Industria prevé que la subasta de interrumpibilidad se celebre a finales de año y Asturias critica la incertidumbre que genera

EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, lamenta «la incertidumbre» que siembra el anuncio del Ministerio de Industria de aplazar hasta finales de año la subasta de interrumpibilidad, servicio que retribuye a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, para la asignación de los bloques para 2017 de energía eléctrica a las empresas, inicialmente prevista para el mes de septiembre como en el pasado ejercicio.

Según indicaron fuentes de Industria, el Ministerio ya trabaja en la normativa para la nueva subasta, que tiene que superar diferentes procedimientos antes de la convocatoria, prevista para finales de año. Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se asigna mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor. Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto.

Asturias critica que se retrase

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Francisco Blanco, considera que la decisión es «una mala noticia» especialmente para casos como el de Alcoa, sumida en un proceso de búsqueda de inversores, lo que «lógicamente añade incertidumbre«. Francisco Blanco ha hecho notar el retraso que supone ese cambio de fecha, ya que la actual tarifa asignada perderá vigencia el 31 de diciembre «y eso deja muy poco margen para ajustes y presupuestos, así que sí que es una mala noticia».

El consejero volvió a cuestionar el modelo de la subasta de interrumpibilidad, que no le convence «por ser muy inestable». «Nosotros lo que reclamamos es un marco estable donde las industrias conozcan los precios y que éstos sean estables y más bajos», indicó el consejero, que cree que «no se puede castigar a las empresas con los costes que puedan surgir como consecuencia de las ineficiencias del sistema o de las subvenciones que se quieran hacer a las renovables«. El Principado defiende en este punto que hay determinados gastos que no deben influir en la competitividad de las empresas, que esos gastos deberían de ser con cargo al Presupuesto, y que la subasta se ajuste más «a las necesidades reales».