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Nadal asegura que el precio de la electricidad bajará en 2020 y carga duramente contra la política energética de Zapatero

EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, criticó duramente el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, del que afirma sin dudar que «se cargó la política energética en dos años y medio» porque había que decir que España iba «a cumplir más que nadie con los objetivos de entonces del protocolo de Kioto». Asimismo, el ministro de Energía ha avanzado que en 2020 se producirá una rebaja sustancial de los costes de la electricidad entre un 5% y un 10%.

Nadal ha explicado que la bajada de la factura depende de los precios internacionales y de la meteorología, y ha mantenido que se va a revisar la rentabilidad de las actividades eléctricas en el 2020 según «el tipo de interés del bono». En esta línea, ha asegurado que el cierre nuclear supondría una subida entre un 18-25% del precio mayorista de la electricidad y «lo mismo pasa con las centrales de carbón» añadió Nadal, quien resaltó que el cierre conjunto podría subir un 65% el precio. Sobre la posibilidad de construir nuevas centrales nucleares, Nadal apuntó que es «bastante cara, sin embargo tenerla ya construida y actualizarla con las necesidades de seguridad de Fukushima es una inversión mucho más aceptable«.

Por otro lado, Nadal ha abordado el tema de la industria fotovoltaica y ha mantenido que hasta el año pasado esta energía «no ha podido competir con la producción de otro tipo porque era sustancialmente más cara». «El recurso es gratuito pero la placa era muy cara» subrayó Nadal, quien ha recordado que para «amortizar una placa en 2008 había que pagar 490 euros y ahora se paga cerca de 60 porque ha mejorado la tecnología muchísimo«. El ministro ha criticado que esta energía se vendiera como «un producto financiero«, y «no lo era». De hecho, añadió que «no es para ahorradores» sino para personas que sepan de energía. «No es un caso muy diferente al de las preferentes«, sentenció.

Críticas al Gobierno de Zapatero

Respecto a la etapa socialista, Nadal indicó que si se hubiera esperado 10 años para instalar la energía fotovoltaica, España se habría ahorrado 10.000 millones de euros de la deuda actual. Por este motivo ha acusado al Gobierno socialista de haber supuesto que los costes iban a caer, pero no lo hicieron, lo que «generó un sobrecoste enorme al conjunto del sistema». El ministro señaló que, como «no se subieron los precios al mismo tiempo que los costes porque la presión social habría sido enorme, se creó un déficit que fue acumulando una deuda de casi 30.000 millones de euros».

Por eso ahora el Gobierno es «tan estricto» y no se permite «ni un coste frívolo más», aseveró Nadal, quien ha mantenido que la reforma energética evitó una subida del 42% del precio final de la luz. Por otro lado, respecto al impuesto finalista de la electricidad, el ministro ha afirmado que existe «en todos los países europeos» y que «no está para otra cosa que para pagar servicios públicos, como hospitales, universidades o colegios».

«Siempre se puede plantear la posibilidad de hacer un cambio tributario, en este caso de tributación indirecta, pero a cambio de qué, qué bajamos y qué subimos», se ha preguntado Nadal, quien incidió en que «las cuentas tienen que cuadrar». «Como ministro de Energía me gustaría que hubiera la menor presión fiscal posible sobre los sectores energéticos», ha mantenido, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «diría que las cuentas tienen que cuadrar y los servicios públicos hay que pagarlos».

Los eurodiputados españoles piden a la Comisión Europea interceder para evitar el cierre de Siemens Gamesa en Miranda de Ebro

EFE.- Al tiempo que Siemens Gamesa cerró un acuerdo con dos filiales de la compañía eléctrica estatal sueca Vattenfall para el suministro de 41 aerogeneradores en Dinamarca, con una capacidad combinada de aproximadamente 350 megavatios (MW), los eurodiputados españoles han reclamado, en una iniciativa iniciada por el PSOE y dirigida a la Comisión Europea, que se interceda ante Siemens Gamesa para evitar el cierre de sus instalaciones en Miranda de Ebro.

En una acción conjunta, los grupos españoles en el Parlamento Europeo han dirigido por carta la petición a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y a la comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska. En la misiva, explicaron la situación que está viviendo la empresa Siemens Gamesa, que el 29 de enero anunció su intención de cerrar las instalaciones de Miranda de Ebro (Burgos) y reclamaron al Ejecutivo comunitario que se dirija a la dirección de Siemens Gamesa «para que reconsidere su decisión» sobre el cierre de esa planta.

En el texto se detalla que el número de trabajadores afectados por el cierre es de 133, a los que hay que añadir otro número importante de empresas auxiliares. Entre otros, firmaron la carta a la Comisión Europea los portavoces de cada delegación: Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP), Miguel Urbán (Podemos), Marina Albiol (IU) y Javier Nart (C’s).

Acuerdo con la sueca Vattenfall

Las turbinas, que se ubicarán cerca de la costa oeste de Dinamarca en el Mar del Norte, se instalarán en 2020 y estarán listas para su puesta en marcha a finales de ese mismo año. El pasado noviembre, Vattenfall ya eligió a Siemens Gamesa para suministrar las turbinas de 3 nuevos parques eólicos marinos en Dinamarca. La inversión total ascendió a casi 1.700 millones de euros, repartidos entre los parques de Kriegers Flak, en el mar Báltico, y Vesterhav Syd y Nord, en el Mar del Norte, que proporcionan, en conjunto, energía a alrededor de un millar de hogares daneses.

3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.

El alcalde de Calzadilla de los Barros (Badajoz) denuncia que la Junta de Extremadura obstaculiza una planta de energía fotovoltaica

EFE.- El alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván (PP), ha pedido a la Junta de Extremadura que no obstaculice la instalación de una planta fotovoltaica en los términos municipales de Calzadilla y Medina de las Torres. En este sentido, Galván, que también es senador por la provincia de Badajoz, reclama a la Consejería de Economía e Infraestructuras «un compromiso firme» de que la Junta no obstaculizará la instalación de los 74 megavatios admitidos por el Ministerio para ambos términos.

El alcalde expresó su «más profunda indignación» por las informaciones que le han llegado a propósito de las reuniones que se han celebrado en despachos de la Junta de Extremadura a lo largo del mes de febrero, según indicó, entre el consejero de Economía, José Luis Navarro, y los promotores de los Proyectos Fotovoltaicos Calzadilla y Núñez de Balboa. Según Galván, esas informaciones apuntan a que en dichas reuniones se estaría alentando la idea de «borrar de un plumazo los 74 megavatios de la planta fotovoltaica Calzadilla III«, que se asentaría en los términos municipales de Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres.

Posible supresión de Calzadilla B

Dicha instalación, ha apuntado Galván, ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y todos los permisos pertinentes para su construcción y puesta en funcionamiento. En las citadas reuniones, denuncian, «se habría valorado la supresión» de la planta fotovoltaica Calzadilla III y la promoción de la planta Calzadilla B (en el término de Bienvenida) y de la planta Nuñez de Balboa, en Usagre.

Ante ello, Galván subrayó su «más frontal oposición», pues ello conllevaría una «discriminación» a los ciudadanos de ambas localidades para su acceso al empleo por la supresión de los puestos de trabajo que generaría la mencionada planta. Los técnicos del Ministerio autorizaron 224 MW, con Calzadilla III y Calzadilla B, por lo que Galván cree que «no se entendería» que ahora quede limitado a solo 150 MW (Calzadilla B), «sin ninguna razón que lo explique».

El Congreso insta al Gobierno a incluir a las bicicletas eléctricas en el Plan MOVEA para impulsar la movilidad sostenible

Europa Press.- La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, pese a los votos en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE para mejorar la fiscalidad de la bicicleta, tanto convencional como eléctrica. Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a incluir en el Plan MOVEA 2018 a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

Además, pide evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las compras de bicicletas convencionales y eléctricas solicitando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. Igualmente, apunta a la necesidad de analizar la posibilidad de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas por parte de sus empleados.

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

El Senado rechaza pedir el cierre de la nuclear de Cofrentes en 2021 porque el PSOE ve necesario el ATI

Europa Press.- La Comisión de Energía del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y los votos a favor de Unidos Podemos y Compromis, una moción de Unidos Podemos para instar al Gobierno a cerrar y posteriormente desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando termine su actual permiso de funcionamiento en marzo de 2021.

Además, la moción también pedía al Gobierno que no autorizase la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos al considerar que es «innecesario» puesto que la central tiene capacidad de almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre. La propuesta reclamaba asimismo la aprobación de un Plan de cierre de centrales nucleares y su progresiva sustitución por fuentes renovables. En su argumentación, la formación morada repasa los sucesos notificados de la planta valenciana y asegura que Cofrentes está envejecida y es propensa a incidentes, además de ser «absolutamente prescindible».

Respecto al ATI, considera la moción que se trata de una «palpable demostración del fracaso en la gestión de los residuos nucleares» en España y asegura que la instalación es «innecesaria«. Asimismo, el senador de Esquerra Republicana, Xavier Castellana, reclamó la transferencia de las competencias nucleares al «País Valenciá» y la creación de una oficina de seguridad nuclear dependiente de la Generalitat Valenciana que supervise «cualquier» central en ese territorio.

Por su parte, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, justificó la abstención de su grupo parlamentario porque «estando de acuerdo en el fondo» y a pesar de coincidir en su voluntad de cierre de la central nuclear valenciana, discrepa de la moción en cuanto a que considera imprescindible y urgente construir el ATI de residuos nucleares de la planta.

Fernández Vara aboga por ofrecer «alternativas de energías renovables» a las centrales nucleares para regiones como Extremadura

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en España y trabajar para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la Asamblea de Extremadura a preguntas del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que tiene «prevista la Junta para el impulso económico de Campo Arañuelo ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz».

En su intervención, Fernández Vara ha aseverado que su «posición está clara» y pasa por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en el que los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en este sentido, lo cual «haría que no estuviéramos hablando de una prórroga de 5, 10 o 15 años, sino que se marcaran unas fechas concretas» para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Así, «al tiempo que vayan creciendo las energías renovables, que se vayan cerrando las centrales nucleares», ha aseverado Fernández Vara, quien ha mostrado su preocupación por que «cuando se tome esa decisión, tengamos las alternativas preparadas».

Desde el punto de vista energético, el presidente extremeño asevera que «puede haber una alternativa evidente en fotovoltaica, en biomasa», y apunta que «ahora ya hay en el entorno de Almaraz casi 600 megavatios solicitados de fotovoltaica», por lo que ha reafirmado que «alternativas puede haber, y las hay». Eso sí, añade que «sería bueno» que el Gobierno central «diga algún día qué tiene pensado hacer en el futuro con las centrales nucleares». Y es que, según ha defendido, España «necesita una planificación energética», y considera que la Comarca de Campo Arañuela necesita una «alternativa energética» y una «alternativa industrial».

Por su parte, Monago ha recordado que en los próximos años termina la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, y ha destacado que para los vecinos de Campo Arañuelo «la central nuclear no es el pasado, es el presente, y además lo tienen por su futuro». Monago ha lamentado que el presidente de la Junta «no tiene ningún plan» para esta comarca cacereña, sino que «mira continuamente de reojo a Madrid, a ver si tiene algo que decir Madrid», tras lo que añadió que «si todo depende de Madrid, sobra la figura de presidente» de la comunidad.

Así, el dirigente del PP extremeño sostiene que Vara «no tiene un plan» sino que «su alternativa es que los 2.100 megavatios de la central nuclear de Almaraz se sustituyan con renovables en el entorno de Campo Arañuelo», algo que «no se lo cree nadie«. Ante esta situación, Monago ha pedido a Vara que «se tome muy en serio que en 2020 termina la vigencia» de la central, por lo que hay «que hacer algo desde Extremadura para plantear alternativas, que no pasen permanentemente por el quejío, y por echarle la culpa a Madrid», concluyó.

El PSOE vasco lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking

Europa Press.- Tras anular el Tribunal Constitucional partes de los artículos de la ley vasca antifracking por no tener la comunidad autónoma «competencias en la materia», el sindicato ELA denuncia que la falta de «soberanía energética impone» a Euskadi un modelo «insostenible, favoreciendo el fracking» y el PSOE de Álava ha mostrado su preocupación por la decisión del Constitucional de estimar parcialmente el recurso del Gobierno central.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha anulado varios apartados de la Ley vasca sobre el fracking por considerarlos anticonstitucionales, al entender que «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad. Los socialistas alaveses han considerado que ésta es «un mala noticia ya que puede reabrir la puerta de los fantasmas» que ya se vivieron en el pasado y que daban «por zanjandos».

El secretario de Política Ambiental y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, indicó que «es necesario y urgente derogar todos los puntos de la Ley de hidrocarburos estatal que premian e incentivan el fracking, desprotegiendo el territorio y poniendo en serio riesgo su patrimonio natural y medioambiental», con una técnica que su partido «rechaza por completo y que también rechaza la mayoría social alavesa».

Senderos ha recordado que el grupo parlamentario socialista obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP «hace ahora justo un año, a una proposición no de Ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) y que el PSOE lo rechaza en su ponencia del último Congreso». Por ello, el PSOE se «compromete a seguir trabajado a nivel político e institucional para que el fracking no sea una alternativa» en territorio alavés.

La falta de «soberanía energética”

Tras recordar que la ley antifracking se aprobó en el Parlamento vasco gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recabó más de 100.000 firmas en apoyo a la misma, ELA aseveró que «esta respuesta del Estado español es una clara evidencia de que se sigue favoreciendo un modelo de energía insostenible, basado en la potenciación de las energías fósiles».

«Este modelo va en contra de la necesaria soberanía energética que tenemos los pueblos para poder decidir qué energía consumimos y cómo queremos que se genere», ha denunciado, para asegurar que la anulación de parte de los artículos de esta ley es «un nuevo golpe a las energías renovables, a la vez que deja la puerta abierta nuevamente a energías que por activa y por pasiva hemos dicho que rechazamos«.