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Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

El PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno un informe que avala que el carbón autóctono bajaría la tarifa eléctrica

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una solicitud del informe que posee el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón autóctono como elemento que asegure el suministro energético en España, lo que abarataría la factura. Asimismo, el PSOE exigirá al Gobierno explicaciones oficiales al más alto nivel sobre el supuesto informe elaborado Ministerio de Industria en el que se aseguraría que el consumo de carbón nacional permitiría una reducción de la tarifa eléctrica de al menos un 3,52%.

Así lo anunció el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, que ya se ha coordinado con la diputada socialista leonesa María Aurora Flórez para que de manera inmediata registre en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Energía, que actualmente posee la competencia en la materia. Un informe «confidencial», difundido por lainformacion.com y atribuido al anterior Ministerio de Industria, en el que se asegura que «si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que se dispone, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,52%, con un ahorro de al menos 350 millones de euros anuales».

En contra de los españoles

El líder de los socialistas leoneses señaló que, de confirmarse esta información, «sería un escándalo que igualaría al exministro José Manuel Soria, de ingrato recuerdo, con el actual responsable de la cartera, Álvaro Nadal, ya que ambos habrían hecho todo lo contrario de lo que debían para beneficiar a los españoles, que ahora se enfrentan a una subida enloquecida del precio de la luz». Rodríguez pregunta «para quién están trabajando los ministros del PP y por qué ocultan este informe», y anunció que será una de las interpelaciones que el PSOE dirigirá al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas también requerirán al Ejecutivo popular que dé cuenta detallada de los términos de ese estudio, en qué momento se elaboró y si asegura que debe establecerse un incentivo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible. Rodríguez recordó que, además, Nadal aseguró el pasado diciembre en su primera comparecencia ante el Parlamento que no se quema más carbón autóctono en las centrales térmicas para «no encarecer el precio de la energía a todos los españoles». «Habría mentido porque ya tenía un informe que supuestamente dice lo contrario y que, probablemente, le pasó su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, que era secretario de Estado de Energía con Soria», finaliza.

Unidos Podemos pide el informe

Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, junto con otros compañeros del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso la demanda del informe que posee «hace meses» el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón. También han respaldado la petición de información al Gobierno otros diputados podemitas, como Sofía Fernández, Segundo González y Rafael Mayoral, además de la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Desde Podemos Castilla y León han abogado por el consumo de carbón autóctono durante las décadas en las que se desarrolle la «necesaria» transición energética, por lo que ve «imprescindible poder estudiar dicho informe hasta ahora oculto a la ciudadanía».

La posverdad llega al aumento del precio de la electricidad

Durante estos días venimos asistiendo a una formidable polémica alrededor del precio de la electricidad, motivada por la subida de precios en el mercado mayorista ibérico (ya no es español, exclusivamente). La realidad es que, dado que la tarifa tiene más componentes, esto afectaría en el recibo de enero de la tarifa regulada PVPC en una subida del 29%, pero no va a afectar directamente a los consumidores del mercado libre (más de la mitad de los consumidores de electricidad) y menos aún a los que tienen una tarifa plana.

Por su parte, los mercados mayoristas europeos vienen registrando está tendencia creciente por motivos estacionales, combinados con la evolución al alza de los precios del petróleo y del gas. El mercado eléctrico español está respondiendo correctamente, como instrumento que transmite señales de oferta y demanda, a través de los precios. Por lo tanto, ¿Cómo se está articulando la polémica? Tratando de extrapolar los crecimientos de determinados y concretos momentos puntas para que, falazmente, los usuarios piensen que esos aumentos serán los que se aplicarán directamente en su factura. Nadie dice nada, a contrario sensu, cuando hay horas que las casaciones de precios se hacen a 2,3 euros, frente a los 98,69 euros alcanzados este viernes.

En suma, un ejercicio de posverdad al estilo Trump, procedente de la comunicación política, hace que se genere una fuerte alarma en la opinión pública, orientada nuevamente a atacar el modelo de mercado en pos de un modelo intervencionista. Ese ha sido el verdadero objetivo de la campaña alrededor de esta cuestión: la movilización social y de las redes y el aprovechamiento a este fin.

Investigar los precios, otra vez

El Gobierno, por su lado, acosado por la incidencia mediática y de las redes, ha respondido de forma hasta cierto punto razonable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado decisiones en el mercado del gas, acelerado la regulación de un generador de mercado de gas (para intentar aumentar la oferta de gas). Asimismo, desde el punto de vista jurídico, para intentar dar una respuesta adecuada a la turba, se va a «investigar» la subida de los precios de la luz por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como se ha realizado en otras ocasiones y otros mercados (hidrocarburos). En principio no se anticipa una barbaridad como la que protagonizó Soria respecto a la abolición de las subastas CESUR.

Por su parte, los grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, se han apuntado a los postulados retroprogresivos de solicitar la auditoría de costes eléctricos, evidenciando que la política española (incluidos los supuestos liberales) todavía no atiende a las circunstancias de oferta y demanda como explicación de la escasez, en un momento determinado dentro del mercado, que determina consecuentemente los precios. Los costes no son los que fijan los precios en una economía de mercado.

Lo más destacable de este proceso de agitación (una campaña grassroot) es que, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha dado un salto cualitativo en la agitación  antimercado, ampliando el espectro de los clásicos portavoces intervencionistas de corte retroprogresivo a los tertulianos y todológos en los medios de comunicación generalistas que, en cada paso de sus pontificaciones, incorporan apostillas personales sobre la supuesta maldad y perversión del mercado y de sus agentes, sin comprender su funcionamiento real. Nunca se llegó tan lejos en la generación y difusión de la alarma pública, merced a una acción de mediatización ex catedra. Un problema complejo, con muchas derivaciones y consecuencias: el Sálvame de la posverdad llega a la energía.

El PSOE pide en el Congreso una auditoría de los costes de la tarifa y una reforma del mercado eléctrico

Europa Press.- El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado de la Energía, a llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética y a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico.

La iniciativa pide impulsar un pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad «mayor» que la de los últimos años, y facilitar la transición energética hacia un modelo «seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables». Asimismo, pide llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición «indispensable» para conocer cuánto cuesta producir la energía eléctrica, qué es lo que se paga en el recibo y lo que reciben los usuarios a cambio.

Asimismo, insta al Gobierno a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al «mínimo coste», que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética. Esto pasaría por reducir la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva una gestión «más eficiente» del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el grupo socialista, insta al Ejecutivo a aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. En el texto, el PSOE denuncia que los precios de la electricidad al por mayor se incrementaron más de un 30% el pasado mes de diciembre, desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. En enero, el precio siguió aumentando y está llegando a superar actualmente los 90 euros por MWh.

Asimismo, respecto a las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que informó de que la factura de la luz se encarecerá de media 100 euros más este año, lo que según el PSOE «intensificará la reducción de la renta disponible de los hogares, y en especial de los más vulnerables», al tiempo que conllevará una pérdida de competitividad de las empresas. Además, los socialistas señalan que el ministro anunció que había encargado un informe a la CNMC para ver qué elementos del sistema podían mejorarse. Sin embargo la CNMC ya indicó que no había abierto una investigación en profundidad ni había incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.

El PSOE pregunta al Gobierno si prolongará el funcionamiento de Cofrentes mientras vigilantes de la central nuclear denuncian presiones laborales

EFE.- El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa. Por otro lado, el diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado unas preguntas para que el Gobierno explique si tiene previsto prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.

El dirigente socialista ha reclamado información al Ejecutivo sobre los planes de gestión de los residuos nucleares y, en concreto, de la central valenciana, tras conocerse que la planta planea la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) para almacenar el combustible radioactivo agotado. «Es necesario que el Ejecutivo explique qué proyecto se va a ejecutar, por qué hay que construirlo en Cofrentes y si la futura instalación no supondrá un riesgo añadido para la central y su entorno», indicó. Ábalos señaló que esta medida se adopta «ante la previsible saturación en 2021 de la piscina donde se guardan hasta el momento» los residuos nucleares.

Según el diputado, «Iberdrola, la compañía que opera Cofrentes, ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar esta nueva infraestructura, que entraría en funcionamiento en 2019», una actuación que, a su juicio, choca con los planes previstos por el Gobierno para crear el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas. «Resulta sorprendente que este proyecto, previsto para 2011, esté paralizado mientras las centrales nucleares proyectan sus propios almacenes individuales». Por ello, el parlamentario ve «necesario que el Gobierno explique con qué argumentos permite que cada central actúe por su cuenta, mientras este proyecto sigue en los cajones».

Ábalos recordó, además, las críticas mostradas por organizaciones ecologistas y recalcó que la escasa información pública de este proyecto «nos lleva a pensar que detrás de esta actuación puede existir una intención clara de prolongar la vida útil de la central nuclear». El diputado socialista también exigió que el Gobierno explique si la puesta en funcionamiento del futuro almacén implicará una prórroga en la autorización para que la central siga operando más allá de 2021.

Vigilantes denuncian presiones y hostigamiento

Según el sindicato Alternativa Sindical, tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es «hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad«. «Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear», señalaron.

Desde Alternativa Sindical se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes. «Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo», indicaron las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según Alternativa Sindical, cuentan con el «beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola». Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad. Alternativa Sindical anunció que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia.

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.

Adrada del Pirón (Segovia) se opone a la instalación de un aerogenerador

EFE.– El municipio segoviano de Adrada del Pirón ha mostrado su rechazo a la instalación de un aerogenerador de casi 200 metros de altura a tan solo 500 metros del casco urbano por el impacto paisajístico, sobre el ecosistema y socioeconómico en la zona. El proyecto La Lastra, sometido a información pública en noviembre, causaría, según la alcaldesa (PSOE), Ruth Sanz, «un profundo malestar e inquietud en los vecinos» ya que la instalación «traería muchos más perjuicios que beneficios».

En primer lugar ha señalado el impacto paisajístico debido a la magnitud del aerogenerador, que, a su juicio, «condicionaría de forma permanente el paisaje del entorno del municipio». También la modificación del ecosistema y de toda la flora y fauna ya que el municipio segoviano se encuentra situado en una “posición estratégica”. Asimismo han lamentado los perjuicios socioeconómicos que afectarían, fundamentalmente, a los alojamientos rurales, derivados del impacto paisajístico y de la contaminación acústica. El diputado provincial socialista, Borja Lavandera, ha asegurado tras visitar los terrenos, que «el impacto negativo que produciría el aerogenerador en el Valle del río Pirón y en concreto, en el municipio es de dimensiones incalculables».