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El Parlamento catalán cita a Florentino Pérez y a varios exministros por el proyecto Castor

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Europa Press. – El Parlament ha aprobado la citación del presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara que abordará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor.

De esta manera, se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también ha aprobado citar a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez (PSOE).

De la misma manera, se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En este sentido, la Cámara catalana también ha citado al director del proyecto Castor, Carlos Barat; el alcalde de Alcanar (Tarragona) Alfons Montserrat, y los exalcaldes de Vinaròs (Castelló) Javier Balada y Jordi Romeu.

Poniéndolo en contexto, el proyecto Castor fue polémico en todas sus fases: desde el procedimiento de adjudicación, pasando por los terremotos que originó mientras funcionó y acabando por la indemnización a los promotores que aprobó el Gobierno, que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Siguiendo la lista de citaciones del Parlament también consta el exsecretario general de Energía, Ignacio Nieto; el exconseller valenciano Juan Gabriel Cotino, el exconseller de la Generalitat Josep Huguet y el presidente del Banco Europeo de Inversiones Werner Hoyer. Además, se han aprobado las comparecencias del consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, Marco Aparicio, entre otros.

 

Comparecencias de testigos y expertos

Todos los nombres citados  serán llamados a comparecer en el Parlament en calidad de ‘testigos’, pero también se han citado a otras personas como ‘expertos’ en lo que sucedió, como por ejemplo el periodista Jordi Évole, que realizó un programa sobre la problemática.

Además, se han aprobado las comparecencias de unos de los responsables del informe MIT-Harvard sobre el proyecto Castor David Castiñeira; la activista Simona Levi; el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el eurodiputado Ernest Urtasun, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.

Archivada una investigación

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha estimado la petición de las defensas y de Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa respecto de seis investigados, miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

En su resolución, el magistrado considera que de las investigaciones efectuadas «no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración» de Escal, que «tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica».

El instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.

Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando, en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad sismológica a ser considerada una zona de alta actividad sismológica.

La Audiencia Nacional archiva la querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

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Europa Press.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desestimó y archivó la querella interpuesta contra 4 exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Los promotores del caso Castor anunciaron que recurrirán la decisión.

La querella del Observatorio de la Deuda en la Globalización se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil Escal UGS (quien tenía la concesión del almacén gasista); el presidente de la compañía Escal, Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria«. La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada». En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, fechado en 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo«. En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara. De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se cometiera delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

Lamela concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino«. A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

Recurrirán el archivo del caso

Por su parte, los promotores de la querella recurrirán el auto que desestima la querella y pide su archivo. El grupo promotor de la demanda, Caso Castor, está formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Eso sí, el colectivo evitó pronunciarse sobre el contenido del auto hasta que su equipo jurídico lo estudie detalladamente.

Ribera defiende su aval al impacto ambiental de Castor porque era «frívolo» ir contra el criterio de los organismos técnicos

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió su decisión de avalar el proyecto Castor cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, alegando que hubiera sido «frívolo» por su parte haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén de gas.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra ha recalcado que «nadie recurrió» la declaración ambiental que ella firmó y con la que autorizó el polémico proyecto Castor durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó, la DIA fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron «más de 20 organismos» administrativos y técnicos. Asimismo, ha destacado que «nadie objetó» cuando tuvieron la oportunidad de hacer «comentarios y observaciones» sobre la propuesta de resolución que les fue comunicada sobre el proyecto.

«Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos», aseveró, insistiendo en que tampoco nadie recurrió la declaración de impacto ambiental una vez firmada. Además, señaló que posteriormente se confirmó que la tramitación «se había realizado correctamente» y «sin complicación«. De hecho, ha apuntado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó que la evaluación de impacto ambiental «había sido correcta». En cualquier caso, la ministra sostiene que un proyecto como Castor «tiene una tramitación enormemente extensa» y cree que «ahora» lo que debe hacer el Gobierno es «afrontar» qué hacer con la instalación.

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, preguntó al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorableque Ribera firmó en relación al Castor y ha reprochado al Ejecutivo socialista que «cuando las cosas van mal o se toman malas decisiones en un Gobierno socialista» se eche la culpa a los técnicos. Según ha señalado, la firma para autorizar Castor cuando Ribera era secretaria de Estado es «una clara incompatibilidad sobre su cargo».

Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas y «ha sacudido los bolsillos de los españoles» además de generar una «bomba retardada» que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. «Castor nos ha costado lo mismo que 10 líneas de AVE«, denunció el diputado popular.

En septiembre de 2013 el anterior gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

En Comú solicita en el Congreso de los Diputados diferentes informes sobre el proyecto Castor

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Europa Press. – En Comú ha reclamado en el Congreso más información sobre el proyecto Castor y ha registrado dos peticiones en las que reclama sendos informes referentes a este caso: Los de la Abogacía del Estado y el estudio emitido por la empresa concesionaria del mismo ACS-ESCAL.

A iniciativa del portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú Josep Vendrell, se solicita estudiar los informes que presentó la Abogacía del Estado y que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad, para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor.

Pero, además, quieren conocer el estudio presentado por parte de ACS-ESCAL para la concesión de explotación de este almacenamiento. Según apunta Unidos Podemos en la petición, este trabajo está aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y puesta en marcha de la planta.

 

Solicitan información sobre la Ley del Cambio climático

Unidos Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que haya tenido que ser «la ciudadanía» la que ha tenido que pagar «el fiasco» del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora. «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», ha declarado en anteriores ocasiones Vendrell.

El grupo de Pablo Iglesias aprovecha para pedir también información al Ejecutivo acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estaba preparando el anterior Gobierno y cuya existencia ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», explicó Ribera. Su antecesora, Isabel García Tejerina, se comprometió a presentar este texto a lo largo de 2018.

El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

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Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

ERC registra una propuesta en el Parlament para crear una comisión de investigación sobre el proyecto Castor

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EFE. –  ERC ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución por la que se crea una comisión de investigación sobre el proyecto Castor, de almacenamiento de gas en un depósito submarino frente a la costa de Vinaròs (Castellón), que ya cuenta con el apoyo de los grupos de JxCat, Catalunya en Comú y la CUP.

Así, según se indica en el texto de la propuesta, la finalidad de esta comisión de investigación parlamentaria es la de «poder evaluar las causas, los antecedentes directos e indirectos, las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas ocurridas en relación con el proyecto Castor en Cataluña». En la descripción de los «contenidos» sobre los que tratará la comisión de investigación, se apunta que «mediante la comparecencia de expertos, especialistas, técnicos, responsables políticos y movimientos sociales» se buscará «tener una descripción de primera mano sobre la implantación del proyecto Castor«.

También se analizará «la documentación referente al proyecto Castor, y la realización de dictámenes, auditorías o contra-informes», así como «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» y «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica».

Finalmente, se estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

Según ha indicado el diputado de ERC Lluís Salvador, se trata «de poner luz en un proyecto con muchas sombras y que ha provocado un millar de terremotos en las comarcas del Ebro y en el Maestrat (Comunitat Valenciana), además de costar a los ciudadanos 1.300 millones de euros».

 

3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

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Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.

Nadal pide paciencia a la oposición para disponer de los informes técnicos que avalen el desmantelamiento del almacén gasista Castor

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de Castor de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que determinen que no hay riesgos y que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

A pregunta del diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el Castor, Nadal ha señalado la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. «No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica», ha reclamado. «Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados», ha señalado el ministro.

Nadal ha señalado que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. «Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros», ha instado. En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue Castor, que ha definido como un proyecto «demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves».

Asimismo, ha destacado la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este «problema heredado», desde cuando ordenó hibernarlo al empezar los movimientos sísmicos hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. Por su parte, el diputado de Esquerra le pidió al ministro transparencia sobre este proyecto y resaltó que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización. Asimismo, explico que su formación ha buscado otros estudios sobre el tema y ha planteado la posibilidad de que el almacén sea sellado sin extraer el gas.

La CNMC reintegra al sector gasista otros 6,7 millones de los pagos anulados por la indemnización de Castor

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reintegrado al sector gasista otros 6,7 millones de euros correspondientes a los pagos anulados del almacén Castor, según indicó el organismo. En concreto, se ha reintegrado el pago previsto en enero, correspondiente a la liquidación décima del año pasado, con lo que la cantidad total pagada en 2017 en concepto del abono de las indemnizaciones con cargo al sistema gasista ascendió a 60,5 millones de euros.

A finales de enero, la CNMC paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. El regulador aplicaba así la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Constitucional, que declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones anuales y que se incluían en el sistema gasista.

Por su parte, con esta reintegración, el déficit provisional gasista fue de 385 millones de euros a diciembre, frente a los 430 millones de euros en el mismo periodo del 2016. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.586 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento del 28% de los ingresos por peaje de regasificación y del 14% por reserva de capacidad.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 46 millones de euros, un 23,4% superiores a los del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 2.540 millones de euros. Además, la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.687 millones de euros.