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La alemana E.ON demanda a España ante el Ciadi por las energías renovables

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EFE.- El grupo energético alemán E.ON presentó una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según la web del organismo. España tiene ya 18 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 18 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Desde 2013, presentaron demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation y la portuguesa Cavalum, la última hasta E.ON.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia tecnológica. Pero el acelerado desarrollo, impulsado sin límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos. E.ON era propietaria hasta el mes de marzo de la eléctrica Viesgo (E.ON España), que opera principalmente en Cantabria, pero la vendió a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) y Wren House Infrastructure (WHI).

APPA denuncia la política «discriminatoria» del Gobierno con las renovables respecto al transporte de Red Eléctrica y a la distribución

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denunció el trato «absolutamente discriminatorio» a las energías renovables por parte del Ministerio de Industria, que reconoce costes financieros al transporte y la distribución pero no a las renovables y subraya que este hecho supone «un paso más en la cruzada anti-renovable que el Gobierno lleva a cabo desde su llegada al poder«, cuyo primer decreto-ley supuso «una moratoria para las energías renovables, que decía ser provisional y todavía sigue en vigor».

Así, considera que con la normativa en desarrollo sobre transporte y la distribución de electricidad, el Gobierno contraviene la Ley del sector eléctrico que especifica que «la retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios». Para APPA, esta normativa ministerial es «un ejemplo más del trato de favor hacia algunas actividades y la discriminación a las energías renovables». Además, la asociación considera que las renovables son «las grandes damnificadas de la mal llamada reforma energética del Gobierno», pues no afectó a todos y en realidad, son una serie de medidas «improvisadas y principalmente recaudatorias«.

La patronal eólica pide recuperar la confianza de los inversores tras cerrar el semestre sin instalar ningún megavatio

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Redacción / Agencias.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE), patronal del sector, abogó por corregir la reforma energética del Gobierno para «recuperar la confianza de los inversores» tras cerrar el primer semestre del año sin incorporar nueva capacidad eólica al parque de generación español. Estas perspectivas, según AEE, «alejan cada vez más la posibilidad de cumplir» el borrador de planificación energética del Ministerio de Industria, que prevé 5.000 megavatios (MW) eólicos adicionales entre este año y 2020.

El borrador de Planificación Energética del Gobierno supondría alrededor de 7.000 millones de euros en inversiones para poder cumplir los objetivos europeos de cara a 2020, que son vinculantes. Pero la realidad es que el sector eólico no ha instalado ni un solo megavatio nuevo en España en el primer semestre del año, lo que pone en peligro no solo la supervivencia de las empresas del sector, sino también el cumplimiento de los objetivos europeos, indicó la AEE. «Los peores pronósticos se han hecho realidad» y «las inversiones en nueva potencia eólica se alejan de España«, lamenta la patronal, que cifra en 22.986 megavatios (MW) la actual potencia eólica instalada.

La AEE recuerda que la demanda de electricidad se está recuperando, lo que genera un escenario «preocupante», ya que sin nuevas inversiones en tecnologías limpias las nuevas necesidades de electricidad tienen que cubrirse con combustibles fósiles importados. De hecho, la mayor generación con carbón y con gas natural en España ha supuesto «un aumento de las importaciones del 39% y el 32,8% de estos combustibles fósiles para producción eléctrica en el periodo». Así, en los primeros cuatro meses del año, España se ha convertido en el país de la OCDE que más incrementó su generación con combustibles fósiles, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y, como consecuencia, las emisiones de CO2 en España crecieron un 116%.

La asociación eólica recuerda que el Gobierno piensa hacer públicas después del verano las condiciones de la subasta de 500 MW eólicos con la que quiere reactivar las inversiones en el sector y retomar la senda de cumplimiento de los objetivos europeos. A juicio de la AEE, «lo fundamental para ello es recuperar la confianza de los inversores corrigiendo aspectos fundamentales de la reforma energética, como la posibilidad de modificar cada seis años las condiciones económicas para las renovables y, por tanto, su rentabilidad razonable, o la imposibilidad de que los parques eólicos recuperen parte de los desvíos entre el precio de mercado real y el que prevé el Gobierno».

Sin estos ajustes, la patronal eólica considera «muy difícil» que los inversores vuelvan a confiar en España la hora de instalar nuevos parques. Además, «es necesario que la convocatoria de subasta se ajuste a la realidad del sector, que establezca una rentabilidad para toda la vida útil de las instalaciones, y que tenga unas normas claras, entre otras cosas», afirma. Además, recuerda que la ausencia de nueva potencia eólica en 2015 se suma a la instalación de apenas 27 MW en 2014. Si el mercado sigue «paralizado», afirma la AEE, «la potente industria eólica española acabará por marcharse del país«, a pesar de que la actividad exportadora continúa al alza, aumentando un 15,7% en el primer trimestre respecto a 2014.

Sin embargo, las empresas eólicas consideran que «son necesarias medidas para dinamizar el mercado interno y aumentar la capacidad exportadora y la presencia internacional de las empresas, así como instrumentos que favorezcan la I+D y que propicien el desarrollo industrial». «Si no se toman medidas para incentivar la renovación de los 20.266 aerogeneradores instalados en España, en 2020 el 50% tendrá más de 15 años de vida y el 20%, más de 20 años, lo que supondrá que se irá reduciendo el número de megavatios generados, y el país se alejará aún más de los objetivos europeos«, advierte la AEE.

Industria eximirá a las interconexiones eléctricas de los límites de inversión fijados en la reforma

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Europa Press.- Los proyectos de interconexiones eléctricas internacionales no computarán a la hora de calcular los límites fijados en la reforma energética para las nuevas inversiones en redes eléctricas, según un borrador de real decreto elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La medida tiene como objetivo impulsar un «incremento significativo» de este tipo de enlaces internacionales y viene acompañado de otras facilidades para este tipo de proyectos, entre ellas una agilización de los trámites.

Sobre los topes a la inversión, el nuevo real decreto modificará otro anterior, el 1047/2013 sobre retribución al transporte de electricidad, «de manera que la inversión en este tipo de instalaciones no compute a los efectos de los límites de inversión previstos en el mismo». Desde la aprobación de la reforma energética, la inversión anual autorizada por el Gobierno para la construcción de redes eléctricas tiene un límite máximo global del 0,065% del PIB para el transporte, unos 650 millones de euros, y del 0,013% del PIB para la distribución, unos 130 millones de euros.

Industria argumenta en el borrador de decreto que la Unión Europea ha fijado un mínimo de interconexiones internacionales equivalente al 10% de la potencia instalada para España y Portugal, y que es necesario realizar un esfuerzo inversor para alcanzarlo. «La parte relativa a modificaciones de los planes de inversión como consecuencia de las interconexiones permitirá el incremento de las inversiones en interconexiones con efectos muy favorables para los costes del sistema eléctrico», asegura Industria. Otra de las medidas incluidas en el borrador exime también de computar dentro de los distintos límites a otras partidas como las ayudas o las inversiones financiadas o cedidas por terceros.

En paralelo, Industria ha elaborado otros dos borradores de órdenes ministeriales en los que establece los valores unitarios necesarios para calcular la retribución anual para los activos de transporte y distribución de electricidad. En el caso de la distribución, la retribución para empresas con más de 100.000 clientes tendrá un coste para el sistema de 4.740 millones, un 2% menos al de 2014, mientras que en el caso de las empresas con menos de 100.000 clientes la partida ascenderá a 348 millones, un 5% más. En cuanto al transporte, ocasionará un coste al sistema eléctrico de unos 1.672 millones, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto a 2014.

El Tribunal Supremo rechaza la petición del Gobierno de paralizar los recursos renovables mientras la Comisión Europea examine las primas

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Redacción / Agencias.- La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rechazó la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías renovables, según el auto, ya que solicitaba la paralización de todos los procedimientos contra el recorte retributivo a las energías renovables, cifrado en 1.700 millones de euros, hasta que la Comisión Europea resuelva el examen preliminar de ayudas de Estado que abrió sobre este tema en febrero.

El Supremo contesta que «el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de examen preliminar, a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas, no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio«. El alto tribunal ha resuelto en los últimos días en el mismo sentido la misma petición del abogado del Estado planteada en otros de los recursos contra el esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, regulado en el Real Decreto 413/2014, y la Orden IET/1045/2014, ambas aprobadas el 6 de junio del 2014.

El concepto de rentabilidad razonable

Esta cuestión se remonta a la aprobación, en 2013, de la reforma del sistema eléctrico, en el que se modificó el modelo retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Este modelo se materializó en un decreto y una orden ministerial aprobadas en junio de 2014, en los que se vinculaba esta rentabilidad razonable al interés de la deuda del Estado, que se aplicaba sobre una serie de parámetros de inversión calculados por el Ministerio de Industria en función de cuestiones como la antigüedad de la planta o su ubicación.

Precisamente fue el diseño de estos parámetros el que más polémica suscitó, querellas incluidas, ya que en teoría venía apoyado por informes independientes que finalmente o no se presentaron o lo hicieron después de la aprobación de la normativa. Frente a las críticas, Industria argumentó en todo momento que la elaboración de la normativa correspondía al Gobierno y que los informes solo pretendían contrastar sus cálculos. En definitiva, contra la regulación hay planteados más de 300 recursos por patronales y empresas de energías renovables de toda España en el Supremo. En los casos resueltos, las partes recurrentes se opusieron a la petición de suspensión planteada por el abogado del Estado.

Arias Cañete entra en escena

En paralelo al avance del procedimiento judicial, también polémico por supuestos retrasos por parte de Industria a la hora de entregar documentación, el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, anunció que la Comisión había emprendido un estudio para «analizar» si los esquemas de subvenciones a las renovables puestos en marcha por algunos países podrían constituir ayudas de Estado. Tras este anuncio, tal y como figura en el auto, el Abogado del Estado solicitó que se suspendiera la tramitación del recurso hasta que se resolviera el expediente comunitario, emprendido a raíz de una notificación del Gobierno español, que afecta tanto a la normativa de 2014 como a las de 2007 y 2008, una pretensión que el Supremo ahora ha rechazado.

Un fondo del banco francés Natixis presenta la decimotercera demanda contra España por los recortes a las renovables

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Europa Press / EFE.- El fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, presentó la decimotercera demanda de arbitraje internacional en contra de España por los recortes a las energías renovables ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial encargada de dirimir las desavenencias relativas a inversiones entre empresas y países.

Este fondo de Natixis participa desde mediados de 2008 de forma conjunta en la propiedad y gestión de una planta fotovoltaica en España, así como en otra joint venture con la firma Demeter y otros accionistas para la operación de una central minihidráulica de 83 megavatios (MW). El Ciadi registra esta denuncia apenas un mes después de cursar la denuncia de la sociedad alemana BayWa, que cuenta con varios proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos (Madrid), Barcelona, Cáceres y Puerto Real (Cádiz), así como con otro de consultoría técnica para más de 50 megavatios (MW) eólicos en La Muela (Zaragoza).

La denuncia de Cube Infraestructures se presenta de forma conjunta con su socio Demeter y con la sociedad Cube Infraestructure Fund Sicav, y en ella los demandantes estarán representados por el despacho francoestadounidense King and Spalding y por el español Gómez-Acebo y Pombo. Esta nueva denuncia es la quinta en lo que va de año contra España por los recortes a las renovables, tras la presentada por la empresa de capital norteamericano 9REN, la alemana Steag, la de un consorcio formado por ocho empresas también alemanas y la de BayWa.

Anteriormente, el Ciadi inició la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser, Antin y RREEF, que cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Estos trece arbitrajes, junto a uno del ámbito de la construcción, colocan a España como el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».

Moody’s cree que el déficit de tarifa es ahora «más sostenible» a medio plazo aunque la deuda sigue siendo alta

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Europa Press / EFE.- La agencia de calificación de riesgos Moody’s considera que el déficit tarifario del sistema eléctrico es ahora «más sostenible» a medio plazo, pero alerta de que la deuda acumulada permanece en niveles muy elevados. En su informe, Moody’s destaca que el déficit tarifario descendió en 2014 hasta los 465 millones de euros, la cota más baja en 10 años, lo que «podría marcar un punto de inflexión» en el sistema.

La cifra de 2014 supone «una décima parte de los niveles de déficit registrados en años precedentes, considerando que la media de generación de nueva deuda se elevó a 4.000 millones de euros por año desde 2008», según el informe. Moody’s precisa que la deuda pendiente acumulada sigue siendo muy alta aunque destacó que ha pasado de representar el 170% de los ingresos regulados anuales en 2012 al 150% al cierre del año pasado. Para la agencia, las medidas de regulación aprobadas por el Gobierno en estos dos últimos años están empezando a dar resultados y afirma que si el sector genera excedentes «pudría utilizarlos para pagar la deuda pendiente«.

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.

La Fundación Renovables y la PxNME denunciarán ante la Fiscalía las irregularidades en el «hachazo» a las energías renovables

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Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si hubo prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria «ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico» a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

Las asociaciones, que presentarán su escrito de denuncia este martes, señalan que instarán a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos y determinar si hubo posible prevaricación u otras infracciones del ordenamiento jurídico». Asimismo señalan que el Gobierno, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que éste se solucionara «a costa del esfuerzo» de los consumidores y los productores de renovables, cogeneración y residuos, que vieron mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales»

Ambas asociaciones subrayan que Industria encargó dos informes a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger para avalar el recorte, aunque, posteriormente, se conoció que Industria las «presionó» para que acataran criterios prefijados, llegándose a emitir sólo uno de los informes, cuya fecha es posterior a la aprobación de la orden de parámetros. Además, criticaron que los recortes retributivos no alcanzaran a las grandes empresas eléctricas, cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno».

Gas Natural Fenosa constata ya una «recuperación sostenida» de la demanda de gas y electricidad

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EFE / Servimedia.- Según indicó el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, se constata ya «claramente» en este ejercicio una mejora en los consumos de gas y electricidad con una «recuperación sostenida» de la demanda en ambos casos, en línea con la situación de la economía española de la que el presidente de la multinacional, Salvador Gabarró, destacó que va «espectacularmente bien» pero reclamó la «solidaridad de todos» con los parados.

En este sentido, el presidente de Gas Natural Fenosa señaló que la reforma eléctrica ha sido «muy dolorosa» para las empresas y los consumidores pero advirtió de que «acabará redundando en favor de los consumidores». No obstante, Gabarró destacó que aunque «ha sido una etapa muy dura» esa situación «ya está cerrada» y se ha conseguido poner fin al déficit de tarifa y «estabilidad» regulatoria en el sector. En cuanto a la reforma del gas, Gabarró apuntó que fue «más sencillo» y en último término «no ha sido tan traumática».

Por su parte, Villaseca, valoró que la reforma gasista aporta «mayor estabilidad y predictibilidad» y anima al sector a «seguir operando e invirtiendo», a pesar de que supuso un impacto de 48 millones de menor remuneración el año pasado, un ejercicio que calificó como «complicado». Además, cifró en 1.350 millones de euros el impacto acumulado por la compañía energética en los últimos tres años por las medidas puestas en marcha por el Gobierno en este legislatura, principalmente por la reforma eléctrica: en 2012 tuvo un impacto de 98 millones, en 2013 el perjuicio fue de 569 millones y el año pasado ascendió a 683 millones.

En todo caso, Villaseca subrayó que este año se constata ya «muy claramente» una mejora de la demanda de gas y electricidad que evidencian una «recuperación sostenida» de ambos consumos, tras la caída del 9,6% registrada en la del gas el año pasado y el retroceso del 1,2% del consumo de electricidad. En cuanto al coste del gas, Villaseca apuntó que su precio disminuyó un 15% en lo que va de año, afectados en parte por la caída del precio del crudo, que, según los mercados a futuro, pasará del entorno de los 50 y 60 dólares actuales a unos 80 en el año 2020.

Por otra parte, sobre la situación de la economía española, el presidente de Gas Natural  destacó que la macroeconomía va «espectacularmente bien» pero pidió «solidaridad de todos» con los parados. Gabarró hizo suyas las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien sostuvo que «España ha salido de la recesión, pero no de la crisis», ya que hay una «España A», la de la macroeconomía, con un crecimiento próximo al 3% y que genera empleo, y una «España B», referida al desempleo del 23%.

En este sentido, el presidente de la gasista subrayó que el paro ha crecido 14 puntos durante la crisis y añadió: «Debemos ser conscientes de que reducir el desempleo implica un gran esfuerzo de solidaridad de todos, no sólo de las empresas». «Posiblemente se ralentice algo el crecimiento espectacular que tiene España, pero debemos ser solidarios y hacer un esfuerzo para atender a las personas que no tienen empleo, cueste lo que cueste«, sentenció. «Vamos en buena dirección, pero este nivel de paro sólo se elimina con el crecimiento», insistió.

Dividendo a cargo de 2014

En cuanto al dividendo, la junta aprobó la retribución con cargo al ejercicio 2014, que supone 909 millones de euros, un total de 0,908 euros por acción, de forma que, tras el dividendo a cuenta de 0,397 euros por título abonado en enero, el próximo 1 de julio se repartirá otro complementario de 0,511 euros por acción. En el orden del día de la junta también figuraba el examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración el año pasado.

También se procedió a la reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para 2015. Asimismo, los accionistas también se pronunciaron con un voto consultivo en relación al informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del consejo, y sobre la política de remuneración de los consejeros, al tiempo que se acometió la modificación determinados artículos de los estatutos sociales y refundición en un solo texto de su contenido. También se modificaron algunos artículos del reglamento de la junta.