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La Alianza Mar Blava cree que es «inaceptable» que el Gobierno vete la proposición de Ley para prohibir las prospecciones

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha considerado «inaceptable» la decisión del Gobierno central de vetar la proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, basándose «en argumentos de escasa relevancia o, directamente, falsos«, según han criticado.

Apurando el plazo del que disponía, el Ejecutivo central envió a la Mesa del Congreso un escrito oponiéndose a la tramitación de esta proposición de Ley argumentando que su aprobación «supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios». Mar Blava ha considerado que esa «lamentable» decisión del Gobierno demuestra su «nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático», así como el «enorme desprecio que ese veto supone hacia Baleares y sus representantes políticos» pues esta proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava y entregada al Parlamento balear, donde obtuvo un respaldo unánime.

Curiosamente, reprocharon, mientras el Gobierno se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés ha anunciado para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. «Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno de Rajoy», criticaron.

La Alianza Mar Blava insiste en la validez legal de esta proposición de Ley: «Es perfectamente legal que cualquier Estado declare la no explotación de un determinado recurso en todo o en parte de su zona económica exclusiva o de su plataforma continental. La explotación de los recursos naturales se concibe siempre como una facultad y no como una obligación».

Pide levantar el veto gubernamental

Mar Blava ha aclarado que el veto del Gobierno puede ser levantado por la Mesa del Congreso ya que tiene la posibilidad de admitir la proposición de Ley, a pesar de la disconformidad planteada por el Gobierno. Así, han pedido a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos que sumen sus votos en la Mesa para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de esta proposición.

Según Mar Blava, el informe de veto del Gobierno tiene dos argumentos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de hidrocarburos, la proposición «podría suponer un impacto presupuestario mínimo», según el Ejecutivo. En cuanto al segundo y último argumento, el Gobierno señala que con la aplicación de esta proposición no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones y que el Gobierno se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. «Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas«, han concluido.

Podemos habla de “manía persecutoria”

Por su parte, el secretario general de Podemos en la comunidad autónoma balear, Alberto Jarabo, ha afirmado que el informe del Gobierno central, que veta la proposición de Ley de Baleares que pretende prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo, demuestra la «manía persecutoria» del Gobierno hacia las Islas» que denota, en su opinión, una «falta de respeto hacia la gente de Baleares». Por ello, Jarabo ha indicado que su formación «coincide» con los argumentos de la Alianza Mar Blava.

«Coincidimos con el diagnóstico de Mar Blava, porque el Gobierno entiende que esto puede afectar al presupuesto, cuando lo que sí que provoca es una alarma social en una comunidad turística como es la nuestra», censuró al respecto. Por último, el líder de Podemos indicó que «no nos merecemos que se amparen en estas argucias legales» y, en este sentido, reivindica que el Estado español «se merece un gobierno de centro y no un PP que está parasitando las instituciones».

Navia defiende los Presupuestos en materia energética y los considera «responsables» con los objetivos de cambio climático

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia energética son «ambiciosos y responsables» con los objetivos de cambio climático para alcanzar las metas para 2020. Navia subrayó que estos objetivos de cambio climático son «un desafío a largo plazo», por lo que es necesario tomar decisiones a ese largo plazo, evitando que sean «costosas para el sistema y para el país».

Asimismo, destacó la reactivación en materia de renovables con la subasta de 3.000 megavatios (MW) llevada a cabo en mayo «con unos costes para el usuario muy positivos» y la nueva por otros 3.000 MW que se realizará en julio. «Ahora tenemos que ser más ambiciosos en materia de renovables, siempre acompañado por las interconexiones», señaló. Con estos 6.000 MW que se subastarán este año, Navia consideró que España se sitúa entre los países «más ambiciosos en renovables, pero sin costes para los usuarios y con unas implicaciones muy positivas».

Respecto a la factura eléctrica, Navia reiteró la intención del Gobierno de «seguir bajando», como se hizo en la anterior legislatura, los costes regulados, siempre que «haya margen para bajarlos». No obstante, pidió al resto de grupos políticos ser «responsables» y no llevar a cabo propuestas que en muchos casos suponen elevar los costes del sistema. «La prioridad es ser responsable y no asumir más costes en el sistema», sentenció.

La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios territoriales en los peajes eléctricos que consiguió el PNV para el País Vasco

Europa Press.- La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denuncia que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.

La Acco ha asegurado que esta medida «aparentemente neutra, que se aplica nacionalmente sin excepción, genera en la práctica un claro desequilibrio», remarcando que parten con ventaja los operadores ubicados en aquellos lugares en los que las líneas eléctricas tienen una tensión superior.

Ha concretado que la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV, y que la regulación existente contempla distintos peajes a pagar en función de la tensión.

Así, las líneas inferiores a 30 kV se les asigna el peaje 6.1A y a las de tensión iguales o superiores a 30 kV en inferiores a 36 kV les corresponde la tarifa 6.1B, y la Acco ha destacado que la reforma pactada tendría como objetivo la desaparición del segundo peaje y su incorporación en una tarifa superior (6.2).

Según la Acco, la desaparición de la tarifas 6.1B supondrá efectos diferentes entre las empresas en función del territorio donde estén implantadas, y «se agudiza el desequilibrio que ya existía» en base a la regulación actual.

Ha añadido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su contrariedad ante una rebaja de los peajes a los usuarios a los que se les aplica el peaje 6.1B.

 

Nadal asegura que la luz sería un tercio más barata si se hubiera hecho un desarrollo «pausado» de renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que si los 30.000 megavatios (MW) instalados en España de energía renovable se hubieran implantado «de manera más pausada, con menos impulso político, con menos deseo y más realismo», en vez de «7.000 millones de euros en primas que pagamos todos los años por 25 años, estaríamos pagando como mucho 300 o 400 millones y tendríamos una factura de la luz un tercio más barata de lo que ahora mismo estamos pagando».

La factura eléctrica sufraga cada año unos costes totales superiores a los 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 17.000 millones corresponden a costes regulados, entre los que se incluyen los incentivos a las renovables, mientras que el resto procede del coste de la energía en el mercado mayorista. El ministro criticó además que, «en la transición energética, muchas veces se pone por delante la ideología o los buenos deseos», cuando hay que «trabajar sobre realidades y costes».

Además, ha incidido en la mejora de la competitividad y ha instado a que el debate de política en España «se centre más en esto», en vez de hablar solo de que «el problema es de reparto». Por otro lado, ha reflexionado sobre la «revolución energética-climática y la digital». Respecto a la primera, ha indicado que afrontamos una «transición energética» hacia una energía más limpia, un cambio «costoso», que hay que hacer «con extremo cuidado».

Nadal abogó por «minimizar» las primas renovables y tomar decisiones «en los tiempos adecuados», siendo «muy realista con cómo va a funcionar la tecnología». Nadal critico que el «haber metido tanta energía fotovoltaica» en España con «una tecnología inmadura y a un precio muy caro» ha supuesto «una factura del orden de 2.000-3.000 millones de euros todos los años», como consecuencia de «precipitarse», en vez de «esperar a que la tecnología se desarrollase adecuadamente bien».

El ministro ha insistido en que «si vas muy por detrás no estás en el cambio tecnológico, pero si vas excesivamente por delante, y te puede más el deseo que la realidad, cometes errores y unos sobrecostes tremendos en el sistema» y ha destacado que la política energética requiere «consensos políticos» y «mucha visión», porque las decisiones se tienen que basar en «realidades y sobre visiones parciales que tratan de construir y aportar» y no utilizar esta cuestión «demagógicamente o políticamente para desgastar al otro».

Nadal ha subrayado que el Gobierno central tiene que asumir su «parte de compromiso» en la lucha contra el cambio climático, en lo referente al denominado Paquete de Invierno de la nueva normativa europea sobre energías renovables. «Nuestra estrategia pasa por aportar como hemos hecho antes», indicó para, a continuación, recordar que España tiene un objetivo de alcanzar el 20% de energías renovables para 2020 y «hay que fijar» el de 2030, teniendo en cuenta de que España es «una isla energética». Al respecto ha apostado por hacer una «ligazón» entre objetivos medioambientales y el nivel de interconexión energética y reivindicó «un consenso» sobre esta cuestión entre las fuerzas políticas.

No quiere prescindir de nada

En lo que respecta a la producción energética ha considerado que España no dispone de un avance tecnológico «lo suficientemente maduro» como para «prescindir de alguna tecnología» en el sistema energético y así «todavía hay que dar respaldo» a las energías renovables, lo que «cuesta mucho dinero». Por eso ha incidido en que la transición «hay que hacerla con cuidado y al menor coste posible». A su juicio, es «difícil» prescindir de gas y carbón, puesto que este último «ofrece un seguro del que es difícil prescindir, ya que nos da un seguro para la utilización de la energía térmica».

«Por eso es bueno que vayamos con esa idea constructiva al debate político», ha subrayado, para señalar, a continuación, que «el 90% de las propuestas» que recibe de política energética no consisten en «disminuir los costes del sistema y mejorar la competitividad», ni tampoco en «hacer más óptima a menor coste esta transición«, sino que pasan por el «no me cobres a mí esos costes, rebájamelos y dáselos a otros».

De este modo, ha criticado que «muchas» propuestas sobre autoconsumo no son eficientes como, a su juicio, tampoco lo es que cada uno pueda definir su potencia todos los meses. «Yo no pago cuando no consumo pero lo que no pago yo lo paga otro«, subrayó. En definitiva, ha opinado que «no son constructivas», sino «juegos de suma cero», lo cual «no es una manera de hacer política energética», porque ésta tiene que hacer que «todo el sistema cueste menos».

Sobre la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV, contemplada en el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año, Nadal ha indicado que está pactado que «no le cuesta un euro al resto de consumidores», por lo que deberá aparecer una partida presupuestaria «en el presupuesto de 2018». A ello añadió que existe la «dificultad» de que Europa lo invalide como ayuda de Estado. «Hay celos competenciales que complican la cuestión y que me gustaría que se resolviesen», incidió.

Por otra parte, cuestionado sobre los terrenos de la central nuclear de Lemoniz y la de Garoña, ha apuntado que se reunirían los Ministerios de Energía y Medio Ambiente para abordar la «desafectación» de las tierras de la primera, que «debería ir razonablemente rápido«. «A base de perseguir judicialmente a los funcionarios de Medio Ambiente, pues se lo piensan todo mucho, luego queremos rapidez pero es que todo se lleva a la Fiscalía y muchas veces quedan sobreseíadas las causas, pero muchas veces quedan años y años para que al final se archiven», ha reflexionado.

«En eso hay que tener sensatez, porque si no, se atascan expedientes que es lo que está pasando», ha añadido. Sobre Garoña ha indicado que el Gobierno central «no ha tomado ninguna decisión» y hay «tiempo hasta julio». Además, Nadal ha opinado que, «desde el punto de vista del conjunto del sistema energético, Garoña no es tan importante«, aunque si desapareciera el parque nuclear en el país «la subida del precio energético sería del 25%».

El PP y Foro Asturias pactan destinar 10 millones de euros a reducir las emisiones contaminantes en las centrales térmicas

Europa Press.- El PP y Foro Asturias alcanzaron un acuerdo para la promoción por parte del Gobierno de mecanismos de apoyo para la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas por valor de 10 millones de euros. La enmienda, incluida en el proyecto de Presupuestos a través de una nueva disposición adicional, recoge así el acuerdo entre PP y Foro, que pactaron dotar con hasta 10 millones de euros en los Presupuestos las subvenciones para reducir la contaminación en estas centrales.

El Congreso acepta usar el superávit eléctrico para el pago de las indemnizaciones a las renovables por los arbitrajes adversos

Europa Press.- La Comisión de Presupuestos del Congreso ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional el dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales. Sin embargo, esta aplicación se amplía para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP, autor de la iniciativa, en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos». Esta enmienda se registró cuando España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados a las renovables.

Estas disposiciones con rango de ley suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

El Congreso ya examina la propuesta legislativa impulsada desde el Parlamento de Baleares para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha confirmado que la Proposición de Ley para proteger el Mediterráneo de las prospecciones ya está siendo examinada por la Mesa del Congreso de los Diputados. La entidad ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios el informe jurídico sobre la ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley.

Dicho informe ha sido encargado por la Alianza Mar Blava y concluye que*las disposiciones de la Proposición de Ley «no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado». El estudio ha sido emitido por Javier Sánchez, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid.

Así, en los antecedentes se destaca que los grupos del Parlamento balear, Més per Menorca, PP, PSOE, Podemos, El Pi-Proposta per les Illes y Mixto, presentaron ante la cámara autonómica una Proposición de Ley con fecha 15 de febrero de 2017 sobre Protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Cumplimentada su tramitación en la Cámara autonómica, la Proposición de Ley ha sido enviada al Congreso de los Diputados.

Sobre el análisis de la Proposición de Ley, se destaca que consta de un artículo único para excluir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del Mediterráneo sobre el que España ejerza jurisdicción.Igualmente queda excluido de dicho espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.Como conclusión, el académico reitera que la Proposición «no supone jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado».

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.

Energía asegura que no dedicará el superávit tarifario a la indemnización a las compañías eléctricas por financiar el bono social

Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asegura que la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017, en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico, no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años.

«Es una previsión genérica y no tiene en cuenta que sea para una sentencia u otra», afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, añadiendo que, en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno «va a pelear donde corresponde, en los tribunales».

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, «que se da con relativa frecuencia», de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos. En este sentido, subrayó que si las indemnizaciones por sentencias atrasadas se pagaran siempre con cargo a los Presupuestos, «se generaría un incentivo perverso» a hacer «regulaciones agresivas», que, de ser rechazadas, luego la pagarían otros Presupuestos dentro de varios años. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo», añadió al respecto.

Ambición en fomentar eficiencia energética

Además, Navia destacó también la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. «Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación», indicó. En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es «claramente ambicioso», como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición «vaya acompasado con los otros agentes implicados».

Por lo que respecta a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, que es a lo que, según la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, era a lo que debía destinarse los superávits que el sistema español alcanzó desde entonces, ha señalado que desde que se introdujo la reforma el déficit se ha ido reduciendo cada año en 2.000 millones de euros, corrigiendo los «costes acumulados en el pasado». Navia considera que «sin esa losa» podrían ser más ambiciosos.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupos políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el mix energético español. «Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan estando, como se vio en el episodio de enero «, reconoció. Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el mix eléctrico. «Es lo lógico y lo razonable», añadió.