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Nadal llama «irresponsables” a los partidos que reclaman el cierre de las térmicas y rechazan el carbón en el mix

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Europa Press.- El PP alerta del cierre de las centrales térmicas que se produciría de aplicarse la moción de Podemos apoyada por PSOE y Ciudadanos en el Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha criticado la «drástica» moción en materia de carbón, que responde «meramente a motivos ideológicos», por lo que les recriminó ser unos «irresponsables» y «no conocer» la realidad del sector, al contrario del PP, que quiere que esté dentro del mix energético 2020-30.

Una decisión que, según consideraÁlvaro Nadal, «afectará al recibo de la luz de todos los españoles», cuando «el interés general es que el carbón esté para que las puntas de precio no sean muy altas«. «No estamos de acuerdo con un planteamiento que, de aprobarse en las condiciones que ha reclamado el Congreso, en 2020 dejarían de funcionar todas las centrales de carbón de España, por lo que la situación es muy grave», ha añadido. Nadal ha explicado que el Gobierno se encuentra en medio de una negociación con la Unión Europea sobre el futuro del carbón y lamenta que la postura mayoritaria del Congreso «no ayuda en absoluto«.

Según la legislación europea, mientras se cumplan los objetivos europeos en reducción de emisiones, cualquier país puede elegir el mix energético que considere, por lo que Nadal ha recordado que «si España, cumpliendo dichos objetivos, encaja las centrales de carbón porque son útiles desde el punto de vista económico, se pueden mantener«, mientras que la propuesta aprobada «las elimina, lo que no tiene sentido». No obstante, el ministro señala que «no todos los países están de acuerdo con propuestas así», por lo que se están buscando aliados dentro del Consejo Europeo para ver de qué manera «esto se puede modular».

Alerta contra el cierre térmico

Por otro lado, el diputado del PP, José Alberto Herrero, ha advertido de que la aplicación efectiva de la moción de Podemos conduciría al cierre de las centrales térmicas en Europa y, concretamente, de las centrales españolas más significativas, como las de Andorra (Teruel), Asturias o León. Herreno ha visto «sorprendente» que el PSOE se sumara finalmente a la iniciativa de Podemos defendiendo el mantenimiento de las energías de respaldo. «Es triste ver al PSOE adhiriéndose a esta moción a través de una transaccional que va al hilo de lo que dice la formación morada», ha lamentado el diputado popular.

«Todos los países tienen que defender el mismo fin, pero no los mismos medios», indicó Herrero sobre los objetivos nacionales en materia energética, «porque cada país tiene unas singularidades diferentes a la hora de incorporar otros tipos de energía, y en el caso español necesitamos de interconexiones con Europa porque España es una isla en términos energéticos». Según subrayó el diputado popular, aprobar las medidas contenidas en dicha iniciativa supondría el final de la central térmica de Andorra (Teruel), que para esta provincia española supone el 40% del PIB provincial.

El Congreso demanda al Gobierno elevar al 40% el objetivo de energía renovable y eficiencia energética en 2030 en España

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Europa Press.- El pleno del Congreso exige al Gobierno que defienda en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes ya que le pide que marque como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030 como objetivo nacional y vinculante, así como un 40% de eficiencia energética.

Así, la moción impulsada por Unidos Podemos, y acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos, recabó también el apoyo de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. El PP, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. El texto aprobado incluye otras medidas, como la defensa del acceso «en condiciones de prioridad» a la red eléctrica por parte de las energías renovables, la eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.

Asimismo, también llama a limitar, «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados». Si bien Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso cuando otras soluciones, como la interrumpibilidad, las interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes». En todo caso, para optar a pagos por capacidad se establece un umbral de emisiones no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.

Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la Unión Europea. Asimismo, llama a reforzar la cooperación entre las Administraciones y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% para alcanzar en 2050 el 100%.

Blanco (PSOE) garantiza que la “ambición” del Parlamento Europeo presionará para conseguir un objetivo de renovables del 35% para 2030

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Redacción / Agencias.- El diputado del Parlamento Europeo y ponente de la nueva directiva de renovables, José Blanco, ha adelantado que se está «a punto» de alcanzar un compromiso que va a garantizar que el Parlamento Europeo respalde la defensa de un objetivo del 35% de renovables para el horizonte de 2030 en las negociaciones con el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

En su participación en el Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA, Blanco consideró que los objetivos para 2030 de la Comisión Europea son «poco ambiciosos» y alejan a Europa del reto de la descarbonización para 2050. Por ello, el eurodiputado afirmó que se debe «ir más allá» del objetivo del 27% de cuota de renovables planteado por la Comisión Europea. Asimismo, defendió que los objetivos sean vinculantes para los países miembros y que los estados se comprometan con el desarrollo de las renovables, ya que en el caso de no ser así tendría «un impacto negativo, reduciendo la seguridad y la confianza de los inversores», para lo que también reclamó que no se hagan revisiones de derechos otorgados.

Pagos de capacidad en cuestión

Además, señaló que la necesidad de tecnologías de respaldo “no puede” representar «una excusa para subvencionar a las fuentes de generación contaminante a través de pagos por capacidad». Respecto al autoconsumo, Blanco subrayó que para su fomento es necesario empezar «por quitar las trabas burocráticas y los pagos de tasas» para la energía que no utiliza las redes. Finalmente, aseguró que la Unión Europea debe servir de «ejemplo y liderar el sector» ya que hay un interés que prevalece sobre otros, «el interés del futuro de nuestro planeta, de nuestra vida y nuestra salud», apuntó.

Transición energética, cogeneración y eficiencia en el XIII Congreso de Cogen España

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El XIII Congreso de Cogen España uncía este martes la posición del sector de la cogeneración, con lógica y razonabilidad, al proceso de la transición energética a través de la eficiencia energética. Su lema recogía el horizonte 2020 (y más allá). Hay que puntualizar que actualmente el proceso de transición energética en España es poco más que una sucesión de elementos discursivos y prédicas pendientes aún de concretar.

Así, en términos sustantivos, a día de hoy, lo que existe es un esbozo de expresión legislativa de los trabajos preliminares que conduzcan a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la puesta en funcionamiento de la Comisión recién creada a tal efecto. En paralelo, están los trabajos e iniciativas propias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que son vistos de reojo según qué países, entre ellos España.

Este proceso de transición energética abierto en lo formal, las subastas que se produjeron en el ámbito de la nueva potencia renovable, el final de la etapa más aguda de la reforma eléctrica, la incipiente recuperación económica y el cambio de equipo en virtud de la nueva configuración del departamento ministerial de Energía aparecido tras la remodelación del Gobierno ha supuesto una cierta suavización, en las formas, de las relaciones con la Administración con los sectores. Son hechos que han insuflado unas ciertas y moderadas expectativas en las distintas tecnologías de generación, principalmente las renovables y las más involucradas en la mejora de la eficiencia energética. Y ese ambiente se reflejaba este martes en el Congreso de la industria cogeneradora.

El Congreso ha reivindicado la eficiencia como vector a reforzar en la transición energética. En este sentido, la cogeneración, cómo mecanismo de generación de energía asociado  a otras actividades económicas  y productivas es una tecnología que es clave y, es evidente, debe participar en ese proceso de transición energética. La cogeneración ha sido descuidada en los últimos años por las distintas Administraciones hasta llegar al momento en el que estamos, aplazándose decisiones regulatorias fruto de una política energética caracterizada por el control acuciante de los precios eléctricos, con diferente fortuna.

Distintos elementos han causado esta cierta dejación de las políticas para ganar eficiencia energética y, en este caso, de la tecnología de cogeneración. En primer lugar, su propio desconocimiento y el silencio político y mediático alrededor de esta actividad, la falta de vistosidad de estos procesos de generación asociada a otros procesos productivos principales y el mantra retroprogresivo respecto al papel de las empresas, además de la cultura inversionista frente a las de optimización de la gestión de los recursos.

Lo que sí queda pendiente es el tiempo de las concreciones: el de la necesidad de mayor seguridad jurídica en el sector, que fue reclamada por la representante de Ciudadanos; la formulación que se realizaba de subastas de capacidad por tecnología que pedía el PSOE y que obligaría a un ejercicio de mayor concreción por parte del Ejecutivo del mix de generación y sus plazos;  la plasmación de las condiciones e impulso al plan Renove que parecía apuntarse desde el PP. Lo positivo es que hay consenso por parte de los grupos políticos respecto a la importancia de la eficiencia energética y de la cogeneración.

España tendrá anteproyecto de ley de cambio climático a comienzos de 2018

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EFE.- El Gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el que participan «prácticamente todos los ministerios» con el fin cumplir con el Acuerdo de París, en el primer trimestre de 2018, tras cerrarse ayer el plazo de recepción de propuestas para la norma.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de cambio climático del PP en el Congreso, Belén Bajo, durante su intervención en la jornada «Sobrevivir al Cambio Climático» organizada por Sociedad Civil para el Debate.

La mayoría de portavoces parlamentarios de cambio climático del resto de grupos políticos allí presentes han incidido, sin embargo, en que España «llega tarde» con esta ley para hacer frente a un problema «que requiere urgencia».

El director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñueales, ha recordado, de hecho, que «hasta un parlamento catalán dividido fue capaz de aprobar por consenso una Ley de Cambio Climático».

El portavoz parlamentario de cambio climático del PSOE, Ricardo García Mira, ha incidido en que si el Gobierno «estuviera comprometido con el cambio climático» no reduciría la partida dedicada a esta materia en un 47 % en los presupuestos de 2017, y «no mantendría a España en la cola de los países que apuesten por la fiscalidad verde».

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los ciudadanos preocupados por el cambio climático que «contribuyan a recuperar la política como herramienta para cambiar la realidad».

José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos, ha subrayado, por su parte, que la futura ley de cambio climático «tiene que suponer una auténtica revolución para el país».

Por su parte, Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España, ha reprochado a los representantes políticos que sus partidos «no estén lo suficientemente preocupados ni den al cambio climático la prioridad en la agenda que se merece».

Isabell Büschel, experta de la organización Transporte y Medio Ambiente, ha reclamado que la futura ley «sea transparente, y deje claro qué va a hacer España para descarbonizar su transporte -principal fuente de emisiones-«.

Finalmente, Carlos Sallé, director de Política Energética y Cambio Climático de Iberdrola ha subrayado que luchar contra el cambio climático «es una tarea titánica pero, al mismo tiempo, presenta grandes oportunidades sociales y económicas».

El PSOE confía en que el Gobierno busque la estabilidad energética para las empresas con la nueva subasta de interrumpibilidad

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EFE.- El portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Jesús Gutiérrez, expresó sus esperanzas, desde el «escepticismo positivo», en que el Gobierno central busque una estabilidad energética para las empresas tras el «parche» de 5 meses planteado para la próxima subasta eléctrica.

Jesús Gutiérrez ha querido transmitir un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de asignación de derechos de interrumpibilidad, aunque ha insistido en mostrarse escéptico. Lo ha hecho tras mantener una reunión con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, dado que en esta ciudad están radicadas 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España.

La propuesta del PSOE es eliminar los peajes de las tarifas eléctricas para que sean más beneficiosas para las empresas, establecer nuevas tarifas impositivas y que el plazo del servicio de interrumpibilidad sea como mínimo para un plazo de 2 a 3 años. «Eso es lo único que va a dar estabilidad a las empresas, es lo que garantizará que no haya deslocalizaciones y es lo que dará tranquilidad a los trabajadores», ha indicado Gutiérrez.

Gutiérrez quiso trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. El servicio de interrumpibilidad se plantea en la próxima subasta para sólo cinco meses, pero, en principio, para adaptar la normativa a las exigencias de Europa y establecer luego un sistema más estable para las empresas.

En ese punto, el PSOE es «escéptico» pero lo quiere ser, según ha indicado Jesús Gutiérrez, en positivo. «Somos escépticos porque el Gobierno de España nos tiene acostumbrados a no buscar las soluciones en el marco de la energía pero, a la vez, queremos abrir una puerta a la esperanza para que, de una vez por todas, atienda los requerimientos que se le vienen haciendo por parte del PSOE y por parte de los agentes sociales», ha recalcado el diputado.

El diputado socialista ha mostrado más confianza en el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que en su antecesor, José Manuel Soria, «que sabía mucho de turismo pero muy poco de energía y de industria, mientas que el actual creemos que sabe bastante más de industria y de energía». Por su parte, la alcaldesa ha indicado que éste es uno de los problemas más acuciantes que tiene la ciudad, y ha reconocido que es un tema que le «agobia» por la incidencia que tiene sobre la estabilidad de la industria, por lo que ve «imprescindible» buscar una solución al coste energético.

El PSOE de Álava pide a Nuclenor el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «lo antes posible»

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EFE.- El PSOE de Álava reclama a Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, que inicie el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa «lo antes posible». Los socialistas denuncian que después de que el Gobierno denegara la autorización de continuidad para Garoña aún «no hay constancia de que Nuclenor haya presentado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni al Ministerio la solicitud de desmantelamiento».

Por otro lado,  el PSOE exige la puesta en marcha de un plan de reactivación para los municipios de la comarca afectados por el cierre de Garoña. Ese plan, que debe incluir a las localidades alavesas de la zona, también tiene que contemplar «la implantación de energías renovables que mejor se adapten a la comarca» para que estas cubran una parte de la energía generada hasta ahora por la central.

El Gobierno se compromete ante Asturias a que un nuevo mecanismo de subasta de interrumpibilidad entrará en vigor en 2018

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EFE.- El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Así se lo trasladó en una reunión el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola.

Navia ha expuesto que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a las modificaciones previstas para mecanismos de asignación de retribuciones para el servicio de gestión y demanda de interrumpibilidad es «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado recientemente. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria tenga un precio final competitivo de la energía eléctrica «, ha precisado.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa. Además, ha subrayado que se implantará alguna otra medida para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales«. Por otra parte, el consejero ha indicado que pronto se podrá fijar una fecha para la firma del convenio marco del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, dependiente del Ministerio, con el Gobierno regional.

En relación a la regasificadora de Gijón, ha apuntado que espera que en este ejercicio el mecanismo administrativo de la planta regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por el Consejo de Estado. «Confiamos que antes de finales de este ejercicio podamos tener ya este primer punto para este otro gran objetivo como es la autorización definitiva y puesta en servicio de la planta regasificadora de El Musel», indicó.

Una oportunidad para el Gobierno

Del mismo partido que el Gobierno autonómico, el portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Jesús Gutiérrez, ha transmitido un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, ante el que se ha mostrado escéptico. «Entendemos la preocupación de la industria electrointensiva y de sus trabajadores ante los cambios anunciados por el Ministerio de Energía, que generan inestabilidad en un sector fundamental para la economía asturiana por los empleos y las inversiones que genera», ha indicado Gutiérrez.

El portavoz socialista ha querido trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. «El Gobierno tiene desde ahora la oportunidad de ir introduciendo mejoras para ir avanzando a un marco estable de la industria electrointensiva, tanto para ampliar la vigencia de la subasta de los paquetes de interrumpibilidad como en lo relativo a los peajes de acceso a la red, como en la fiscalidad que redunde en un precio final de la energía competitivo», ha señalado. El PSOE asturiano espera «con un escepticismo positivo» que el Ministerio recoja todas sus demandas».

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

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Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.