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España pierde su cuarto arbitraje internacional por los recortes a las renovables y debe pagar 112 millones al fondo Antin

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EFE / Europa Press.- El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte retributivo a las energías renovables en el que es el cuarto revés contra España. En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que fue asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica.

Según fuentes del sector, los fondos Antin Infrastructure Luxembourg y Antin Energía Termosolar, que en 2011 compraron a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió en 2017 al fondo Cubico,  reclamaban en total 218 millones de euros, de los que el Ciadi sólo les ha reconocido 112 millones. La reclamación de Antin comprendía los daños históricos sufridos antes de junio de 2014, que es cuando se hizo la valoración de daños, los flujos de caja que perdieron sus plantas termosolares, así como los intereses que se devengan desde la fecha de la valoración a la de emisión del laudo, junto al importe necesario para compensar los activos y pasivos por impuestos tras el laudo.

El tribunal del Ciadi que ha elaborado el laudo, en línea con lo que ya se dictaminó en los casos del fondo Eiser, de Masdar y de Novenergia, aunque en este último caso el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo fue suspendido por la justicia, entiende que la reforma que operó el Gobierno en 2012 constituye un cambio regulatorio tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, según las mismas fuentes. En este sentido, considera que se vulneraron las legítimas expectativas de los inversores que invirtieron en renovables en España entre 2007 y 2011.

Sin embargo, el tribunal del Ciadi ha descartado la reclamación de daños históricos hasta junio de 2014, por lo que se descuentan 11 millones de euros de la cantidad reclamada por Antin, y también se adhiere a la tesis del Estado español en la valoración de la vida útil de las plantas termosolares, que los reclamantes estimaban en 40 años y España en 25. La incidencia de esta diferente valoración de la vida útil de las plantas es sustancial y resta a la reclamación de Antin otros 36 millones de euros. Así, el laudo sólo estima finalmente en 112 millones de euros las pérdidas en los flujos de caja futuros, aunque reconoce un interés del 2,07 % con capitalización compuesta.

Otra novedad de este laudo es que, a diferencia de los anteriores, condena al Estado español a pagar el 60% de las costas del demandante, que en anteriores casos determinó que se pagaran a partes iguales. En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y el pasado mayo ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la Justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida. Los inversores extranjeros reclaman a España aproximadamente 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

EDP ganó 1.113 millones en 2017, un 16% más, y provisiona 42 millones ante el posible ajuste regulatorio en España

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EFE.- El grupo de energía EDP ganó 1.113 millones de euros en 2017, un 16% más que en 2016, gracias a la plusvalía por la venta del negocio de Naturgas en España, con la que obtuvo una plusvalía de 600 millones de euros. Asimismo, EDP ha provisionado 42 millones de euros ante el posible cambio de regulación que pueda producirse en la remuneración en redes en España, según ha explicado el consejero delegado para España del grupo energético portugués, Miguel Stilwell.

Stilwell considera que los cambios regulatorios en España pueden impactar retroactivamente a 2016 y 2017. Por ello ha defendido que haya estabilidad en las reglas y que se mantengan hasta que se hagan los cambios en los plazos previstos, si bien puntualizó que ante el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según el cual puede haber una sobreretribución a las compañías por las redes en España, han decidido provisionar de «forma prudente» un importe.

El consejero delegado de EDP, que ha reconocido que con la revisión de la vida útil de los activos de redes la compañía sería la más afectada, matizó que esa provisión se ha hecho con una aplicación estimativa, ya que si se aplicaran los datos reales no tendría que ser tanta. Por eso, subrayó que EDP reclama que las empresas puedan aportar sus «datos fiables» para que se identifique la vida útil real de esos activos, aunque señaló que lo mejor sería que no se hiciera ningún cambio antes de la fecha prevista, en 2020.

Respecto a una posible fusión de EDP con Gas Natural Fenosa, el presidente del grupo EDP, Antonio Mexia, indicó que no iba a comentar nada y que en todo caso sería una decisión de los accionistas. Tampoco quiso comentar nada con respecto a los cambios en el accionariado de ese posible futuro socio, tras la reciente salida de Repsol y la entrada del fondo CVC.

Tanto Stilwell como Mexia han negado que EDP haya perdido interés por España y han recordado que se han invertido casi 200 millones de euros en los últimos años en el país, en el que se procedió a la desnitrificación de las centrales térmicas de Aboño II y Soto III, en Asturias, para que puedan seguir funcionando hasta 2030, y se van a invertir 150 millones en nuevos proyectos eólicos. Eso sí, en 2017 cayó la inversión un 29% en España, que pasó de 134 millones de euros a 95 millones al culminar esas desnitrificaciones.

En el caso de la de Aboño I, se cerrará en 2020, ya que es más antigua, y en ningún caso están proponiendo un cierre anticipado, sino que no podrá seguir más allá sin esos cambios. Stilwell ha señalado que EDP es partidario de que si se quiere seguir manteniendo abiertas centrales térmicas porque son necesarias para el sistema, se haga una gran subasta con las plantas que puedan ser viables, alineada con los mecanismos de mercado transparente por los que apuesta la Unión Europea y compitiendo las distintas tecnologías.

Aumenta el beneficio un 16%

Por otro lado, la compañía de energía portuguesa señaló que su beneficio recurrente, sin los ingresos extraordinarios de la venta de Naturgas, habría caído un 8% con respecto a 2016, hasta los 845 millones de euros, debido principalmente a la menor producción hidráulica en España y Portugal. Las operaciones en Portugal tuvieron un impacto negativo del 50%, a lo que hay que añadir el de los costes del carbón en los negocios de Portugal y España, que no pudieron compensar totalmente el crecimiento del negocio de renovables, que casi se quintuplicó, y Brasil, donde se produjo un incremento del 64%.

El resultado bruto de explotación (ebitda) recurrente, excluido los efectos de plusvalías, cayó un 5% y pasó de 3.700 millones en 2016 a 3.500 millones en 2017. En España obtuvo un ebitda de 1.100 millones de euros, más del doble que en 2016, gracias a la plusvalía que le aportó la venta de Naturgas, su negocio de distribución gasista, pues sin ella el beneficio operativo habría caído un 17%, hasta los 360 millones. La participación en el ebitda recurrente aumentó en Estados Unidos y Brasil, donde pasaron, respectivamente, del 19% al 24% y del 15% al 19%,. Por el contrario, el peso de España disminuyó del 19% al 18% y Portugal del 47% al 39%.

Por áreas de negocios, el negocio de renovables, EDPR, vio crecer su ebitda recurrente un 17%, hasta los 1.370 millones de euros, mientras el de redes ibéricas cayó un 4%, hasta los 950 millones, al restar 83 millones respecto a 2016 la venta de los activos de gas. El ebitda de EDP Brasil aumentó un 14%, hasta los 620 millones de euros, y la mayor caída, del 42%, se registró en la producción y comercialización en la península ibérica, que se quedó en 580 millones por la caída en la producción hídrica provocada por la sequía, cifrada en 300 millones, y por alteraciones regulatorias y el aumento de los combustibles.

La capacidad instalada del grupo EDP creció un 6%, con un gigavatio (GW) de nueva capacidad hídrica en Portugal y 0,6 GW de eólica y solar en Estados Unidos. Los costes de operaciones cayeron un 1% en las operaciones ibéricas y renovables, y un 1,5% en Brasil. La deuda líquida se redujo un 13% en 2017, hasta los 13.900 millones.

El consejo de administración propondrá en la próxima junta de accionistas, el 5 de abril, el pago de un dividendo de 19 céntimos de euro por acción, el mismo que el que se abonó con cargo al ejercicio de 2016, que aumentó medio céntimo respecto al de 2015 y representó un desembolso de 696 millones de euros, el mismo que tendrá que hacer EDP ahora. EDP aumentó en 2017 sus contratos en 288.000, de los que 129.000 fueron de electricidad (un 3% más, hasta llegar a 4,2 millones); 65.000 en gas (un 11% más, hasta 658.000 clientes) y 94.000 que integran luz y gas (un 47% más, hasta 294.000 contratos).

En 2017 EDP vendió su negocio de distribución de gas natural en España a un consorcio integrado por inversores institucionales por 2.591 millones de euros, lo que le generó una plusvalía de 600 millones. La baja producción hidráulica, los mayores costes de generación y el aumento de los precios de los combustibles, como el gas, afectaron al margen de comercialización, al ser mayores los precios del pool y tener establecidos previamente unos compromisos de venta.

La producción eléctrica de EDP en España aumentó un 25%, debido al aumento del funcionamiento de las centrales de carbón, cuya producción creció un 44%, mientras que en la hidráulica se produjo una caída del 49%. Sin embargo, la potencia comercializada por EDP en electricidad y en gas natural cayó en 2017 un 15% y un 22%, respectivamente, descensos que se debieron en el caso de la electricidad a la disminución del volumen comercializado a empresaspor la optimización de la cartera de clientes y en el del gas por el menor volumen de ventas a clientes industriales y mayoristas.

España tendrá que abonar 53 millones a la fotovoltaica NovEnergia tras perder su segundo arbitraje internacional por los recortes renovables

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Europa Press.- El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia, según indicaron fuentes jurídicas.

El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el real decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a los recortes de 2010 aprobados por el PSOE, según indicaron las mismas fuentes. El fallo reconoce el pago por parte de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que en noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. De esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional «no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de Derecho Internacional Público», por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según adelanta El Confidencial, el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que están estudiando «la posible respuesta que se va a dar al laudo». Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hay más países de la Unión Europea que también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

NovEnergia cuenta con una cartera en España de 7 proyectos fotovoltaicos, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW). La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del despacho Latham and Watkins, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.

En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

No obstante, el Gobierno presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Eiser ya había acudido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.

España suma 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables asciende a 7.566 millones de euros. Entre todas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

Energía ajustará la retribución al sistema gasista para que sea «coherente» mientras Sedigas pide al Gobierno que reconsidere su decisión

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Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha reclamado al Gobierno que reconsidere su propuesta de modificar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas,que afectaría negativamente al mercado energético y al de las inversiones en España. Al respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, apuntó que el objetivo de la revisión es ver dónde los incentivos son excesivos o insuficientes y «ajustarlos para que sean coherentes».

Asimismo, Navia se mostró sorprendido por las cifras publicadas respecto a cuánto podría ascender este posible recorte para el sector y consideró que son estimaciones «de lo máximo que se podría hacer en escenarios muy extremos», añadiendo que, en ningún caso, el Ministerio maneja «cifras de ese calibre». «Se han dado cifras de 700 millones de euros en un sistema que son 3.000, es algo que no cabe. Aunque quieras hacer el ajuste al máximo sería imposible esa cifra», indicó.

El secretario de Estado subrayó que esas cifras no se han facilitado ni a los grupos parlamentarios en las discusiones que se han mantenido con ellos ya que «el Ministerio tiene que hacer el análisis interno». Además, señaló que a este respecto será «clave» lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que estos ajustes responden a aspectos que «la CNMC ha suscitado en el pasado y tendrá un papel muy relevante para estimar cuál es el montante final».

Respecto al real decreto para endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, Navia insistió en que es necesaria una regulación al respecto, aunque añadió que se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en su informe por la CNMC, especialmente en materia de hibernaciones o cuestiones que se pueden simplificar de las subastas, y se harán los ajustes necesarios. «En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente», añadió, subrayando que se mantiene la idea de regular por la vía del real decreto, ya que con la actual legislación solo se puede aplicar el criterio de la seguridad de suministro para evitar un cierre.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año «muy importante» para el sector, por lo que se comprometió a mantener ahora un calendario de reuniones «mucho más intensivo». A este respecto, el Ministerio, que se ha reunido con los sindicatos mineros, emplazó a tener una nueva reunión a finales de febrero o principios de marzo para mantener un seguimiento del sector y ver «las perspectivas que se abren ahora».

Sedigás pide reconsiderar la decisión

Según ha advertido la patronal gasista, una modificación del cálculo de la retribución de las actividades reguladas ahora tendría «un impacto negativo en el mercado inversor», al interpretarse como «una señal de inseguridad jurídica». Sedigas ha apuntado que este cambio conculcaría los principios de estabilidad y predictibilidad que rigen los marcos jurídicos de las actividades reguladas, con el consiguiente impacto negativo en el mercado inversor.

Asimismo, ha destacado que el sector de la distribución es el que asume el riesgo más elevado de todas las actividades energéticas reguladas ya que, en caso de una posible evolución negativa de la actividad, la retribución «disminuiría por si sola». Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Energía que «reconsidere» su propuesta de presentar una enmienda que, de aprobarse, «repercutiría en el clima inversor español, tan necesario para mantener el buen crecimiento de la economía conseguido con las medidas implantadas estos últimos años».

Nadal asegura que se mantendrá la retribución en las actividades reguladas pero modificando la base sobre la que se calcula

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Europa Press.- El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que «la retribución se va a mantener» en las actividades reguladas de los sectores del gas y el eléctrico, y que lo que se prevé que sea modificado es la base de los activos sobre la que ésta se calcula.

«Siempre se va a mantener la retribución. Lo que estamos hablando es si está bien calculada la base de activos. Si aquellos activos sobre los cuales se hace la retribución están bien calculados tanto en electricidad como en gas», ha explicado el ministro. Nadal ha detallado que la propuesta del Ejecutivo «todo el mundo la ha visto bien» en una primera aproximación y que se está trabajando para que estos cambios entren en el saldo de este año, aunque ha subrayado que aún no está definido qué instrumento parlamentario se acabará utilizando y ha indicado que preferiría que fuera una enmienda en el Senado, para la que ya se está hablando con los otros grupos.

«Los grupos parlamentarios muchas veces critican al Gobierno que está en demasiada connivencia con el sector. Cosa que no es así. Ahora se tendrá que demostrar su participación en modificaciones que son muy técnicas», ha defendido. Preguntado por el impacto que esta medida podría tener sobre el sector, Nadal ha indicado que «se tendrá que ver«. Estas modificaciones se enmarcarían dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir costes regulados de electricidad y gas y, en ese sentido, el Ejecutivo mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para 2018, por quinto año consecutivo para la electricidad y por cuarto año consecutivo para el gas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró recientemente necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica mediante una metodología que permita adecuarla «al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

Según el regulador, el marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apuntaba a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, señalaba que la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

Las consecuencias en Bolsa han sido inmediatas, al igual que el pasado septiembre, cuando un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025, ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

Siemens Gamesa recortará en 272 personas su plantilla en España hasta septiembre de 2018

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Europa Press.- Siemens Gamesa recortará su plantilla en España en 272 personas durante este año fiscal (octubre 2017-septiembre 2018), según anunció la compañía, que ha iniciado el periodo de consultas y negociación con los representantes sindicales de su plan de reestructuración. Esta reducción es menor a la prevista inicialmente, que afectaba en principio a un total de 341 empleados para este año fiscal, que fue posteriormente rebajada a 328 después de que 13 salidas se produjeran en septiembre.

El plan prevé el despido de 408 de los trabajadores en las diferentes plantas españolas, donde tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas, aunque en un periodo que abarca los próximos tres años. En concreto, el plan de reducción de plantilla del grupo para este año fiscal en España afectará principalmente al área de Servicios, con un total de 149 despidos, seguido de Onshore (92), Offshore (24) y Corporativo (7). Por centros de trabajo, el plan afectará en Navarra a Sarriguren (92), Orcoyen, (11) y Agustinos (4); a Madrid (78); Zamudio (Vizcaya) (48); Albacete (4); Medina del Campo (Valladolid) (5); Burgos (2); Santiago de Compostela (Galicia) (6); Arnedo (La Rioja) (4); Torremolinos (Málaga) (6); Paterna (Valencia) (5) y Zaragoza (7).

Un primer año muy mejorable

El plan de reestructuración se enmarca dentro de la reestructuración global de un máximo de 6.000 empleados en 24 países de todo el mundo que fue anunciado por la compañía a principios de noviembre. El grupo nacido de la fusión de Gamesa con el negocio eólico de Siemens indicó que este proceso supone «un paso necesario para crear una organización más eficiente y competitiva, que garantice el liderazgo de futuro de la compañía. Está previsto que las negociaciones se extiendan hasta el final de esta semana. La compañía subrayó que informará de los acuerdos alcanzados «una vez finalizadas las negociaciones».

El 6 de noviembre Siemens Gamesa anunció este recorte total de 6.000 empleos en los próximos tres años, aproximadamente el 22% de los 27.000 empleados del grupo en el mundo, con el objetivo de conseguir una estructura «más ágil, más competitiva y con menores costes». Estas medidas se produjeron tras conocerse los resultados de su primer semestre como empresa fusionada, en el que registró unos ingresos de 5.022 millones de euros, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Supremo restablece los 25 años de ayudas a las plantas de purines para generar electricidad

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha restablecido los 25 años de ayudas para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas, según indicó la organización agraria COAG. En concreto, el alto tribunal ha declarado nula la decisión del Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del 8 de noviembre.

De esta forma, dicha sentencia permite reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años. Según COAG, las 29 plantas de purines tienen capacidad para gestionar anualmente más de 2.500 millones de litros de purines procedentes de 2 millares de granjas de porcino. En este sentido, desde la organización agraria se reclama a las administraciones estatales y autonómicas agilizar los trámites necesarios para reabrir todas las instalaciones.

Asimismo, COAG solicita que los años que las plantas han tenido que estar cerradas por el recorte del Gobierno no computen dentro de los 25 años de vida útil establecidos por la normativa inicial, finalmente restablecida. En 2014, fecha en la que se tuvieron que cerrar las plantas, COAG se opuso a la decisión del Gobierno, organizando manifestaciones mientras mantenía reuniones para intentar revertir una situación que perjudicaba «enormemente» a los productores de porcino españoles.

España suma su 29ª demanda ante el Ciadi por el recorte a las renovables que denuncian inversores alemanes y suizos

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Europa Press.- España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi en contra de los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2014. Esta nueva demanda, que suma la 29ª contra el Estado español ante este organismo, ha sido presentada por las alemanas DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG y 2 KG, Hannover Leasing Sun Invest 2 Spanien Beteiligungs GmbH y la suiza Edisun Power Europe.

Estas sociedades alemanas y suizas están asesoradas en la demanda por el bufete King & Spalding y por Gómez-Acebo-Pombo, según consta en los registros del tribunal. Esta demanda, presentada a finales de octubre, se une a las planteadas a lo largo de los últimos años ante este tribunal por compañías como Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España; la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de 8 empresas en el que participa RWE, entre otros.

Además de en el Ciadi, otras sociedades presentaron arbitrajes contra España en otros organismos internacionales, como la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral). En mayo se falló el primer laudo arbitral por los procedimientos abiertos en el Ciadi contra España por el recorte en la retribución a las renovables, en el que se estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg y se condenaba a España al pago de 128 millones de euros más intereses.

De todas maneras, el fallo del tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. No obstante, el Gobierno de España presentó este verano ante el propio Ciadi el recurso contra este laudo, que supuso el primer revés en las demandas internacionales por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros, según indicó recientemente el Ministerio de Energía a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú). Además, el Gobierno subraya que esta cantidad podría aumentar, ya que existían aún varias causas abiertas en las que el inversor aún no había presentado demanda. Entre todas las demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.

Los inversores reclaman a España 7.566 millones por los recortes de las primas a las renovables

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EFE.- Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Esta cifra resulta de la suma de las cantidades reclamadas por cada uno de los demandantes en sus escritos procesales, según recoge una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta planteada por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La respuesta escrita precisa las cantidades reclamadas en 34 demandas y cita otras dos en las que no se detalla la cuantía.

También se dan detalles del laudo desfavorable dictado en mayo por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que obligaba a España a abonar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure.

La cantidad reclamada en este caso era muy superior, de 298 millones, según la respuesta del Gobierno.

La lista recoge un laudo favorable a España emitido por el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Suecia a raíz de una demanda de Isolux.

Entre las 34 demandas cuyo importe precisa la respuesta del Gobierno, la de mayor cuantía es la planteada por The PV Investors (sociedad que engloba a varias empresas energéticas) ante el tribunal de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

A continuación se sitúa una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Suecia, que reclama 840 millones.

Siemens Gamesa pierde 135 millones y anuncia recortes de hasta 6.000 empleos

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EFE.- El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa, resultado de la fusión de Gamesa y de la división eólica de Siemens, registró unas perdidas de 135 millones de euros en el segundo semestre de su año fiscal (entre abril y septiembre), el primero de actividad conjunta tras su integración.

Para mejorar la competitividad de la compañía, Siemens Gamesa acometerá un plan de reestructuración que afectará a un máximo de 6.000 empleados en 24 países, de los que 700 ya se han anunciado, ha informado hoy la empresa.

El resultado reportado incluye un impacto negativo de 88 millones por el ajuste de inventario y de 252 millones por gastos de integración y reestructuración, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, el resultado neto subyacente fue positivo, de 118 millones, cifra que se eleva a 206 millones si se excluye también el ajuste del inventario.

El resultado bruto de explotación (ebit) reportado fue negativo, de 146 millones, frente a los 525 millones positivos en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El ebit recurrente se redujo un 63,4%, hasta 192 millones, mientras que las ventas descendieron un 12,3%, hasta 5.022 millones.

Este descenso se debe a las condiciones del mercado eólico terrestre («onshore»), incluida la suspensión temporal del mercado indio, y al ajuste contable de los inventarios.

Si se excluye ese impacto, las ventas caen tan sólo un 2%.

En el conjunto del ejercicio 2017, las ventas de Siemens Gamesa aumentaron un 5%, hasta 10.964 millones, mientras que el ebit recurrente se situó en 774 millones, lo que supone un descenso del 18%.

La empresa se plantea alcanzar en el ejercicio 2018 unas ventas de entre 9.000 y 9.600 millones.

En el cuarto trimestre, la entrada de pedidos aumentó un 40%, hasta 3 gigavatios.

En cuanto al plan de reestructuración que afectará a un máximo de 6.000 empleados, Siemens Gamesa ha señalado que las negociaciones con los representantes sindicales comenzarán de inmediato.

La compañía mantiene el objetivo mínimo de lograr unas sinergias derivadas de la fusión de 230 millones, propósito que prevé alcanzar en el tercer año, doce meses antes de lo previsto.