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Constituido el Comité Especializado de Seguridad Energética

EFE.- El Comité Especializado de Seguridad Energética en el Departamento de Seguridad Nacional ha celebrado su reunión de constitución, que ha estado presidida por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. La creación de este comité, un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno, estaba ya contemplada en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

La Presidencia del Comité ha impulsado un plan de objetivos, que contempla actuaciones para conseguir un modelo energético sostenible, competitivo y seguro dentro del contexto de transición energética. Entre las funciones del Comité Especializado de Seguridad Energética, está la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas competentes, así como entre los sectores público y privado. El principal objetivo en materia energética incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional es diversificar las fuentes de energía.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

Energía ajustará la retribución al sistema gasista para que sea «coherente» mientras Sedigas pide al Gobierno que reconsidere su decisión

Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha reclamado al Gobierno que reconsidere su propuesta de modificar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas,que afectaría negativamente al mercado energético y al de las inversiones en España. Al respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, apuntó que el objetivo de la revisión es ver dónde los incentivos son excesivos o insuficientes y «ajustarlos para que sean coherentes».

Asimismo, Navia se mostró sorprendido por las cifras publicadas respecto a cuánto podría ascender este posible recorte para el sector y consideró que son estimaciones «de lo máximo que se podría hacer en escenarios muy extremos», añadiendo que, en ningún caso, el Ministerio maneja «cifras de ese calibre». «Se han dado cifras de 700 millones de euros en un sistema que son 3.000, es algo que no cabe. Aunque quieras hacer el ajuste al máximo sería imposible esa cifra», indicó.

El secretario de Estado subrayó que esas cifras no se han facilitado ni a los grupos parlamentarios en las discusiones que se han mantenido con ellos ya que «el Ministerio tiene que hacer el análisis interno». Además, señaló que a este respecto será «clave» lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que estos ajustes responden a aspectos que «la CNMC ha suscitado en el pasado y tendrá un papel muy relevante para estimar cuál es el montante final».

Respecto al real decreto para endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, Navia insistió en que es necesaria una regulación al respecto, aunque añadió que se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en su informe por la CNMC, especialmente en materia de hibernaciones o cuestiones que se pueden simplificar de las subastas, y se harán los ajustes necesarios. «En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente», añadió, subrayando que se mantiene la idea de regular por la vía del real decreto, ya que con la actual legislación solo se puede aplicar el criterio de la seguridad de suministro para evitar un cierre.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año «muy importante» para el sector, por lo que se comprometió a mantener ahora un calendario de reuniones «mucho más intensivo». A este respecto, el Ministerio, que se ha reunido con los sindicatos mineros, emplazó a tener una nueva reunión a finales de febrero o principios de marzo para mantener un seguimiento del sector y ver «las perspectivas que se abren ahora».

Sedigás pide reconsiderar la decisión

Según ha advertido la patronal gasista, una modificación del cálculo de la retribución de las actividades reguladas ahora tendría «un impacto negativo en el mercado inversor», al interpretarse como «una señal de inseguridad jurídica». Sedigas ha apuntado que este cambio conculcaría los principios de estabilidad y predictibilidad que rigen los marcos jurídicos de las actividades reguladas, con el consiguiente impacto negativo en el mercado inversor.

Asimismo, ha destacado que el sector de la distribución es el que asume el riesgo más elevado de todas las actividades energéticas reguladas ya que, en caso de una posible evolución negativa de la actividad, la retribución «disminuiría por si sola». Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Energía que «reconsidere» su propuesta de presentar una enmienda que, de aprobarse, «repercutiría en el clima inversor español, tan necesario para mantener el buen crecimiento de la economía conseguido con las medidas implantadas estos últimos años».

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

La CNMC, el Defensor del Pueblo e Hispacoop critican la venta a puerta fría de electricidad, analizada por el Ministerio

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.

Energía insiste en que «no ha cambiado de criterio» y aplicará la rentabilidad razonable tal y como fija la Ley

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha insistido en que el Gobierno «no ha cambiado de criterio» respecto a la revisión en la rentabilidad razonable de las actividades del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 y subraya que se hará lo que dice la normativa aprobada en 2013.

En este sentido, Navia se mostró «muy sorprendido» del resultado de sus reuniones con los inversores, «ya que cada uno cuenta una cosa distinta, cuando yo siempre digo lo mismo». Así, subrayó que a lo que se ha limitado en esas reuniones con inversores es a «explicar estrictamente el marco legal vigente, que contempla una revisión de la tasa de forma automática en el año 2020» y que es un mensaje que ya fue hecho público en junio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

De todas maneras, Navia consideró que se trata de un debate que no tiene la importancia que se le está dando, ya que se refiere a un periodo de 6 años para inversiones que tienen una vida útil de 25 años. «Entiendo que cuando uno invierte a 25 años no mira solo la rentabilidad de los primeros 6 años, mira el total», añadió. Navia ha mantenido nuevas reuniones con los bancos de inversión, tras la que tuvo con Goldman Sachs, en las que les comunicó la intención de prorrogar la vida actual del parque nuclear en 10 años y suavizó el recorte a las eléctricas en la revisión de 2020.

Respecto al real decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en el que está trabajando el Gobierno, Navia afirmó que no hay «ningún plazo cerrado» para su aprobación y señaló que se sigue hablando con el PSOE con el fin de llegar «a un consenso». «Nuestra idea sería sacarlo cuanto antes mejor, pero es más importante estar de acuerdo que llegar temprano», añadió Navia al respecto. En su discurso, el secretario de Estado de Energía consideró que se debe trabajar en el desarrollo del mercado del gas y seguir «buscando alternativas» para que las infraestructuras tengan un mayor uso.

Por otra parte, Navia advirtió que en la transición energética se producirá un cambio en el mix que alterará los modos de generación, y subrayó que el actual modelo de operadores dominantes e integrados, «que tiene sentido económico en un modelo con grandes economías de escala», dejará de tenerlo en un modelo con más operadores y donde los costes fijos no serán tan elevados. «Afectará a todas las actividades del sector energético, va a haber un cambio de operadores relevantes en nuestro sistema energético», auguró.

El Gobierno prevé lanzar antes de fin de año una nueva subasta de renovables para Canarias

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé lanzar antes de final de año el proceso para una nueva subasta de potencia renovable en las islas Canarias, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que señaló que el Gobierno quiere «acelerar» en este último trimestre el procedimiento para adjudicar nueva potencia renovable en territorio insular.

Para ello, el secretario de Estado de Energía indicó que se cuenta con los Fondos de Desarrollo Regional (Feder), un mecanismo que es «interesante» para potenciar la instalación de renovables en Canarias. «La idea es hacer cuanta más potencia renovable en las islas, mejor, ya que tiene mucho sentido», subrayó, añadiendo que en un par de meses se «debería tener el esquema publicado y tramitando«.

El Gobierno ya adjudicó un cupo retributivo específico por una potencia de más de 400 megavatios (MW) renovables en Canarias y el objetivo es seguir profundizando en la introducción de energía verde en las islas. «Un área de desarrollo relevante en materia de renovables es la incorporación de más renovables en las islas», apuntó Navia en su discurso en el acto. A este respecto, valoró las dos «muy exitosas» subastas de potencia renovable para la Península, con la adjudicación de 8.000 MW verdes a «un coste muy beneficioso para el consumidor español». Por ello, consideró necesario «reevaluar» la capacidad de incorporar renovables y aseguró que «lo lógico es hacer más».

La CNMC estudia el decreto que transfiere funciones propias a Energía y sanciona con 37.500 euros a 6 gasolineras

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estudia el decreto por el que la Secretaria de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora el regulador. Por otro lado, la CNMC impuso a 6 estaciones de servicio multas por un total de 37.500 euros al considerarlas responsables de diferentes incumplimientos de la obligación de remisión de información sobre precios y ventas anuales en materia de suministro de combustible a vehículos, lo que constituye una infracción grave.

El organismo presidido por José María Marín Quemada, tras recibir varias denuncias de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía y de sujetos particulares, inició los correspondientes procedimientos sancionadores, que ahora resuelve, según indicó la CNMC. En concreto, las sociedades sancionadas son Antonia Domingo Agut (14.800 euros), Grupo Maicas Peiró, S.L. (7.400 euros), Jessica Pellicer Sánchez (5.000 euros), Estación de Servicio Mafe (5.000 euros), Javalambre Ocio, S.L. (3.400 euros) y Gasolinera Zoco Córdoba, S.L. (1.900 euros). Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Traspaso de funciones al Ministerio

Por otro lado, fuentes de este organismo explicaron que la CNMC analiza el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que no le fue consultado. El traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio de Energía. Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 2013. Fuentes del Ministerio han señalado que la nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos».

El decreto atribuye además a la Secretaría de Estado de Energía la elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, la aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos y la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético. El Gobierno mantiene así como competencia de la Secretaría de Estado la aprobación de las tarifas eléctricas y de los precios de los peajes, pese a que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción a España y le exige que adapte su legislación nacional a la normativa europea, al considerar que ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional».

El Gobierno transfiere al Ministerio de Energía algunas funciones que ejercía la CNMC como las inspecciones y las liquidaciones

EFE / Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que la Secretaría de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio.

Fuentes del Ministerio señalaron que esta nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos» del propio departamento. Esta estructura organizativa, según el Gobierno, pretende «ayudar a alcanzar un crecimiento económico sólido y duradero, que permita una generación de empleo sostenible». Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 4 de junio de 2013.

El objetivo de esta medida es adaptar la estructura del Ministerio para adecuarla a las competencias en materia de energía y telecomunicaciones recogidas en diferentes leyes sectoriales. Por tanto, se han creado ad hoc las siguientes subdirecciones generales: Energías Renovables y Estudios, Eficiencia Energética e Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. Por el contrario, desaparece la subdirección general de Planificación Energética, mientras que la de Relaciones Energéticas Internacionales refuerza su dimensión exterior y participará en las funciones de estudios, estadísticas y prospectivas.

España aboga por hacer de la transición energética una oportunidad económica

EFE.– El secretario de Estado de Energía de España, Daniel Navia, abogó en Lisboa por convertir el reto de la transición energética en «una oportunidad» para las economías, también en el corto plazo. «Tenemos que conseguir que la transición energética sea una oportunidad para nuestras economías desde ya», destacó Navia.

El secretario de Estado consideró que esta transición puede beneficiar al desarrollo de la tecnología y la eficiencia energética, y además elogió las buenas relaciones entre España y Portugal dentro del ámbito energético. Navia identificó como principales áreas de colaboración bilateral el desarrollo de las interconexiones, que definió como «una prioridad estratégica para ambos países», y la apuesta por las renovables. En opinión del secretario de Estado, la «pregunta clave» para el mercado ibérico es «cómo puede contribuir a los objetivos del Acuerdo de París y a la transición energética».