3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.