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Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

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Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Alcoa prevé ganar hasta 70 millones más al año por la reestructuración de sus plantas en Avilés y La Coruña

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Europa Press.- Alcoa prevé que las medidas de reestructuración planteadas en sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña permitirán a la multinacional incrementar su beneficio neto en una horquilla de entre 70 y 80 millones de dólares anuales (61,4 y 70,2 millones de euros) a partir del tercer trimestre del ejercicio 2019, según indicó la compañía estadounidense, que alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el futuro de las dos plantas.

El acuerdo ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de los 623 trabajadores indefinidos de las plantas de Avilés y La Coruña, así como mantener la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de La Coruña. Alcoa espera incurrir en costes extraordinarios por reestructuración de entre 90 y 115 millones de dólares (79 y 101 millones de euros) que serán completamente contabilizados en el 2019. Además, según el resultado final, la compañía estima que podría tener que asumir cargas adicionales por el cese de actividad de las dos fundiciones a finales de 2019 que oscilarían entre los 125 y los 135 millones de dólares (109 y 118 millones de euros).

«Finalmente llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en nuestras plantas de aluminio de Avilés y La Coruña relacionadas con el proceso de despido colectivo que anunciamos en octubre», confirmó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que calificó este acuerdo como «un paso muy positivo», señalando que a compañía seguirá operando las plantas durante 6 meses, hasta finales de junio, en una posición donde puedan reiniciarse y se verá «si hay alguien que quiera ingresar a esas posiciones operativas«. Alcoa asumirán también el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Alcoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 227 millones de dólares (199 millones de euros) en el conjunto del ejercicio 2018, cifra que representa un incremento del 4,6% en relación al resultado del año anterior. Las ventas de Alcoa entre enero y diciembre sumaron un total de 13.403 millones de dólares (11.762 millones de euros), una mejora interanual del 15%.

En el cuarto trimestre, la compañía estadounidense logró un beneficio neto atribuido de 43 millones de dólares (38 millones de euros), frente a las pérdidas de 196 millones de dólares (172 millones de euros) registradas en el 2017. Entre octubre y diciembre, la facturación de Alcoa alcanzó los 3.344 millones de dólares (2.935 millones de euros), cifra que representa un incremento del 5,3% respecto del cuarto trimestre de 2017. «Nuestro resultado de 2018 refleja cómo hemos fortalecido a Alcoa», declaró Roy Harvey, destacando el cumplimiento en la ejecución de las prioridades estratégicas establecidas por la empresa con el fin de reducir su complejidad y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo el balance.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

Feijóo defiende ante Ribera una transición energética para Galicia «planificada y moderada» y no «abrupta” o que eleve los precios

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Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma «planificada y moderada», y no de forma «abrupta» para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión. Según explicó al término, Galicia es «una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables», con un nivel que alcanzará en breve el 20% del total. «Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos», reiteró. Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le ha trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas. «En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías», ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30% y un 40% del gasto. Por este motivo, ha recalcado que esas 10 empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y señaló que estas empresas, incluido el caso de Alcoa «que está en situación crítica», necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

«El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas», ha añadido. Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que próximamente se celebrará la subasta de interrumpibilidad, a lo que el presidente gallego le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y «por lo tanto habrá menos energía a precio contenido» que en 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensatorios vía ley de Presupuestos.

Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que «no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo». «En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa«, ha puntualizado, para luego señalar que desde el Ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha a su cierre «fueron malinterpretadas».

Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones. «Tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados», ha añadido.

Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40% de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es «estructural». Así, han pactado con el Ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán próximamente, y que se sumaran a la existente. Además, puntualizó que esas tres plantas «necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado».

«Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos«, ha recordado. Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes campings.

Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

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Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

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Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

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Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

Red Eléctrica de España aplica la interrumpibilidad a las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés

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Europa Press.– Red Eléctrica de España (REE) ha aplicado la interrumpibilidad a las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, según confirmaron fuentes del comité de empresa de ambas factorías. Este extremo también ha sido confirmado por fuentes de Red Eléctrica, que han señalado que la interrumpibilidad ha sido aplicada por «criterios económicos» habituales en este tipo de servicio.

Por su parte, el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao (Lugo) ha señalado que en esta factoría lucense no se ha aplicado. En concreto, la interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país.