Entradas

El PSOE acusa al Gobierno de «empobrecer al país» con su política energética ante las subidas de la luz

Europa Press.– El secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha denunciado que «la política energética del Gobierno empobrece al país” ya que «mientras el ministro Nadal sigue defendiendo su política energética como la única posible para contener los precios y Mariano Rajoy argumenta que no son cosas que se puedan cambiar inmediatamente, las familias españolas siguen sufriendo en sus ajustadas economías el impacto de los progresivos incrementos del recibo de la luz».

Asimismo, ha subrayado que la pobreza energética vuelve otro invierno más a «ocupar el centro de las preocupaciones de los ciudadanos», que ven cómo sus dificultades para cubrir sus necesidades básicas de luz y calefacción no sólo no obtienen soluciones por parte del Ejecutivo, sino que bien al contrario «se cronifican con el paso del tiempo». Para Morán, ni el actual mix energético, «totalmente superado por la realidad tecnológica y absolutamente condicionado por la brutal dependencia exterior, ni el obsoleto mercado de la electricidad heredado del pasado siglo han sido capaces de responder a las necesidades actuales de la sociedad».

Equilibrar justamente costes y precios

Así, ha subrayado que el Gobierno “se erige como el mayor obstáculo para una transición que ya han abordado la mayoría de países de nuestro entorno». Por ello, ha pedido «enfrentar sin dilación» la transición energética que libere a España «de los grilletes de la importación de recursos fósiles y de una cuestionable gestión de mercado que empobrece las economías familiares y castiga la competitividad de las empresas”. De esta manera, ha asegurado que «ya es hora de construir» un nuevo mix basado en recursos autóctonos, convenientemente regulado, que posibilite un mercado que «equilibre de forma justa costes y precios».

El fracking protagoniza una pugna entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha sobre las competencias autonómicas mirando al País Vasco

Europa Press.- El PP y el PSOE han discrepado sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha interpuesto contra determinados preceptos de la ley antifracking de Castilla-La Mancha. Si la diputada autonómica popular Claudia Alonso ha recordado que en el debate parlamentario de la norma «quedó claro» que la Administración regional no tenía competencias en esta materia, la portavoz autonómica del PSOE, Cristina Maestre, ha recordado al Ejecutivo central que en otras comunidades el recurso «no les ha salido bien«.

Preguntada por este asunto concreto en una rueda de prensa, Alonso ha defendido que de llevarse a término este recurso «será por intromisión de competencias». «Aunque no estemos de acuerdo con que se hagan estas actuaciones en suelo castellano-manchego, que se dediquen a legislar cosas que son de nuestra competencia», le pidió la parlamentaria de la oposición al Ejecutivo autonómico.

Visión distinta tiene la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, pues ha afirmado que con este recurso el Gobierno de Rajoy «demuestra una vez más que tiene obsesión por traer a esta comunidad todo lo negativo y quitar lo que necesitamos: ya nos han traído un basurero nuclear y ahora no quieren que se aplique esta norma«. Tras asegurar que el Ejecutivo regional «estará a lo que diga el Tribunal Constitucional», advirtió al Gobierno central que en otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, el recurso «no les ha salido bien».

Cristina Narbona considera «incomprensible» que España sea uno de los países de la Unión Europea que frena la ambición climática

Europa Press.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamenta que el Gobierno español sea «uno de los pocos» que están frenando una mayor ambición de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático de forma «totalmente incomprensible teniendo en cuenta las capacidades de España para crear empleo y generar nuevo tejido productivo en este ámbito«.

Con motivo de la publicación del libro Soñando el futuro, escrito por Cristina Narbona y Ana Etchenique, Narbona ha criticado que en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que de momento «no aprecia» un enfoque integrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, «incluso se aprecian contradicciones entre los planteamientos de sendos departamentos».

Por ello espera conocer pronto la propuesta del Gobierno para poder contrastarla con la iniciativa socialista en esta materia. Precisamente, ha explicado que una de las primeras resoluciones aprobadas por la dirección actual del PSOE, que ahora preside, fue la relativa al cambio climático y la transición energética. En ese documento el PSOE expone las cuestiones «imprescindibles» para que España recupere el tiempo perdido desde 2011. Además, Narbona ha recordado que la formación política ha impulsado la creación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que preside la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que prepara «propuestas concretas».

En materia de cambio climático, no cree que la ambición mundial se relaje tras la anunciada posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Narbona asegura que «afortunadamente» su postura no la comparte «un número muy elevado» de Estados, ciudades y empresas del país. Sin embargo, considera «fundamental» que la Unión Europea «eleve» su nivel de ambición como solicita el Parlamento Europeo y que, al mismo tiempo, impulse fuera de sus fronteras la transición energética y la adaptación al cambio climático, en particular en los países más vulnerables.

Para la exministra de Medio Ambiente, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Ejecutivo deberá garantizar los objetivos a 2030 y 2050 que le corresponden a España y, para ello, apuesta por establecer los incentivos adecuados, tanto fiscales como regulatorios, así como por una «reforma en profundidad» del mercado eléctrico con el fin de favorecer el uso «creciente» de renovables.

Asimismo, señala que esto hará necesaria una nueva regulación del autoconsumo «en línea con el resto de países desarrollados» y, en materia de energía nuclear, recuerda la propuesta socialista de cerrar de forma gradual las centrales cuando cumplan los 40 años de funcionamiento. Eso sí, considera necesarias medidas «concretas» para garantizar una «transición justa» en materia de empleo y de precio de la energía sobre todo en las comarcas con minería o centrales térmicas, así como próximas a centrales nucleares.

Fin de ayudas al carbón

En materia de carbón, la presidenta del PSOE niega que haya discursos diferentes sobre esta fuente de energía fósil en Castilla y León y Asturias que a nivel nacional y afirma que el planteamiento del partido es el de las resoluciones de su 39º Congreso Federal, que apoya el carbón autóctono como reserva estratégica, la eliminación de las ayudas al carbón importado y el desarrollo de medidas para una transición justa en las comarcas mineras.

En ese sentido, señala que se ha propuesto al Gobierno que haya incentivos específicos para realizar subastas de energías renovables en dichas comarcas, para promover nuevas actividades industriales y de servicios y recuperar en estos territorios «al menos una parte de los 80.000 empleos» que se perdieron desde 2011 en España por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables. Sin embargo, ha criticado que esto se lo trasladó al Gobierno como condición a un apoyo del PSOE a una «posible» normativa para condicionar el cierre de centrales térmicas y nucleares, pero «el ministro rechazó estas condiciones» y le acusa de haber pretendido después enfrentar internamente al PSOE.

Respecto a su sucesor en el cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, recién nombrado por el Gobierno, Narbona defiende su nombramiento para relevarle porque «reúne las mejores características» para ocupar su puesto. Eso sí, ha acusado al Gobierno de haber tardado casi seis meses «inexplicablemente» para remitir la propuesta para su preceptivo informe del Parlamento, al que rinde cuentas el regulador. Así, confía en que su incorporación al CSN contribuya a mejorar la transparencia y la independencia del organismo. «Lamentablemente he tenido la experiencia de cambios en sus prácticas y en la normativa sobre seguridad nuclear muy condicionados por decisiones empresariales o políticas», ha apostillado.

De su paso por el CSN cree que el ejemplo «más notable» de esta acusación fue el expediente de evaluación de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha recordado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se estaban cambiando las normas para favorecer esta reapertura. Finalmente, la planta burgalesa se cierra por el elevado coste que supondrían las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Finalmente, Narbona confiesa que está «en esa edad donde ya se tiene mucho más pasado que futuro» pero que vive «con intensidad un presente muy gratificante» tanto en lo personal como en lo político. «He tenido el privilegio de asumir muchos retos a lo largo de mi vida; no tengo más ambición que la de contribuir a consolidar el proyecto socialdemócrata renovado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez», asegura Narbona, que considera este proyecto «crucial» para que en España se reduzcan las «graves desigualdades» sociales y se emprenda una transición ecológica de la economía que garantice un futuro «más seguro, más justo y más duradero».

Energía esgrime que el Constitucional solo cuestiona la forma de aprobar la indemnización de 1.350 millones de Castor al anularla

Europa Press.- El Tribunal Constitucional ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley, aprobado en octubre de 2014, que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS. En este sentido, el Ministerio de Energía ha señalado que el Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación.

El departamento que dirige Álvaro Nadal resalta que la sentencia del Constitucional no declara la inconstitucionalidad del texto íntegro del real decreto ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un «motivo formal». En esta línea, el Ministerio apunta que la sentencia no se opone al esquema de las indemnizaciones, sino que cuestiona la fórmula utilizada para su aprobación, puesto que considera que no se cumplían los supuestos de «extraordinaria y urgente necesidad» que se exigen para la aprobación de un real decreto ley.

Igualmente, señala que el Constitucional no concluye «en ningún caso» que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento, sino que subraya que hubiera bastado que la decisión se hubiera aprobado a través de un procedimiento legislativo ordinario de urgencia, en lugar de por un real decreto. Ante esta situación, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asegura que adoptará las medidas «oportunas» una vez que haya estudiado «en profundidad» la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

El Constitucional admitió «parcialmente» los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Cataluña, así como por la Generalitat catalana y por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Efectivamente, este organismo declara «inconstitucionales y nulos» los artículos 4 a 6 y precisa que no ve ninguna razón para haber aprobado dicha compensación mediante un decreto ley, puesto que esta medida únicamente está justificada ante la existencia de una situación «de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente».

En su sentencia, el Tribunal no entra en el fondo de la cuestión sobre la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en la forma de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. En 2014, el Gobierno aprobó un decreto en el que se reconocía esta compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se repercutiría durante 30 años en la tarifa de gas.

No obstante, el fallo señala que «no se ha aducido ninguna razón» que acredite la existencia de «una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente» con el Real Decreto. Asimismo, destaca que ante la utilización del decreto-ley como instrumento de habilitación de créditos, el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una determinada operación no es un «argumento válido para justificar la situación de extraordinaria y urgente necesidad requerida en la Constitución, «si no va acompañado de una justificación adicional» que explicite las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de ejecutarse «en unos términos y plazos tan perentorios«.

Además, considera que, admitida la existencia de una situación de urgente necesidad que por los movimientos sísmicos habidos en el entorno de la instalación de almacenamiento de gas Castor pondría en riesgo de personas, bienes y el medio ambiente se ha convenir, tras un examen particularizado de las circunstancias concurrentes en el presente caso, en que las medidas adoptadas en los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley «no guardan la debida conexión de sentido con dicha situación y su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes del Derecho que no encuentra cobertura en la regulación que del artículo 86.1 contiene nuestra Constitución».

Por contra, el tribunal sí que avala la constitucionalidad que regula la hibernación de las instalaciones, así como la atribución de su administración a una nueva empresa. La actividad de Castor se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, movimientos sísmicos. El almacenamiento fue puesto en hibernación en 2015 y este año se conoció un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que concluyó que los terremotos, de hasta 4,3 magnitud Richter, fueron causados por las inyecciones de gas en el silo.

El PSOE y Cecot critican que el Gobierno «antepuso los intereses privados a los generales» con la indemnización de Castor

Europa Press.- Al igual que organizaciones empresariales e industriales, como la patronal catalana Cecot, el diputado del PSOE por Castellón, Artemi Rallo, expresó su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto que contemplaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, Escal UGS, y asegura que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo «tan urgente» para la indemnización, «antepuso los intereses privados a los generales».

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de «arbitraria e injustificada», pues el decreto ley «hacía que se abonara de forma inmediata, en 30 días, una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años». «Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado», asevera el diputado, quien considera que el Gobierno «ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal». Rallo ha resaltado el papel del Grupo Parlamentario Socialista, que promovió el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional, con el cual adquiere «rango de verdad judicial» lo que el PSOE ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy «no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar«. Como el PSOE puso de manifiesto entonces, estaba «fuera de toda lógica» que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una «despiadada» política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, «a todas luces injusta».

El PSOE ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma «tan rauda y veloz» una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez, que tenía una participación mayoritaria en Escal UGS. «Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica», concluyó.

Entidades industriales celebran la sentencia

Diversas entidades del sector industrial han celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional, así como desde la patronal catalana Cecot, y han garantizado que han seguido de cerca las gestiones del caso por la incidencia en los consumos de determinadas industrias «como resultado de la mala gestión de la administración del Estado», según indicó la patronal. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha criticado que «no es de recibo que el coste lo tengan que asumir los consumidores» por un problema de planificación y mala gestión.

Alianza Mar Blava seguirá «vigilante» en 2018 hasta que se archiven de manera definitiva todos los proyectos de prospecciones petrolíferas

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha avanzado que este año seguirán trabajando para lograr el archivo «definitivo» de varios proyectos de prospecciones que todavía “amenazan” el Mediterráneo. «Hasta que no veamos en el BOE que se archivan definitivamente, vamos a seguir vigilantes y vamos a trabajar para que el corredor de cetáceos tenga un buen plan de uso y gestión», indicó su secretario técnico, Carlos Bravo.

Según ha recordado Bravo, este plan «es muy importante» y ha deseado que sea «eficaz» y esté «bien hecho» porque no quieren «que sea una figura que quede sólo protegida sobre el papel». «Vamos a trabajar para generar que haya un plan para reducir los niveles de ruido submarino en la zona y que haya áreas tranquilas para los cetáceos, con medidas de reducción de actividades o regular el tráfico marítimo para evitar que transcurra por determinadas zonas», ha explicado.

Bravo también ha recordado que seguirán la Proposición no de Ley presentada en el Congreso por el PSOE para que «llegue a ser una realidad» y puedan prohibirse en todas las aguas nacionales las prospecciones de hidrocarburos. «Es un tema que no dejaremos de trabajar en él», añadió Bravo, recordando que la Alianza también se centrará en fomentar las energías renovables, entre otros proyectos. La Alianza Mar Blava celebra que se haya protegido internacionalmente al Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear.

Catalá ve “ideológica” la oposición de Castilla-La Mancha al ATC nuclear y no basada en fundamentos jurídicos ni científicos

Europa Press.- El ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, aseguró en Cuenca que la oposición que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en torno al proyecto del ATC de Villar de Cañas es una oposición «ideológica» y, a su juicio, «no tiene ningún sentido» ya que no está basada «ni en fundamentos científicos, ni en fundamentos jurídicos y así lo ha declarado el Tribunal Supremo».

En este sentido, Catalá se marca como objetivo “ser capaces de llevar adelante ese gran proyecto de inversión». Por ello, ha recordado que la «garantía y la seguridad nuclear de los residuos es un objetivo, no es un objetivo de unos frente a otros». «Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la seguridad del tratamiento de los residuos nucleares», ha agregado, al tiempo que ha incidido en que el proyecto de Villar de Cañas cuenta con «todas las características técnicas y garantías para poder salir adelante«. El ministro de Justicia y diputado por Cuenca ha defendido que se trata de un proyecto industrial «extraordinario para la provincia, que atraerá inversiones y empleo».

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

El Gobierno nombra a Jorge Fabra consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un Decreto por el que se nombra consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Jorge Fabra, quien sustituirá la vacante que dejó la exconsejera Cristina Narbona, quien cesó a petición propia para ocupar la Presidencia del PSOE.

Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente, que actualmente es Fernando Martí, y por cuatro consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la Vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies. Con el nombramiento se llenará la vacante dejada por Narbona, quien el pasado verano fue elegida presidenta del PSOE en la ejecutiva de Pedro Sánchez.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

El ya consejero compareció en el Congreso para expresar su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares. Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que «son muchas». «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental», declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.