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El presidente de Asturias rechaza «explícitamente» la resolución parlamentaria sobre reducción de emisiones pues supondría el cierre de las térmicas

Europa Press.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha mostrado su rechazo «explícito» a la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, apoyada por el PSOE, relativa a la reducción de emisiones de CO2 en el marco de las directivas europeas del denominado paquete de invierno. «Si eso se llevase a cabo, todos los grupos térmicos de carbón estarían abocados al cierre», ha advertido. No obstante, ha rechazado que dicha resolución suponga «el fin del carbón nacional».

Haciendo alusión al cierre anunciado por Iberdrola de la central térmica de Lada, ha señalado que la clausura «anticipada» de las térmicas supondría una nueva reconversión industrial para Asturias que en este caso afectaría al polo energético formado por las propias centrales, los empleos directos e indirectos, la logística y el impacto sobre el movimiento portuario. «Por eso conviene estar alerta y pronunciarse con nitidez y rotundidad: precipitar el cierre es un error y perjudicaría gravemente nuestra actividad industrial», reiteró.

La descarbonización de la economía, ha explicado el presidente del Principado de Asturias, equivale a proclamar el fin de la combustión, lo que supone «uno de los mayores desafíos de los próximos años». Si se hace mal, ha advertido, se puede provocar además un alza del precio de la electricidad, tanto para los consumidores domésticos como para los industriales. «¿Hace falta resaltar que Asturias concentra industrias electrointensivas?», se ha preguntado.

El Gobierno se muestra dispuesto a eliminar las trabas administrativas al autoconsumo

Europa Press.– El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó que el Gobierno está «abierto a la eliminación de las trabas administrativas» en el autoconsumo y a la apertura de espacios de colaboración con los sectores involucrados y los consumidores. Navia aboga por mirar al futuro y abandonar debates pasados. «Tenemos la oportunidad única de reconducir y reactivar la agenda de colaboración» entre la Administración y el sector, subrayó.

Navia resaltó el alto desarrollo de la tecnología fotovoltaica «que ya compite sin apoyos, o con apoyos reducidos» y el papel crítico que jugará en el futuro sistema energético. Asimismo, ha destacado la importancia de una regulación que compatibilice los objetivos marcados en renovables con el bienestar de la sociedad. Por último, Navia se refirió a la nueva subasta de renovables que se celebrará en las Islas Canarias y Baleares en el primer trimestre de 2018 y destacó los esfuerzos de la Administración para que el calendario regulatorio para el desarrollo e implantación de los 4.000 MW de energía fotovoltaica obtenidos en la pasada subasta sea lo más rápido posible.

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha lamentado la intención del Gobierno de reducir la rentabilidad razonable de las renovables y sus consecuencias negativas para los propietarios fotovoltaicos. Asimismo, el presidente de UNEF ha vuelto a defender un autoconsumo liberalizado, sin barreras económicas ni administrativas y como un elemento «imprescindible» en la lucha contra el cambio climático.

En el ámbito europeo, la jefa de Unidad de Renovables y Política CCS de la Comisión Europea, Paula Abreu, ha destacado el crecimiento de la energía fotovoltaica un 50% por encima del resto de energías renovables, así como el papel destacado de esta fuente en la transición energética. La Comisión, según Abreu, se ha marcado el objetivo de conseguir que como mínimo el 27% de la energía consumida en 2030 sea de fuentes renovables. En este sentido ha señalado la importancia del incremento de las inversiones, que son muy destacadas en el caso de Reino Unido y Alemania, y el rol destacado del autoconsumo energético.

Por su parte, el eurodiputado socialista José Blanco, destacó la propuesta consensuada por la casi la totalidad de las formaciones políticas del Parlamento Europeo para ampliar los objetivos de la Comisión Europea y establecer un 35% de energías renovables para 2030. Por ello, Blanco ha abogado por reforzar la seguridad jurídica del sector para alcanzar un marco jurídico estable, y pidió que se fomente el autoconsumo más allá de lo que establece la Comisión Europea, para evitar el impuesto al sol, estableciendo criterios para compensar a aquellos autoconsumidores que viertan su excedente a la red.

Nadal asevera que la política es la que debe decidir qué térmicas o ciclos se cierran y no las empresas

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha revelado que algunas compañías eléctricas han solicitado no solo el cierre de centrales nucleares o de carbón, sino también de ciclos combinados de gas. En este sentido, Nadal asevera que la política es la que debe decidir qué centrales térmicas se cierran o no. «No estoy de acuerdo en que lo decidan las empresas y punto», ha asentido.

«Hay a quienes les interesa retirar las ofertas energéticas del carbón porque son más baratas que las del gas para que suba el precio», ha subrayado Nadal, tras recordarle a la senadora del grupo socialista, Rosa María Aldea, que el PSOE «se está aliando con aquellas eléctricas que quieren subir el precio y que se está posicionando en contra del consumidor por motivos ideológicos«. En esta línea, ha recriminado al Grupo Socialista que no haya mostrado su apoyo para impulsar una normativa que sería «más fuerte» si tuviese rango de ley. Además, Nadal ha recordado que está defendiendo estas centrales porque «son útiles para el consumidor» y que está haciendo «todo lo que puede» sin la ayuda de los socialistas.

«Las centrales térmicas son buenas para España», ha apostillado Nadal tras asegurar que el cierre de las térmicas es «un problema muy serio» porque va a acabar subiendo el precio si el Gobierno no gana «la batalla» a las empresas que apuestan por cerrar plantas térmicas. El Ministerio activó recientemente un decreto para regular el cierre de las centrales eléctricas en España, que tendrá carácter retroactivo, y que debe ser «compatible con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía». La senadora del grupo socialista, por su parte, considera que este decreto es «insuficiente» y que «no despeja las dudas sobre el futuro del sector ni responde al problema», aunque «sí que mete dudas».

Cierre de ciclos de gas

«Tenemos numerosas peticiones de cierre de centrales, no solo de carbón, también de gas», desveló Nadal, que señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal ha explicado que mediante este real decreto se pretende adoptar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

A este respecto, ha abogado por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear, que no genera CO2, o el carbón, y aseguró que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano. Nadal recordó que con condiciones meteorológicas que propicien la generación hidrológica y el viento, la electricidad es más barata.

Respecto al sector de hidrocarburos, ha explicado que el precio del barril de petróleo se ha asentado en los 60 dólares debido al acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí, lo que se traduce en un incremento en los precios de los carburantes, si bien en España el impacto llega «escalonado», además de que el Gobierno «vigila mucho» los márgenes de comercialización que tienen las petroleras.

En gas, explicó, ocurre algo similar, al estar indexado al precio del crudo, y en los derivados como el butano, pese a la subida del 2,1% de la última revisión, el precio de la bombona se sitúa en 14,45 euros, muy por debajo de los 25 euros que cuesta en Francia o los 33 de Alemania. La actual fórmula de precios de la bombona hace que no se hayan repercutido las subidas de la materia prima con toda su intensidad.

El PSOE propone a Jorge Fabra, exconsejero de CNE, consejero del CSN para sustituir a Cristina Narbona

Europa Press.- El PSOE ha propuesto el nombramiento de Jorge Fabra como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó a petición propia, para ocupar la Presidencia del PSOE. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente, que actualmente es Fernando Martí, y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la Vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Empezará a trabajar en 2018

El Gobierno nombrará al consejero por Real Decreto a propuesta del Ministerio y tras su comparecencia ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, los diputados expresarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes y se dará por aceptado el nombramiento una vez transcurrido ese plazo si no hay una manifestación contraria expresa del Congreso.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».

El PSOE insta al Gobierno a comprar vehículos eléctricos para la Administración y el transporte público

Europa Press.- El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a poner en marcha medidas que potencien la movilidad eléctrica en el transporte público, así como la promoción del vehículo eléctrico de uso privado. El objetivo de esta iniciativa es que «las administraciones sean ejemplarizantes y se sumen a las iniciativas de compra de vehículos eléctricos, además de todas aquellas entidades que reciben fondos públicos«, ha explicado el portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira.

El diputado pone en relieve las cifras actuales que llevan a su partido a solicitar al Gobierno unas políticas «de reducción de emisiones más efectivas». Así, destaca que son más de 520.000 las muertes prematuras en Europa, 30.000 en España, como consecuencia de la contaminación. En este sentido, apunta que el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son consecuencia del transporte.

El responsable socialista en materia de Cambio Climático destaca también que «España debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 95% hasta 2050 para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea». Unas cifras que, a su juicio, no se pueden garantizar actualmente. García Mira ha explicado que una reducción de este calibre implicará pasar de emitir 329 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2014 a emitir entre 14 y 88 millones de toneladas de CO2 en 2050.

«La consecución del objetivo de reducción de emisiones pasa, en consecuencia, por potenciar la electrificación del transporte de pasajeros y por incidir en el cambio modal a ferrocarril y en la electrificación del transporte de mercancías», ha insistido el diputado socialista. Por todas estas razones, la propuesta del PSOE apuesta por un conjunto de medidas tales como, crear un observatorio del vehículo eléctrico para la coordinación de las diferentes administraciones públicas, planificación y seguimiento de la penetración del coche eléctrico, y análisis de la efectividad de los programas de incentivos y fomento de la infraestructura de recarga de acceso público.

García Mira también ha destacado otras medidas de la iniciativa como «establecer objetivos a 2030 y desarrollar un plan de incentivos económicos a la adquisición de vehículos eléctricos; definir y desarrollar un modelo de despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público, así como políticas que incentiven la compra de dichos vehículos y para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares«.

En otro orden de cosas y con el objetivo de descarbonizar el transporte terrestre de mercancías, también «se insta al gobierno, en colaboración con todas las administraciones competentes en la materia, a llevar a cabo una planificación de las infraestructuras ferroviarias destinadas específicamente al desarrollo del transporte de mercancías, en el horizonte de los próximos 15 años», resaltó el socialista.

Por otro lado, en relación al uso del gas natural licuado (GNL), García Mira asegura que la iniciativa registrada pide, igualmente, «una planificación de las inversiones a realizar para instalar en los principales puertos españoles sistemas de suministro de GNL a buques, así como incentivar las inversiones por parte de armadores para la adaptación de los buques al consumo de GNL«, entre otras muchas medidas acompañadas de ayudas económicas específicas.

PSOE pide regular la figura del consumidor vulnerable relativa al bono social

EFE.- El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se regule «adecuadamente» la figura del consumidor vulnerable en relación con el bono social eléctrico.

Los socialistas piden que se reforme el real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

También quieren que se apruebe una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según ha informado hoy el PSOE en un comunicado.

El real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable asociándola a determinados umbrales de renta, y establece tres categorías: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social.

Según la norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago, si las administraciones competentes en servicios sociales no abonan, al menos, el 50 % de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan el suministro.

Según la portavoz socialista de Servicios Sociales, Elvira Ramón, «numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que ésta no es la manera adecuada de abordar el problema».

Además, Ramón ha denunciado el «importante impacto presupuestario en ayuntamientos y CCAA» que supone esta medida, que no está «ni previsto ni pactado» en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, así como las «desigualdades territoriales» que puede conllevar.

El grupo socialista reclama que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable» de manera que «no se haga recaer en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales».

Los PGE no contemplan el impacto de la medida y el Gobierno traslada a las CCAA y a los ayuntamientos «una enorme carga económica sin ninguna compensación y una sobrecarga de gestión a los profesionales de servicios sociales, que cada vez tienen más demanda y menos recursos», ha criticado.

Igualmente, el real decreto incorpora como beneficiarios a las familias numerosas, sin tope de renta, mientras que las familias monoparentales o las personas que viven solas no son tenidas en cuenta, ha lamentado.

Blanco (PSOE) plantea impedir desde la Unión Europea los cargos al autoconsumo con una regulación impulsada a nivel comunitario

Javier Angulo / Bruselas.- El eurodiputado socialista y ponente de la directiva de energías renovables, José Blanco, ha avanzado que el Parlamento Europeo impulsará una regulación del autoconsumo que impida cargos como el denominado impuesto al sol (término rebatido recientemente por el Tribunal Supremo), en los que el autoproductor tiene que contribuir a los costes del sistema como las redes. Blanco propone que la energía autoconsumida no tenga que afrontar estos cargos, abonando el uso de las redes cuando se pretenda verter energía al sistema.

De todos modos hay que recordar que el papel de Blanco es el de conseguir que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo fijen una posición desde la que negociar a lo largo de 2018 con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por tanto conviene subrayar que cualquier cambio regulatorio no será en el corto plazo ya que a nivel comunitario no entrarán en vigor hasta 2020. El 28 de noviembre se votarán en la Comisión de Energía 7 informes para definir el sector energético de Europa en la próxima década, entre ellos el informe sobre renovables de Blanco, aunque la postura del Parlamento no será definitiva hasta que se apruebe en pleno en la primavera del 2018.

En lo que respecta a los objetivos de Energía y Clima para 2030, la propuesta de Blanco es conseguir una cuota de renovables del 35% sobre el consumo de energía final, lo que supondría añadir más ambición a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que fija esta meta en el 27%. Según Blanco, hay un mayoritario consenso en las instituciones europeas respecto a que el avance tecnológico ha dejado desfasada la cifra del 27% y desde el Parlamento Europeo han insistido a la Comisión para actualizar los datos de la inversión que supondría este avance hacia las renovables y la descarbonización de la economía. De hecho el comisario Miguel Arias Cañete ya ha hablado de un mínimo del 30%.

En este punto el eurodiputado socialista ha arremetido contra “la hipocresía de muchos Gobiernos, que aplauden los acuerdos de París sin poner en marcha la senda adecuada para cumplir esos objetivos”. Precisamente Blanco subrayó que el PP Europeo y países como España son los que están mostrando mayores reticencias a esta meta para 2030. “Un país con un gran potencial de renovables como es España no puede trabajar a la contra de este objetivo con las interconexiones como excusa”, subrayó Blanco, que tampoco quiso restar relevancia a las conexiones energéticas de la Península con Europa ya que desde el Parlamento Europeo se pretende fijar una meta del 15% de interconexión respecto a la potencia instalada del sistema eléctrico en 2030.

Por otro lado, en este encuentro con periodistas españoles y portugueses previo a la Conferencia de Energía que se celebra este martes en Bruselas, Blanco insistió en que los objetivos de Energía y Clima para 2030 deben mantener su carácter vinculante para los Estados miembros, no solo en lo que respecta al objetivo europeo sino también en los específicos de cada país, tal y como se fijaron para 2020, ya que es un instrumento “que ha funcionado bien”, propiciando un avance tecnológico que ha bajado considerablemente los costes de las energías renovables. “Renunciar a establecer objetivos vinculantes supondría introducir incertidumbre en el sistema”, aseveró Blanco.

El eurodiputado socialista ha avanzado que se pretenden introducir medidas para reforzar la seguridad jurídica para los inversores, evitando medidas que supongan perjuicios con carácter retroactivo. Blanco reconoció que se pretende introducir “clausulas de penalización” para los Estados miembros que incumplan lo establecido sobre retroactividad en las futuras directivas europeas, pero descartó cualquier opción de resarcir a los inversores afectados por medidas del pasado. En clave española denunció que los arbitrajes internacionales sí que van a resarcir a los inversores extranjeros por los recortes retributivos realizados a las renovables en la reforma eléctrica de 2013, por lo que demandó que “ante el mismo hecho, los tratamientos tienen que ser iguales pues, en caso contrario, se estaría consolidando una injusticia insoportable”.

En materia de las renovables en el transporte, Blanco defendió fijar un objetivo entre el 10% y el 12% de biocombustibles para 2030, aunque parece una meta más difícil de lograr por las reservas que expresa la izquierda europea y los sectores ecologistas hacia la sostenibilidad de los biocombustibles. En este sentido, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, se mostró más partidaria de fijar objetivos sectoriales que cifró en un 9% de renovables en el transporte por carretera y de un 6,8% en el sector de la aviación. Finalmente, la eurodiputada lamentó que desde instancias europeas no se puedan tomar medidas efectivas contra la pobreza energética por la negativa de la derecha a tramitarlas.

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.

El PSOE asturiano considera «una barbaridad» el cierre de las térmicas en 2020 que apoyó el PSOE en el Congreso

Europa Press.- Mientras el PSOE de León pide al secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, que rectifique su posición sobre las térmicas y el carbón, el secretario general del PSOE de Asturias, Adrián barbón, se ha mostrado rotundo y ha considerado «una barbaridad» el cierre de las térmicas en 2020, una cuestión que «no va a respaldar». Barbón se ha mostrado así contrario a la decisión que el Grupo Socialista adoptó en el Congreso de los Diputados apoyando la iniciativa de Podemos.

«La credibilidad de las personas se basa en la coherencia y si hace dos meses dije que estaba totalmente en contra del cierre de las térmicas porque consideraba que era una locura y hablaba de la necesidad de una transición justa, pues si lo dije entonces lo digo hoy», ha dicho Barbón. Así ha insistido en que su posición como secretario general del PSOE de Asturias es defender una transición justa, una posición que imagina “mayoritaria en los socialistas asturianos».

Piden rectificar a Pedro Sánchez

Por su parte, el secretario general de los socialistas leoneses, Tino Rodríguez, ha enviado una carta al secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, en la que le solicita una rectificación «inmediata» al voto a favor de una medida propuesta por Podemos que pone en peligro la continuidad de las centrales térmicas, en especial las tres existentes en León, y «asesta un duro golpe al carbón». El líder de los socialistas leoneses cree que este cambio de actitud del PSOE contraviene los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez en León con los militantes leoneses y le pide que rectifique, que cambie de posición y no le dé la espalda a unas cuencas mineras que han confiado de manera mayoritaria en el PSOE.

Tino Rodríguez ha argumentado que los socialistas leoneses, «y con especial intensidad los alcaldes y militantes de los municipios mineros», han combatido «férreamente» el azote que ha sufrido el sector minero de carbón como consecuencia de los recortes y «maltrato ejercido por el PP desde la llegada de Rajoy al Gobierno de España«. El secretario provincial del PSOE ha indicado que está «radicalmente en contra» de la decisión que el Grupo Socialista adoptó en el Congreso de los Diputados, una decisión «cortoplacista y sin consenso en el seno de la Unión Europea que, de llevarse a cabo, supondrá la muerte total de las cuencas mineras».

Garantizar la seguridad de suministro

Rodríguez también ha recordado que los socialistas leoneses defienden que, en el modelo de transición energética que pudiera llegar a desarrollarse, el carbón autóctono sea reserva estratégica para «garantizar la seguridad de suministro y juegue un papel clave dentro del mix energético nacional» y añade que el PSOE de León defiende la pervivencia de las centrales térmicas «como un elemento de seguridad de suministro eléctrico».

Por último, Tino Rodríguez ha apostado por la defensa de la aprobación inmediata de un marco legal de garantía de suministro a través del denominado despacho preferente, que blinde el uso de combustibles fósiles autóctonos bajo la consideración de servicio público a través del mecanismo que se contempla en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que países como Eslovenia y Eslovaquia tienen operativo en la actualidad.