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El PSOE pide una ley de cambio climático para integrar los compromisos de España mientras reitera su rechazo al fracking

EFE.- La diputada del PSOE en el Congreso, Puerto Gallego, aseguró que «si es verdad» que el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, «no quiere el fracking» lo que «tiene que hacer es hacer valer esa opinión ante el Gobierno de Rajoy». Mientras tanto, el PSOE ha reclamado al Gobierno la elaboración de una ley de cambio climático para armonizar la legislación y para integrar los compromisos internacionales que ha adquirido España para combatir ese fenómeno.

Con ese objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno esa ley y promover un crecimiento «verde» basado en la «ecoeficiencia» de los sistemas productivos y de consumo. Los socialistas quieren que ese texto legislativo sirva para promover políticas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que para ello se establezca un marco de ecoeficiencia en la gestión energética, con un énfasis especial en las energías renovables. Plantean además «que se orienten las políticas alternativas a nivel industrial, con sistemas de producción bajos en carbono», y que se adopte un sistema de gestión de la información de acceso libre y público.

En la misma iniciativa, el PSOE reclama al Gobierno que promueva una política de movilidad sostenible y «la exploración y el escalamiento» hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono». Subrayan en su proposición los socialistas que el cambio climático y los impactos que de él se derivan constituyen uno de los retos globales más importantes que la sociedad debe afrontar, y que la reducción de estos impactos constituye un objetivo para el que se tienen que diseñar «los procesos socioeconómicos adecuados».

El PSOE contra el fracking

Por otro lado, la diputada del PSOE criticó la “sorprendente naturalidad” con la que el líder del PP en Cantabria «adjudica a los demás algo que autoriza, defiende, fomenta y va a seguir impulsando su propio partido». Gallego se ha referido así al fracking, después de que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, abogara por no «cerrar la puerta» a conocer si un subsuelo cuenta con recursos de hidrocarburos para ser explotados por fracking. Estas palabras provocaron el rechazo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y a su vez las críticas de Diego al líder regionalista, a quien responsabilizó del único permiso regional de fracking en Cantabria.

La diputada del PSOE cree que Diego demuestra «una gran desfachatez» y ha negado que los parlamentarios del PP se hayan comprometido a no permitir el fracking, como dijo el presidente popular. «¿Es que no se entera el líder del PP de que sus compañeros de partido han apoyado en todas las ocasiones la fractura hidráulica cada vez que se ha discutido el asunto en el Congreso?», se ha preguntado.

Puerto Gallego subrayó que ella misma y otros diputados del PSOE «han liderado el rechazo a esta técnica» y han desarrollado iniciativas en su contra. Y ello para prohibirlo no solo en Cantabria, «sino en todo el territorio nacional». Según destacó, la postura del PSOE es «totalmente transparente». «Estamos en contra del fracking allí donde se proponga, da lo mismo si es en Cantabria, en Madrid o en Bruselas», agregó.

Teresa Ribera reclama que España recupere una agenda de descarbonización energética para cumplir los objetivos comunitarios de reducción de emisiones

EFE.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de Francia, Teresa Ribera, considera que «España debe recuperar la agenda de la descarbonización energética», ahora que la Comisión Europea anunció su propuesta de reducción de emisiones de CO2.

Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE, ha señalado que la propuesta de la Comisión Europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España de un 26% es «seria», aunque está «por debajo de lo que se necesita y por debajo de lo que se esperaba«. Según Ribera, está por debajo de los que se necesita porque la Unión Europea ha asumido en París (COP21) una senda complicada en la que es importante ir marcando unos objetivos en el tiempo porque el mundo avanza a una «descarbonización de la economía» y la senda que propone la Comisión Europea es «como bien definía el comisario Arias Cañete en su intervención, realista más que ambiciosa«.

Para España, supone que hay que recuperar la agenda de un proceso de descarbonización del sistema energético en su conjunto, es decir, replantearse muy seriamente las opciones y propuesta de movilidad, el paquete de eficiencia energética y renovables y un sistema fiscal que incentive todo este cambio. Además, explicó, en la propuesta se introduce una referencia a las denominadas «actividades LULUCF» o posibilidad de descontar emisiones por actividad de cambios de uso del suelo, lo que facilita los procesos de descarbonización de los sistema agrarios, algo que en principio se había dejado fuera. Se trata, indicó, de «un incentivo interesante» en el contexto de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se empezará a abordar en 2017.

La directora del IDDRI ha insistido en que se trata de una «propuesta seria», una declaración política y que «ahora, además de negociarse y aprobarse, necesita un papel legislativo importantísimo». «Las cifras que se han anunciado son las del reparto del esfuerzo en los sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión, que requiere una transformación de cuatro sectores: transporte y movilidad, vivienda (consumos de los ciudadanos y sector residencia), residuos y el sector agrario, donde habrá que poner en práctica cambios muy importantes», remarcó Ribera.

Para la Comisión Juncker, que calificó de «anodina», requerirá de un paquete normativo que debe marcar la agenda del curso 2016-17 y supone una oportunidad para el desarrollo de medidas regulatorias de gran calado que marcarán el perfil de la competitividad, de la innovación, del bienestar y la relación con la energía de los ciudadanos europeos en los próximos años.

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

Asturias denuncia la discriminación de la regasificadora de El Musel frente a la de Mugardos

EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha denunciado la discriminación del Gobierno central con el Principado en relación a la regasificadora de El Musel, que a diferencia de la de Mugardos sigue paralizada, y ha pedido al PP asturiano que salga en defensa de esta infraestructura.

El consejero ha criticado que, ante la reclamación del Principado para poner en marcha la regasificadora de Gijón, el Gobierno central se escude en que está «en funciones», cuando en cambio va «bastante rápido» en la legalización de la instalación de la de Mugardos.

Blanco ha explicado que, tras la sentencia del Supremo que ratificó que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la Ley, depende del Consejo de Ministros autorizar a Enagás el inicio de los trámites para proceder a su legalización mediante la obtención de una licencia de actividad, algo que no se ha producido.

El consejero ha admitido que en esta situación «no caben acciones legales, únicamente la presión política», y por ello ha pedido al PP asturiano que se pronuncie también al respecto.

El consejero ha insistido en este «trato discriminatorio» porque la regasificadora de Gijón «se inició antes, se autorizó antes y se acabó antes y todavía no se ha puesto en funcionamiento», a diferencia de otras instalaciones similares

El PP cree que Blanco está «pidiendo a gritos una moción de censura»

La diputada regional del PP Emma Ramos ha considerado  «ridículo» que el consejero de Empleo, Francisco Blanco, pida explicaciones a su partido por la regasificadora de El Musel, «reconociendo su incapacidad para gestionar los problemas económicos del Principado», y ha advertido de que «parece que está pidiendo a gritos una moción de censura».

La portavoz de Industria del PP en la Junta General ha subrayado que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2013, y del Supremo, de este año, que declararon la ilegalidad de la regasificadora «dieron un serio varapalo a la ineficiente gestión del Gobierno socialista».

Ramos ha recordado que el PP llevó el pasado mes de marzo a la Junta una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la que se exigía el cumplimiento de «todos los requisitos legales que garantizasen el cumplimiento de la sentencia que declaraba la ilegalidad» de la instalación.

La misma iniciativa, ha apuntado, pedía al Gobierno del Principado que garantice la seguridad de la población adyacente a la regasificadora y que se exijan «responsabilidades políticas a quienes concedieron la autorización para la instalación en contra de la legalidad vigente en 2006».

«Parece» que el consejero «está pidiendo a gritos una moción de censura», ha advertido la parlamentaria popular.

Almonte rechaza el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana por «no generar beneficios» mientras Podemos carga contra Felipe González

EFE / Europa Press.- La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó que el Parque Nacional de Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González, que a su vez formó parte del consejo asesor del Parque Nacional. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio del PSOE en el que se localiza el proyecto Marismas Occidental, mostró su rechazo al mismo por «no generar beneficios».

Se trata de la primera vez que este Consistorio, a través de su equipo de gobierno, liderado por Rocío Espinosa, se pronuncia al respecto, toda vez que ha comenzado la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados en este término municipal. Entiende, según comunicó, que el proyecto gasista «ni genera ningún beneficio para el municipio ni coincide con el modelo de desarrollo que este gobierno municipal socialista defiende, como fundamental, para Almonte y Doñana».

Este proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y cuenta con la autorización de las Administraciones implicadas: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010. Se trata del único de los cuatro proyectos que impulsa la compañía Gas Natural Fenosa que cuenta con luz verde de la Junta, que mantiene que pese a estar situado en el entorno del espacio natural no afecta a su interior.

Según el concejal de Medio Ambiente de Almonte, Isidro Medina, «el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, guardó silencio sobre este proyecto, haciendo con ello que el Ayuntamiento de Almonte perdiera la oportunidad de realizar alegaciones y de posicionarse oficialmente en las fechas oportunas«. Como consecuencia, el nuevo equipo de gobierno socialista «se encuentra a su llegada al Ayuntamiento un proyecto con una tramitación en su fase de finalización y sin la posibilidad de realizar alegaciones de ningún tipo», ha dicho. Medina lamentó que el PP «nos imponga un proyecto que no aporta nada”.

Podemos se acuerda de González

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González. «Felipe González decidió hace tiempo poner su trabajo, su influencia y su talento a sueldo de las grandes compañías, como Gas Natural, que ponen en riesgo a Doñana. Podía haber dedicado su vida a defender los derechos humanos, o a luchar por otras causas, pero no ha sido así, y ahora estamos viendo sus consecuencias directas sobre la mayor reserva de la biosfera de Europa, el Parque Nacional de Doñana», afirmó Rodríguez.

La dirigente de Podemos ha apuntado que entre el Gobierno de Rajoy y la «complacencia y lentitud» del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz, «todos ellos influenciados por Felipe González», Doñana está pasando por «una de sus mayores crisis, tal y como vienen alertando diferentes informes, como el de la Comisión Europea». Rodríguez también ha destacado que «mientras Susana Díaz negaba que Felipe González estuviera atrapado en una puerta giratoria, conocíamos las expropiaciones en Almonte, consecuencia directa de la influencia comprada del expresidente socialista, al que Susana Díaz solo dedicó halagos y ni un solo reproche«.

«Sabemos que no es fácil encontrar soluciones para recuperar el equilibrio en el Parque Nacional de Doñana, pero la negación no es el camino», indicó la dirigente de la formación morada, para quien la actividad humana sostenible y el ecosistema deben convivir, «pero al Gobierno andaluz le falta audacia y voluntad política”. Para la líder de Podemos Andalucía, «Felipe González se ha puesto del lado del PP para apoyar proyectos que destruyen el patrimonio natural ya no solo de Andalucía, sino de la humanidad, como es Doñana, mientras que, de forma intolerable, el Gobierno andaluz permanece inmóvil y rinde su patrimonio cultural más valioso a quienes quieren expoliar nuestra tierra».

Reunión del Consejo de Participación

Tras la reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, afirmó sobre la iniciativa para la extracción, almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno del espacio natural de Doñana que la postura de la Junta «no se ha movido, siempre de parte de la legalidad». Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, hizo hincapié en que «Doñana está declarada como Patrimonio de la Humanidad y al respecto la Constitución dice que tiene que prevalecer el interés público sobre el privado y ocurre todo lo contrario».

Cita política en el Congreso Eólico

Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

El PSOE se compromete a que un 70% de la electricidad sea renovable en 2030 y a cerrar Garoña definitivamente

EFE / Europa Press.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, Pedro Saura, reafirmó el compromiso del PSOE hacia una transición energética de tal manera que en 2030 el 70% de la producción de electricidad proceda de las energías renovables.

«Quiero mostrar nuestro compromiso con este sector, porque no sólo estamos contribuyendo al ahorro de las empresas y las familias, sino también a construir toda una industria muy necesaria en España, y particularmente, en Murcia, para equilibrar el conjunto de la economía e ir cambiando el modelo de crecimiento», explicó Saura, que recordó que el PSOE siempre ha garantizado las inversiones de este sector. «Pero ahora más que nunca, decimos alto y claro que Pedro Sánchez garantizará esta inversión y la transición energética hacia otro modelo económico», afirmó. Finalmente, ha recordado que el PSOE y Pedro Sánchez se comprometen a derogar el impuesto al sol, «un impuesto contra las familias, contra las rentas más humildes y contra el sector energético».

Un plan para cerrar Garoña

Por su parte, el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, reiteró que el PSOE se compromete a cerrar la central nuclear de Garoña, parada desde diciembre de 2012 pero pendiente de una solicitud de renovación que estudia el Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante, López precisó que «como históricamente ha hecho el PSOE» en otros casos de reconversión industrial, es necesario acompañar el cierre con «planes para invertir en el futuro de la zona«; puso el ejemplo de Euskadi, donde con una reconversión brutal con miles de empleos desaparecidos el gobierno socialista hizo una inversión para diversificar el modelo económico mediante la puesta en marcha de centros tecnológicos y empresas ligadas a la innovación.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

El PSOE defiende el carbón nacional y los mineros piden al futuro Gobierno que se acuerde del sector

EFE.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Teruel, Ignacio Urquizu, ha dicho hoy en Ariño que el PSOE «se compromete a poner soluciones sobre la mesa» para el futuro del carbón, como asegurar el mix energético, o la situación de las ayudas.

Urquizu ha hecho estas afirmaciones al termino del encierro de 24 horas llevado a cabo por los mineros en el Ayuntamiento de Ariño para pedir el cumplimiento del Plan del Carbón, acordado entre sindicatos y el Gobierno central.

Este plan recoge una de las propuestas de los socialistas, que es reservar una parte del mix energético para que el carbón que se extrae en Teruel pueda quemarse en las centrales térmicas del país y así las minas «tengan futuro».

Según un comunicado, Urquizu se ha comprometido a «negociar con Bruselas para que las ayudas que se han recibido no se tengan que devolver» en 2018, tal y como es obligatorio ahora, y «garantizar así el futuro de la minería».

Es necesario, a su juicio, apostar por la investigación y el desarrollo para conseguir «un carbón más limpio» y mejorar la situación laboral de muchos trabajadores del sector que están en subcontratas con peores condiciones. «Hay que cambiar el modelo laboral de este país que está permitiendo salarios de miseria y situaciones más indignas» ha sentenciado.

Los mineros de Teruel piden al próximo Gobierno que se acuerde del carbón

Los mineros de Teruel han terminado hoy un encierro en el Ayuntamiento de Ariño (Teruel) para reivindicar de nuevo el cumplimiento del Plan del Carbón y han pedido al futuro Gobierno «que tenga en cuenta el sector». Así lo han expresado en el manifiesto leído a la salida del encierro que han protagonizado representantes sindicales de las minas de Ariño y los miembros del comité de empresa de la central térmica de Andorra (Teruel).

Francisco Montull, responsable minería FICA-UGT, ha defendido que el Plan del Carbón estuvo negociándose «prácticamente un año» y aunque «no nos gustaba ni a unos ni a otros, al final se llegó a un acuerdo». Por este motivo, ha destacado, «no puede ser que una de las partes no lo respete». Uno de los puntos principales de este acuerdo es el que obliga a las centrales térmicas a que al menos el 7,5 por ciento del carbón que queman sea autóctono, algo que no se está cumpliendo.

El dirigente sindical ha rechazado las acusaciones de «electoralistas» que han hecho algunos partidos a los mineros que se están movilizando, y ha recordado que el sector también se movilizó en 2010, con el PSOE en el gobierno. «Lo que hemos hecho este tiempo es aguantar el tirón como hemos podido, pero ya no podemos más».

 

PSOE y PP se enzarzan por la devolución de la ecotasa en Extremadura

EFE.- El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha dicho que la Junta «llegará a un buen acuerdo» con las eléctricas sobre el impuesto a las instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA), y el del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, que fue «un boomerang» de Guillermo Fernández Vara que «llega al cuello» de los extremeños.

La anulación de la ecotasa extremeña le costará a la Junta de Extremadura más de cien millones de euros, ya que a los 73,5 millones reconocidos por la Administración regional el pasado año, se sumarán ahora los otros 28,5 millones correspondientes a 2009, según la sentencia del TSJEx que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo.

A juicio de García «seguro» que la Junta de Extremadura puede negociar con las compañías eléctricas sobre esta cuestión y que fruto de esta labor se logrará un acuerdo positivo para la Comunidad Autónoma.

No se ha mostrado de acuerdo el portavoz parlamentario del PP, que ha subrayado que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, lanzó «un boomerang» durante su etapa de gobierno entre 2007 y 2011″ que ahora se abalanza «al cuello» de los extremeños con un coste de unos 100 millones de euros en diversas causas.

En este sentido, el dirigente popular ha aseverado que a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, «se le encienden todas las luces rojas» por esta cuestión y que el PP ya advirtió sobre la inconstitucionalidad de esa medida.

Monago dice que el «varapalo» de la ecotasa impedirá cumplir objetivo déficit

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho hoy que la sentencia que obliga a la Junta a reintegrar parte de lo cobrado a las eléctricas por la llamada «ecotasa» supone un «varapalo» que va a tener «un efecto claro», pues «el señor Vara no va a poder cumplir el objetivo de déficit».

Monago ha reiterado que las compañías eléctricas, «en lugar de recurrir tanto a los tribunales, podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». En ese sentido, ha indicado que le parece paradójico que Extremadura «sea productor y exportador neto de energía y al final el domicilio fiscal de estas grandes empresas esté en Madrid y encima recurran a sus grandes bufetes de abogados determinadas decisiones que benefician a nuestra comunidad autónoma».