Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, leyó una carta aprobada por los 5 miembros del pleno del organismo regulador en respuesta a la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN (ATSECSN), que denunció previamente ante los partidos políticos el «grave deterioro» de la función reguladora del CSN por las «actuaciones de sus actuales gestores». En su respuesta, el pleno del Consejo advierte de que ASTECSN ofrecen una «imagen distorsionada» del regulador.
Ante la Comisión de Industria del Congreso, Marti ha leído la carta después de que la mayoría de grupos de la oposición se hayan referido a las críticas de ASTECSN y denunciaran la opacidad, politización y falta de independencia del CSN. Respecto a ASTECSN, señaló que desconoce el número de profesionales que pertenece a la misma y aseguró que no representan a los funcionarios del Consejo. El presidente del CSN se quejó además de que las afirmaciones de los técnicos fueron remitidas directamente al Congreso y no al organismo regulador y aireadas a la opinión pública. En este sentido, recalcó que, pese a ello, el Consejo se ha mantenido callado durante seis meses en aras del «prestigio» de la institución.
El acuerdo del pleno asegura que es partidario de potenciar la crítica y la actitud «cuestionadora», pero manifiesta su «honda preocupación por el contenido de una carta que puede minar de manera grave la confianza de los ciudadanos y la sociedad en el organismo regulador». «Afortunadamente, la realidad interna y las estructuras de funcionamiento del organismo, que este pleno es responsable de gestionar, en nada se asemejan a la situación de caos y alarma que se pretende dibujar. Somos conscientes, no obstante, de que puede haber, y de hecho hay, discrepancias con decisiones del pleno en cuanto a la gestión del organismo y que intentamos resolver o explicar internamente a través de los instrumentos de nuestra organización», añade el texto.
El escrito responde una a una las críticas de los técnicos y, entre ellas, la relacionada con los cambios en la escala INES, que mide la gravedad de los sucesos notificados por las centrales nucleares. El CSN asegura que este cambio no supone «ningún detrimento en la seguridad de las centrales y se hizo a través de un procedimiento reglado que incluye, como siempre, una fase de comentarios internos«. Además, advierte de que las supuestas «presiones, amenazas o cazas de brujas» son incompatibles con los procedimientos con los que el organismo toma sus decisiones técnicas. También rechaza «tajantemente» la «insinuación» de deterioro de la «función reguladora» y rechaza la «comparación injustificada» con el regulador japonés en el accidente de Fukushima.
Por otro lado, Marti se ha referido a los requerimientos de varios diputados en relación a la posibilidad de aumentar la vida útil de las centrales hasta los 60 años y aseguró que ni sabe nada en relación a este asunto que no tiene que ver con las funciones del organismo. El presidente del CSN insistió en que este organismo «sólo tiene responsabilidad en la seguridad y protección radiológica» y no entra en dictar «la política energética» del país, ni sus decisiones en torno a la misma, como el caso de una posible reapertura de la central de Garoña (Burgos).
Sobre esta central ha sentenciado que el CSN «no puede dejar de hacer informes sobre Garoña si el Ministerio de Industria los pide«, si bien esto no indica que este órgano esté a favor o en contra de un reinicio de su actividad, que cesó en diciembre de 2012. La central burgalesa ha contado en los últimos años con «supervisión y seguimiento especifico, adaptado a su situación actual», ha añadido.
Al comenzar la sesión, Marti pidió «sinceras disculpas» por las «especiales circunstancias» que hicieron que no pudiera sustanciarse su comparecencia en la pasada legislatura. También destacó que durante 2014 y 2015 «todas las centrales nucleares funcionaron de forma segura en España», aunque explicó que en el tercer y cuarto cuatrimestre del 2015 se prestó especial seguimiento a la unidad 2 de Almaraz, para la que propuso a Industria la apertura de un expediente sancionador por una cuestión relacionada con los dispositivos de seguridad ante incendios. «La calidad ambiental de las centrales nucleares se mantuvo sin riesgo para las personas», indicó.
El presidente del CSN enumeró la existencia de 7 expedientes sancionadores en 2014, 7 en 2015 y 5 en lo que va de año. Marti también ha negado la falta de transparencia en la gestión del CSN denunciada y ha advertido de que su intención sería «desacreditar» al organismo regulador. No obstante, también ha pedido disculpas a los diputados por no haber presentado el plan de comunicación para mejorar la información pública sobre la actividad del CSN prometido en el Parlamento para hace un año, y sobre el que ha dicho que «estará en breve».
Greenpeace exige cesar a Marti
Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN para que el regulador pueda recuperar la «independencia y la transparencia». La ONG destacó que todos los diputados salvo los del PP han denunciado la «opacidad y falta de independencia» del organismo «a causa de su presidente». Por ello, Greeenpeace considera «imprescindible» el cese de Marti para empezar a recuperar la confianza en el organismo que debe garantizar la seguridad nuclear, así como la redistribución de los miembros del pleno del CSN para que esté mejor representado el actual arco parlamentario.
Para la ONG, Marti no ha respondido «con claridad» las preguntas que se le han formulado. En su comparecencia, Marti reiteró que continuará con la renovación de la central de Garoña, a pesar de la petición casi unánime del Congreso. El CSN se debe, según Marti, al Gobierno en funciones que le ha encomendado la evaluación de la central y, aunque esta sea en contra de la opinión del Parlamento, él continuará con el proceso.
