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Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

La deuda del sistema eléctrico cae hasta los 18.851 millones de euros, pero no se terminará de pagar hasta 2028

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Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2018 a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de euros en que se situaba en 2017.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español y sus previsiones futuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que ésta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y de 2026 a 2028. En total, existen cuatro categorías de derecho de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado al FADE representa la mayor parte, con casi el 82% del importe total pendiente de cobro, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 13%. Según indicó la CNMC, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2019, con los datos disponibles al finalizar 2018, es del 2,562%, lo que implica un descenso de 66,6 puntos básicos con respecto al ejercicio de 2018. El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico asciende a 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que ascendió 2.818 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit un año tras otro, después de sumar 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. Concretamente, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. Así, el superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros. No obstante, de esta cantidad, 638,5 millones de euros se han destinado a la financiación del bono social y proyectos de inversión en energías renovables de territorios no peninsulares. En consecuencia, existe un saldo de 952,5 millones de euros en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones renovables en territorios no peninsulares.

El déficit eléctrico asciende a 1.420 millones hasta diciembre, 899,7 millones menos de lo previsto, a falta de dos liquidaciones

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.420 millones de euros hasta diciembre del pasado año, 899,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva.

Este desajuste inferior a lo previsto, que sitúa el déficit provisional un 0,7% por debajo del mismo periodo del 2017, se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 423 millones de euros inferior a lo previsto, y a la retribución de la actividad de la distribución, que resultó 294,5 millones inferior a lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 228.166 gigavatios hora (GWh), un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. La CNMC indicó que esta demanda se estima que representa el 94,5% de la prevista para el conjunto de 2018.

Por otra parte, se han liquidado 63.650 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2018, asciende a 7.148 millones de euros (antes de IVA). Así, dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, con un resultado del 90,17%, que se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Como consecuencia de aplicar el coeficiente de cobertura, resulta una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 447,3 millones de euros (antes de IVA).

Mientras, la liquidación provisional correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 72,6 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. En la fecha de cierre de esta liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 5,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situaba a cierre de diciembre en los 350 millones de euros, con una disminución del 9,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones fue de 2.692 millones de euros. Esta cantidad es un 4,1% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

AsÍ, la retribución total acreditada a las empresas ha sido de 2.716 millones de euros, que es un 0,02% inferior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta diciembre fue de 315,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (10,7 TWh). Esta cantidad es 1,6 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,5%.

La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

El sector eólico prevé instalar 2.000 MW nuevos anualmente para que las renovables cubran el 70% de la demanda eléctrica

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Europa Press.- El sector eólico español prevé la instalación de aproximadamente 2.000 megavatios (MW) cada año, con el fin de que el conjunto de las renovables consiga alcanzar al menos el 70% de la demanda eléctrica de España, frente al 40% actual. Así se desprende de una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que se analizaron los elementos necesarios para empezar a construir «el próximo cambio estructural energético».

La presidenta de AEE, Rocío Sicre, se ha mostrado «optimista» de cara a la evolución del sector en los próximos años, lo que repercutirá «de forma considerable» en el aumento del empleo y en una participación «más activa» en la operación técnica y económica del sistema eléctrico. «La eólica ha sido protagonista en la pasada década, permitiéndonos duplicar la generación renovable, con todos los beneficios económicos, industriales y medioambientales que esto ha supuesto para el país. Los próximos años serán claves para el incremento de la aportación de la eólica en España», ha indicado Sicre. En diciembre, el sector eólico cerró el año con 23.484 MW y habiendo cubierto el 19% de las necesidades de consumo eléctrico de los españoles.

La vicepresidenta de OMIE, Carmen Becerril, destacó que los objetivos de 2030 «son alcanzables y posibles». «La colaboración de la eólica a la generación de precios y en el desarrollo del sistema eléctrico es el fenómeno más importante que hemos podido vivir en los últimos 20 años», ha añadido. El evento se ha centrado en evaluar las perspectivas del desarrollo de los nuevos proyectos eólicos, tanto los que han surgido como resultado de las subastas de renovables como los proyectos que se están construyendo con las coberturas de riesgo merchant.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 417,9 millones de euros, y de la retribución de la actividad de la distribución en 270 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta undécima liquidación (208.384 GWh) es un 1,8% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo declarada representaría el 86,2% de la prevista para el conjunto del ejercicio 2018 y tiene un valor ligeramente superior al promedio registrado en la serie histórica de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (84,8%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que se ha situado en el 91,16% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En relación con la demanda, a mediados de 2018, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,3 millones de puntos de suministro, suministrados en el 39% (11,3 millones) por un Comercializador de Referencia (mercado regulado) y en el 61% (18 millones) por un comercializador en el mercado libre.

Asimismo, se han liquidado 63.660 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 (desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre) asciende a 6.590 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de dichos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el Coeficiente de Cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 758,5 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 67,1 millones de euros antes de impuestos. En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación 11/2018 asciende a 5,9 millones de euros (antes de impuestos).

En cuanto al sistema gasista, el total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ha sido de 2.417 millones de euros, un 5,2% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución. Para 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden por la que se establecen los peajes del sistema gasista, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor.

En esta undécima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.513 millones de euros, un 1% superior a la del año anterior. El déficit en términos de caja fue de 342 millones de euros frente a un déficit de 434 millones de euros en el ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 21,2%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 86,4% de la retribución acreditada.

La demanda nacional de gas en 2018 ha sido de 281 TWh. Esta cantidad es 2,5 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,9%. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras de gas fue de 7,88 millones, con un aumento interanual de 86.261 consumidores (+1,1%), de los que 1,59 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El Tribunal de Cuentas analizará las multas que fijan CNMC y CNMV y las compensaciones de costes del sector eléctrico

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Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó entre las fiscalizaciones previstas para 2019 una revisión del sistema de multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las transferencias presupuestadas para compensar los costes del sector eléctrico.

En su programa de fiscalización para 2019, el organismo presidido por María José de la Fuente ha decidido unilateralmente realizar una fiscalización horizontal sobre la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, de los ejercicios 2016 a 2018. Este informe será publicado en 2020.

No será la única fiscalización sobre la CNMC, ya que el Tribunal de Cuentas tiene previsto publicar este año el análisis de la contratación ejecutada entre 2015 y 2017. Respecto a las compensaciones en el sector eléctrico, la fiscalización se centrará en el programa presupuestario 425A, sobre normativa y desarrollo energético, con especial referencia a las transferencias de capital para compensar los costes del sector eléctrico, referido al ejercicio 2018.

Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

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Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

Greenpeace exige elevar la ambición climática en 2019 para establecer 2040 como año para lograr emisiones netas cero

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Europa Press.- Greenpeace destaca como retos para 2019 elevar la ambición climática de la Unión Europea hasta establecer 2040 como año de emisiones netas cero, manteniendo a España entre los países que reclaman asumir mayores compromisos. También demanda establecer, dentro del Plan Nacional integrado de Energía y Clima, un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía.

Asimismo, pide incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico al 100% renovable en 2030 y alcanzarlo en la demanda de energía final total para lograr las emisiones netas 0 en 2040. En 2019, Greenpeace también demanda más compromisos y actuaciones de las ciudades españolas para ser más sostenibles fomentando una movilidad sostenible.

La CNMC disiente de la propuesta del Gobierno de orden de peajes del sector gasista para 2019 por sobrestimar ingresos

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado los informes en los que analiza la propuesta de orden ministerial por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica y de las instalaciones de gas natural para 2019, aunque en el caso del sector gasista disiente de algunos aspectos recogidos en la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

No obstante, el Gobierno publicó en el BOE ambas órdenes, que permiten mantener congelada la parte regulada del recibo, por quinto año consecutivo en el caso de la electricidad, y que incluyen ya modificaciones respecto a sus propuestas. Los peajes de acceso son unos importes que se repercuten en la factura de gas y electricidad de los consumidores, y con lo que se costea el acceso a las redes de suministro energético (gas y electricidad).

En su informe sobre la orden de peajes del sector gasista, la CNMC sugiere que se reconsideren las previsiones de demanda de la orden, ya que se infravalora el número de clientes (2018 y 2019), el volumen de carga en cisternas y se sobrevalora la previsión de las capacidades contratadas y facturadas. En lo que se refiere a los ingresos previstos, la CNMC estima que los ingresos regulados de 2018 serían insuficientes para cubrir los costes previstos, generando un déficit de 0,4 millones de euros. Por el contrario, sí se estima un superávit de ingresos de 5,4 millones para 2019.

En todo caso, el organismo regulador destaca que se detectan errores en el procedimiento de facturación utilizado para estimar los ingresos de las actividades reguladas previstos para 2018 y 2019 que reducirían los ingresos previstos en 16 millones y 21 millones, respectivamente, resultando un desajuste negativo de 16,5 millones en 2018 y 15,5 millones en 2019. Los costes previstos para 2019, según la propuesta de orden, prevén una retribución para el 2019 de 2.953 millones, a la que hay que añadir los ajustes en los costes correspondientes a ejercicios anteriores, estimados en 90,6 millones. Asimismo, la CNMC, a diferencia de la orden, considera que las correcciones de años anteriores deben hacerse en 2018 y no en 2019, como se propone.

Además, el regulador advierte de la disposición adicional recogida para establecer el procedimiento para pagar a Enagás Transporte por los costes de mantenimiento y operatividad por el almacenamiento subterráneo Castor, ya que considera que se suscitan dudas razonables en cuanto a la suficiencia de rango de dicha disposición para acoger el abono de esta partida, una vez anulada por el Tribunal Constitucional la base legal del reconocimiento de estos costes.

En el caso de la propuesta de orden de peajes del sector eléctrico, la CNMC considera que las previsiones de demanda y consumo para el cierre del ejercicio 2018 y 2019 son inferiores a las de los distintos agentes. En relación con las previsiones de ingresos en la propuesta de orden para el cierre del ejercicio 2018, ascienden a 17.700 millones de euros, 395 millones menos que los previstos para el ejercicio en la Orden ETU/1283/2017 (18.095 millones de euros). La CNMC señala que esta diferencia está motivada por los menores ingresos procedentes de la facturación por peajes de acceso a consumidores y, por otra parte, por los menores ingresos externos a peajes, derivado del impacto del Real Decreto-ley 15/2018.

En cuanto a los costes de acceso del año 2018, se han reducido en 434 millones (2,4%), hasta los (17.656 millones), con respecto a los previstos en la Orden ETU/1282/2017 (18.090 millones). Los motivos han sido una menor retribución específica de las instalaciones de generación peninsulares y la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, añade el regulador.

La previsión de ingresos para 2019 es un 0,8% inferior, en 147 millones, respecto a la de cierre de 2018, debido a la reducción en 166 millones de los ingresos de peajes de consumidores, motivado por el movimiento de los consumidores domésticos a peajes con discriminación horaria y al ajuste de su potencia, entre otros factores, destaca la CNMC. Mientras, los costes totales previstos para 2019, una vez incorporado el coste de los pagos por capacidad (159 millones) y los ingresos y costes extraordinarios (61 millones), ascienden a 17.989 millones, cifra que supera en 332,7 millones (+1,9%) a los costes previstos para el cierre del ejercicio 2018 (17.656 millones). Este déficit de 400 millones se compensará con el superávit acumulado.