EFE.- La octava jornada de movilizaciones contra el proyecto de reforma laboral que pretende sacar adelante el Gobierno francés se celebró en un clima de creciente crispación, que degeneró en disturbios en diferentes puntos del país. El pulso que los principales sindicatos y el Ejecutivo de Manuel Valls libran por cuenta de las modificaciones laborales regresó a las calles al tiempo que continuó el bloqueo en sectores capitales de la economía francesa como el transporte, los combustibles o el abastecimiento eléctrico.

La escasez amenaza a las gasolineras, de las cuales entre un 20 y un 30% han agotado sus reservas, como consecuencia de que 6 de las 8 refinerías del país se hallen total o parcialmente paradas, según la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP). El acceso a muchos depósitos petrolíferos continuaba cerrado por piquetes de huelguistas, pese al desbloqueo de 11 de ellos por las fuerzas del orden en los últimos días, explicó la UFIP.

Según el presidente de la patronal UFIP, Francis Duseux, la situación es «mejor» ya que llegó a afectar a al menos un tercio de las 12.000 gasolineras del país. Sobre el recurso a las reservas estratégicas, confirmado por el Gobierno, recordó que aunque se haya consumido el equivalente a tres días, en esos depósitos hay el equivalente a 115 días, a lo que se suman las propias reservas de las empresas, que suponen un mes suplementario. Es decir, que en total son unos cuatro meses de consumo los que hay almacenados, y al mismo tiempo se han incrementado las importaciones de carburante, en particular desde Bélgica y el Reino Unido.

Tampoco se libran desde el miércoles las 19 centrales nucleares del país, que generan más del 75% de la electricidad, cuyos 58 reactores no han sido apagados, pero sí han experimentado una baja de carga, que asciende a 5.000 megavatios. Arnaud Pacot, delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la central de Nogent sur Seine, en las proximidades de París, precisó que allí la producción se había reducido en 350 megavatios. El sindicato que lidera las movilizaciones y que exige la retirada del proyecto de ley para la reforma laboral que se tramita en el Parlamento precisó, en todo caso, que hay tres centrales eléctricas térmicas (las de Cordemais, Gardanne y Porcheville) que sí han suspendido su actividad.

El secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, admitió que en las centrales hay «una disminución de la producción», pero añadió que «felizmente todas las redes están muy interconectadas». Eso significa que «si tuviéramos dificultades de alimentación con nuestros recursos propios, podríamos importar en el exterior«, añadió Vidalies, que sobre la cuestión del aprovisionamiento de las gasolineras «globalmente la situación ha mejorado», aunque en la región de París se mantiene «en tensión». Asimismo explicó que estos tres últimos días se han superado los récords de consumo, porque los automovilistas están llenando sus depósitos por precaución.

«Estamos dispuestos a llegar hasta el final. El objetivo de las manifestaciones y las huelgas es la retirada completa del texto, porque es una vuelta al siglo XIX», señaló Jean Kister, de la CGT. Un mensaje de firmeza similar, aunque de contenido opuesto, fue esgrimido por el primer ministro, Manuel Valls, para defender que «no se modificará la filosofía general del texto», y en especial su artículo 2, que establece la primacía de la negociación dentro de la empresa en detrimento de los convenios colectivos. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, había abierto la puerta previamente a un replanteamiento del polémico artículo, pero el propio Valls se apresuró a cerrar esa posibilidad de forma tajante.

Además, el primer ministro se mostró muy crítico hacia la movilización emprendida por la CGT, que catalogó de «irresponsable», y advirtió de que se van a «seguir desbloqueando» las instalaciones petroleras e industriales cuyos accesos cerraron los piquetes de huelguistas. «Todas las posibilidades están sobre la mesa», alegó Valls cuando se le preguntó si podría recurrir a las disposiciones que permiten obligar a volver al trabajo a los huelguistas en caso de fuerza mayor. Finalmente, reiteró que la reforma laboral se acabará aprobando este verano.