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Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.

Planas subraya que los Presupuestos del Gobierno «claramente» excluyen el gasóleo profesional de los «incrementos suplementarios» del diesel

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Europa Press.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 «claramente excluye» el gasóleo profesional de los incrementos del gasóil que, según apunta, «tienen que producirse en la línea con los incrementos de todos los países de la Unión Europea».

Para la agricultura y pesca

«El gasóleo para la agricultura y para la pesca no está incluido en estos incrementos suplementarios», ha subrayado Planas para referirse a declaraciones de «algunos que intentan inducir a la confusión, algunos de forma benigna, otros no tan benigna y más interesada» sobre este asunto.»Por tanto, quiero ratificarlo en voz alta, no es la primera vez que lo digo, pero ahora después de haberse presentado los presupuestos puedo confirmarlo ante todos ustedes», ha dicho Planas.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.

Greenpeace y Ecologistas en Acción celebran el aumento del 49% en los Presupuestos para cambio climático pero lo consideran insuficiente

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Europa Press.- Greenpeace observa «ciertos brotes verdes» en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que reconoce como «tímidos avances», ya que celebra el aumento de un 49% de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7% en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático «quedan muy lejos ante la magnitud de los retos» que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar «al mismo nivel de importancia» que otros temas sociales como las pensiones. También ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a «ciertos brotes verdes», que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica. «El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos», critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental, que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales. En definitiva, la ONG reclama una «revisión seria» para adaptar los «ciertos brotes verdes» en los Presupuestos a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y Transición Energética que pueda obligar a que se concrete en los Presupuestos una apuesta real por la transición ecológica.

Transición justa y fiscalidad ecológica

Greenpeace ve «algunos gestos para el optimismo», en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los Presupuestos. Por su parte, la coordinadora del análisis de Presupuestos de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las «vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad». «Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible«, concluye.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción aplauden la reducción de los subsidios al diésel: «Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60% de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes». «Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación», añade. Por otro lado, considera «un craso error«, si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que financiará automóviles de gas.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá su asignación en los Presupuestos de 47 millones de euros durante 2019

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Europa Press.– El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá prácticamente invariable su asignación presupuestaria para 2019, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación. Así, el CSN contará con 47 millones de euros de asignación presupuestaria, la misma suma que durante 2018, aunque con un ligero incremento del 0,1% respecto a los 46.877.940 euros del año pasado.

Se trata del segundo año consecutivo en que el regulador nuclear mantiene su partida presupuestaria, con muy leves incrementos, puesto que el año pasado aumentó un 0,9% respecto al 2017. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. El organismo se enfrenta actualmente al proceso de renovación de buena parte de los consejeros del pleno por motivo de fin de mandato o por jubilación.

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

La ministra Montero acusa al PP del incremento del precio de los carburantes en cinco comunidades en los últimos presupuestos

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Europa Press. – La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado en el Congreso de los Diputados al anterior Gobierno del PP de introducir en los últimos Presupuestos Generales del Estado una subida del precio de los carburantes en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, vía impuesto de hidrocarburos.

La ministra ha explicado que esta subida se había incrementado en 48 euros por cada 1.000 litros. Ha criticado que «como ustedes siempre esas cosas no las cuentan, la meten por la gatera, en la ley de Presupuestos en su artículo 82 (impuesto de hidrocarburos) se plantea la subida a todos los carburantes en cinco comunidades».

De esta manera ha replicado Montero a las críticas del Partido Popular, debido a la subida de la fiscalidad para el diésel. Por este motivo, se ha preguntado si el que fuera anterior Gobierno desconocía o «estaba ignorando» toda esta afectación a la economía y al sector del automóvil o intentaba revertir «una situación insufrible» de reducción del gasto.

Relacionado con eso, la ministra ha criticado al PP, ya que, según ella, antes de las elecciones de 2015  «como cebo electoral, se habían dedicado a bajar los impuestos, fundamentalmente a las clases pudientes. Aplíquese el cuento. Provocaron una subida de todos los carburantes que no se la han explicado a los ciudadanos».

Montero se defiende asegurando que  «la fiscalidad ‘verde’ no tiene afán recaudatorio, sino que va dirigida a intentar que cada uno contribuya en sus posibilidades» a que «este planeta siga siendo verde».

 

«Infierno fiscal»

El diputado ‘popular’ José Ignacio Echániz ha criticado «el infierno fiscal» que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que cree que «el afán recaudatorio» del Ejecutivo, en su política fiscal, «no tiene limite».

De este manera, se ha preguntado el motivo por la que anuncia subidas en la mayor parte de figuras tributarias después de un año en el que la recaudación va a ser «suficientemente buena», y en un producto, el diésel, que ya tiene un recargo del 55%.

En el mismo sentido, Echániz ha resaltado que dos terceras partes del parque automovilístico español, casi 18 millones de vehículos, son diésel, en el último año se compraron un millón de estos vehículos, que a raíz del anuncio del Ejecutivo de incrementar la presión fiscal las ventas han caído un 16% en los últimos meses, y que la subida del combustible encarecerá productos que recurren al transporte de carreteras para su distribución.

 

Montero matiza que el gasóleo no se equiparará a la gasolina mientras que la Eurocámara limita la exposición al diésel

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la subida del diésel verá la luz en el momento en el que se aprueben los Presupuestos, algo que estará pendiente de desarrollo legislativo, o bien en la Ley de Cambio Climático, que cree que se retrasará más que la propia tramitación de los Presupuestos.

De nuevo ha vuelto a aclarar que los transportistas y quienes tengan en sus costes empresariales cifras importantes del diesel no se verán afectados por el incremento de este carburante. Según Montero, hay algo «radicalmente distinto» entre los cambios en la normativa fiscal que quería aprobar el Gobierno francés y el de España, ya que en el país galo se buscaba una subida global de todos los carburantes, mientras que en España se planteará de forma progresiva la equiparación del diésel a la gasolina. De esta forma, en la primera modificación que verá la luz ni siquiera se producirá la equiparación total, por lo que Montero ve una propuesta «bastante razonable» para que la fiscalidad medioambiental contribuya a la sostenibilidad.

Exposición al gas del diésel

El pleno de la Eurocámara ha aprobado las nuevas normas europeas que limitarán la exposición al gas del diésel en la Unión Europea con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores y evitar la muerte por cáncer de 100.000 personas en los próximos 50 años. Los negociadores del Parlamento Europeo lograron incluir en el acuerdo con los Veintiocho, que todavía deberán dar su aprobación, para limitar los valores de exposición a gases de los motores diésel y proteger así a unos 3,6 millones de trabajadores potencialmente en riesgo.

En concreto, se ha pactado un límite de 0,05 mg/m3 para las emisiones de los motores diésel durante 8 horas, limitación que estará en vigor en la mayoría de los sectores dos años después de que finalice el periodo de trasposición de la directiva, en 2023 en principio, con la excepción de minas y túneles, donde se deberán cumplir los límites cinco años después, en 2026 teóricamente, según el grupo de los Verdes, que reclaman la inclusión de los gases de motores diésel en la normativa desde la primera revisión de la directiva sobre sustancias cancerígenas y mutágenos en 2016.

Otros 7 cancerígenos se prohíben

Gracias a las nuevas normas, también se limitará la exposición a los compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), los aceites minerales utilizados en la combustión de motores, el tricloroetileno (TCE), la 4,4′-Metilenodianilina, el epiclorohidrino (C), el dibromuro de etileno y el dicloro de etileno. Las normas fijan límites de exposición a las sustancias en suspensión en el aire donde se trabaja como en la piel. El cáncer es el responsable del 52% de las muertes laborales en la Unión Europea, según datos del Ejecutivo comunitario.

El responsable de la negociación de las normas en la Eurocámara, el eurodiputado popular belga, Claude Rolin, ha considerado un éxito fijar un valor límite para las emisiones de motores diésel, a las que están expuestas «millones de trabajadores» pero ha alertado de la necesidad de mantener la vigilancia «constante» sobre las sustancias dañinas en el lugar del trabajo. «Es inaceptable que los trabajadores pierdan su vida mientras trabajan», sentenció.