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Investigadores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid también confirman que hubo sismicidad inducida por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han presentado un estudio que confirma que hubo sismicidad inducida en el proyecto Castor. El estudio relata que, en septiembre de 2013, cuando comenzaron las operaciones de inyección en la plataforma de gas Castor, situada a 22 kilómetros de la costa de Castellón, empezaron a registrarse en la zona centenares de terremotos alcanzando una intensidad de III en la escala EMS98. Esto provocó, según recuerda la investigación, que las operaciones se paralizaran.

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad Federico II de Nápoles, ha confirmado que las operaciones de inyección desencadenaron la ocurrencia de sismos en las proximidades de la plataforma. El trabajo refuerza las aportaciones realizadas el pasado mes de mayo por el MIT y la Universidad de Harvard, que relacionaron los temblores con la inyección del gas.

«El inicio de las operaciones de inyección de gas vino acompañado de un notable aumento de la tasa de sismos en las proximidades del almacén submarino, que se situaba en una zona con baja sismicidad de la Comunidad Valenciana», explican las investigadoras del Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica de la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM, Sandra Ruiz y Belén Benito. El objetivo del trabajo fue identificar variaciones en diferentes parámetros sísmicos que permiten describir la sismicidad antes y después de la inyección de gas, así como los cambios que esta inyección pudo causar en el patrón sísmico en la zona.

Como resultado del trabajo, los expertos de la UPM y la Universidad Federico II de Nápoles descubrieron que existen evidencias claras de cambios en el patrón de sismicidad antes y después de la inyección de gas, identificándose dos grupos de temblores con orígenes distintos. «Nuestro trabajo muestra que la primera parte de la serie sísmica está directamente relacionada con los esfuerzos inducidos por las operaciones de inyección en la plataforma Castor (sismicidad inducida). No obstante, la segunda parte de la serie se asocia a la posible activación de una falla próxima debido a los cambios de esfuerzos locales como consecuencia del aumento de la presión de poros (sismicidad disparada)», relatan las investigadoras de la UPM.

El valor de los resultados obtenidos por los investigadores, que utilizaron para su estudio datos públicos registrados por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, radica en que pueden ser usados como indicadores para monitorizar en el futuro la evolución de una serie sísmica y detectar posibles cambios de «sismicidad inducida» hacia «sismicidad disparada» de origen tectónico. «El análisis estadístico de la variación temporal de los sismos que se registren durante operaciones de inyección o extracción de fluidos puede ayudar a identificar rápidamente anomalías en la tasa de ocurrencia de sismos y en la distribución de magnitudes y detectar así posible reactivación de fallas próximas que puedan generar sismos de mayor magnitud«, explican las investigadoras.

El juez prorroga 18 meses más, hasta diciembre de 2018, la investigación por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- El juez decidió prorrogar 18 meses más la instrucción de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén gasista subterráneo de Vinaròs (Castellón), tras recibir el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El juez accede así a la petición del ministerio fiscal, que solicitó la ampliación del plazo de instrucción de la causa, según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye el caso Castor, acordó en enero de 2016 declarar la causa compleja y fijó un plazo inicial de instrucción de 18 meses.

Según el magistrado, no puede decirse que la instrucción se encuentre todavía concluida, teniendo en cuenta que se ha recibido recientemente el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está redactado en inglés, y sólo se ha tenido acceso a las conclusiones, redactadas en castellano. Así, en dicho auto se indica que se hace precisa la traducción del informe para poder efectuar un análisis «más profundo» de cuáles han sido los motivos que han llevado a los técnicos al mismo.

Además, se añade que sólo tras el conocimiento íntegro del informe se podrán determinar las siguientes diligencias instructoras que del conocimiento del mismo puedan derivarse y que podrían conllevar la realización de nuevas pericias que se considerarían «indispensables» para esclarecer los hechos y determinar los presuntos responsables. Así, el juez decide acordar la prórroga de la instrucción de la causa por 18 meses adicionales, la cual deberá concluir el 6 de diciembre de 2018, salvo que se estime conveniente una nueva prórroga de la misma.

El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

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Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

El juez del caso Castor ordena a las dos acusaciones particulares actuar bajo el mismo abogado

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Europa Press / EFE.- El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frentes a la costa castellonense, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El instructor determinó que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa la que defienda los intereses de otros dos particulares personados tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa. El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

A este respecto, el auto señala que, basándose en un «criterio objetivo y estrictamente temporal se acuerda, de conformidad con el artículo 113 de la LECRIM, que ambas acusaciones particulares actúen bajo la misma representación y dirección letrada». En noviembre el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

Podemos pide recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a Escal UGS

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Europa Press.- En Comú Podem quiere recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a la empresa concesionaria Escal UGS por el final de su actividad, estudiar los daños causados en el medio ambiente y, en caso de haberlos, depurar responsabilidades con la empresa y las administraciones públicas. En una PnL registrada en el Congreso, Podemos asegura no entender que se indemnice a la compañía, pues esta «incurrió en dolo o negligencia imputable», y por lo tanto consideran que la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

Este proyecto, que En Comú califica de «despropósito» y «uno de los fracasos más importantes de la historia de este país», ha supuesto un desembolso de más de 1.350 millones de euros de dinero público. A ello hay que sumarles, apuntan, otros 295 millones por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria. Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas que recoge En Comú, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses.

«No es aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional», consideran en la exposición de motivos. La formación catalana también hace mención a los daños que la operación ha causado, más de mil movimientos sísmicos tras la puesta en funcionamiento de este almacén de gas natural, y por tanto pide depurar responsabilidades.

En este sentido, proponen realizar un peritaje “que cuantifique daños materiales, y morales si fuera pertinente, que ha podido sufrir la ciudadanía de Terres de l’Ebre por los terremotos, y también estudios técnicos sobre la afectación del medio ambiente y otras instalaciones de riesgo” presentes en la zona. Asimismo, Podemos pide establecer un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones terrestres y marinos del almacén.

Peritos del IGM aseguran que los seísmos estaban relacionados con la inyección de gas del almacén gasista Castor

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Europa Press.- Los peritos autores del informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Julián García y Juan José Durán, han manifestado durante su declaración como peritos en la causa por el proyecto Castor que analizaron la sismicidad y la estructura geológica de la zona y llegaron a la conclusión de que existían dos tipos de sismicidad, ambas en relación causa-efecto con la actividad de inyección de gas.

García y Durán así lo dejaron patente en el informe que solicitó al IGME el Ministerio de Industria para observar la relación entre las series sísmicas y la actividad de inyección de gas en la plataforma Castor, según indicó la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular. Los peritos hicieron estas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye la causa abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón.

Además, apuntó esta misma fuente, los peritos han apuntado que en la literatura científica hay casos en los que se recomienda realizar estudios de peligrosidad sísmica antes del inicio de las inyecciones de gas y monitorear continuamente la sismicidad. Por ello, han declarado que, desde un punto de vista técnico, consideran que en este tipo de actividades debería incluirse un estudio de peligrosidad sísmica. Asimismo apuntan a que hubieran llegado a esta conclusión igualmente de no haberse desencadenado los acontecimientos, dado que parece conveniente hacer estos estudios para minimizar riesgos.

Los peritos también se refirieron a la continuidad de las actividades de inyección por parte de la empresa Escal a pesar de haberse registrado un seísmo de magnitud 3 el 13 de septiembre de 2013. En esta línea, han hecho referencia a que los seísmos con magnitudes de entre 2,5 y 3 representan datos muy elevados para esta actividad. Por lo tanto, apuntaron a la Asociación Arca Ibérica que las buenas prácticas aconsejan la paralización de la inyección o un replanteamiento de medidas a adoptar.

Los afectados de Castor piden 1.000 millones de fianza para indemnizaciones

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EFE.- La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha pedido más de mil millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de la planta de gas instalada frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

Esta cifra, recogida en el escrito remitido por Aplaca al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por 12.000 euros, la suma provisionalmente estimada por el perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos.

El colectivo se constituyó en marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados «material o moralmente» por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias.

La solicitud «tiene el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar las futuras indemnizaciones a los afectados», según los abogados de Aplaca.

La asociación sostiene que el «temor, la angustia y la incertidumbre» sufrida a lo largo de todos estos años «es indemnizable», tal y como reconoció el Juzgado de Instrucción en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.

Recuerda que la promotora de la planta, Escal UGS, «es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente».

A este hecho hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, según consta en el Registro Mercantil, y que la empresa no disponga de página web, advierte la plataforma. «Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma», sostienen las mismas fuentes.

En esta lista incluyen al Estado español, a la concesionaria Escal UGS; a las socias de la promotora, ACS Actividades de Construcción y Servicios y Castor Limited Partnership o CLP; y a Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7 % de Castor Limited Partnership o CLP.