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Fitch valora la propuesta del Gobierno de retribución para las renovables a partir de 2020 ya que mejora su visibilidad

Europa Press.- Fitch Ratings considera que la tasa de retribución financiera propuesta por el Gobierno para la actividad de producción con energías renovables a aplicar para el periodo 2020-2025, que supone un recorte del actual 7,5% hasta un 7,1%, así como la opción de mantener la retribución en el actual 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores a 2013, mejora la «visibilidad» para el sector en España.

La agencia señala que en el caso de finalmente aplicarse, ya que «está sujeta a la aprobación de la Ley este año, por lo que hay incertidumbre», sería positivo ya que representa una tasa de retribución «mayor a la esperada», especialmente para los proyectos anteriores a 2013, en los que la tasa estará establecida para dos periodos regulatorios más. Fitch destaca que con el sistema existente anteriormente para fijar la retribución, que tomaba como referencia el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años y lo incrementaba con un diferencial de 300 puntos básicos, ésta se habría reducido más.

Así, valora que la actual propuesta, que utiliza una metodología basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC), será «positiva» para los proyectos renovables ya que los retornos se mantendrán en un entorno de tipos de interés bajos. Además, subraya que proporcionará «visibilidad» durante 12 años para los proyectos anteriores a 2013, que sufrieron la aplicación del recorte a las renovables de aquel año.

APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

El Gobierno ofrece mantener invariable hasta 2031 la retribución de las renovables instaladas antes de la reforma Soria de 2013

Redacción / Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. El anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tenían reconocida hasta ahora las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada hasta el Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables, no pueda modificarse hasta 2031.

Sin embargo, para el período 2020-2025, el Gobierno sí que recortará la retribución de las redes y de las renovables post-reforma Soria. En este sentido, propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

De esta manera, el Gobierno avala la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que realizó el organismo regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables. Por su parte, las instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013 tienen una tasa de retribución del 7,389%.

La principal novedad en la propuesta de la CNMC era la metodología seguida para establecer la tasa de rentabilidad, basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético.

Además, como se expone, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidadtanto a nivel nacional como a nivel internacional, no pueda modificarse hasta 2031.

La tasa de retribución financiera se calcula tomando como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años (bonos del Estado a 10 años) incrementándolo con un diferencial adecuado. Para determinar el diferencial que aparece en el anteproyecto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera solicitó un informe a la CNMC y ratifica sus conclusiones, realizando a su vez la mejor estimación posible del valor de las obligaciones a 10 años en tanto éstas quedan actualizadas, señala el Ministerio.

Estabilidad para instalaciones pre-reforma Soria

Por otra parte, con el objeto de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 y «lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes», el anteproyecto propuesto por el Gobierno garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El decreto 9/2013, que supuso la modificación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ha sido objeto de una importante litigiosidad tanto a nivel interno como a nivel internacional. 5 de los 7 laudos arbitrales de los que se han dictado hasta la fecha han sido parcialmente condenatorios y, en este momento, permanecen abiertos un total de 35 procedimientos de arbitraje internacional contra el Reino de España por valor de más de 8.000 millones de euros.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada 6 años, añadió el Ministerio. Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley.

“Restauraría los derechos del sector”

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la propuesta de mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 supone «un primer paso hacia la restauración de los derechos del sector social fotovoltaico español”. En este sentido, Anpier valoró que el anteproyecto es «el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década».

«Un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas», añadió. Así, Anpier consideró que «no hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, han logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, subrayó que se ha dado «un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales«. Sin embargo, recordó que habrá que «continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada», puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma, «dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida».

Atlantica Yield perdió 111,8 millones de euros en 2017 por la reforma fiscal en Estados Unidos

EFE.- Atlantica Yield, sociedad de la que la española Abengoa vendió a la compañía canadiense Algonquin un 25% de la participación del 41,5% que tiene, perdió en 2017, por la reforma fiscal en Estados Unidos, 111,8 millones de dólares (90,2 millones de euros), muy por encima de los 4,8 millones de dólares (3,9 millones de euros) que perdió en 2016.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) aumentó un 2% respecto al 2016 y alcanzó los 786,6 millones de dólares (634,6 millones de euros), según indicó Atlantica Yield. Los ingresos fueron de 1.008,4 millones de dólares (813,4 millones de euros), un 4% más que en 2016, y superaron, por primera vez, la cota de los mil millones. Atlantica Yield añadió que el acuerdo con Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES), la sociedad creada en virtud del acuerdo entre Abengoa y Algonquin, le hace estimar un objetivo de crecimiento del dividendo por acción del 8% al 10% en tasa media anual hasta 2022.

Esperanzas en la futura AAGES

Además, espera que los acuerdos con AAGES y Abengoa sean la fuente principal de crecimiento y recibir activos contratados que representen entre 600 y 800 millones de dólares en valor patrimonial en los próximos dos ó tres años. También pronostica una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR), que mide el retorno de la inversión, en dividendos por acción de dos dígitos hasta 2019 con la cartera existente, alcanzando un pay-out (porcentaje de beneficio destinado a dividendo) del 80%. El grupo de ingeniería y energía Abengoa, que acomete un plan de reestructuración tras salvarse de llegar al concurso de acreedores, anunció recientemente la venta del 25% de Atlantica Yield a Algonquin por 607 millones de dólares (unos 490 millones de euros).

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse «incompetente» ante la subida de la luz

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís han exigido en el Congreso que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca ante el pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que «no tenía capacidad para reducir» este precio.

«En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas», ha dicho Ignasi Candela, de Compromís. Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell criticó que no haya sido el propio ministro el que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea «la misma»: «El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural».

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, «consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP», pues cree que el Gobierno «no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática». Por ello reclaman “nuevas soluciones” como introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios caídos del cielo a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al pool, potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya «tardado» 10 meses en aprobar el reglamento para articular el bono social, que criticó como «no más que un parche», y que la situación se vaya a «recrudecer» durante el invierno. Belarra atribuye esta situación al «altísimo número de altos cargos del PP» que cuentan con «retiros dorados» en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. «Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética», concluyó.

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

Fitch confirma el rating de la deuda de Red Eléctrica a largo plazo en calificación notable A con perspectiva estable

Servimedia / EFE.- La agencia de medición de riesgos Fitch confirmó la calificación crediticia de la deuda a largo plazo de Red Eléctrica de España (REE) en A (notable) con perspectiva estable. La operadora del sistema eléctrico indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Fitch también mantiene en F1 el nivel de rating a corto plazo con perspectiva estable.

Este F1 es el mejor grado de calidad e indica la fuerte capacidad del deudor para cumplir con sus compromisos financieros. En 2016 Fitch elevó la calificación crediticia de Red Eléctrica de A- (notable bajo) a A (notable), con perspectiva estable, por la mejora de la visibilidad de los ingresos y la inversión hasta 2020 una vez completadas las reformas regulatorias y aprobado el plan nacional de transporte de electricidad.

Compromís quiere saber cuánto le pueden costar al Estado los arbitrajes internacionales por los recortes retributivos a las energías renovables

Europa Press.- Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio en el Ciadi se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.

El diputado de la formación naranja, Ignasi Candela, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, entre otros países, mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014. Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.

Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto. Candela ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.

Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse. Una postura que critica Candela, lamentando que «se socializan pérdidas y se privatizan ganancias». «La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética», ha sentenciado. Tras conocerse la multa interpuesta por el Ciadi, Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.

El Tribunal Supremo acudirá al Tribunal de Luxemburgo para determinar la legalidad de los impuestos de la reforma eléctrica

Europa Press.- El Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la legalidad de la fiscalidad creada en la reforma eléctrica para acabar con el déficit de tarifa, según indicaron fuentes judiciales.

En concreto, esta fiscalidad, recogida en la Ley 15/2012, incluía el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un céntimo verde, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas. Así, el alto tribunal sigue la recomendación del Tribunal Constitucional, que se mostró partidario de acudir al tribunal europeo para resolver la adecuación de la normativa al derecho comunitario. De esta manera, el Supremo ha abierto periodo de alegaciones a los recurrentes antes de plantear la cuestión al TJUE.

Estos impuestos han recaudado desde su aplicación en 2013 unos 6.950 millones de euros, del orden de 1.900 millones de euros anuales, para evitar la aparición del déficit de tarifa. Esta no sería la primera vez que el Supremo acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética también acordó plantear una cuestión prejudicial al TJUE, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

Asimismo, en el fallo que tumbó el régimen de financiación del bono social de la luz, el Supremo también consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida al español, en la que las empresas se encargan de sufragar la ayuda.