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La demanda nacional de gas natural registra su máximo diario desde diciembre de 2017

Europa Press.- La demanda de gas natural en España alcanzó el 16 de enero los 1.540 gigavatios hora (GWh), lo que representa la cifra más alta desde el 5 diciembre de 2017, según datos de Enagás. El gestor del sistema gasista indicó que este récord se debe al incremento del consumo doméstico-comercial, a las mayores entregas de gas natural para generación eléctrica y a los altos valores que está registrando la demanda industrial.

En concreto, la demanda convencional, destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias, alcanzó los 1.142 GWh, impulsada, principalmente, por el aumento de la demanda doméstico-comercial como consecuencia de las bajas temperaturas registradas. Asimismo, la demanda de gas natural para el sector eléctrico ascendió a 398 GWh, como resultado de una baja generación eólica e hidráulica, «lo que refuerza el papel del gas natural como energía de respaldo a las renovables en el proceso de transición energética«, indicó Enagás.

Además, la positiva evolución de la demanda de gas natural en el consumo industrial, que representa cerca del 60% del total de la demanda, también ha contribuido a este récord. La demanda industrial ha aumentado un 15% desde 2014. En lo que va de año, la demanda de gas natural en España ha aumentado un 13% con respecto al mismo periodo de 2018 y alcanzó los 40.223 GWh, debido a crecimientos en la demanda convencional y en las entregas de gas natural para generación eléctrica.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

El precio de la electricidad se dispara un 28% en lo que va de 2019 con respecto al año pasado

Europa Press.- El precio de la electricidad se ha disparado en las primeras semanas de enero un 28,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, apuntando a un fuerte incremento en el recibo de la luz de enero. En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como pool, registra en los 25 primeros días del año una media de 63,52 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 49,48 euros por MWh que marcó en el mismo periodo de 2018.

Con respecto a diciembre, el pool también está registrando en estas primeras semanas niveles más altos, con un precio medio en los 25 primeros días de enero un 2,83% superior a los 61,77 euros del mismo periodo del mes pasado. De seguir en estos niveles, el precio de la electricidad apunta a unos niveles solo superados en un enero por el fatídico de 2017, cuando superó los 71,4 euros por MWh de media y en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh, y al de 2008 (70,22 euros por MWh).

Estos altos precios en el pool también coinciden en esta ocasión con la llegada de la primera ola de frío del año, a lo que se ha unido una menor presencia, comparado con el ejercicio anterior, de las renovables, especialmente la eólica, en la producción de energía. El encarecimiento de los precios de los derechos de emisión de CO2 ligados a la generación eléctrica dispararon los precios de la electricidad en la segunda mitad de 2018, manteniéndose altos en 2019.

Para contrarrestar esta subida en los precios de la electricidad, el Gobierno aprobó el pasado mes de octubre la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde que soportan las plantas de generación con gas. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

No obstante, con estos precios, el recibo de la luz en estas primeras semanas del año se ha encarecido un 7,7% con respecto al mismo periodo del 2018, según datos recogidos a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 58,14 euros, frente a los 53,98 euros de hace un año para un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW).

APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.

Greenpeace exige elevar la ambición climática en 2019 para establecer 2040 como año para lograr emisiones netas cero

Europa Press.- Greenpeace destaca como retos para 2019 elevar la ambición climática de la Unión Europea hasta establecer 2040 como año de emisiones netas cero, manteniendo a España entre los países que reclaman asumir mayores compromisos. También demanda establecer, dentro del Plan Nacional integrado de Energía y Clima, un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía.

Asimismo, pide incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico al 100% renovable en 2030 y alcanzarlo en la demanda de energía final total para lograr las emisiones netas 0 en 2040. En 2019, Greenpeace también demanda más compromisos y actuaciones de las ciudades españolas para ser más sostenibles fomentando una movilidad sostenible.

Unidos Podemos reclama que la CNMC vigile si las compañías de distribución eléctrica dificultan los proyectos de autoconsumo

Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no están poniendo dificultades a las nuevas solicitudes sobre autoconsumo tras la derogación del conocido como impuesto al sol.

Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (Podemos), algunas de estas empresas están rechazando peticiones de altas, alegando circulares y acuerdos del organismo regulador, por lo que creen que existe «riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación«. Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso. Estos diputados piden medidas para que la CNMC «fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo» a las nuevas instalaciones «aduciendo falta de desarrollo reglamentario».

Tal y como argumenta Unidos Podemos, «la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC», por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor «tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria».

«De lo contrario, podría haber autoconsumidores en condición de poner en marcha sus instalaciones y que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario«, aseveran. Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

El Gobierno eleva a 480 millones el programa de ayudas a pequeñas entidades locales para una economía baja en carbono

Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto destinado al programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a la promoción de una economía baja en carbono.

En concreto, este programa, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o uso de energías renovables en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. La primera convocatoria de esta línea de apoyo se aprobó mediante el Decreto 616/2017 y, hasta la fecha, se habían presupuestado 336,053 millones de euros para ayudas de apoyo a la descarbonización cofinanciadas por FEDER. Sin embargo, dada la buena aceptación por parte de las entidades locales y su adecuada contribución al cumplimiento de los objetivos del programa, se amplía su dotación presupuestaria en 144,022 millones de euros, hasta llegar a esos 480,076 millones de euros.

Con menos de 20.000 habitantes

Asimismo, se simplifican algunos trámites y se amplía el plazo de vigencia de la convocatoria de ayudas hasta el 30 de junio de 2019. Pueden presentar proyectos los municipios y agrupaciones locales, pero también otras entidades locales (como Consejos/Cabildos insulares) o las comunidades autónomas, pero siempre para intervenciones en municipios con menos de 20.000 habitantes. También puede presentarlos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se pueden subvencionar, con una cofinanciación que oscila entre el 50% y el 85%, hasta 17 medias diferentes. Entre ellas, la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; el fomento de la movilidad urbana sostenible, lo que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria; y aumentar los usos de energías renovables para producir electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.

Una de las líneas menos utilizadas hasta ahora es la de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, que podría verse ahora favorecido por el nuevo marco normativo aprobado en el Decreto-ley 15/2018. Según el programa, son subvencionables también las baterías asociadas a sistemas de autoconsumo fotovoltaico, indicó el Ministerio. Las ayudas son gestionadas por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La firma vasca Ingeteam lidera un proyecto para mejorar los sistemas de energía mareomotriz y reducir sus costes

Europa Press.- Ingeteam lidera un proyecto europeo denominado Realtide para la mejora de los sistemas de energía mareomotriz y reducir sus costes, según ha informado la empresa. Este proyecto tiene como objetivo principal identificar las causas más importantes de fallo en turbinas marinas y desarrollar nuevos diseños innovadores para mejorar los componentes más críticos como las palas y el sistema de conversión de energía.

Ingeteam trabaja con otros socios europeos como Bureau Veritas (Francia), la Universidad de Edinburgh (Reino Unido), EnerOcean (España), Sabella SAS (Francia), 1-TECH (Bélgica) y el Instituto de Francia de investigación para la explotación de la mar (Francia). El proyecto RealTide durará hasta 2021. Con un presupuesto de 5 millones de euros, el consorcio pretende abaratar notablemente los costes de mantenimiento y tiempo total de parada, como consecuencia de aumentar la durabilidad y fiabilidad de las turbinas marinas y de los procesos de operación y mantenimiento.

Ingeteam ha destacado que las corrientes generadas por las mareas son una fuente de energía «muy prometedora» y, en determinadas zonas como cabos y canales, se encuentran tan concentradas que se pueden equiparar en términos de densidad a la energía de origen fósil y nuclear, haciendo posible la existencia de parques submarinos de varios gigavatios. En concreto, ha apuntado que las mareas podrían producir entre 450.000/800.000 gigavatios-hora (GWh) al año frente a los 100.000 que generan actualmente todas las renovables.

Sin embargo, ha indicado que el problema actual de esta tecnología es su «falta de madurez» que provoca «costes elevados que impiden ofrecerla como una tecnología suficientemente atractiva para el mercado». Por ello, según ha destacado la empresa, para llegar a la fase comercial, es necesario superar «diferentes barreras». En primer lugar, avanzar en el conocimiento de las características hidrodinámicas de las corrientes para optimizar el diseño de los captadores de energía, evitando así sobredimensionar componentes críticos como las palas.

En segundo lugar, considera necesario desarrollar sistemas electrónicos de monitorización y control «más robustos» que permitan conocer remotamente el estado de salud de las turbinas y alargar al máximo los intervalos de mantenimiento. Asimismo, cree que es clave disponer de datos fiables a fin de detectar fallos y posibilidades de mejora. Ingeteam ha indicado que las expectativas más optimistas de crecimiento para energía mareomotriz prevén una producción energética global cercana los 17.000 MW para 2030.

Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.