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COAG solicita la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo eléctrico en el sector agrario

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Europa Press.- El incremento del 3,4% de la renta agraria no se ha notado en el bolsillo de agricultores y ganaderos, debido a la espiral alcista de los costes de producción, según denuncia COAG, que ha recordado que desde 2003, el sector agrario español ha perdido el 8,3% de su renta total.

En concreto, la organización agraria ha señalado que los consumos intermedios (costes) alcanzaron en 2018 los 23.199 millones de euros en términos corrientes, lo que supone la cifra más alta de la serie con un alza del 6,3% respecto a 2017, tanto en precio (3,2%) como en cantidades consumidas (2,9%). COAG considera que es «imprescindible» emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años, especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza ha comprimido la rentabilidad del sector. De esta forma, la organización agraria ha trasladado a Agricultura una serie de peticiones.

En términos de fiscalidad, COAG solicita la reintroducción de las deducciones del rendimiento neto previo por adquisiciones de gasóleo (35%) y la aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales. Respecto a la tarifa eléctrica, solicitan la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario y la exención parcial del 85% del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) a los sectores ganaderos, como permite la normativa comunitaria y dado el elevado gasto que deben asumir esta tipología de explotaciones. Por otro lado, apuestan por el desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la explotación agraria productora de energías renovables.

La danesa European Solar Farms presenta la 32ª demanda contra España ante el Ciadi por el recorte de las renovables

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Europa Press.- La sociedad danesa European Solar Farms ha presentado la trigésimo segunda denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables. Según la información remitida al Ciadi, la sociedad, radicada en Dinamarca, cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados King&Spalding. Por tanto, fueron 3 las demandas presentadas contra el Gobierno de España en 2018 por los recortes en la retribución de las renovables.

De estas más de 30 denuncias, el Ciadi ya falló en 3 a favor del demandante, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con una indemnización de 112 millones de euros. No obstante, en los 3 casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o de solicitud de rectificación.

Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más en los arbitrajes internacionales. En noviembre la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones de euros. Asimismo, el SCC también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que a finales del 2017 la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

La demanda eléctrica crece por cuarto año consecutivo tras repuntar un 0,6% en 2018 con la nuclear liderando la generación

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Europa Press.- La demanda de energía eléctrica peninsular ha alcanzado los 254.074 gigavatios hora (GWh) en 2018, lo que supone un 0,6% más que en el año anterior y mantener su tendencia de crecimiento por cuarto año consecutivo, según los datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE). El gestor de la red señaló que si se tienen en cuenta los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda ha aumentado un 0,5% respecto a 2017.

En 2018, el momento de mayor consumo (máximo de potencia instantánea) se registró el 8 de febrero a las 20.24 horas con 40.947 megavatios (MW), un 1% inferior al máximo del año 2017, y casi un 10% por debajo del récord histórico de 45.450 MW que se produjo en diciembre del 2007. En cuanto a los sistemas extrapeninsulares, la demanda de energía eléctrica ha aumentado en Baleares, Ceuta y Melilla con un 0,7%, 2,4% y 1,7%, respectivamente, mientras que en Canarias ha caído un 1%. En total, la demanda de los sistemas extrapeninsulares ha alcanzado en 2018 los 15.320 GWh.

En lo que respecta a la generación renovable en 2018, representó el 40% de la producción total de electricidad, siendo la eólica la segunda tecnología con mayor participación en el mix energético, con un 19,8% del total, y la hidráulica la que más ha incrementado en su aportación, pasando del 7,4% en el 2017 al 13,7% en 2018. Por su parte, la nuclear, responsable del 21,4% del total, ha sido la tecnología líder de generación en 2018, mientras que el carbón ha caído en 2,6 puntos porcentuales, hasta el 14,5%.

A este respecto, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, valoró que este incremento de 6,3 puntos porcentuales de generación renovable en 2018 «refleja que España está en el buen camino hacia la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible y nos acercan al cumplimiento de objetivos europeos». Además, consideró que estos datos avalan la «capacidad de gestión cada vez mayor de las tecnologías renovables de generación eléctrica y su efectiva integración en el sistema, de forma que desplace a la producción eléctrica contaminante y reduzca la dependencia energética exterior de nuestro país».

La Península Ibérica completa su cobertura de la demanda con los intercambios internacionales de energía eléctrica. En 2018, las importaciones han registrado 10.624 GWh, lo que representa en torno al 4,2% de la demanda peninsular. Asimismo, el parque generador de energía eléctrica en España es cada vez más renovable y menos dependiente de tecnologías contaminantes. En 2018, el ciclo combinado se ha reducido en un 1,5%, mientras que han entrado en servicio más parques de generación eólica, solar fotovoltaica y de otras renovables, que incrementan su potencia instalada en un 0,5%, 0,4% y 0,6%, respectivamente.

Con estimaciones a 31 de diciembre, la potencia instalada peninsular es de 98.651 MW, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al año 2017. En este sentido, Sevilla cree que España está haciendo «un gran esfuerzo» en la puesta en marcha de proyectos de generación renovable y en la reducción de su dependencia de combustibles fósiles, «más caros y más contaminantes». Asimismo, destacó que 2019 será el año «en que se materialicen los esfuerzos de situar a España en la vanguardia en materia de renovables: se prevé que se instalen 8.000 nuevos MW de potencia eólica y solar fotovoltaica«.

Según las previsiones de Red Eléctrica, la red de transporte de electricidad en España cuenta con 44.243 kilómetros de circuito de líneas, de los que 313 se han puesto en servicio en este año. De ellos 128 se han construido en la Península, 140 en Canarias y 45 en Baleares. La red de fibra óptica empleada por REE para operar el sistema eléctrico cuenta, por su parte, con 33.687 kilómetros, según los datos de 2018.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia que los costes energéticos de producción del sector agrario se han disparado

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Europa Press.- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de que los costes de producción del sector agrario se han duplicado en los últimos 20 años y crecen a un ritmo muy superior al valor de la producción. Tras analizar la evolución de algunas macromagnitudes agrarias, ha puesto en evidencia que los costes intermedios se han duplicado en los últimos 20 años, hasta los 23.199 millones de euros en 2018.

Por otro lado, el valor de la producción final agraria mantuvo aumentos anuales a un ritmo del 2,2%, mientras que el de los costes lo hizo a un ritmo superior al 5%, pasando de representar un tercio del valor de la producción a más de la mitad, «lastrando la actividad agrícola y ganadera e impidiendo la rentabilidad a muchas explotaciones», ha denunciado. La organización recuerda que la energía y los lubricantes son algunos de «los capítulos más importantes de gastos».

«No es admisible que la liberalización de determinados mercados como el de la electricidad o el de los combustibles haya acabado en que cada vez nos cuesten más a los consumidores», sostienen. «Pagamos la electricidad a uno de los precios más caros de Europa y las subidas que se aplican al gasóleo son muy superiores a lo que correspondería por los precios del petróleo», añaden.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno que realice una auditoría a los sectores energéticos y que establezca medidas correctoras. Asimismo, ha pedido una fiscalidad al mínimo posible para el gasóleo agrícola usado por los profesionales, un régimen que facilite a los agricultores montar instalaciones de generación de energías renovables para autoconsumo y un contrato de acceso eléctrico específico para regadío adaptado al consumo estacional.

El consumo eléctrico aumenta un 28% en los hogares españoles durante las Navidades por el mayor uso de los electrodomésticos

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Europa Press.- Según datos de Red Eléctrica de España (REE), durante las fiestas navideñas, el consumo eléctrico aumenta un 28% en los hogares españoles, principalmente por el mayor uso que se hace de los electrodomésticos. Un gasto energético al que hay que sumar también el tradicional alumbrado navideño que ilumina las ciudades.

Sobre este alumbrado, un 85% de los ciudadanos opina que deberían seguir más «criterios ecológicos y un mayor control del gasto». Algunos van incluso más allá, ya que un 16% de los encuestados cuestiona estéticamente estos adornos. Estas son algunas de las conclusiones del informe de la División de Hogar de Línea Directa La sostenibilidad y el consumo en los hogares españoles que también refleja que 5,6 millones de personas (16%) piensan que la preocupación por el medio ambiente es tan sólo una moda y que no se toman las medidas suficientes. Para realizar este estudio, para el que se ha llevado a cabo una encuesta a más de 1.700 personas de entre 18 y 75 años en toda España.

Por otra parte, el estudio alerta de que las energías renovables siguen sin consolidarse en los hogares, ya que menos de un 10% tiene alguna instalación renovable en su domicilio. Los motivos son variados: que «sus viviendas no lo permiten» (46%), «la falta de información de las Administraciones» (27%) y «el precio de estas instalaciones» (26%). A destacar que casi 1 de cada 5 españoles (17%) aseguran que les gustaría contar con una fuente de energía renovable en su hogar, pero que no la tienen por la «falta de seguridad jurídica» que existe en este ámbito, concretamente por miedo a la creación de nuevos impuestos que afecten a su inversión.

El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

El Gobierno convoca ayudas por 80 millones para impulsar la instalación de más energía eólica en las Islas Canarias

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado una convocatoria de ayudas por un total de 80 millones de euros para la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Según el Ministerio, con esta convocatoria, que será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se posibilitará la entrada de al menos 180 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma.

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, suponen mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera valora que en Canarias se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado, por ejemplo, que la isla de El Hierro haya logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual. Sin embargo, en 2016, el porcentaje de producción renovable se situó en las Islas Canarias en torno al 8%, frente al 40,2% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.

Por ello, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, el Ministerio considera que resulta «imprescindible» la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. «De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2», añade.

En concreto, la convocatoria ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda.

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

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Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

Los ciclos combinados de gas independientes piden al Gobierno que no suprima el servicio de disponibilidad

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Europa Press.- La Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (APRIE), que agrupa a empresas como Engie, Bizkaia Energia, Alpiq o Shell, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio de disponibilidad, recogida en la propuesta de orden de peajes eléctricos para el año 2019, ya que «abocaría a los ciclos combinados a dar un salto al vacío».

El presidente de APRIE, Alfonso Pascual, mostró «la sorpresa y el malestar» de la asociación por la medida planteada en la orden y subrayó que, con ese escenario, «está sobre la mesa» la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta de viabilidad económica de las plantas. «Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va a ayudar en la transición, el suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que los ciclos combinados den un salto al vacío», apuntó.

En su propuesta, Transición Ecológica suprime el servicio de disponibilidad actual, uno de los incentivos que forman parte de los pagos por capacidad y que las centrales cobran por estar listas para ser activadas por el operador del sistema en caso de necesidad, evitando unos costes de 170 millones de euros al sistema eléctrico, pero que suponen un recorte a las empresas del sector. La decisión del Ministerio se fundamenta en llevar a cabo un análisis en profundidad del modelo que adopte la Comisión Europea para los mecanismos de capacidad, que incluirá dentro del denominado Paquete de Invierno. Este hecho ya llevó este año a una revisión del plazo de aplicación, de anual a semestral, de los mecanismos de disponibilidad.

Pascual estimó que esta medida supone una merma de unos 20 millones de euros para los asociados de APRIE por los casi 4.000 megavatios (MW) de potencia que gestionan con sus ciclos combinados, lo que pone en peligro, si no hay alternativa, «sus obligaciones» de pagos de nóminas a empleados y de impuestos a municipios. La asociación subraya que ese importe por el servicio de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el opex, pero sí que representa «un mínimo balón de oxigeno» para resistir a futuro antes unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo de renovables, que deberían hacer a partir de 2022 que los ciclos combinados de gas «tuvieran una mínima rentabilidad razonable».

No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en esta supresión del servicio de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial. «Nos reservamos todas las alternativas. Cada inversor tendrá que ver con sus accionistas y departamentos legales si se recurre la orden. La vía del recurso no es lo mejor, pero se abordará si no queda otra alternativa», apuntó Pascual, quien subrayó que las empresas están en la obligación de «defender a sus accionistas y las comarcas donde están sus activos».

Asimismo, advirtieron también de que la caducidad del incentivo a la inversión para el horizonte del año 2022 pone en riesgo la continuidad de más de la mitad de los 26 gigavatios (GW) existente de ciclos combinados de gas. «La demanda hay que cubrirla. Entendemos que esta no es la fórmula para transición», señaló Daniel Fernández, vocal de la asociación.