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La CNMC investiga si detrás del «alto» precio de la energía «hay algo más» que una «situación coyuntural»

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expresó su preocupación por el «alto» precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y ha asegurado que está «preocupada por si hay algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente«, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su «colaboración».

Así lo señaló el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, Domínguez ha «celebrado» esa labor y ha asegurado que «en la medida que sea necesario», el Ministerio «acompañará» en esa tarea. «Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso», ha apuntado el secretario de Estado de Energía.

Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo información sobre ello porque también están «preocupados» por ese tema. «Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo tanto, para nosotros ellos son un elemento fundamental para hacer esa tarea de vigilancia para la cual les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten», ha afirmado. El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como pool, cerró el pasado junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.

Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese «mundo diferente», una tarea para la que cree que hay «buena sintonía» del actual Gobierno de España con la CNMC. «Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido», afirmó el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.

Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas «discrepancias del pasado» y falta de sintonía «no vuelva a ocurrir» y ha abogado por que «el regulador y el legislador trabajen coordinadamente». También en alusión a la CNMC, ha defendido que «un país democrático necesita instituciones independientes» y «estables» porque precisamente «dan solidez» al sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC «es parte de esa relación con las instituciones». Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, respondió a Domínguez con un «muchas gracias».

Multas a 5 empresas energéticas

Por otro lado, la CNMC multó a 5 empresas con un total de 10.200 euros por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, las compañías sancionadas han sido About White; Asal Energía, Empresa Municipal de Distribucio d’Energia Eléctrica de Ponts y Alpapat con 1.800 euros así como Eléctrica Vaquer Energía con 3.000 euros. Incumplieron la obligación de inscribirse en el Registro español de participantes del mercado mayorista de la electricidad (Remit).

La inscripción en este registro es fundamental para controlar las operaciones de compra y venta de energía que llevan a cabo las distintas empresas en el mercado. Además, se trata de una obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. El importe final de las multas se ha obtenido tras aplicar dos reducciones del 20% sobre la cuantía propuesta inicialmente, ya que las 5 compañías aceptaron su responsabilidad y pagaron en periodo voluntario, según establece la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La CNMC asegura que aumentará la transparencia sobre los precios si consigue recuperar competencias de regulación de los peajes eléctricos

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha destacado que la transparencia en los precios de los peajes eléctricos aumentará si el organismo retoma estas competencias, como pretende el actual Gobierno, a la vez que el precio subirán o bajarán en función de cada situación del mercado. En este sentido, Marín Quemada ha celebrado que los peajes eléctricos dejarán de ser «un instrumento de utilización política al servicio de nadie».

De esta manera, el precio de los peajes eléctricos serán resultado de un cálculo determinado en cada momento y subirá o bajará «con transparencia y absoluta visibilidad», por lo que los consumidores «sabrán si les interesa una tarifa u otra». En su opinión, el consumidor debe saber por qué suben o bajan los precios y no «estar a la sorpresa o a la negociación política de una comunidad autónoma que tenga unos peajes distintos a los de otras», ya que ese diferencial «lo pagan los consumidores», ha advertido Martín Quemada.

«Hasta ahora, han estado en una opacidad que es absolutamente contraria a las más elementales leyes de las agencias del mundo en el año 2018», ha denunciado Marín Quemada, quien ha señalado que utilizar los peajes eléctricos como instrumento político es «algo que está pasado de moda». Por ello, el presidente de la CNMC ha recordado que, en el resto de la Unión Europea, los peajes eléctricos son competencia del regulador. «La voluntad del Gobierno es devolver las competencias donde deben estar y donde están en el resto de Europa», celebró Marín Quemada, ya que considera «extraordinariamente positivo» que la agencia española «sea más parecido al resto de las europeas».

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica modifica las nuevas reglas de funcionamiento del mercado eléctrico que aprobó el anterior Gobierno

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Europa Press / EFE.- El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica modificó la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. Esta resolución aprobada en mayo por el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal provocó que la CNMC abriera una nueva batalla judicial con el Gobierno pugnando por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado, una orden, firmada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboca la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y modifica la resolución. Todo coincide con el inicio del proyecto europeo de mercado intradiario continuo en el que los operadores de mercado y del sistema español confirmaron su participación.

La CNMC recurrió ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía al entender que se habían vulnerado sus competencias. En su recurso, la CNMC denunció el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada hora y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. Solicitaba también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa, para evitar cualquier inseguridad jurídica.

En la orden del BOE, se procede a modificar «dos aspectos concretos» de las reglas aprobadas en la resolución de mayo, «que entran en contradicción con lo aprobado por la CNMC a fin de dar más claridad al proceso de presentación de ofertas y que los agentes tengan definidos con precisión los términos en que tienen que hacerlas«. Se deja sin efecto la regla 11, «en lo que se refiere a la obligación de presentar ofertas por cada unidad de venta, que no será de aplicación para el mercado intradiario continuo», así como el guión relativo a la unidad de oferta de la regla 46.1.

Prevalece el criterio del regulador

Además, la orden establece que, en lo no previsto en la resolución de la anterior Secretaría de Estado de Energía para el mercado intradiario continuo, así como en contradicción o incompatibilidad con la resolución que se aprobó en junio por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC sobre procedimientos de desarrollo de la metodología de subastas regionales intradiarias entre España y Portugal, se aplicará lo dispuesto por el regulador.

La CNMC negoció con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba. La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones.

En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La nueva ministra ya ha señalado, respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España, tanto en materia energética como en materia medioambiental, que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible». Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Bruselas ve «prudente» dar un margen de actuación al Gobierno ante el conflicto con la CNMC por los peajes eléctricos

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Europa Press / EFE.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Bruselas ha preferido ser «prudente» y hablar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad.

«La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión, que desea que el regulador sea el que regule los precios. Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno«, indicó el comisario español. «Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer», añadió el comisario en el marco de la reunión de ministros de Energía de los Veintiocho en Luxemburgo.

El Gobierno fija las tarifas

En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que se trata de una infracción que se produce ya desde hace años, así como también hay otros socios comunitarios que tienen el mismo problema. El anterior Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

El comisario y el Ejecutivo español vienen discrepando abiertamente desde que Bruselas abriese en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España, especialmente con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal. En concreto, la Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, contraviene dos directivas comunitarias. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo de la luz, mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes que fija el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, Arias Cañete tendrá que establecer un diálogo con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asumido las competencias energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de Ribera será, por tanto, convencer a Bruselas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente, respecto a los expedientes abiertos contra España en materia energética y medioambiental, Ribera ha confiado en que puedan cerrarse «cuanto antes y de la mejor manera posible».

La CNMC y el Gobierno

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, espera que el nuevo Gobierno no divida este organismo y le ceda las competencias para fijar los peajes eléctricos. En este sentido, Marín Quemada ha afirmado que todavía no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de «partir» la CNMC, como había manifestado el anterior ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, pero reiteró que «ojalá no lo haga«.

Sobre los peajes eléctricos, indicó que tampoco conoce las ideas del Gobierno, aunque comentó que espera que les ceda las competencias, «como les ha conminado Bruselas». El presidente de la CNMC quiere que su institución tenga unas competencias en materia de energía «parecidas al resto de reguladores y agencias independientes de supervisión de Europa, similar a lo que hay en Francia, Alemania o Reino Unido».

Tras un primer aviso, la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción en 2016, al considerar que la fijación de los peajes debe estar en manos de organismos independientes, tal y como obligan las reglas comunitarias. Marín Quemada ha afirmado que todavía es «extraordinariamente» pronto para tomar estas decisiones, puesto que el nuevo Ejecutivo acaba de iniciar su gestión, pero ha manifestado que «la CNMC siempre está a disposición de hablar de todos estos temas porque son críticos«.

La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

España defiende en la Unión Europea un objetivo ambicioso en renovables para el año 2030 vinculado a reforzar las interconexiones

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Europa Press.- España ha defendido un nivel «ambicioso» en renovables para 2030, aunque ha subrayado que este objetivo debe venir acompañado «de un refuerzo muy significativo» de las interconexiones, así como de medidas tanto en eficiencia energética como en electrificación de demanda final que permitan la incorporación eficiente de nueva potencia renovable.

Según el Ministerio de Energía, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asistió a una reunión donde se debatió sobre los objetivos en materia de renovables y eficiencia energía para el año 2030 en la Unión Europea. Además, se ha hablado de las medidas para alcanzar una gobernanza europea en materia de energía y clima, así como de la revisión de competencias de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).

Se busca un acuerdo de los países con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernanza antes del verano. En este sentido, se han celebrado varios trílogos para aproximar posiciones del Consejo con el Parlamento Europeo y la Comisión. Navia también reclamó que se apliquen pronto las nuevas reglas de Eurostat sobre la contabilidad pública de nuevas inversiones en eficiencia, así como mayores fondos europeos dedicados a eficiencia energética. Además, Navia destacó la importancia de garantizar que la transición energética sea eficiente, ofrezca unos precios competitivos de la energía y esté basada en reglas definidas.

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.