Explicó que el desarrollo de esta área industrial es una prioridad temática definida en la Estrategia de Especialización Inteligente, S3, y «puede generar nuevas oportunidades de diversificación y emprendimiento, siendo fuente de empleo. Todo ello contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible».

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha destacado el relevante papel que el almacenamiento va a desempeñar en un sistema eléctrico descarbonizado. Además, se ha mostrado satisfecho de que una planta pionera en este ámbito como la de Barasoain, que va a favorecer aún más la integración de las energías renovables en el sistema, «se ubique en Navarra, que ha hecho del desarrollo de las energías limpias una de sus señas de identidad».