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Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

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Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

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Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

UNEF asegura que el autoconsumo genera retornos al Estado y que el veto del Gobierno es «ideológico»

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la instalación de 100 megavatios (MW) de autoconsumo en España procuraría un saldo positivo de cerca de 68 millones al Estado y considera que el veto del Gobierno a la proposición de ley del Congreso para fomentar esta actividad mediante la eliminación del impuesto al Sol es «ideológico» y no responde a razones de impacto presupuestario.

En un informe, la asociación fotovoltaica considera que los argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso son «ideológicos y no jurídicos». El Ejecutivo, señala, «carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta». El informe de la Secretaría de Estado de la Energía (SEE) trasciende los ámbitos que le corresponde al realizar cálculos que corresponden a Hacienda y se encuentra además «lleno de juicios de valor subjetivos que nada tienen que ver con el verdadero marco del autoconsumo», señala UNEF.

Al abordar el impacto económico de la instalación de 100 MW, la asociación considera que el saldo anual en retornos fiscales y costes evitados ascendería a 73 millones, cantidad que quedaría minorada en un máximo de 5 millones por la pérdida de ingresos, de modo que el Estado, en cualquier caso, tendría un retorno de 68 millones. Adicionalmente, se producirían unos ahorros en eficiencia, emisiones de CO2 e importaciones de combustibles fósiles que, para una potencia instalada de 100 MW, se situarían en torno a los 7,6 millones de euros.

Al estudiar las estimaciones presupuestarias del Gobierno, UNEF considera que, en el escenario supuesto por la secretaría de Estado de un precio medio del pool de 50 euros por megavatio hora (MWh), la pérdida de ingresos en impuestos bajaría desde los 74 millones estimados por el Gobierno hasta 9,5 millones si se consideran todas las tecnologías renovables, y sería solo de 400.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Por otro lado, la pérdida de impuestos recaudados por ingresos por peajes bajaría desde los 14 millones estimados por el Gobierno hasta 1,5 millones considerando todas las tecnologías renovables, y sería solo de un poco más de 67.000 euros si solo consideramos al autoconsumo fotovoltaico.

Además, UNEF calcula que la aportación extra de los Presupuestos Generales del Estado no sería de 10 millones como estimaba el Gobierno, sino de 1,1 millones considerando todas las tecnologías renovables y de solo poco más de 49.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Al margen de estas consideraciones presupuestarias, la asociación aborda el efecto sobre los peajes eléctricos. Según recuerda, las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pagan los costes regulados del sistema al igual que el resto de los consumidores.

Estas instalaciones, indica, asumen el término fijo completo en función de su potencia contratada, que siempre debe ser mayor o igual que la de la instalación de autoconsumo, y el término variable de la energía consumida de la red, por lo que no dejan de pagar los costes regulados del sistema en función de lo que consumen de la red. La proposición de ley vetada no propone la exención de peajes y cargos a los autoconsumidores, sino a la energía autoconsumida, la que no pasa por la red de distribución.

Los sindicatos creen que los precios de la electricidad se contuvieron gracias al carbón y denuncian “incumplimientos” con la minería

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EFE / Servimedia.- Los sindicatos CCOO y UGT subrayaron que los precios de la energía durante las últimas semanas se contuvieron «gracias a la actuación» del carbón nacional como «verdadera energía de respaldo». En una carta remitida al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ambas fuerzas sindicales critican la «actitud pasiva» mantenida por el Gobierno ante el citado incremento de precios y la «falta de respuesta» sobre el futuro de la minería.

Denuncian que los trabajadores del sector son quienes «más directamente sufren las consecuencias» de la actual política energética y apelan al cumplimiento de los acuerdos 2013-2018 firmados con el Gobierno del PP. CCOO y UGT insisten en que durante este trimestre «sería conveniente despejar el futuro del sector y de las comarcas mineras de una vez por todas, en Europa y en España», por lo que piden de nuevo la convocatoria «urgente» de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería para abordar la situación de este sector. Los sindicatos recuerdan que ya “han pasado 40 meses de incumplimientos» con la minería.

El secretario sectorial de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández, y el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, fueron los encargados de registrar la misiva. Ambas organizaciones recuerdan al secretario de Estado de Energía que desde su nombramiento le han explicado «detalladamente, vía correo, la problemática del sector y de las comarcas mineras y le hemos aportado posibles soluciones para normalizarlo», pero «no hemos recibido ningún tipo de contestación positiva».

Los sindicatos denuncian que la situación «empeora cada día», y critican la actitud pasiva mantenida por el Gobierno popular ante el incremento de precios de la energía sufrida por consumidores y empresas durante las últimas semanas. Una escalada de precios, continúan, que «solo se ha podido contener gracias a la actuación del carbón nacional como verdadera energía de respaldo, frente a los intereses de las empresas gasistas, combinado con la ausencia de energías renovables». Esto, a su juicio, demuestra «la vulnerabilidad de nuestro sistema por la falta de un plan energético nacional donde todas las energías tengan su cabida, cada una en su justa medida».

Los sindicatos vuelven a reclamar en la carta el informe confidencial elaborado por el OMIE y el plan de cierre de la totalidad de las minas españolas enviado por el anterior Gobierno a Bruselas «sin contar ni con empresarios ni con sindicatos». También piden la resolución de la Comisión Europea en la que autoriza el plan de 2.130 millones en ayudas para el cierre de la totalidad de las minas de carbón hasta el 2018.

El Gobierno nombra a Alberto Nadal nuevo secretario de Estado de Presupuestos dentro del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Alberto Nadal como nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para encargarse de controlar el gasto público y elevar los ingresos para que España cumpla con sus objetivos de déficit público.

El titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro ha repescado a Alberto Nadal, hasta ahora secretario de Estado de Energía y hermano gemelo del actual titular de la cartera, Álvaro Nadal, para elaborar las cuentas públicas para la Secretaría de Presupuestos y Gastos, donde sustituirá a Marta Fernández Currás. Se trata de un puesto clave, ya que le corresponderá elaborar los Presupuestos en un momento en el que el Gobierno del PP no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.

Alberto Nadal es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue vicesecretario general de la CEOE y de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales. Hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, en la que acometió la reforma del sector eléctrico para poner fin al déficit de tarifa y contener una deuda de los consumidores cercana a los 29.000 millones.

Nadal comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde ocupó diferentes cargos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y como asesor económico del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en la etapa de José María Aznar. Además, fue director general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), secretario general de Comercio Exterior y consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos.

La subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 14 y el 18 de noviembre

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado para la semana comprendida entre el 14 y el 18 de noviembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el BOE, la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para el 2017.

En estas pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 630 y 1.170 MW, y por entre 286 y 394 bloques de 5 MW, que suman entre 1.430 y 1.970 MW, una cantidad que finalmente será fijada por el secretario de Estado de Energía. El precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 160.000 euros, frente a los 310.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 200.000 euros y el de 90 MW, de 340.000 euros.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. Con la reforma energética, el Gobierno creó un mecanismo de subasta competitiva para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. De esta forma, el Ministerio organiza una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.

Nadal dice que no hay «obstáculo» al autoconsumo, frente a las trabas a las que alude el pacto PP-C’s

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha defendido la regulación sobre autoconsumo diseñada por su departamento y ha sostenido que esta actividad no tiene «obstáculos» a su desarrollo eficiente, frente a las «dificultades» relacionadas con el «impuesto al sol» a las que alude el reciente acuerdo entre PP y Ciudadanos.

El secretario de Estado ha realizado estas consideraciones tras participar en una conferencia sobre energía organizada por ‘El Economista’, en la que ha apelado a la importancia de «no introducir costes innecesarios en el sistema eléctrico» y ha pedido que no se haga «caso» a «determinadas líneas propagandísticas como el ‘impuesto al sol’, que, cuando a la gente le preguntas lo que es, no lo sabe».

Al ser preguntado por los periodistas acerca de si su posición contradice el acuerdo entre PP y Ciudadanos para la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se alude expresamente al ‘impuesto al sol’, Nadal ha dicho no tener «duda» de que en la norma actual «no existe ningún obstáculo al autoconsumo eficiente».

«El pacto habla de autoconsumo eficiente, para quitar los obstáculos si los hubiera. Yo no tengo duda de que la regulación actual no tiene ningún obstáculo al autoconsumo eficiente», afirmó el secretario de Estado.

El pacto el PP y Ciudadanos indica que «se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como ‘impuesto al sol’) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios».

Durante su intervención en la conferencia, Nadal ha reclamado además «un pacto de Estado sobre energía en el que se aíslen las cuestiones energéticas de las políticas». Este gran acuerdo y el reto de la transición a las renovables mediante la incorporación de tecnologías limpias lo más competitivas posible deben guiar la política energética en el futuro, señaló.

Evitar «costes innecesarios»

El secretario de Estado de Energía también apeló a la necesidad de «no introducir costes innecesarios en el sistema eléctrico» y calificó de «barbaridad» algunas de las decisiones sobre política energética tomadas en «2007 y 2008» relacionadas con las tecnologías ‘verdes’. «No podemos volver a dedicar una legislatura energética a recomponer las cosas», añadió.

Para Nadal, las renovables han de introducirse «cuando tienen sentido» y «poco a poco». «En el momento en el que la solar sea competitiva, no se preocupen que entrarán miles de megavatios de golpe, en masa, y las propias compañías convencionales invertirán ingentes cantidades», indicó.

«Las renovables no todavía más caras» y su «punto de equilibrio» no llegará hasrta dentro de «quince o veinte años». Mientras, el Gobierno debe abordar «los objetivos que les corresponden en la lucha contra el cambio climático, pero solo los que le corresponden», añadió.

Red Eléctrica abre el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha abierto el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad que se convocará para la temporada eléctrica de 2017 y pone a disposición de los consumidores la documentación necesaria para el envío de la solicitud. Previsiblemente, a la convocatoria acudirán las tres grandes consumidoras de energía eléctrica de España, radicadas en la comarca de Avilés: ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (AZSA) y Alcoa.

Los consumidores interesados en participar en la subasta de interrumpibilidad deberán realizar su solicitud de habilitación no más tarde del 31 de agosto. Ello, según explica REE, sin perjuicio de que la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fije el calendario y las características de la subasta para la temporada 2017 establezca otra fecha. La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria.

La Comisión Europea y Enagás lanzan un proyecto para impulsar el GNL como combustible en el sector transporte, especialmente marítimo

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Europa Press.- La Comisión Europea (CE) ha lanzado el proyecto CORE LNGas hive, coordinado por Enagás y cuya inversión asciende a 33 millones de euros, para impulsar el gas natural licuado como combustible en el sector transporte.

El proyecto ha sido presentado este jueves en Madrid por el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori; el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal; y los presidentes de Puertos del Estado, José Llorca, y de Enagás, Antonio Llardén.

En concreto, el objetivo del proyecto es desarrollar una cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro del GNL como combustible en el sector transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica.

El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, destacó el papel «fundamental y relevante» del gas natural en el periodo de transición hacia el horizonte de 2030 para la descarbonización de las economías.

Mientras, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, valoró el apoyo de la UE al proyecto por lo que representa de «impulso de la conversión del transporte marítimo al gas» y destacó la capacidad de almacenamiento de gas de España, que «es pionera en Europa y nos da un marco para seguir trabajando en este ámbito del transporte».

La inversión total de 33 millones de euros del proyecto serán financiados la mitad de ellos con fondos de la Comisión Europea. Liderado por Puertos del Estado y coordinado por Enagás, el proyecto cuenta con un total de 42 socios de España y Portugal: ocho socios institucionales entre los que se encuentran la Dirección General de Marina Mercante; 13 autoridades portuarias y 21 socios industriales, operadores de GNL, constructores navales, regasificadoras y otras empresas.

La iniciativa contempla la realización de 25 estudios, impulsados por los socios, para la adaptación de las infraestructuras y el desarrollo logístico-comercial, que permita la prestación de servicios ‘small scale’ (abastecimiento a pequeña escala) y bunkering (suministro de GNL como combustible para barcos).

La ejecución del proyecto, que servirá de base para proponer el ‘marco de acción nacional’ del GNL como combustible marítimo en España, está prevista hasta el año 2020. Además, el proyecto contribuirá a la descarbonización de los corredores europeos del Mediterráneo y del Atlántico.

Por su parte, Llardén destacó que el objetivo central del proyecto es hacer un estudio para comprobar en qué medida es necesario introducir el GNL, que es «una pieza clave para el futuro del transporte marítimo».