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Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

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Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

Araba sin Garoña plantea que se exija al PP el cierre de la nuclear en la negociación de los Presupuestos

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La plataforma Araba sin Garoña ha exigido que el cierre definitivo de esta central nuclear se incluya en las negociaciones de los distintos partidos con el gobierno central (PP) para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2017. Su portavoz, Alberto Frías, ha denunciado la «actitud tibia» de «todo el arco político alavés» que no está exigiendo el cierre de la central a pesar de existir «una mayoría popular» que apuesta desde hace años por el cierre de Garoña.

Frías se dirigió al PP alavés, formación a la que ha acusado de «pucherazo expreso» por no defender en Madrid las mismas posturas que en Araba. «Si los partidos que se comprometieron expresamente a paralizar y no reabrir la central nuclear de Garoña van a seguir pactando con quien plantea reabrirla, estarán desoyendo la voluntad popular«, ha afirmado Frías, quien también ha asegurado que la plataforma denunciará «a todos y cada uno de los partidos que no cumplan con los compromisos que adquirieron para el cierre definitivo de la central»

Además, considera que «se está reproduciendo miméticamente el esquema que posibilitó el accidente de Fukushima», ha advertido, debido a las relaciones que se están dando entre el gobierno, el regulador (en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear) y el operador (Nuclenor).  La plataforma, que «daba por amortizado este tema» ha alertado de los movimientos «escalofriantes» de los últimos dos meses con declaraciones tanto del presidente de la empresa propietaria de la central, José Ramón Torralbo, como del responsable del CSN, Fernando Martí y del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal. Palabras que, según Frías, abren nuevos interrogantes sobre el futuro de la central que requieren de «una respuesta clara».

La guerra del bono social

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Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

El Gobierno nombra a Alberto Nadal nuevo secretario de Estado de Presupuestos dentro del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Alberto Nadal como nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para encargarse de controlar el gasto público y elevar los ingresos para que España cumpla con sus objetivos de déficit público.

El titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro ha repescado a Alberto Nadal, hasta ahora secretario de Estado de Energía y hermano gemelo del actual titular de la cartera, Álvaro Nadal, para elaborar las cuentas públicas para la Secretaría de Presupuestos y Gastos, donde sustituirá a Marta Fernández Currás. Se trata de un puesto clave, ya que le corresponderá elaborar los Presupuestos en un momento en el que el Gobierno del PP no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.

Alberto Nadal es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue vicesecretario general de la CEOE y de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales. Hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, en la que acometió la reforma del sector eléctrico para poner fin al déficit de tarifa y contener una deuda de los consumidores cercana a los 29.000 millones.

Nadal comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde ocupó diferentes cargos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y como asesor económico del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en la etapa de José María Aznar. Además, fue director general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), secretario general de Comercio Exterior y consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos.

Capicúas energético-presupuestarios

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La designación como secretario de Estado de Presupuestos de Alberto Nadal junto al nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía ha devenido con bastante sigilo en un hecho insólito en la historia de la Administración española: el hermanamiento fraternal entre el Ministerio de Hacienda y el área de Energía, imprevisible en 2013 después del pulso perdido por el ministro offshore José Manuel Soria con Cristóbal Montoro a cuenta del déficit de tarifa. Una situación capicúa en la que ahora ambos hermanos saben que la responsabilidad energética no es especialmente sencilla de abordar.

La primera cuestión que plantea el estado actual de la situación es, lógicamente, la propia designación futura de secretario de Estado de Energía, en sustitución de Nadal. Es decir, qué candidatos pueden estar en el pool de los nominados, los  problemas que habrá de abordar, con el agravante de contar con un Ministerio dedicado a tal efecto, con lo que su responsabilidad será más nítida.

Alberto Nadal, muy discutido, con una ejecutoria caracterizada por el mínimo nivel de negociación política sectorial, se empleó en abordar a su manera el problema del déficit tarifario, cuando sus predecesores habían seguido la política de Señor, que pase de mí este cáliz. Probablemente, no le quedaba otra dado el nivel al que estaba llegando el déficit tarifario y su tendencia explosiva imparable. Todavía no hemos visto el desenlace final de los conflictos derivados de estos cambios normativos, pero lo deberán abordar el flamante Ministerio y el futuro Secretario de Estado. Y seguramente los siguientes.

La segunda cuestión se deriva del resultado de las carambolas de billar del Gobierno extendido a las Secretarías de Estado. Es decir, por ejemplo, la designación del nuevo secretario de Estado de Energía se instrumentará conjuntamente con los juegos y equilibrios de poder resultantes del nombramiento de responsable de la Oficina Económica del Presidente. Será relevante si su nuevo responsable pertenece a la órbita de Luis de Guindos o a la órbita de los hermanos Nadal (y consecuentemente de la vicepresidenta Saénz de Santamaría), y condicionará el enfoque de la energía en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Abordar cuestiones como la separación de determinados costes regulados de la tarifa eléctrica por su naturaleza política ajena al suministro (extrapenisulares, renovables) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, no podrán ser tratadas con inhibición o con una política de mirar para otro lado, puesto que ahora será el propio Alberto Nadal  quien tendrá esa patata caliente. Asimismo, Álvaro, parece haber avanzado su intención de conseguir bajar los precios energéticos, cuestión por otra parte contenida en el acuerdo con Ciudadanos. ¿Con qué enfoque se pondrá a esta labor?

Todo está lleno de capicúas.

El PSOE propone en el Congreso una ley para crear una nueva tarifa social energética cargada a los Presupuestos

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados sus primeras iniciativas parlamentarias de carácter económico para la XI legislatura, que apenas ha comenzado, incluyendo entre ellas una propuesta normativa con la que crear una nueva tarifa social para el gas y la electricidad que dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos. Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.

A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa. Ese precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico. Lo que no aclara es cómo se discriminaría este consumo entre otros.

El déficit de ingresos que sufrirían las empresas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos. Además, los socialistas incluyen en su iniciativa un procedimiento para reconocer los casos de pobreza energética a las familias que destinen más del 10% anual de su renta al pago de los suministros y que cumplan ciertas circunstancias a determinar reglamentariamente, junto con otros requisitos como la localización de la vivienda, el grado de eficiencia o el número de miembros en la familia.

A quienes se reconozca esta situación no se les podrían cortar los suministros indispensables ni tampoco las fuentes de energía durante los periodos más fríos, en función de un calendario estacional según las zonas climáticas. Igualmente, las suministradoras habrían de pedir permiso para cualquier desconexión, que en ningún caso tendría lugar antes de 6 meses desde el primer requerimiento de pago. Finalmente, el PSOE incluye también la previsión de que, en 6 meses, el futuro Gobierno apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética usando fondos del Presupuesto a complementar por comunidades y ayuntamientos, mediante actuaciones como créditos preferentes para la rehabilitación o fomento de las renovables en los hogares.

Vilaseca (Gas Natural) pide que las renovables sean apoyadas por los Presupuestos Generales del Estado

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EFE.- Rafael Vilaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, ha explicado en el transcurso del congreso anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que la energía debe responder a los principios de «sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y seguridad de suministro», algo que «es una novedad» porque hasta ahora la Unión Europea solo se fijaba en el medio ambiente y China se centraba en el coste.

No es optimista Vilaseca con respecto a próximos acuerdos porque «China seguirá creciendo en emisiones hasta 2030» y es necesario dar pasos «para preservar el planeta de las emisiones de dióxido de carbono».

En su intervención, se ha mostrado muy crítico con las políticas intervencionistas en materia energética, y ha vaticinado una gran desigualdad entre los precios de la energía en los diferentes territorios según la tecnología que utilicen o las políticas ambientales.

Hasta ahora en España, ha continuado, «el deterioro del factor energía para las empresas ha sido enorme», y ha asegurado que «mientras la mitad del recibo de la luz no obedezca ni a los costes de generación ni a los costes de distribución y transporte, la factura no puede ser barata».

«Los costes de subvenciones y de impuestos extraordinarios en el sector» son un estigma, por lo que considera que tendrían que estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, donde «tendría más sentido que estuvieran los apoyos a las energías renovables».

De cara al futuro ha expresado su deseo de que no se repitan errores del pasado, como el déficit de tarifa, y no se acaben «creando problemas similares: espero que aprendamos la lección, que ha sido muy dura para España«.

Nadal: el impacto de los arbitrajes internacionales por las renovables sería «muy pequeño» para el sistema en el «peor escenario»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró en el Senado ante la Comisión de Presupuestos que el impacto para el sistema eléctrico de la veintena de arbitrajes internacionales presentados ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra España por los recortes efectuados a la retribución de energías renovables sería «muy pequeño» en el «peor escenario» ya que el arbitraje afecta «exclusivamente» al inversor que arbitra contra el Estado y «a nadie más».

De esta forma, auguró que en el «peor escenario» para España el impacto para el conjunto de la estabilidad del sistema sería «muy pequeño», tras recordar que «muchos» de los arbitrajes se dirigen contra medidas del Gobierno socialista de 2010 y algunos recogen planteamientos «bastante peregrinos». En este sentido, apuntó que «ninguna empresa española podría arbitrar contra el Reino de España», y recordó que la posición de la Comisión Europea sobre este asunto es que al tratarse de empresas europeas arbitrando contra un Estado miembro «no se está utilizando adecuadamente la Carta de la Energía«.

Esto se debe, según explicó, a que existen «suficientes medios jurídicos en tribunales europeos y españoles para garantizar la seguridad jurídica de todos inversores en territorio español de origen europeo». En cualquier caso, Nadal sostuvo que la sostenibilidad del sistema eléctrico está «garantizada» para los próximos seis años «si se mantiene el marco regulatorio estable que se ha creado en esta legislatura» y que «elimina el principal problema del sector», en referencia al déficit tarifario.

La CNMC vigila a petroleras

Respecto a la admisión a trámite por la Audiencia Nacional de una querella contra las principales petroleras por si podrían haber actuado de manera concertada para alterar precios, Nadal señaló desconocer esta decisión por parte de la Justicia, aunque subrayó que «quien vigila que no existe situación oligopolística o de concertación de precios es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador». «Nosotros ponemos a disposición de ella toda la información que tenemos a nuestra disposición para que analicen continuamente el mercado. En su momento hubo una petición de la Fiscalía de que le diéramos toda la información que teníamos en nuestro poder, y no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido», añadió al respecto.

Respecto a los presupuestos del área de energía para 2016, Nadal indicó que la reducción del 12,5%, hasta 4.227 millones de euros, se debe a la reducción de los costes eléctricos, los cambios en los cánones hidráulicos, la caída del precio del petróleo y la modificación del sistema de financiación de la política de eficiencia energética. Esta política sostuvo que deberá ser la «prioridad» en la política energética para los próximos años tras conseguir atajar el déficit eléctrico en 2014, alcanzando el equilibrio, y previsiblemente conseguir «superávit» para este ejercicio, poniendo así fin a una serie de 12 ejercicios con déficits de tarifa «muy importantes».

Además, defendió que el Gobierno ha bajado la parte del recibo correspondiente a los costes regulados, con un descenso del 2% que entró en vigor en agosto, en la que tiene capacidad de actuar, ya que en lo que respecta al mercado no tiene margen. «Hemos rebajado por primera vez la parte de costes regulados, mientras que en las dos anteriores legislaturas subían y encima se iba generando déficit», añadió al respecto, subrayando que de no haberse actuado se habría producido una subida en el coste del recibo de un 40%, «que es lo que recibimos y hemos intentado evitar».

La oposición en el Congreso reprocha a Soria que su presupuesto no apoya a la industria ni a las renovables

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados reprocharon al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que las cuentas que ha preparado para su departamento en 2016 no contribuyen a la reindustrialización ni al desarrollo de las energías renovables, pese a tratarse de sectores fundamentales para consolidar la recuperación.

Durante el debate de las enmiendas de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2016, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, afirmó que las cuentas «consolidan el freno a la reindustrialización y al desarrollo de un modelo energético alternativo e innovador basado en las renovables«. «La industria no es una prioridad para el Gobierno», acusó, avisando de que «difícilmente» se alcanzará el objetivo del que el 20% del PIB sea industrial en 2020. Además, lamentó que no se haya «sabido aprovechar el impulso externo para consolidar un cambio de modelo productivo que asegure un crecimiento sostenible y permanente» y que la «caótica gestión energética» sólo haya servido para «desincentivar» el ahorro y las renovables.

Por la Izquierda Plural, el diputado Josep Pérez Moya coincide en que el Gobierno «renunció a dotar al país de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita una salida justa de la crisis» y que durante toda la legislatura haya «supeditado los intereses de los españoles» a los de la banca alemana o a los «intereses especulativos» de la industria energética. Mientras, el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que sean «continuistas» y «muy conservadores» ya que financian un modelo económico que «ha tenido un papel fundamental en el agravamiento» de la crisis al no apostar por sectores innovadores que dan «dinamismo» a la economía y generan empleo de calidad.

Por Convergència (CDC), Pere Macias puso en duda que los Presupuestos de Industria contengan las medidas «necesarias para dinamizar la reindustrialización que el país necesita», según esgrime el Gobierno, y advierte de que aunque en algunos sectores como el del automóvil «las cosas se han hecho razonablemente bien» en otros «se están haciendo bastante mal». Igualmente, echó en falta una «política decidida de apoyo a las pymes» y la apuesta por el vehículo eléctrico como el mejor instrumento para poner en valor el exceso de potencia eléctrica instalada que hay en España, lo que se suma a las decisiones que se han adoptado en contra del desarrollo de las renovables.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que estos Presupuestos se presentan en un contexto económico totalmente diferente al de años anteriores por el crecimiento y por la creación de empleo. Así, aseguró que con estas cuentas se «consolidará» la recuperación, que a su juicio es «sostenible y clara» siempre y cuando «persista esta política económica», particularmente en los ámbitos de su competencia. «Que la recuperación sea o no irreversible dependerá de que se mantenga el signo de la actual política económica, que ha generado confianza y credibilidad. La única sombra en el horizonte es que haya un giro radical en el signo de la política económica», advirtió.

A renglón seguido, Soria resumió las principales cifras de su departamento, explicando que la ligera caída del gasto se debe, entre otras cosas, a los menores costes del sistema eléctrico o al fin de las inversiones para reantenización. Y subrayó particularmente la buena marcha del turismo, que vinculó entre otras cosas a la buena calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) gestionado por las comunidades autónomas o a la seguridad.

El presupuesto de Industria para 2016 alcanza los 7.269 millones de euros, un 10,6% menos, como consecuencia del descenso del 14,8% del presupuesto no financiero, hasta 4.889 millones. Este descenso se debe a la reducción o desaparición de partidas como la destinada a financiar los costes del sistema eléctrico, el Plan PIVE o la eficiencia energética. El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al área de Energía, con 4.226,5 millones, un 12,45% menos, por la caída de los costes del sistema eléctrico, el ahorro energético y la corrección del déficit eléctrico.

Finalmente, el portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, esgrimió que el actual Ejecutivo ha «afrontado claramente la necesidad de desarrollar los sectores que crean empleo de más calidad» tras la «inactividad» del Gobierno anterior, que generó así numerosos problemas. Así, el diputado defendió que se consiguió la «sostenibilidad» del sistema energético apostando «decididamente» por la eficiencia y las renovables; se «apoyó e impulsó» a sectores tractores en la economía, atrayendo inversiones que «benefician a empresas de alto valor añadido» como el del automóvil o el aeroespacial; y se ha conseguido corregir los errores en la política turística, donde la pasada legislatura «había más presupuesto pero menos inversión y menos turistas».