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Ciudadanos pide al Gobierno cambiar la elección de los miembros del CSN para que sean votados en el Congreso

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para cambiar el sistema de elección de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y tomar medidas para mejorar la transparencia del organismo.

Concretamente, piden realizar los cambios legales oportunos tanto en el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, como sobre la Ley que regula su creación, para establecer el nuevo modelo de elección de los miembros. Según apunta el texto, el Gobierno deberá presentar sus candidatos y serán examinados por una Comisión Técnica según su «capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad». Los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Energía del Congreso, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros, según apunta la iniciativa. Ciudadanos propone que, en caso de que el informe de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

Proponen mejoras en la transparencia

Ciudadanos incluye en esta proposición sugerencias relacionadas con la mejora de la transparencia del CSN. Así, pide que se modifique el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, de forma que se incluya en su articulado la retransmisión pública y en directo de las reuniones del pleno del Consejo, así como la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones. Además, piden que se establezca como obligatorio que la presidencia del organismo emita un informe de actividad al término de su mandato y proponen que se lleve a cabo una autoevaluación en la institución como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

La CNMC solo recauda un 3% de las sanciones impuestas desde su creación, 29,81 millones de euros de 914,66 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso desde su creación, a finales de 2013, un total de 272 sanciones por valor de 914,66 millones de euros, aunque lo recaudado apenas supone el 3%, sólo 29,81 millones.

Así figura en un informe de la CNMC enviado al Congreso, con el que se responde a las preguntas planteadas por el diputado socialista Antonio Hurtado, que había pedido datos de las multas impuestas desde 2013, la cuantía de las mismas, su recaudación y la distribución de las sanciones por sector. Este superregulador es la fusión ejecutada en 2013 de 6 organismos supervisores anteriores: Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

El sector con más sanciones dictadas por la CNMC desde 2014 es el energético, con un total de 86 sanciones, seguido por las sanciones referidas por la competencia, con 77 resoluciones aprobadas. El sector de las telecomunicaciones ha recibido 56 sanciones y el audiovisual, 53. Sin embargo, esta clasificación se altera en el cómputo de las cuantías, ya que las multas por infracciones de competencia acumulan el 90% del total económico de las multas. Así, desde 2014 las sanciones por vulnerar estas normas ascienden a 852,78 millones de euros. Le siguen las multas dirigidas al sector energético (25,7 millones de euros), las telecomunicaciones (24,2 millones) y el audiovisual (11,93 millones).

Hasta el pasado 30 de abril, la CNMC ha dictado 29 multas en 2017 por un total de 33,7 millones de euros, la mayoría de las cuales, igual que en años anteriores, por vulneraciones de las reglas de la competencia (26,2 millones de euros en cinco sanciones durante los cuatro primeros meses del año).  El sector energético concentra 21 de las 29 sanciones emitidas en 2017, pero apenas contabiliza 1,2 millones de euros en multas. Las dos multas en el sector de las telecomunicaciones suponen 6 millones de euros mientras que la única sanción en el audiovisual supone 222.600 euros.

En su respuesta al parlamentario socialista, el organismo explica también el proceso que existe entre la resolución de una sanción y el efectivo cobro de la multa. En primer lugar, incide en la alta proporción de suspensión provisional del pago como consecuencia de la interposición del recurso ante la Audiencia Nacional, una práctica que el organismo señala como «sistemática» por parte de las empresas sancionadas.

Asimismo, advierte de que en el 80-90% de los casos en los que las empresas solicitan la suspensión de la obligación del pago de la multa, la Audiencia Nacional concede la misma previa una vez se constituya una garantía. Pero en caso de que no se solicite o la Justicia no la conceda, la CNMC subraya que el pago «tiene un cierto carácter provisional», pues puede verse sujeto a posible reversión en función de la sentencia firme. Estos pagos no se registran, justifica el organismo, ya que «constituiría un dato incierto, debido a su provisionalidad».

El camino hasta cobrar una multa impuesta por el regulador puede extenderse durante 8 y 10 años, tal y como reconoce el propio organismo. Así, la tramitación de un recurso interpuesto ante la Audiencia «tiene una duración media entre 2 y 3 años», aunque la propia CNMC reconoce que éste plazo puede superarse. Según el regulador, «la mayor parte de los casos» son «susceptibles de ulterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo«. Un recurso que «suele tener también una duración media de entre 2 y 3 años», apostilla. «Por todo ello, el resultado de la revisión judicial de las resoluciones de la CNMC puede no conocerse hasta transcurridos cerca de 5 o 6 años».

¿Por qué, entonces, el propio organismo habla de prácticamente una década para cobrar una multa? La CNMC recalca que las resoluciones de las diferentes instancias judiciales pueden dar lugar a varios escenarios. En el caso de que la multa sea confirmada, ésta puede satisfacerse en período voluntario o remitirse para su cobro a la vía de apremio, en cuyo caso la información sobre el resultado de dicho apremio se demoraría uno o dos años. Si los tribunales dictan la reducción o aminoración de multa, y que el resultado de la minoración sea líquido, en cuyo supuesto de nuevo se plantea su pago, o que no sea líquido’ y exija un recálculo por la propia CNMC.

Este recálculo, señala el organismo, exige aproximadamente 6 meses y puede ser de nuevo impugnado a través de la vía contencioso-administrativa, con la consiguiente posibilidad de suspensión de la obligación de pago y la demora inherente a la tramitación de los recursos, entre 5 y 6 años. Así, entre 2014 y 2017, el organismo únicamente pudo cobrar 29,81 millones de euros de las multas impuestas. En 2016, el importe total recaudado ascendió a 13,65 millones de euros. Durante los cuatro primeros meses de 2017, la CNMC ha recaudado 714.873 euros.

Un bidón cae al suelo en Garoña y vierte 3 litros de agua radiactiva aunque no excede los límites permitidos

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Un contenedor con un bidón con agua radiactiva que estaba siendo transportado en un contenedor extraído del Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) en la central nuclear de Garoña (Burgos) cayó al suelo de forma accidental de una altura de tres metros y se vertieron unos tres litros de agua radiactiva, según recogió el acta de inspección trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, sin embargo señala que no superó los niveles permitidos.

La incidencia, no notificable, se produjo el 24 de marzo, cuando un contenedor transportaba en su interior un bidón extraído sin tapa al que se colocó un cierre provisional de aluminio. El aro metálico que sujetaba la tapa del contenedor se rompió y cayó al suelo desde unos tres metros de altura. La tapa quedó suspendida de la pinza y, al caer el contenedor, la tapa de aluminio que llevaba en su interior cedió y desparramó unos 3 litros de residuo del contenido del bidón.

Según refleja el acta de inspección trimestral de la planta burgalesa, el titular «inmediatamente» cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para que se pudiera recuperar el vertido en su interior. El vertido se recuperó ese mismo día, para lo que los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado. Según han indicado fuentes del CSN, de acuerdo con la normativa vigente este suceso «no es notificable» porque se produjo en una zona de la central clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y, en este caso, no se superaron.

No obstante, señalan que el regulador pidió al titular un análisis de «notificabilidad» del incidente radiológico. Según la IS-10 donde se recogen los criterios de notificación de las centrales, no se superaron los límites de dosis establecidos en una zona radiológica, por lo que no fue notificable. De acuerdo con el acta firmada por el inspector residente, atendiendo a criterios de contaminación superficial, la zona estaba por debajo de 0,4 Bequerelios por centímetro cuadrado y, tras recoger el vertido se optó por retirar la capa superficial de asfalto para recuperar los valores iniciales y esto se hizo en menos de 12 horas. Si se hubiera superado este plazo sí habrían tenido que notificarlo al regulador.

Fallo en pestillo del contenedor

Del mismo modo, no se detectó contaminación fuera de este área cubierta con plásticos, por lo que los técnicos no establecieron medidas ambientales ya que se habían recuperado los niveles normales. En este contexto, el titular analizó las causas del suceso y advirtió que la pinza eléctrica estaba funcionando con tres pestillos operativos de los cuatro que posee y que precisamente la holgura entre el pestillo y el aro metálico es suficiente para que con tres pestillos se sostenga el contenedor. Sin embargo, sin el aro, el contenedor se desprende. Por ello, el inspector del CSN estipuló que antes de utilizar las pinzas se compruebe el correcto funcionamiento de sus pestillos y, en caso contrario, que se prohíba su utilización.

En la descripción de lo ocurrido, se analizaron las posibles consecuencias radiológicas de que se liberase un 10% del contenido del bidón y también de si se hubiera volcado por completo el bidón: supondría una dosis efectiva al público muy inferior a la restricción operacional para el conjunto del año. Aunque en el análisis de notificabilidad realizado por Nuclenor, al principio se limitaba a uno de los criterios de la Instrucción de Seguridad, se solicitó al titular que se considerara adicionalmente la posible aplicabilidad de cualquier liberación, parcial o total y se determinó que en todo caso habría sido inferior a los niveles permitidos y por debajo de 1 microsievert, que constituye el límite del criterio para notificar al CSN.

En todo caso, el inspector subraya que en este incidente se produjo un retraso en la comunicación a la sala de control de lo ocurrido y advierte de que esto sí podría ser importante en los casos en los que el titular sí debe informar «prontamente» al jefe de turno y al inspector residente en el informe de incidencia menor.

La nuclear de Garoña realiza su simulacro anual simulando un terremoto que la dejaría sin suministro de electricidad

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Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) realizó su ejercicio de simulacro anual en el que ha simulado un terremoto que ha afectado a la planta, que se ha quedado sin suministro eléctrico externo ni suministro interno de emergencia.

El simulacro es preceptivo, según los requerimientos que establece el Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio han participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. El CSN ha seguido el estado de la planta y las actuaciones del titular para recuperar las condiciones de seguridad y se mantuvo en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Burgos para recomendar las correspondientes medidas de protección radiológica.

El simulacro comenzó cuando el titular ha declarado el estado de alerta de emergencia que se produjo a consecuencia de un terremoto que afectó tanto al suministro eléctrico exterior como al interior de emergencia. El seísmo provocó simuladamente daños en 5 elementos combustibles que estaban almacenados en la piscina, una fuga en la piscina que ha provocado un descenso del nivel de agua y un aumento de los valores de radiactividad en el interior de la instalación. Sin embargo, las dosis en el exterior de la zona bajo control del titular de la central han estado «en todo momento» por debajo de los límites establecidos.

Igualmente, se ha simulado que dos trabajadores han resultado heridos y contaminados externamente cuando estaban llevando a cabo labores de recuperación de la planta por lo que han sido atendidos y descontaminados en los servicios médicos del emplazamiento. Por su parte, el CSN ha recomendado al CECOP que estableciese el control de los accesos en el exterior de la central nuclear y la activación del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU). De haberse producido, un suceso de estas características habría sido clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), lo que significa incidente.

Standard&Poor’s considera que la retribución de REE y Enagás debería vincularse al IPC y denuncia la ausencia del regulador independiente

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Europa Press.- Standard&Poor’s (S&P) considera que el marco regulatorio para las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España es «adecuado», pero detecta varias «debilidades» en el sistema, entre ellas la de que las retribuciones de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás no estén vinculadas al IPC. S&P indica que «por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC».

Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, «la ausencia de un regulador independiente», en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «el déficit de tarifa remanente en el sistema» y «la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas«. En todo caso, también realza que el entorno regulatorio ofrece «características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte». Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según indica, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema «maduro» y en el que las condiciones se definen cada 6 años de forma «transparente».

No es país para órganos reguladores independientes

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Las alegaciones del Ministerio de Energía en torno a las objeciones de la Comisión Europea a los órganos reguladores españoles y sus competencias es sólo un episodio más en la historia episódica de los órganos reguladoresy de la displicencia que desde el poder ejecutivo se viene ejerciendo. Bien es cierto que, por su propio comportamiento, nunca defraudan.

Su comportamiento en las operaciones corporativas del sector; el atrabiliario final a la proliferación de órganos reguladores y nombramientos, que caracterizó las postrimerías de la última etapa de la legislatura Zapatero; el proceso de destrucción y voladura de los mismos resultando un macroorganismo cauterizado con un enfrentamiento en su cúpula para finalmente devenir en la polémica larvada y submarina por los vínculos familiares con el Ministerio del ramo; y como guinda la forma en que se publican sus informes y deliberaciones; nada en la CNMC escapa a su cuestionamiento permanente.

Un buen modelo de órganos reguladores precisa de dos elementos para su funcionamiento razonablemente armónico. El primero es un diseño institucional y legal adecuado: composición, funcionamiento, régimen de autonomía, nombramientos, competencias, capacidad ejecutiva, duración de las designaciones de los mismos, proceso de evaluación de los candidatos, procedimientos de publicidad de sus decisiones, deliberaciones, etc…  El segundo tiene que ver con los «recursos humanos» más allá de la plantilla. Es decir, quienes la dirigen, qué experiencia, conocimientos, prestigio institucional, comprensión del modelo de mercado, quienes forman parte o cómo son elegidos (consejeros, responsables y equipos directivos).

España, en esta tesitura y con estos requerimientos, evidentemente, no es país para órganos reguladores. La de los órganos reguladores independientes es una figura en la que no cree la política de nuestro país, con independencia de las filiaciones, porque es muy molesta en la propia concepción verticaldel sistema de partidos español. No encontraremos grandes defensores de esos organismos.

O bien, se han percibido como una forma de recompensar los servicios prestados de los partidos políticos, con resultados diferentes en cada momento según los equilibrios parlamentarios para el reparto de canonjías, sinecuras y puestos. O bien se convierten en unos cuerpos extraños inescrutables por su necesidad de adecuarse a un marco legal y de mercado, cuando lo que requiere el país es la ideologización de cada acción y su politización (véase el CSN). Ni siquiera los periodistas españoles escapan a ese marco, fruto de la propia ausencia de cultura económica, además de asumir la designación digital partidista y la organización por banderías de sus decisiones (en algunos casos más o menos conniventes con el regulador principal), como procedimiento habitual.

Fijar peajes: Energía versus CNMC

A más a más, con ese modelo distorsionado de teledirección de estos organismos, desde su selección y nombramiento, hasta su tutela efectiva como si fueran menores de edad con un grado de permisividad administrada, el Ministerio de Energía no quiere aceptar una mayor participación de la CNMC en la fijación de los precios de la energía, tal y como se requiere desde la Unión Europea. Por ello, argumenta que “no son organismos democráticos», como si el sistema de partidos debiera extrapolarse a todas las instancias de la administración y de gestión de la actividad pública. Vamos, una concepción de cultura política, sociedad económica y sociedad civil basada en un modelo de partidos de tinte venezolano.

Entre otras cosas, porque el hecho de su desaparición o su inanidad de facto facilita el hecho de saltarse la ley cuando establece que hay que aprovechar cualquier superávit para rebajar el déficit acumulado, permite ajustar la evolución de los precios al calendario electoral de cada momento, desata un proceso de agitación política para abolir las subastas o favorece soluciones creativas para abordar cuestiones que se calzan en las tarifas como los subsidios cruzados, las inversiones reguladas, las primas, las sentencias y penalizaciones pendientes dentro de los costes de acceso y a la vez conseguir el laminado de las tarifas

Volviendo al requerimiento de la Unión Europea y, como el Gobierno español sigue revolviéndose contra este modelo contenido en las Directivas comunitarias, hasta ahora teníamos como referencia el modelo del regulador inglés de la OFGEM. Y, quizá, por ese alejamiento de las pautas de las directivas comunitarias y del triunfo de la política en Londres del Brexit sobre la economía y los mercados, la lideresa Theresa May, a fuer de liberal, ahora defiende intervenir los precios de gas y electricidad.

Por eso, un pequeño exit de órganos reguladores podría ser nuestro acto de rebeldía, sui géneris, muy made in Spain.  

El sistema eléctrico registra un déficit de 99 millones de euros en 2016 a falta de la liquidación definitiva

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 99,42 millones de euros en la decimocuarta liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), frente al desajuste positivo previsto de 25 millones de euros y 111 millones de euros recogidos en las órdenes de peajes de 2015 y 2016. El organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que este desajuste provisional es debido a que los ingresos son inferiores a los previstos.

Dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Además, antes del 1 de diciembre del año siguiente al que corresponda la liquidación hay que efectuar la liquidación definitiva con los datos que se tengan en ese momento. Concretamente, los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de subastas de CO2 asciende a 2.089,2 millones de euros en la liquidación, frente a las previsiones de 3.155 y 2.740 millones de euros, respectivamente, recogidas en las distintas órdenes de peajes de 2015 y 2016.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue de 238.493 gigavatios hora (GWh), un 0,2% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron 46,6 millones de euros inferiores a los previstos. El coeficiente de cobertura de la liquidación se situó en un 99,29%, debido a que los ingresos son inferiores a los costes. Por su parte, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables y cogeneración en 2016 ascendió a 6.397 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 151,4 millones de euros, antes de IVA o impuestos.

En lo que se refiere al sector gasista, registró un déficit de 108 millones de euros, frente al desajuste de 23 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.853 millones de euros, que es un 0,9% superior al mismo periodo del 2016. La demanda nacional de gas en 2016, facturada hasta febrero de 2017, asciende a 320,2 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 2,4%.

207 millones mejor hasta febrero

En lo que respecto a la liquidación provisional del sector eléctrico de 2017 hasta febrero, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 1.019 millones de euros, lo que supone una evolución 207 millones de euros mejor a la prevista. Los costes regulados en esta liquidación fueron 91,6 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de retribución específica peninsular de la producción renovable y cogeneración en 42,5 millones de euros y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 51 millones de euros. El coeficiente de cobertura se situó en el 55,93%, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones, indicó el regulador, que advirtió la escasa relevancia de esta liquidación.

La CNMC ha gestionado la liquidación de 63.692 instalaciones con derecho a retribución específica. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación con cargo al sector eléctrico es de 477,414 millones de euros, antes de IVA o impuestos. Dado que no se ha recibido ningún ingreso del Tesoro Público no ha sido posible el abono de la partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la retribución a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares, indicó el organismo.

En lo que respecta al sistema gasista, registró un déficit de 127 millones de euros a febrero, un 30,2% inferior a los 182 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 74,8% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en esta liquidación asciende a 50 TWh y es un 15,3% superior a la del periodo mismo periodo de 2016, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto al año anterior y a la menor participación de la eólica y la hidráulica en el mix de generación de este mes.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

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Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

Técnicos del CSN (ASTECSN) denuncian que se infravalora su trabajo para ocultar fallos en la gestión de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado la «política de silencio» que practica el regulador, “infravalorando su trabajo” con el objetivo de ocultar que en las centrales nucleares se cometen fallos de gestión.

«El regulador no hace visible hacia el exterior sus logros como administración pública puesto que reconocer su labor eficaz de supervisor significaría aceptar que existen fallos de los entes regulados; en la política actual del organismo, eso es inadmisible», denuncian. La misiva también critica que se haya trasladado al público una imagen de «un organismo funcionarial que realiza un trabajo protocolario y meramente administrativo» y no la de un cuerpo técnico «cuya labor ha evitado la ocurrencia de accidentes y detecta problemas de forma continuada».

Ante esta situación, el sindicato pide al pleno del CSN una reflexión general sobre su gestión y les invitan a «salir de su burbuja de desinformación» en la que, a su juicio, se encuentran por no tener contacto directo con los trabajadores. En este sentido, aseguran que hay «muchas voces críticas» desde el gremio de técnicos que no están siendo escuchadas y, en algunos casos, fueron «silenciadas con amenazas», mientras toda la labor se hace «desde los mandos del CSN» con el objetivo de «transmitir al exterior una imagen de normalidad institucional y de adecuado comportamiento de las instalaciones nucleares».

La CNMC propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio del alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.-Facua reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias «para ajustar a los costes reales» el precio que pagan los consumidores de gas por el alquiler de los contadores, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio, dependiendo del tipo de equipo, lo que implicaría, de media, un ahorro de unos 8 euros al año para los 6,8 millones de consumidores con contador alquilado.

Así se desprende del primer estudio sobre el precio que deberían pagar los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores, según establece el Real Decreto 1434/2002. Anualmente, el Gobierno publica en una orden ministerial los precios del alquiler de contadores de gas, que varían en función del tipo de consumidor (doméstico, empresa, etc.), y del caudal, cantidad de gas, que circula por equipo. Hasta el año 2013, de media, estos precios subían anualmente entre el 2,5% y el 3,6%. Sin embargo, han estado congelados desde ese año.

Un 99,2% lo tiene alquilado

Los consumidores pagan mensualmente a su empresa comercializadora a través de su recibo del gas el precio estipulado por el alquiler del contador junto con el resto de conceptos facturables (peajes, consumo de gas, impuestos). Un 99,2% tiene alquilado su contador. Los precios que pagan los consumidores domésticos oscilan entre 0,69 euros mensuales (hasta 3 metros cúbicos por hora) y los 2,64 euros mensuales (hasta 10 metros cúbicos por hora), dependiendo del caudal del contador que tengan alquilado. La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, denunció que “las empresas están cobrando a los usuarios más de lo que les correspondería».

Hasta la fecha, no ha existido una metodología concreta de costes para fijar el precio del alquiler de estos equipos, entre otras cosas, porque las empresas distribuidoras no cuentan con una separación contable que diferencie los ingresos que perciben y los costes en los que incurren por el alquiler de estos equipos, frente al resto de ingresos y costes de la actividad de distribución. En consecuencia, la CNMC ha solicitado información económica para llevar a cabo un análisis metodológico que concluye que los precios por el alquiler de estos equipos deberían bajar entre el 16% y el 76%, dependiendo del tipo de contador del usuario.