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José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

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EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

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Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Pedro Sánchez garantiza una transición energética «justa y dialogada» con los agentes económicos y sociales de los territorios más afectados

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que la transición energética será «justa» y que en este proceso la empresa pública Hunosa estará «a la vanguardia». Sánchez hizo esta promesa con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno e incidió en que la transición energética también va a ser «dialogada» con los agentes económicos y sociales de Asturias, desde donde se reclama que el proceso no ponga en riesgo el empleo de la región ni la competitividad industrial.

Transición sin ganadores ni perdedores

Por su parte, el SOMA-FITAG-UGT ha reafirmado la necesidad de un mensaje y un escenario «claro, inequívoco y dialogado» sobre la transición energética, que no condene ni confunda a la industria ni a la sociedad y en el que no haya ni ganadores ni perdedores. Este sindicato ha anunciado además que en la reunión sobre el futuro del sector minero, prevista para el 13 de septiembre, manifestará su postura inequívoca en defensa del carbón autóctono. El sindicato ha reiterado la importancia de la presencia del carbón autóctono dentro de un mix energético diversificado, sobre todo ante el incremento considerable del precio del carbón de importación.

El sindicato destaca que todos los agentes coinciden en la defensa de una transición justa, que no penalice a los territorios mineros, y que respete los plazos temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono para el 2050. Asimismo, señala que cualquier otra derivada supondrá que se ha impuesto el individualismo y los intereses de unos pocos frente al bien común, profundizando en la desigualdad, en la pobreza y fomentando un caldo de cultivo que será un polvorín en lo social. Sobre este asunto, el sindicato reconoce que el futuro avanza hacia un modelo energético neutro en carbono, que garantice la sostenibilidad sin comprometer los recursos de generaciones futuras.

Diversas velocidades en la transición

Sin embargo, recalca que esta senda hacia una economía baja en emisiones se puede hacer con mayor o menor velocidad. Para el Soma, el inexplicable adelantamiento de los plazos para el cumplimiento de las reducciones de emisiones supondría un peligro gravísimo para la economía asturiana, que se acentuaría aún más en las comarcas mineras, y que acarrearía problemas relacionados con el suministro energético, el encarecimiento de la energía o la caída de la competitividad de la industria. Una situación que desembocaría en unas consecuencias desastrosas en términos de pérdida de miles de empleos, acelerando la despoblación de las cuencas mineras.

Ante este problema, el sindicato ha hecho pública su propuesta concreta: el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras de España 2019-2027. En caso de que el Gobierno estatal se niegue a negociar un proceso de transición justa, optando por adelantar plazos de manera caprichosa o por presiones, el sindicato anuncia medidas de presión, recurriendo si es necesario a la convocatoria de movilizaciones sociales.

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

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Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

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Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.

Arias Cañete destaca el papel de la electrificación y la energía de fusión en el futuro de la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- El comisario de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha destacado que la electrificación y la energía de fusión «juegan un papel fundamental» en el futuro energético de la Unión Europea y en la descarbonización de la economía. «La electricidad cubre el 27% de la demanda final de energía. En 2050 estará en los alrededores del 50%, de los cuales el 80% será de energías renovables», auguró Cañete.

En la misma línea, ha añadido que la energía de fusión «puede estar llamada a jugar un papel importante» en la descarbonización porque, a su juicio, sería una fuente «prácticamente inagotable y respetuosa con el medio ambiente». «La fusión se convertiría en un complemento básico de las renovables», ha defendido. El gas natural, según Cañete, puede jugar un papel en la descarbonización a corto plazo «sustituyendo a combustibles fósiles con más emisiones de carbono». Sin embargo, según ha explicado, el gas natural se enfrenta a largo plazo al «desafío» de «empezar a ser totalmente descarbonizado».

Respecto a la energía nuclear, ha subrayado que la Comisión Europea «no toma partido» por el tipo de energía que quiera utilizar cualquier Estado Miembro, aunque ha resaltado que la «realidad» es que hay 126 reactores en funcionamiento en 14 países de la Unión Europea con una media de 30 años. En este sentido, ha señalado que el 90% de los reactores existentes «tendrían que cerrarse con vistas a 2030». En concreto, afirmó que de los 126 reactores, 50 «tendrán que cerrarse de aquí a 2025», lo que supondrá «unos costos de 263.000 millones de euros» para su clausura y gestión de los residuos radiactivos.

Para el comisario de Acción por el Clima y Energía la Comisión Europea, el parque nuclear «está envejeciendo y va a requerir inversiones significativas». «A nivel mundial el número de países que cuenta con reactores nucleares va a aumentar hasta 2040, sobre todo en China», ha precisado. Otro reto al que se enfrenta la Unión Europea en la transición energética es, según Cañete, desarrollar el almacenamiento de la capacidad excedentaria de energías renovable, a través del desarrollo de las baterías. «En la Unión Europea no hacemos nada en el almacenamiento de baterías y ahora tenemos que extenderlo en nuestra estrategia del sistema eléctrico«, ha apuntado.

Los riesgos del cambio energético son, en palabras del comisario de la Comisión Europea, «muchos» y «complejos», como el «aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques». «Queremos que los Estados no cierren sus fronteras frente a riesgos de suministro, sino que actuemos en perspectivas regionales con solidaridad e interconexión, porque acudir al cierre de fronteras en tiempos de crisis no es la mejor solución«, ha sentenciado.

Objetivos 2030: 45% en emisiones

Por otro lado, alcanzar una reducción de un 45% desde el 40% inicial de emisiones a la atmósfera para 2030 con la adopción de una serie de medidas y legislación y con una visión regional son algunas de las metas de la Unión Europea, ha asegurado el comisario europeo. Esto se logrará si la legislación que se ha elaborado en la Unión Europea se cumple, según Cañete. El Acuerdo de París, señaló el comisario, representa un gran reto para la transición energética y ecológica de la economía mundial y hasta el momento 180 países lo han ratificado y 168 firmantes han puesto sus compromisos sobre la mesa para la reducción de las emisiones a la atmósfera responsables del calentamiento global.

El compromiso para lograr la transición energética supone para Europa asumir un liderazgo frente al resto de países, porque los europeos fueron «los pioneros en la utilización del carbón en la revolución industrial» y actualmente la Unión Europa debe abanderar la descarbonización de la economía hacia energías renovables. El objetivo es lograr un 32% de eficiencia energética en 2030, meta que se revisará en 2023 para examinar metas y costes.

Durante la mesa de debate Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha apostado por «electrificar la economía» y procurar a la vez que el precio «sea el más bajo cumpliendo siempre con los compromisos medioambientales». Así, ha subrayado que el precio de la energía es un factor «muy importante» para desarrollar un país y reivindica que hay que «quitar del sistema» aquellas fuentes de electricidad que generan CO2.

Para Mariscal, la descarbonización se debería hacer «basándose en hechos científicos», por lo que ha mostrado su apoyo a una ley «que garantice los compromisos medioambientales, pero también el precio». «Si vemos una ley ideológica pelearemos. Esperemos que el Ministerio de Transición Ecológica no haya que cambiarle de nombre y llamarlo Transición Ideológica«, ha ironizado Mariscal, al tiempo que asegura que se puede revertir el «alto» precio de la energía.

Posteriormente, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha respondido que la Ley de Cambio Climático «podría haber estado ya hecha». «El grave problema del sector energético ha sido la falta de planificación y de un diseño claro, por lo que ahora tenemos que hacer un trabajo acelerado. Lo tenemos que hacer deprisa pero lo vamos a hacer bien«, ha concretado.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ha pedido explicaciones al Gobierno por las subidas que «incrementan considerablemente» el recibo de la luz. «Queremos un escenario en el que los consumidores sean el eje de la transición energética y acabar con los sobrecostes de la factura de la luz«, ha manifestado. Asimismo, Veloso apuesta por dar seguridad jurídica al ámbito energético, la defensa de la implantación de los parques experimentales en materia de I+D+i y la movilidad sostenible. «Nos preocupa el transporte de mercancías, apostamos por un plan específico para ayudar a esos transportistas para que puedan hacer el tránsito hacia una movilidad descarbonizada», indicó.

Por último, el portavoz de la Comisión de Transición Ecológica de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha señalado que el sector energético es «clave» en la descarbonización, por lo que ha defendido la «necesidad» de un plan de energías renovables que es, a su juicio, «realmente es necesario». «Nuestra idea es que las líneas básicas de nuestro planteamiento podamos abordarlas con el Gobierno y llegar a una ley consensuada. El consenso es que tenemos que disminuir las emisiones de CO2″, indicó. Sobre el debate nuclear, Uralde señaló que la energía nuclear se está eliminando «poco a poco» porque las centrales «están envejeciendo y hay que cumplir con su cierre».

Los sindicatos piden que la manifestación para exigir la continuidad de Vestas sea el comienzo de una reindustrialización de León

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EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han animado a la participación en la manifestación convocada este jueves en León para exigir la continuidad de la planta de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo, y confían en que esta movilización sea el arranque de la reindustrialización de la provincia.

Bajo el lema Por la reindustrialización y el empleo de León. Vestas, la marcha partirá a las 20.00 horas desde la sede de los sindicatos, en Gran Vía de Marcos, para desembocar en la plaza de San Marcelo tras recorrer las principales calles leonesas. El responsable de industria de UGT en la provincia de León, Francisco Romero, ha expresado su decepción por el resultado de la reunión celebrada entre la empresa y el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo es mantener la planta en León y no negociar traslados o recolocaciones de los trabajadores.

«Exigimos a los administraciones que fuercen a la empresa a cambiar su decisión y mantenga la planta leonesa», ha señalado el dirigente sindical, que ha recordado que la compañía recibió 13 millones en subvenciones. Además, advierte de que el Gobierno de España no debe caer en el «engaño de la multinacional» de que ahora apuesta por las factorías de Ciudad Real y Lugo, cuando «hasta hace poco decían que la de Villadangos era la mejor planta de España y al cumplirse el plazo fijado por las subvenciones recibidas la cierran».

Mayor beneficio durante este año

Por su parte, el responsable de la CGT, Javier Suárez, ha denunciado que el modelo que representan empresas como Vestas es «pan para hoy y hambre para mañana» y subraya que se va de León dejando «un reguero de cadáveres». El presidente del comité de empresa, Juan Francisco García, ha insistido en que no hay causas objetivas que justifiquen el cierre ya que, sólo en el primer cuatrimestre, Vestas ganó con la planta en Villadangos un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el responsable de industria de CCOO en la provincia de León, Ángel Santos, ha apostado por mantener la lucha como la única forma lograr mantener el tejido industrial.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del Comité. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

El PSOE, en la manifestación

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la manifestación convocada en León para la defensa de los trabajadores de Vestas. En este sentido, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha formulado un llamamiento a todos los leoneses para que participen en la protesta contra la pérdida de empleo. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, también ha confirmado su presencia en la protesta que se celebrará bajo el lema No al cierre de la industria, no a la despoblación de León.

El PSOE de León destaca cómo desde que los trabajadores de Vestas dieron la primera voz de alarma, a principios de verano, se posicionó en todo momento a favor de sus «justas» reivindicaciones.Cendón reitera ahora que es «lamentable que intereses puramente empresariales» lleven a esta situación a una fábrica «modélica desde el punto de vista de la eficiencia y la competitividad» y lamenta que la empresa no haya dado el margen necesario en las conversaciones abiertas con el Gobierno.

«Cuando conocimos la gravedad de la situación dimos los pasos necesarios para evitar el cierre. El Gobierno ha trasladado a Vestas la apuesta decidida por las energías renovables y el volumen de negocio que eso puede suponer para la empresa, pero no ha servido de nada porque la decisión ya estaba tomada en Dinamarca», señala Cendón.Pese a todo, mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de encontrar un comprador para el mantenimiento de la planta tras la línea de negociación abierta entre el Ejecutivo y la compañía danesa.

Cendón también abogó por mantener el consenso logrado en este conflicto para apoyar a los trabajadores «porque es un momento para la unidad de las instituciones, con el objetivo de que todos echen una mano a una empresa importante para León».»No podemos entrar en luchas partidistas porque no se puede permitir que se vaya otra empresa de León», concluyó.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

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Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.