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Bruselas no ve infracción de la normativa europea en las medidas del PP que retiraron las primas a las renovables

Redacción / Agencias.- La Comisión Europea considera que las medidas contenidas en la denominada reforma energética con la que el Gobierno modificó los apoyos a las energías renovables no supone una infracción de la normativa comunitaria, por lo que no ve motivos para emprender medidas contra España. «No hay motivos para que la Comisión tome medidas legales contra España por los cambios en su legislación que afectan al nivel de apoyo dado a los inversores de proyectos de energía renovables», indicó la Comisión.

Bruselas se posiciona así en respuesta a una queja presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ante la Eurocámara, a cuenta de la situación del sector fotovoltaico y la legalidad de la reforma. En su respuesta, la Comisión asegura que ha estudiado «con cuidado» la petición de Anpier, pero explica que los planes de apoyo son un instrumento que pueden «elegir» utilizar los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de los objetivos renovables, por lo que les compete a ellos decidir sobre utilizarlos, su estructura y el nivel de ayuda, con discrecionalidad sobre ellos y, por tanto, con derecho a modificarlos.

España no vulnera las directivas

Ello implica, añade el documento, que las autoridades nacionales introduzcan cambios en sus sistemas de apoyo, por ejemplo, para evitar un exceso de compensación o para hacer frente a acontecimientos imprevistos como una expansión acelerada de determinada tecnología en un sector concreto. Por ello, en el caso de cambios en un plan de apoyo como el español «no hay infracción» de la directiva comunitaria. Bruselas añade, no obstante, que los inversores pueden recurrir a los tribunales nacionales si consideran que se perjudicaron sus intereses legítimos. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debe decidir ahora si da por cerrado el caso o mantiene abierto el expediente para que se debata la cuestión en sesión parlamentaria.

El documento relata que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos cambios normativos que han afectado a la retribución renovable, como el recorte de horas primadas para la fotovoltaica en 2010 o la puesta en marcha de un prerregistro. Los sucesivos recortes culminaron en 2013 con la sustitución del sistema de primas a la producción por la garantía de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Anpier solicitó el pasado año al Parlamento que exigiera al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen «desamparados» a sus ciudadanos.

El PSOE en su laberinto negacionista renovable

La política renovable está causando estragos importantes en las formaciones políticas españolas. Por una parte, el PP está siendo hostigado  por parte de los afectados por la reducción de la retribución de las instalaciones renovables, operada en el marco de la reforma eléctrica. Su consecuencia principal está siendo que en las capas intermedias del denominado capitalismo popular de propietarios de huertos solares se ha desatado una formidable campaña contra los populares en varias regiones del país, afectando a parte de su electorado “natural”.

Por otra parte, la actual dirección del PSOE está azuzando el fuego con el tema renovable; en parte por la búsqueda de réditos electorales, en parte por el propio zarandeo y desmembración de sus posiciones en materia de energía que sufre internamente: ora antinuclear, ora renovables con retribución a todo trapo, ora procarbón. De hecho, recientemente Cristina Narbona afirmaba que el Gobierno de Zapatero se había equivocado en su segunda legislatura con el recorte de las primas a las renovables. Omitía, en esa misma intervención, cualquier referencia al descontrol y a los sistemas de incentivos que empujaron la burbuja renovable mientras ella ocupaba su puesto en el Consejo de Ministros.

Hace seis meses el propio Pedro Sánchez se conminaba, en esa especie de rueda de promesas electorales devastadoras en las que se enreda quién está en la oposición, a reimplantar las primas a las energías renovables, concretamente en un encuentro con productores fotovoltaicos en el feudo popular de la Región de Murcia, estableciendo así un puente emocional entre el pasado y el presente, incidiendo en el modelo de generación de burbujas, ilusión monetaria y fiebre del oro. Política de decir a cada uno lo que quiere escuchar en cada mitin.

En todo caso, con estos titulares se produce la entrada en el charco del PSOE, haciéndole el juego al PP respecto a sus críticas sobre la gestión de las renovables llevada a cabo por los socialistas, de despilfarro y burbuja renovable. Todo ello agravado por la inanidad de la propuesta realizada porque en el fondo todo el mundo sabe que ya nada será igual en el desarrollo renovable español futuro.

Quizá, bajo un atisbo de responsabilidad, lo que se tenga que plantear quien aspira a formar Gobierno no es tanto la reinstauración de un sistema retributivo endiablado, generador de burbujas, sino cómo acometer los reveses judiciales que se van a derivar de los cambios regulatorios realizados en la retribución de las mismas, operadas por cierto con altas dosis de riesgo regulatorio, inseguridad jurídica y poco diálogo con los agentes económicos de todos los sectores concernidos.

Por eso no es de extrañar cuando Felipe González se remueve actualmente desde sus posiciones de retaguardia del partido, cuando advierte del negacionismo socialista del pasado en su ejercicio de acción de Gobierno así como del adanismo de la actual dirección del partido y su desconexión con una visión de Gobierno, de Estado y de país. Algo que en energía empieza a ser altamente inquietante.

Arias Cañete asegura que se está analizando si las subvenciones a las renovables son ayudas de Estado

Durante una conferencia organizada por el Club Español de la Energía, Cañete aseveró que «la Comisión está siendo muy activa en este periodo en materia de competencia» y que, en ese sentido, las renovables también están siendo analizadas por si las ayudas recibidas resultaran «incompatibles» con el mercado. «La posición de la Comisión es que tenemos que evitar sobrecompensaciones», añadió, de manera que «los sistemas de apoyo a las renovables tienen que estar más orientados a sistemas de mercado», fundamentalmente hacia su concesión mediante subastas.

«Pretendemos que no haya sobrecompensaciones indeseadas en ningún sector y que haya sistemas que garanticen la libre competencia en el mercado», apostilló Cañete, quien sostuvo que el desarrollo de un mercado interior de la energía requiere «unas reglas de juego muy claras». Por ello, Cañete detalló que desde Bruselas se trabajará a nivel comunitario y no sobre la base de los marcos singulares de los 28 Estados miembros, de forma que se buscará la eliminación de «subsidios indeseados» y se elaborarán recomendaciones a cada país.

Cañete destacó que la política renovable europea «es muy ambiciosa» y que avanza hacia su objetivo, aunque puntualizó que las retribuciones a futuro deberían fijarse mediante mecanismos de mercado que eviten «compensaciones excesivas» que lleven a un crecimiento «desaforado» del déficit de tarifa. De esta manera, el comisario subrayó que se está en un proceso de análisis de los dos sistemas de apoyo a las renovables que han estado en vigor en España. «Los dos sistemas, el anterior y el actual, están siendo analizados por la Comisión para ver si son conformes o no con las normas comunitaria. Como estamos en un análisis que se está desarrollando, no adelanto resultados. En función del análisis se tomarán las decisiones pertinentes», dijo.

En cualquier caso, el desarrollo de un mayor volumen de renovables requiere «una mayor apertura transfronteriza», es decir, interconexiones energéticas, una de las prioridades de esta Comisión Europea y para las que se han puesto en marcha diversos mecanismos financieros. Las interconexiones son también un elemento esencial para avanzar hacia un mercado único europeo y garantizar la seguridad de suministro, puesta de manifiesto con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La creación de este mercado único de la energía implicará, según Cañete, «una gestión de la red de transporte más integral», con centros operativos regionales.

Con respecto al autoconsumo energético y la generación distribuida, Cañete afirmó que «es positivo» pero indicó que es necesaria una regulación a nivel europeo porque se trata de una actividad cuya integración en la red eléctrica «genera problemas en la actual situación» y «está volviendo locos a los operadores» de cada sistema eléctrico. Por ello anunció que se regulará de manera «inteligente» y se analizará cual podría ser la «racionalidad» y un esquema normal de peajes para su contribución a los gastos de la red.