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El PSOE subraya su rechazo al fracking, las prospecciones y la energía nuclear

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EFE.- La candidata al Congreso por Zaragoza del PSOE, Susana Sumelzo, señaló que en materia medioambiental sus grandes apuestas serán prohibir el fracking y las prospecciones, además de implantar un calendario de cierre para las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con el cierre definitivo de Garoña, a la par que promete «una ley de transición energética» con un informe anual al Parlamento sobre sus progresos, según comunicaron desde el PSOE.

Sumelzo ha señalado que, en la minería del carbón nacional, su partido quiere encontrar «una solución justa» a la vez que ha recordado que el PP «ha puesto el Medio Ambiente al servicio de la rentabilidad y la privatización, en lugar de compatibilizar ambas cosas». Ha recordado que «España es el único país occidental que ha aplicado una moratoria a las energías renovables» y «Rajoy tiene el mérito de haber aplicado un impuesto al sol con el que se castiga al que más energía ahorra».

La diputada del PSOE se pronunció así a las puertas del Pabellón de España de la Expo en Zaragoza, a la vez que ha lamentado la dejadez del Gobierno respecto a este edificio. «Hay que empezar  a trabajar para recuperarlo y para rescatar el proyecto de instalar aquí la Oficina del Cambio Climático» porque «el abandono de este edificio, a día de hoy, es total y no se ha vuelto a hacer nada en él desde que se cerró», indicó.

Expertos en energía avisan del «bajo nivel técnico» de los programas electorales

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EFE.- Varios expertos en energía han advertido de que las propuestas energéticas de los programas electorales de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos «dejan muchísimo que desear» al nivel técnico.

La directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad de Comillas, Yolanda Moratilla, indicó al analizar las promesas electorales que muchas de las propuestas energéticas «son irreales» desde el punto de vista técnico. En especial, criticó las promesas de cierre paulatino de centrales nucleares que llevan PSOE y Podemos en sus programas. Además, comentó que el programa más incompleto sobre energía es el del PP, ya que «no se moja» en la mayoría de cuestiones.

El exdirectivo de Red Eléctrica de España (REE) Victoriano Casajús ha destacado que «no es posible» que el 100% de la energía de España sea renovable, ya que ni la regulación ni el sistema energético del país están preparados para ello. Casajús comentó que con el mix energético actual, solo es viable entre un 40% y un 50% de energía proveniente de renovables, en contraposición a las propuestas de PSOE (70% en 2030) o Podemos (100% de renovables en la Administración Pública). «Si el 100% de las energías es renovable y hay algún problema en la generación, el sistema se cae de golpe«, ha advertido.

Defienden las nucleares y ATC

El catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y experto en energía nuclear Manuel Lozano aseguró que el mix energético ideal, en su opinión, es el que combina nuclear y renovables, disminuyendo los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Lozano valoró que se empiece a hablar de invertir en I+D+i, propuesta que lleva Ciudadanos en su programa, y lamentó que en cuestiones energéticas «se mezcle ideología con tecnología».

Los expertos criticaron además que ninguno de los programas propone soluciones sostenibles para el tratamiento de residuos nucleares más allá de la propuesta de Podemos de la no construcción del almacén temporal centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas, algo que advirtieron de que «no es realista«. Tampoco se habla en ninguno de los programas de estos cuatro partidos al entorno internacional que rodea a España en materia energética, indicó.

El especialista en petróleo e ingeniero de minas Isaac Álvarez criticó a su vez que tres de los cuatro partidos, Ciudadanos, PSOE y Podemos. rechacen el fracking como método de extracción de gas o petróleo del subsuelo, y lamentó que esta negación sea en algunos casos «desde posiciones fundamentalistas». Álvarez ha asegurado que España «es un país subexplorado» en cuanto a posibles yacimientos petrolíferos, por lo que opina que el fracking «ha venido para quedarse».

El PSOE rechaza la energía nuclear y el fracking mientras acusa al Gobierno de castigar a las renovables

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Redacción / Agencias.- La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, comprometió que si los socialistas gobiernan España después de las elecciones del día 20 impulsarán un «gran pacto social y político» entre todos los agentes implicados para diseñar una ley de Transición Energética en la que no tendrá cabida ni la energía nuclear ni el fracking por los riesgos medioambientales que implica su utilización, algo que considera «líneas rojas» para su partido.

Lucio insistió además en que si el PSOE gobierna se procederá al «clausura definitiva» de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que lleva varios años inactiva, y al cierre progresivo del resto de las centrales cuando termine su ciclo de vida útil. Así, Lucio calculó para 2028 el cierre del último reactor nuclear. Según indicó, el PSOE es la «única garantía» para evitar la reapertura de la planta, frente a un PP que carece de toda «credibilidad» en materia energética y medioambiental. La clausura de estas centrales, según explicó, es posible si, como plantea el PSOE en su programa, se realiza una «apuesta decidida» por las fuentes de energía renovables y se adoptan medidas de «eficiencia energética«.

Además Lucio criticó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por presumir de sus políticas medioambientales en la cumbre del Clima que se celebra en París, hasta el 11 de diciembre, después de haber «recortado» las principales leyes medioambientales impulsadas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, los socialistas calificaron de «inaceptable» que Rajoy trasladara ante los asistentes las diferentes políticas medioambientales desarrolladas por el Ejecutivo en estos cuatro años, que desde el PSOE tachan de «fracaso».

La secretaria de Cambio Climático del PSOE reprochó al actual Gobierno de Mariano Rajoy proponer una ley contra el cambio climático mientras «ha destrozado al sector de las renovables, una de las mayores herramientas para luchar contra el calentamiento global». Así, recordó que el primer decreto ley de Rajoy fue la moratoria de las energías renovables y criticó que haya modificado las leyes de Costas, de Patrimonio Natural, de Evaluación Ambiental o de Residuos para «reducir las exigencias en materia medioambiental». También ha denunciado que durante estos años de gobierno del PP «se han perdido el 80% de los fondos destinados a eficiencia energética que hay en la Unión Europea«.

Por su parte, el cabeza de la lista del PSOE al Congreso por Álava, Javier Lasarte, también centró su discurso preelectoral en incidir en un «no rotundo» a la central de Garoña y al fracking. Lasarte ha advertido de que el PP «pretende» reabrir la central y construir un almacén de residuos nucleares junto a ella. El candidato socialista se ha referido así al visto bueno del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) a unas obras para mejorar la planta, así como a la declaración de impacto ambiental favorable del Gobierno central para crear un almacén de residuos nucleares en Garoña.

PP, PSOE y Podemos coinciden en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía pero discrepan por el fracking

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Europa Press.- PP, PSOE y Podemos han coincidido en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía y en la importancia impulsar la geotermia en los usos residenciales, aunque discrepan respecto a la obtención de gas por fracturación hidráulica.

En un debate sobre energía organizado por el Ilustre Colegio de Geólogos de España, el PP cree que es «necesario» investigar todos los recursos naturales de los que dispone España, incluido el ‘shale gas’, mientras que PSOE y Podemos han expresado su rechazo a los proyectos de fracking y apuestan por aumentar la participación de las renovables en el mix energético.

En el evento han expuesto sus propuestas de gestión de recursos hídricos, protección del medio ambiente, prevención de riesgos naturales y, muy especialmente, gestión de recursos energéticos. Aunque con distintos matices, los representantes de las tres formaciones se manifestaron a favor de un pacto de Estado por la Energía que defina la política energética a largo plazo.

La portavoz medioambiental del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha expresado su acuerdo en investigar todos los recursos disponibles en España incluido el gas de esquisto, mientras que el representante del PSOE, Álvaro Abril ha dicho que el PSOE es «contrario» al fracking y ha abogado por recuperar el liderazgo de España en energías renovables.

Abril ha dicho que el PSOE quiere crear una Comisión de Transición Energética que elaborará una ley para la transición hacia las energías renovables con medidas a corto, medio y largo plazo.

Al respecto, la coordinadora de Medio Ambiente de Podemos, Elena Méndez, ha explicado que su formación aspira a un mix energético 100 por 100 renovable y que en su modelo «no tiene cabida una técnica como la fracturación hidráulica». Méndez ha dicho que Podemos quiere derogar el Real Decreto de autoconsumo.

Entre las coincidencias de los tres partidos han destacado la necesidad de impulsar la energía geotérmica, especialmente la de baja entalpía para uso residencial, dado que se trata de una fuente de energía limpia, inagotable y eficiente.

Respecto al futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, Álvaro Abril ha lamentado que la decisión se haya tomado «atendiendo más a criterios políticos que técnicos» por lo que cree que es necesario «revisar la adjudicación» por su «excesivo sobrecoste». «Tenemos que construir el ATC, pero tenemos que hacerlo en el lugar adecuado», ha señalado.

De Lara ha rechazado la idea de que en la adjudicación no se hayan tenido en cuenta criterios técnicos, aunque se ha mostrado favorable a estudiar «una ubicación alternativa» si finalmente los estudios del terreno desaconsejan su construcción.

Al contrario de los representantes de Podemos y PSOE, la representante del PP considera «oportuno» prolongar la vida útil de las centrales nucleares «si así lo aprueban los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«.

También han discrepado sobre la gestión hídrica. En este sentido, De Lara ha dicho que en esta legislatura se han aprobado varios planes hidrológicos que han garantizado el abastecimiento de las regiones con mayor riesgo de sequías, mientras que Abril estima necesario dar más papel a las desaladoras.

Por su parte, Podemos quiere impulsar una Ley del Agua que garantice su calidad y permita un uso eficiente y sostenible de los recursos hidrológicos.

Finalmente, sobre prevención de riesgos naturales, Méndez apuesta  por realizar estudios profundos, especialmente sobre riesgo de inundaciones y que los ciudadanos participen en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El representante socialista opina que la prevención de riesgos naturales pasa por cumplir la actual Ley del Suelo, que establece la obligatoriedad de realizar mapas de riesgos naturales antes de aprobar nuevos PGOU.

El precio de la electricidad entra en campaña

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Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

La Junta de Castilla y León critica que las compañías eléctricas «no cuiden» a sus suministradores nacionales de carbón

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EFE.- El director general de Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, criticó a las compañías eléctricas «por no cuidar a sus suministradores nacionales igual ya que el precio del carbón internacional puede variar». González Mantero también afirmó que no entiende la propuesta del PSOE para solicitar nuevas ayudas a la minería del carbón «cuando no está previsto y está fuera de cualquier posibilidad que Europa pueda aceptar».

En este sentido, el responsable de Minería autonómico apuntó que el fin de las ayudas a las empresas mineras en 2018 es algo que hasta Carbunión tiene «perfectamente aceptado«. También pidió que no se confunda a la opinión pública sobre la posibilidad de nuevas ayudas a partir de la última propuesta alemana para la explotación y exportación del sector minero.

Según Mantero, la propuesta alemana para el cierre de todas las empresas exportadoras de hulla y que son beneficiarias de ayudas «sigue adelante». «Lo que está encima de la mesa es continuar con la explotación a gran escala de lignito a cielo abierto y sin ayudas a partir de 2019, por lo que no es cierto, y no se puede dar a entender que Alemania propone nuevas ayudas a la minería«, ha aclarado el dirigente.

Por otra parte, y sobre la actual situación del sector del carbón en España, Mantero espera que se puedan realizar avances en la próximo reunión con el Ministerio de Industria el próximo martes. Para esta reunión la Junta prepara una propuesta para que se incluyan en los futuros fondos adicionales proyectos no desarrollados en planes anteriores en los municipios mineros.

Sobre la propuesta de la orden de pagos de capacidad para subvencionar la compra de carbón nacional, precisó que, «desgraciadamente, hay que modificarla ya que no se basó en los temas de seguridad de suministro tal y como exige Europa«. El director general lamentó que se esté en este punto, ya que se ha perdido un año entero, aunque se mostró optimista de cara a que con el plan de cierre consensuado ya con las empresas la orden de pago por capacidad pueda salir adelante y ser aceptada por Bruselas.

El PP, PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia energética

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Europa Press / EFE.- El PP, el PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coincidieron en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado de la energía y se comprometieron a impulsar medidas de eficiencia energética durante una mesa redonda en la asamblea general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

La diputada del PP presente en el debate, Encarnación Jiménez, se mostró «optimista» en relación con la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de energía, que «sería lo deseable». «Tenemos que pensar que no hay energías de derechas y de izquierdas», apuntó Jiménez, que se comprometió a «consolidar las reformas», que «se siga generando certidumbre en el sector», que se favorezca la competitividad de las empresas, que la recuperación económica sea un hecho y que el crecimiento se traduzca en generación de empleo. Además, la representante popular hizo hincapié en las interconexiones, un tema «fundamental de ahora en adelante» para el futuro de España y de la Unión Europea, así como en avanzar en la eficiencia energética.

También se ha mostrado optimista de cara a un pacto de Estado el coordinador de Medio Ambiente y Energía de Ciudadanos, David López, para quien se aproxima una época «en la que los pactos van a tomar protagonismo». El representante de Ciudadanos se ha comprometido a realizar una auditoría completa del sistema eléctrico español para determinar todos los costes asociados, a «modificar o, incluso, derogar» el real decreto de autoconsumo y a desarrollar un plan estratégico de transición energética. «El plan renove, por supuesto, lo tendremos en mente para la cogeneración; una apuesta decidida», apuntó.

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del Grupo Socialista, Pilar Lucio, señaló que «se puede llegar a un pacto», pero que para ello «hay que tener una trayectoria previa de confianza con el sector y respeto mutuo entre quienes forman parte del sector y quienes tienen que legislar«, algo que, en su opinión, no ha ocurrido en los últimos cuatro años. Desde el PSOE, defendió la necesidad de rediseñar la estrategia energética española «escuchando a todas las partes» tras unos años centrados solo en acabar con el déficit de tarifa sin medir los «efectos colaterales«. PSOE y Ciudadanos coincidieron en la importancia de intentar alcanzar un pacto de estado en materia energética aunque cada partido tiene sus «líneas rojas».

PSOE: comisión de transición energética

Preguntada por medidas concretas para los 100 primeros días de Gobierno, la representante del PSOE ha propuesto la creación de una comisión de transición energética con el objetivo de diseñar un modelo «que trascienda los periodos de Gobierno de un color u otro». Además, ha manifestado que, si el PSOE llega al Gobierno, se modificará el real decreto de autoconsumo y se llevará a cabo una «trasposición efectiva» de la directiva europea sobre eficiencia energética.

El diputado de Unió Democràtica de Catalunya, Antoni Picó, indicó que «sin lugar a dudas» es necesario este pacto y ha marcado como puntos clave en materia de energía asegurar el suministro y tener precios competitivos, así como alcanzar una estabilidad normativa y económica. Respecto a la cogeneración ha señalado que, de cara a la nueva legislatura, su partido apuesta por «hacer efectivo el plan renove«, así como «hacer efectiva la totalidad de la retribución específica hasta alcanzar los 2.400 millones comprometidos en la última reforma» y «recuperar aquellos proyectos de plantas afectadas por la suspensión del procedimiento de asignación».

Por su parte, la representante de Convergència, Mercé Rius, apuntó que un pacto nacional de energía es «un escenario deseable», pero que «no es probable» en estos momentos, ya que las medidas aplicadas por el Gobierno «han generado consenso en contra«. Como medidas concretas, Rius apostó por el plan renove, la trasposición de la directiva europea sobre eficiencia energética, la derogación o modificación del decreto de autoconsumo y la territorialización de las ayudas del fondo de eficiencia energética. También insistió en la necesidad de recuperar seguridad jurídica y la confianza de inversores, un punto en el que coincidieron con Ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Guillermo Ulacia, demandó recuperar «con sentido de urgencia» un precio de energía industrial competitivo y una revisión del modelo fiscal. «Hay bases suficientes para abordar un pacto de Estado de energía», concluyó. Acogen entregó también sus galardones «cogeneradores de honor 2015» a los periodistas económicos Carmen Monforte y Rubén Esteller.

El PSOE se compromete a negociar ayudas para el carbón nacional más allá de 2018 mientras el Gobierno busca «enfoque»

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EFE / Europa Press.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que el Ejecutivo apuesta por abordar no solo el tema de los fondos sino «el enfoque» que esas soluciones pueden adoptar, el PSOE se ha comprometido a negociar ante la Unión Europea la continuidad de las subvenciones a las explotaciones hulleras con posterioridad al año 2018 al considerar el carbón «imprescindible en estos momentos» para la generación de energía eléctrica, según indicó la responsable de programas del PSOE, Meritxell Batet.

La dirigente socialista, que ocupa el segundo puesto en la lista de candidatos al Congreso por Madrid, defendió la necesidad de una reforma sostenible que contribuya a abaratar el coste de la energía, especialmente para las empresas y los grandes consumidores. «El carbón es imprescindible en estos momentos», apuntó Batet momentos antes de mantener un encuentro con militantes del PSOE en Gijón para explicar el programa electoral para las generales del 20 de diciembre. Aseguró que el PSOE se ha «comprometido» a negociar con la Unión Europea la prolongación de las ayudas al carbón y las «soluciones» para los habitantes de las comarcas mineras afectadas por el cierre de explotaciones.

«Futuro» a las cuencas mineras

Por su parte, el Gobierno tiene la «máxima disposición» para dar una «salida» y «futuro» a las cuencas mineras del carbón, aunque apuesta por abordar no solo el tema de los fondos sino la forma que esas soluciones pueden adoptar. Así lo trasladó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recalcó que el Ejecutivo central tiene disposición de «cooperar al máximo» para decidir la mejor salida y futuro a las cuencas mineras. Respecto al grupo de trabajo creado al respecto, a su juicio no solo deben de abordar las cuestiones vinculadas a la recepción de ayudas y fondos sino que tienen que plantear cómo organizar el futuro de esas comarcas. Se trata, por tanto, de «decidir cómo enfocarlo».

Críticas al grupo de trabajo

Desde CCOO de Industria consideran que la reunión del grupo de trabajo entre los consejeros de Industria de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tuvo un carácter «electoralista», ya que carecía de propuestas de solución para «el momento crítico» que vive el sector del carbón. Por ello el sindicato insta al Gobierno central a cumplir en su totalidad con el marco de actuación para la minería del carbón y convocar con carácter de urgencia a la comisión de seguimiento. Así, CCOO considera «prioritario» buscar un hueco térmico para el carbón nacional, que está en «una situación crítica«.

El PSOE revisará la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas si Pedro Sánchez llega a la Moncloa

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EFE / Europa Press.- Mientras la patronal empresarial señala su preocupación y, desde las filas del PP, María Dolores de Cospedal arremete contra su sucesor en el Palacio de Fuensalida, acusando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de «retorcer la ley» para impedir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el PSOE se compromete a revisar esta decisión si su secretario general, Pedro Sánchez, llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 20 de diciembre.

El programa definitivo del PSOE recoge finalmente la postura que habían planteado los socialistas de Castilla-La Mancha después de que el borrador inicial, aprobado por Ferraz el pasado octubre, no hiciera ninguna mención al almacén nuclear. El texto final, al que la conferencia política del PSOE dio luz verde, recoge el compromiso de «revisar la decisión sobre la instalación del ATC de Villar de Cañas».

Los socialistas mantienen su propuesta, ya recogida en el borrador del programa, de implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña (Burgos), que culminará en la fecha límite del 2028, «de tal manera que podrá abordarse el salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década». En este contexto, es cuando el PSOE cree oportuno «adoptar las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad».

La inclusión en el programa electoral de la propuesta sobre el ATC llega en paralelo a la decisión anunciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de anular el plan urbanístico POM de Villar de Cañas, lo que paraliza el proyecto del ATC. El Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Villar de Cañas han rechazado la resolución del Ejecutivo castellanomanchego alegando que es necesario continuar con el ATC. La construcción de un almacén de residuos nucleares radiactivos de alta actividad fue impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas la tomó el del PP a las pocas semanas de que Rajoy llegara a la Moncloa.

Cospedal: «está retorciendo la ley»

Por su parte, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, criticó al presidente autonómico Emiliano García-Page y señaló que «no se puede usar la condición de presidente para estar retorciendo todos los días la ley y utilizarla fraudulentamente». La también secretaria general de los populares considera que Page realiza «maniobras de distracción» con la anulación del POM o la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) para «tratar de desviar la atención» y que la ciudadanía «no se fije en otras cosas que están haciendo». Entre esos asuntos, según Cospedal, se encuentra la gestión en sanidad o «la subida de impuestos que pretenden».

A su parecer, una persona no es presidente de un gobierno para «saltarse la ley a la torera ni para usarla de forma fraudulenta», como a su juicio hace García-Page, sino para gobernar y «hacer las cosas que tiene que hacer» y respetar el interés general. Incluso indicó que el PP estudiará las «acciones legales que sean necesarias», porque «esto de prevaricar para conseguir un objetivo partidista parece tremendamente grave».

También el Gobierno central «hará lo que tenga que hacer, que es defender la legalidad» para construir el ATC en Villar de Cañas, porque «este no es un tema político, es un tema de Estado y de consenso entre todos los partidos políticos» y, para garantizar la obra, procederá a la declaración de interés general «o puede haber otros procedimientos«. En cualquier caso, Cospedal afeó a García-Page que utilice el ATC «como un tema de interés personal para que no se fijen en otras cosas», pero que no explique que «si no se hace este ATC se harán otros muchos, más pequeños, algunos también en Castilla-La Mancha», una alternativa «más costosa, peor y menos segura».

La patronal muestra su preocupación

En medio de esta guerra política entre PP y PSOE, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, apuntó que ve «con preocupación» los anuncios de PP y PSOE de emprender distintas acciones judiciales en torno a la anulación del POM. Nicolás recordó que Cecam «apoyó en su día al ATC y lo sigue haciendo», aunque no entrará en la cuestión «de si el sitio es ideal o no».

«Eso es algo que tendrán que ver los técnicos que deben decidir el emplazamiento», señaló el presidente de Cecam, que insistió en que el ATC «es un proyecto que va a dinamizar la zona y atrae economía«. Además, añadió que «teniendo en cuenta que se están enviando residuos a Francia y que a ese transporte hay que añadirle 60.000 euros diarios, es bueno tener un almacén propio para estos residuos».

Hay que recordar que el delegado del Gobierno en la región apuntó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia emprender «acciones legales» contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por «intentar paralizar» el silo y el PP regional indicó que podría interponer una querella criminal contra García-Page por prevaricación en torno a este asunto. Por su parte, el PSOE reaccionó también asegurando que denunciaría «por lo penal» a los dirigentes del PP que firmaran dicha querella.

El PP aboga por bajar los impuestos a los hidrocarburos mientras que el PSOE denuncia un «oligopolio» en las ventas

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Europa Press / Servimedia.- El PP asegura que en la próxima legislatura, si la situación económica mejora, propondrá bajadas de impuestos para el sector de los hidrocarburos para hacerlos «más competitivos» mientras que el PSOE aboga por conseguir una bajada de precios a través de «un mayor control del oligopolio», limitando a un máximo del 25% las ventas autorizadas para los operadores por provincia.

Así lo indicaron el popular Guillermo Mariscal y el socialista Román Ruiz Llamas durante la jornada Propuestas para el futuro del sector de los hidrocarburos y de las estaciones de servicio,  organizada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y patrocinada, entre otros, por BP. Preguntados sobre la doble imposición (IVA e impuestos especiales) a la que están sometidos los combustibles fósiles, Mariscal argumentó que con la situación de déficit y caída de la recaudación que encontró el PP al principio de la legislatura era «muy complicado» reducir la presión fiscal, pero anunció que en la próxima legislatura habrá que «reducir la fiscalidad de la energía para hacerla más competitiva» aprovechando que «España está levantando cabeza».

En este sentido, Ruiz Llamas cree que si se quita el IVA habrá que «subir automáticamente» los impuestos especiales, porque las administraciones públicas necesitan recursos, y ha recordado que la fiscalidad sobre los carburantes en España es «de las más bajas» de la Unión Europea. Sin embargo, los precios que pagan los consumidores por los combustibles antes de impuestos se encuentran entre los más altos, lo que lleva al diputado socialista a considerar que hay que «seguir avanzando» en la introducción de competencia en el sector. Algo que, a su juicio, no se consigue aumentando el número de estaciones de servicio, que ya son suficientes, sino actuando en el mercado de los operadores mayoristas que «copan la mayoría» del mercado.

Por eso, el PSOE insiste en la necesidad de reducir del 30% actual al 25% las ventas máximas que cada petrolera puede tener en una provincia, profundizando así la «insuficiente» reforma aprobada por el PP durante esta legislatura. «Si todas las gasolineras deben beber de las mismas cuatro fuentes no habrá resultados. Hay que abrir el mercado a nuevos operadores. Con más competencia habrá mejores precios«, pronostica Ruiz Llamas. Además, cree que hay que armonizar las metodologías de cálculo de los precios del combustible en los estados miembros de la Unión Europea, para poder comparar con garantías, y también se deben auditar los costes y los márgenes comerciales «reales» de las estaciones de servicio y ver dónde se pueden reducir.

Mariscal, por su parte, cree que «se han dicho muchos disparates» sobre los márgenes de beneficios de las gasolineras e insistió en su convicción «firme» de que «más competencia lleva implícito directamente más competitividad», por lo que favorecer la apertura de nuevas estaciones redunda en menores precios. Por ello defendió las recientes reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno, que «han propiciado la apertura de 300 nuevas gasolineras. Sin embargo, reconoce que se debe seguir trabajando para garantizar a todos los operadores las mismas condiciones para competir, impulsando la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado para armonizar impuestos o exigencias normativas en todo el país, evitando así la competencia desleal entre operadores, sobre todo en territorios limítrofes.

Mariscal rechaza, no obstante, la «planificación constante y continuada de la economía» porque «no trae nada bueno», y defiende la necesidad de «redefinir conceptos para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente» pero sin entrar a decidir cuestiones concretas sobre dónde debe ponerse una gasolinera o si hay que prohibirla porque su modelo no parece rentable. Éste es un asunto particularmente importante en relación con fenómenos nuevos como las estaciones de servicio low cost o las desatendidas, que se han regulado de manera diferente según la comunidad autónoma. En este sentido, el diputado valora que son opciones que pueden facilitar el suministro en zonas de baja población pero reconoce que en la próxima legislatura deberán estudiarse más.

El socialista, por su parte, considera que el modelo de red de estaciones de servicio español es «bueno» y que no se debe tener hacia uno basado en las low cost porque cualquier bajada de precios que propiciara sería en detrimento del empleo y de la seguridad. «Es mejor dar instrumentos comerciales a las gasolineras para poder competir», ha insistido, indicando que sí se podría estudiar una normativa básica dictada por el Estado para garantizar requisitos homogéneos en todo el estado. En lo que sí están de acuerdo ambos políticos es en que actualmente no parece haber riesgo de que ninguna área del país quede desabastecida por falta de estaciones.

Caso distinto es el de las cooperativas provinciales, que actualmente pueden vender la mitad de su producto a consumidores ajenos «sin cumplir las exigencias» que sí tienen las estaciones de servicio. Ruiz Llamas considera que se está generando una «red paralela» contra la que «no se han hecho avances suficientes», por lo que aboga por someter a estos entes a la misma regulación que el resto de instalaciones para que «compitan en igualdad de condiciones».

«Evidentemente hay que aplicar la ley. Las cooperativas deben tener las mismas obligaciones medioambientales y fiscales que el resto de operadores minoristas», coincide Mariscal. Con respecto a los nuevos combustibles, que a juicio del diputado del PP serán «fundamentales» para cumplir con las obligaciones de futuro en la lucha contra el cambio climático y para liberar recursos económicos para servicios sociales, Mariscal considera que el sector minorista «debe apostar por la eficiencia energética» y aliarse con otros actores como los fabricantes de vehículos para participar de este «desarrollo imparable». Para ello será clave la Estrategia para el Vehículo con Energías Alternativas, que incluye una batería de medidas para modernizar las infraestructuras de abastecimiento, algo fundamental.

Ruiz Llamas, por su parte, coincide en que estas fuentes de energía se irán incorporando «a futuro» pero no cree que en el corto plazo esto vaya a tener un impacto relevante. Ambos políticos reconocen que en todos estos «retos» las administraciones deben dialogar «con voluntad real» más y mejor con sus administrados para conseguir «regulaciones para todos». Mariscal fue un poco más allá y ha admitido incluso que esta legislatura se ha usado el decreto ley «en demasía», aunque lo ha justificado en la necesidad de tomar medidas urgentes ante la crisis; por lo que los próximos cuatro años habrá que «trabajar más juntos». A la jornada también estaban invitados representantes de Podemos y Ciudadanos que finalmente no acudieron.