La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció que el Ministerio de Industria publicará el decreto que recogerá la convocatoria del primer concurso eólico para 500 megavatios (MW) tras la moratoria a las primas renovables «en julio o septiembre», que incluiría también la convocatoria de 200 MW para plantas de biomasa. La mesa política, marcada por la ausencia de representantes del PP, dejó en evidencia la oposición frontal de todos los partidos a la política energética del Gobierno.

Baquedano realizó este anuncio durante el I Congreso Eólico Anual, en el que aprovechó para defender las previsiones de aumento de la demanda y de potencia necesaria incluidos por Industria en el borrador de la planificación energética hasta 2020. «Se ha hecho una hipótesis razonable sobre lo que creemos que es la demanda de electricidad y potencia que vamos a necesitar», señaló, antes de advertir de que el aumento de la eficiencia y «el comportamiento de los consumidores» han hecho que haya una mayor elasticidad en la evolución del consumo de electricidad frente al PIB.

Lo cierto es que la previsión del Ministerio de Industria contrasta con un informe reciente acerca de la planificación energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pronosticado que la demanda de electricidad aumentará un 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo de la previsión del 2,3% estimada por el Ministerio para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. Además, la nueva potencia renovable prevista en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla)se justifica en que la instalación de 450 megavatios (MW) en Canarias supondrá un ahorro de 140 millones anuales.

Por otro lado, Baquedano anunció que Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que elabore una propuesta para que las energías renovables puedan participar también en los llamados servicios de ajuste del sistema eléctrico, de modo que se retiren las «discriminaciones por tipo de tecnología». «Supondrá un mayor número de agentes y redundará en beneficio de la competencia y de la eficiencia económica», al tiempo que procurará «una serie de ventajas reseñables que contribuirán a generar actividad en el mercado interno», explicó. Baquedano también señaló que la nueva regulación no aspira a «prever el futuro», pero sí a diseñar «una legislación lo más flexible posible para adaptarse al cambio». «Eso es lo que nos dará la ventaja competitiva».

Finalmente, Baquedano defendió las reformas y medidas adoptadas por el Gobierno en materia de energía, para apuntar que aunque haya sectores que critiquen algunos aspectos concretos «no se puede negar la necesidad» de las iniciativas adoptadas. En este sentido, Baquedano puso en valor que el déficit de tarifa ha dejado de ser el «principal problema del sector eléctrico español», y que pese a que ha habido «decisiones complejas y dolorosas», éstas «han sido tomadas con el mayor sentido de la responsabilidad y el interés general».

Oposición a la política energética

La mesa política del Congreso Eólico Español estuvo marcada por la ausencia del portavoz de Energía del PP en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, que no pudo acudir por razones personales. En este sentido, su homólogo en el PSOE, José Segura, mostró su deseo de alcanzar un pacto de Estado en materia energética si bien no lo ve factible después de una legislatura en la que, según aseguró, no se aceptó ni una sola enmienda de las 5.000 presentadas por el PSOE en materia energética. «La Ley del Sector Eléctrico hay que cambiarla», aseguró el portavoz socialista, que se mostró partidario de revisar el papel que juega Red Eléctrica de España (REE), «pues actualmente responde ante sus accionistas«.

El diputado electo por Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ofreció diálogo para alcanzar el pacto de Estado. Para ello, señaló como «vital» realizar una auditoría de costes «para saber cómo se han calculado los costes que derivan en el déficit de tarifa«. El representante de Ciudadanos formuló tres medidas: «garantizar un marco regulatorio estable para todo el sector energético, incentivos fiscales para potenciar las renovables dentro del mix energético y una fiscalidad verde que penalice a las energías más contaminantes«.

A favor de la auditoría de costes también se pronunció otro diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez (Podemos) que además abogó por una «corrección» del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico, que se fija mediante el precio de la tecnología con mayor coste que entra a producir por orden de REE, operador del sistema, un precio que se otorga al resto de tecnologías. «Hay sobrerretribución a la hidroeléctrica y a la nuclear», denunció el representante de Podemos, que se mostró partidario de incrementar el papel de las renovables y dejar de favorecer al gas.

Quién dio por imposible el pacto de Estado en energía fue el portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, que señaló que el PP basa su modelo en el modelo energético de FAES, lo que es «diferente y enfrentado» al de su formación. Además, Uralde denunció como un «escándalo» que, según estimó, España no vaya a cumplir los objetivos de Energía y Clima de cara a 2020. «Bastaba con la inercia», lamentó Uralde, que abogó por «derogar» la reforma y trazar un nuevo plan energético basado en las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.