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Red Eléctrica abre el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha abierto el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad que se convocará para la temporada eléctrica de 2017 y pone a disposición de los consumidores la documentación necesaria para el envío de la solicitud. Previsiblemente, a la convocatoria acudirán las tres grandes consumidoras de energía eléctrica de España, radicadas en la comarca de Avilés: ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (AZSA) y Alcoa.

Los consumidores interesados en participar en la subasta de interrumpibilidad deberán realizar su solicitud de habilitación no más tarde del 31 de agosto. Ello, según explica REE, sin perjuicio de que la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fije el calendario y las características de la subasta para la temporada 2017 establezca otra fecha. La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria.

El alcalde de Avilés critica el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El alcalde de Avilés en funciones, Luis Ramón Fernández Huerga, ha considerado «lamentable la nueva vuelta de tuerca» del Gobierno central con el aplazamiento de la subasta de interrumpibilidad que, a su juicio, demuestra que la industria no está entre sus prioridades. «A la incertidumbre generada por este Gobierno con una subasta criticada por todas las partes implicadas, se añade ahora esta nueva incertidumbre limitando los plazos y los márgenes de maniobra de las empresas», lamentó Fernández Huerga.

«Esto es una mala noticia de un Ministerio que no tiene ministro, porque tuvo que dimitir por otras cuestiones, y de un Gobierno en funciones que no cumple con sus funciones, porque esta subasta se podría haber hecho dentro de sus funciones sin mayor demora», denunció. Ante esta situación, Luis Ramón Fernández Huerga demandó «una política industrial seria», ya que lo contrario afecta «sobremanera a esta comarca», donde hay una gran concentración de multinacionales que, en mayor o menor medida, dependen de la energía eléctrica como materia prima para producir. Todas estas empresas, con Alcoa como la más electrodependiente, necesitan despejar el precio de la tarifa para planear su futuro.

Industria prevé que la subasta de interrumpibilidad se celebre a finales de año y Asturias critica la incertidumbre que genera

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EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, lamenta «la incertidumbre» que siembra el anuncio del Ministerio de Industria de aplazar hasta finales de año la subasta de interrumpibilidad, servicio que retribuye a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, para la asignación de los bloques para 2017 de energía eléctrica a las empresas, inicialmente prevista para el mes de septiembre como en el pasado ejercicio.

Según indicaron fuentes de Industria, el Ministerio ya trabaja en la normativa para la nueva subasta, que tiene que superar diferentes procedimientos antes de la convocatoria, prevista para finales de año. Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se asigna mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor. Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto.

Asturias critica que se retrase

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Francisco Blanco, considera que la decisión es «una mala noticia» especialmente para casos como el de Alcoa, sumida en un proceso de búsqueda de inversores, lo que «lógicamente añade incertidumbre«. Francisco Blanco ha hecho notar el retraso que supone ese cambio de fecha, ya que la actual tarifa asignada perderá vigencia el 31 de diciembre «y eso deja muy poco margen para ajustes y presupuestos, así que sí que es una mala noticia».

El consejero volvió a cuestionar el modelo de la subasta de interrumpibilidad, que no le convence «por ser muy inestable». «Nosotros lo que reclamamos es un marco estable donde las industrias conozcan los precios y que éstos sean estables y más bajos», indicó el consejero, que cree que «no se puede castigar a las empresas con los costes que puedan surgir como consecuencia de las ineficiencias del sistema o de las subvenciones que se quieran hacer a las renovables«. El Principado defiende en este punto que hay determinados gastos que no deben influir en la competitividad de las empresas, que esos gastos deberían de ser con cargo al Presupuesto, y que la subasta se ajuste más «a las necesidades reales».

Tarifas eléctricas a la carta: el PSOE la pretende para los grandes consumidores de energía y el BNG para Galicia

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EFE.- Mientras los nacionalistas del BNG reiteran que reclamarán en el Congreso, si tras las elecciones generales logran representación en la Cámara baja, una tarifa eléctrica propia para Galicia, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, solicitó el establecimiento de una tarifa eléctrica especial para las empresas grandes consumidoras de energía y se comprometió a que los Presupuestos Generales del Estado asuman una parte del coste.

«La no política energética del PP en estos cuatros años ha supuesto la incertidumbre de las empresas en Asturias», argumentó la candidata, que puso el ejemplo de Alcoa, «que en el año 2014 quedó fuera del paquete del servicio de interrumpibilidad y casi con miedo de cerrar la empresa». Además de cambiar el actual sistema de subasta eléctrica para establecer una tarifa especial, el PSOE se compromete a asumir «algunos de los costes que aparecen ahora en la factura a través de los Presupuestos». Adriana Lastra también defendió la obligatoriedad de las térmicas de quemar carbón autóctono para garantizar la continuidad del sector, dado que de las 20 millones de toneladas que se queman al año, únicamente 3 son nacionales.

Tarifa eléctrica propia para Galicia

Por su parte, el cabeza de lista de la candidatura BNG-NÓS por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, aseguró que si las empresas y los ciudadanos gallegos no tuviesen que pagar peaje alguno por la electricidad que se genera en la comunidad autónoma gallega, las facturas se reducirían un 30%. En la misma línea se pronunció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que denunció el «expolio energético» que desde hace muchos años «sufre» Galicia. Pontón reclamó para los gallegos el beneficio de la energía eléctrica que se produce en su territorio, acabar con los «oligopolios» y con medidas «injustas» como el denominado impuesto al sol, y profundizar en un cambio de modelo de consumo, más eficiente y sostenible.

Por ello, la formación nacionalista gallega exigirán una tarifa propia, según Callón, que consideró a Galicia como la «primera potencia eléctrica» de España. Como ejemplo, dijo que sólo el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, con una población inferior a los 10.000 habitantes, produce más energía eléctrica que toda la Comunidad de Madrid, «y los gallegos no recibimos absolutamente nada y a mayores se nos penaliza«, indicó. «Cuando compramos unas naranjas del Levante peninsular pagamos el transporte por traerlas hasta aquí, sin embargo, cuando hablamos de la energía eléctrica no sólo no somos beneficiados sino que tenemos que pagar los costes del transporte de la energía que producimos aquí», afirmó.

Además, Callón considera que con una tarifa eléctrica propia, Galicia evitará que empresas como la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, con plantas en las provincias de Lugo y A Coruña, «utilicen para su deslocalización el precio de la energía eléctrica». Según el candidato nacionalista gallego, algunos países europeos tienen actualmente tarifas eléctricas territorializadas y puso como ejemplo a Reino Unido o Alemania, y apuntó que en el Estado español el País Vasco ya posee una tarifa industrial eléctrica. «Simplemente si redujésemos el coste de los peajes hablaríamos de un 30% menos en las facturas de todas las empresas y de todos los gallegos», concluyó Callón.

Alcoa aplica el protocolo de interrumpibilidad por una avería en la red eléctrica

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EFE.- La fábrica de Alcoa de Avilés ha aplicado el servicio de interrumpibilidad durante dos horas debido a una avería registrada en una subestación de la red eléctrica situada en Soto de Ribera que ha afectado al proceso productivo de la aluminera.

Fuentes de la compañía han explicado que la fábrica ha sido avisada con breves minutos de antelación de que a las 12:15 horas se iba a producir ese corte del suministro eléctrico de la fábrica avilesina por espacio de dos horas.

El servicio de interrumpibilidad consiste en que la red eléctrica, ante situaciones especiales como el de la avería registrada en la subestación de Soto de Ribera, el suministro se reconduce o se prioriza a otros destinos.

La fábrica de Alcoa tiene un protocolo de aplicación automatizada de este servicio, que ha funcionado con normalidad, según las mimas fuentes.

La subasta para el servicio de interrumpibilidad a la que acude Alcoa consiste en proporcionar una tarifa eléctrica más competitiva a cambio de que, en casos como este, se tenga que cortar el suministro para atender puntualmente otras prioridades.

La situación vivida hacía tiempo que no se daba y era más habitual en los años noventa y los anteriores a la crisis cuando en los meses estivales se registraban picos de consumo debido a los aparatos de aire acondicionado o en los meses de frío.

La próxima subasta del servicio de interrumpibilidad está prevista para el mes de septiembre y la compañía confía en poder lograr un precio competitivo para que operen sus fábricas durante el siguiente ejercicio.

La CNMC cree «inminente» la decisión de la Unión Europea sobre su pulso al Gobierno respecto a ciertas competencias eléctricas

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, cree que la Comisión Europea resolverá de forma «inminente» el procedimiento de infracción abierto contra España a resultas de la denuncia interpuesta por el superregulador contra la decisión del Gobierno del PP de arrebatarle ciertas competencias en materia eléctrica. Así, Marín Quemada calificó de «curioso» que el mismo Ejecutivo que creó la CNMC decidiera luego «retirarle algunas competencias».

Lo cierto es que Bruselas asigna a los reguladores independientes de cada país ciertas funciones que, a veces, no se trasladan fielmente a las normativas nacionales. Por ejemplo, en el caso español con respecto al sector eléctrico, el Ministerio de Industria se arrogó la competencia para fijar los peajes eléctricos, algo de lo que antes se ocupaba la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ahora fusionada en la CNMC. «Nosotros aspiramos, como institución que defiende los intereses de la mayoría, a asumir las mismas competencias que el resto de reguladores europeos. Y se da la paradoja de que algunas de esas competencias se nos han retirado o no se nos han asignado», lamentó Marín Quemada.

Por eso, continuó, han «tenido» que denunciar este hecho ante Bruselas, que ha abierto a España procedimientos de infracción en relación con el ámbito energético pero también con el postal y el de telecomunicaciones, expedientes que están menos avanzados. «Es lo último que hubiéramos deseado, y hubiéramos querido evitarlo, pero nuestro deber nos ha obligado a hacerlo», añadió Marín Quemada, asegurando que esta postura es «un ejercicio de independencia» de la CNMC frente al Gobierno.

En la mesa de Cañete

Marín Quemada señaló que el procedimiento contra España por las competencias en materia energética, que estudia la Comisaría de Energía que dirige el popular Miguel Arias Cañete, se abrió a la par que otro similar contra Alemania, cuyo Gobierno ya ha recibido notificación de resolución. Por eso, cree que el Ejecutivo español está «a punto» de recibir la comunicación pertinente, que se emite tras estudiar las alegaciones presentadas por el Estado contra la denuncia de la CNMC y a la que seguirá un proceso para acordar una solución negociada que pueda evitar las sanciones, que pueden llegar a ser millonarias.

El presidente de la CNMC «espera y desea» que el procedimiento se resuelva con un acuerdo sobre la «restitución» a la CNMC de las competencias «que debe tener», y que se puedan evitar las multas. «Las sanciones a los gobiernos son importantes, pero creo que no hay que llegar a eso. Estoy seguro de que la negociación hará que no se llegue a la sanción, sino que se canalicen las competencias hacia los reguladores con naturalidad. Es lo q viene ocurriendo en los distintos países, y estoy seguro de que también es lo que va a ocurrir en España», subrayó.

La interrumpibilidad: «política de descuentos»

Por otro lado, el presidente de la CNMC señaló que los pagos por el servicio de interrumpibilidad que el Gobierno reconoce a algunas empresas electrointensivas a cambio de que se desconecten de la red en caso de necesidad son una mera «política de descuentos» y no una política energética. «Es una práctica de marketing para que las grandes compañías electrointensivas puedan obtener, en sus negociaciones con las eléctricas, unos descuentos absolutamente lícitos porque asumen el riesgo de no tener fluido eléctrico en algunos momentos», señaló.

Sin embargo, también admitió que «el riesgo de desconexión es escasísimo» por lo que «seguro que esta fórmula es bienvenida entre quienes la utilizan porque es buena para sus negocios». Además, abogó por que el próximo Gobierno se «enfrente a la realidad» de una regulación energética excesiva que supone «un desafío» y acometa un proceso de «depuración, unificación, racionalización y actualización» de una «maraña normativa» que «más que ayudar, confunde».

PSOE y Podemos En Marea vuelven a llevar sus críticas a las subastas de interrumpibilidad al Congreso

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Europa Press.- El PSOE y En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre, volvieron a plantear en el Congreso sus críticas al sistema de asignación de bloques de interrumpibilidad eléctrica mediante subastas que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013, y cuya modificación ya solicitó la Cámara Baja hace aproximadamente un mes.

Con una proposición no de ley, los socialistas critican que el modelo de subastas «no cubre las necesidades de las empresas, genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo, y genera riesgo de deslocalizaciones», a la par que hace «muy difícil» a la industria electrointensiva española competir «en igualdad de condiciones» en el mercado internacional. Por eso, quiere que el Congreso inste a establecer una fórmula para que este tipo de factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía «en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea», aunque sin plantear en su texto un procedimiento concreto de asignación de la interrumpibilidad.

Por su parte, la PNL de En Marea, también dirigida a la Comisión de Industria, es más técnica y se centra en los plazos fijados por la orden ministerial que regula el servicio de la gestión de la demanda de interrumpibilidad para informar sobre las subastas. En concreto, la confluencia gallega recuerda que el Ministerio pone el 30 de junio como límite para que el operador del sistema remita su propuesta de subasta, que debe incluir el rango de cantidades adjudicar, el tipo de producto, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas y el horizonte temporal.

«Considerando que a la incertidumbre intrínseca del servicio de interrumpibilidad actual se une la de un Gobierno en funciones, el Congreso insta al Gobierno a que solicite al operador del sistema que remita la propuesta razonada antes del 30 de abril», pide Podemos. Además, pide al Gobierno que se tengan en cuenta los criterios aprobados el pasado 29 de marzo por la Comisión de Industria que aprobó la PNL que exigía reformas para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales.

Europa destapa los incentivos españoles pagados en la tarifa

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El cuestionamiento por parte de las autoridades de Competencia de la Unión Europea del sistema de incentivos, incluido en los denominados peajes de acceso de la factura eléctrica, ha vuelto a sembrar las alarmas. Una fotografía descarnada que dibuja un esquema intricado de posibles subvenciones y mecanismos cruzados que afectan al coste del suministro eléctrico y que anticipan una limpieza de los mismos impulsada por la Unión Europea. Por eso, hasta los medios económicos hablan de ayudas eléctricas poniendo en evidencia la naturaleza de las mismas.

De este modo, la comisaria Margrethe Vestager pone en su punto de mira las ayudas al carbón nacional, un mecanismo ideado en su día para que las compañías eléctricas comprasen carbón de forma obligatoria, para quemarlo y producirlo, fijando el precio de venta del MW/h generado por esta vía en el mercado mayorista eléctrico. En segundo lugar están los denominados pagos por interrumpibilidad, instrumento que reduce los precios a determinadas industrias intensivas en el uso de energía eléctrica, ofreciendo al sistema eléctrico la posibilidad de que sean “paradas” en determinadas circunstancias y condiciones (cesarían, reducirían su demanda, cerrarían temporalmente, harían ERES parciales) por motivos de necesidad del sistema eléctrico para garantizar el suministro. Una medida del lado de la “demanda”

Finalmente están los pagos por capacidad, que son unas compensaciones del lado de la oferta, para garantizar la rentabilidad de determinadas centrales, las térmicas y los ciclos combinados de gas, para que estén disponibles para el sistema, aunque por la energía que despachan en el mercado en forma de producción y al precio que la despachan, la decisión empresarial lógica sería desactivarlas y sacarlas del sistema. Cuestión que eventualmente, de ser necesarias, sería difícilmente reversible.

Red Eléctrica de España, como operador de transporte y gestor técnico del sistema, subraya la necesidad de estos dos últimos mecanismos para garantizar la “seguridad de suministro”, al procurarle mayor margen de maniobra. Es en esa clave en la que hay que entender las declaraciones que realizaron desde REE al respecto de esta investigación, ya que justifican la figura y endosan la responsabilidad política de su volumen al Ejecutivo. Volumen y dimensiones que no han pasado desapercibidas en Europa, incluso la defensa conceptual de estos servicios, aunque en la práctica la interrumpibilidad no se utilice.

Europa, por otra parte, ha visto que estos mecanismos carecen de estudios de demanda que justifiquen el instrumento y el uso de los mismos, tanto en volumen como en coste para los distintos sistemas de suministro. Y Europa lo ha visto en un conjunto de 28 mecanismos en los que estos incentivos se han formulado sin estudios que lo soporten. Lo que toca a las autoridades comunitarias es distinguir un servicio necesario de una subvención y los Gobiernos se lo han puesto fácil, porque los mecanismos eran puramente formales en sus términos, pero no en su justificación real. En todo caso, la propia Unión Europea hasta ahora ha tenido una actitud de permisividad y laxitud.

Eso sí, en el caso español, en Bruselas se ven sorprendidos por la compensación económica que suponen y su ausencia de validez (son instrumentos fallidos) de los mismos. Más allá de eso, sus volúmenes figuran en cabeza de ese informe, la utilización de estos instrumentos (servicios) es escasa o nula y su importe se paga en la factura eléctrica, incluidos en los costes de acceso, siendo éste capítulo el verdadero problema de nuestros precios eléctricos pese a todos los desenfoques interesados al respecto. Mañana, análisis, consecuencias y corolarios, tanto políticos como para consumidores, de esta investigación para nuestro país.

Continuará.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

En Marea reclama modificar la periodicidad y cuantía de las subastas de interrumpibilidad

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Europa Press.- Los diputados de En Marea, integrados en el grupo de Podemos en el Congreso, han registrado una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que modifique cuanto antes tanto la periodicidad como la cuantía de los bloques que se subastan para los incentivos por interrumpibilidad a los que acceden las empresas electrointensivas.

En su iniciativa, que será debatida en el pleno de la Cámara, los diputados gallegos alegan que el actual sistema de subastas anuales y la oferta de megavatios que se incluyen en ellas resultan insuficientes tanto para cubrir toda la demanda de las industrias como para facilitar la planificación de inversiones por parte de las empresas. Por ello, piden al Ejecutivo que negocie con los grandes consumidores eléctricos las medidas necesarias para mejorar el sistema tanto en el aspecto temporal de la oferta como en la cuantía de los bloques.

Por otra parte, la confluencia gallega de Podemos critica que la «dejadez» del Gobierno del PP a la hora de atender las necesidades de este sector industrial para que pueda acceder a la energía a precios «idóneos», junto con la estrategia de algunas empresas como Alcoa, suponen una «peligrosa amenaza» para el empleo y mantienen el «fantasma» de la deslocalización.

Evitar esta situación exige, cree En Marea, que las administraciones definan un nuevo modelo energético «sostenible y social» que prevea un «retorno adecuado» a la contribución que regiones productoras como Galicia realizan al conjunto del país, y que consiga mantener precios adecuados para mantener la actividad industrial.  En concreto, la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que impulse medidas para garantizar el empleo de Alcoa en La Coruña, para fomentar la implantación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético.