Entradas

El PSOE pide incluir en los Presupuestos ayudas para facilitar la transición energética en la industria con eficiencia y renovables

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El PSOE reclama al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una línea de ayudas a la industria para facilitar la transición energética, al amparo de las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Así figura en la proposición no de ley registrada por los socialistas en el Congreso, que el PSOE quiere someter a debate y votación en la Comisión de Economía.

La iniciativa reclama al Ejecutivo que impulse estudios medioambientales y trate de adaptarse a las futuras normas que apruebe la Comisión, y contemple ayudas a la industria para la utilización de energía renovable y la captura y almacenamiento de CO2, incluyendo «elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento». Asimismo, también piden ayudas para la adopción de medidas de eficiencia energética, incluyendo la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración, y el uso eficiente de los recursos.

El PSOE reclama al Gobierno que, una vez incluya esta línea de ayudas en los Presupuestos, publique «a la mayor brevedad posible» las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas. Los socialistas recuerdan en su exposición de motivos que, a pesar de que las Cortes Generales plantearon la necesidad de elaborar una ley de cambio climático hace tres legislaturas (2008-2011), y que la Comisión Europea propuso en 2014 impulsar un marco estratégico en materia de clima y energía, el Gobierno aún no aprobó la ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En este sentido, advierten de que el plazo para aprobar esta ley, en virtud del mencionado marco estratégico, así como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España, en cumplimiento del Acuerdo de París, vence en el primer semestre de 2018. Por ello, reclaman que la futura ley contemple la necesidad de apoyar a la industria al desarrollar la transformación del modelo energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar la integración de las renovables en el sistema eléctrico.

El CES considera que el bono social de electricidad debería ser financiado por los Presupuestos y no por las comercializadoras

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social de electricidad debería ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. El CES señala que la electricidad es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El Gobierno aprobó en octubre el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o sobre los Presupuestos.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda replantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables ya que los límites de consumo anual que establece la nueva regulación, de a partir de 1.200 kWh, «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar «hacia un marco jurídico estable» para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, «asegurando una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores”.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción bajo en carbono. El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, también respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales.

Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo. Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

AEGE asevera que el resultado de la subasta de interrumpibilidad es un «duro batacazo» para la industria electrointensiva

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen «un duro batacazo» en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán «consecuencias negativas» después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.

AEGE señala que el resultado supone un recorte del 30% con respecto a 2017, con una reducción de 86 millones de euros en el precio medio del servicio y de 66 millones en la potencia asignada. Así, la asociación considera que con esta reducción de potencia interrumpible, «no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia», las fábricas proveedoras del servicio sufren una fuerte merma de su retribución en el mejor de los casos».

Además, subraya que, después de que se recortara a 5 meses el periodo de vigencia y se bajara el precio de salida en un 10%, en la subasta se confirmó una reducción de la potencia subastada y un recorte del 20% en los precios medios asignados. «Este resultado supondrá una pérdida de competitividad considerable para industrias que emplean 186.000 personas. Al recorte se suma la incertidumbre que rodea al servicio a partir de junio: lo contrario de la estabilidad que necesita la industria», añade AEGE.

Finalmente, la industria electrointensiva solicita medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos. En este sentido, pide que se aplique ya la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a las fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017 y que, «la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de dicha compensación».

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.443 millones de euros hasta octubre, 365,3 millones menos de lo previsto

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.443,6 millones de euros en los diez primeros meses del 2017, 365,3 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), debido, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 376,5 millones de euros.

El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 185.638 gigavatios hora (GWh), un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (10.642,7 millones de euros) fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. Mientras, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,6% inferiores (1,5 millones de euros).

En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de octubre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.572 instalaciones del total de las inscritas en el registro de régimen retributivo específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.956,4 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 88% a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. La cantidad a pagar a los productores en la décima liquidación asciende a 685,28 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 57,3 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado hasta octubre fue de 466 millones de euros, frente a los 462 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 79,9% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.076 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 327 millones de euros, un 27,8% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por su parte, la demanda nacional de gas facturada hasta el 30 de octubre de 2017 ascendió a 245,9 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,78 millones, con un aumento interanual de 91.044 consumidores (+1,2%).

La AMAC denuncia en el Congreso que el cierre de la central nuclear de Garoña se decidió sin alternativas económicas

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), Raquel González, llevó al Congreso de los Diputados las preocupaciones de la comarca afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña, un territorio que, según señaló, está preocupado por «la despoblación» que puede suponer el que no se prevea una alternativa económica para el entorno de la planta.

González ha explicado que la inquietud del Valle de Tobalina «no es por los próximos 10 o 15 años», tiempo previsto para el desmantelamiento de la central, sino «lo que viene después», cuando los habitantes de la comarca comiencen a acusar la falta de empleo. «La llegada de Garoña marcó el municipio de una manera determinante. Se generaron expectativas de empleo y eso nos ha permitido contar con población», ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que la comarca cuenta con 34 núcleos de población que suman unos mil habitantes.

A su juicio, los representantes de estas personas, que son las que «sufren las ventajas y los inconvenientes» de la instalación de la central «no deben ser ajenos» a los planes del Gobierno porque, según apuntó, son los que conocen las necesidades del entorno. Así, denunció que el cierre de Garoña «ha sido una decisión que se toma desde un entorno ajeno» como es «un despacho en Madrid», mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

Para González, esta «distancia» con la que se ha tomado la decisión, es, entre otras cuestiones, el motivo por el que el Ejecutivo ni se haya planteado otras alternativas económicas para la zona. «Y deberían buscarse desde ya, desde este momento», ha apuntado la regidora, que cree que pasados los años de desmantelamiento ya será tarde. Su intención, según ha indicado, en conseguir el compromiso del Gobierno de que en los próximos Presupuestos se refleje en una partida las medidas que se van a aplicar.

Ciudadanos quiere prohibir las prospecciones en el Mediterráneo europeo mientras el PSOE exige que comparezca Nadal para explicar su veto

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El grupo socialista del Congreso exigió la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar su veto a la tramitación de la ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos, Antoni Cantó, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, y Fernando Navarro, han asegurado a la Alianza Mar Blava que mantienen su «total apoyo» a esta ley y que les gustaría ampliar la prohibición a «todas las aguas europeas del Mediterráneo».

Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Ciudadanos en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que «no es el caso del veto» del Gobierno. Según dicen, la justificación de este veto se basa «en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente», es decir, a los Presupuestos estatales que están en vigor, y que «ese tampoco era el caso» con la proposición de Ley de protección del Mediterráneo.

Por esto, les han aportado a Ciudadanos un informe jurídico sobre «la falsedad» de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Ciudadanos aseguraron que lo que habían hecho había sido pedir «inmediatamente» explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto. De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno, que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto, y de lo «convincente» que ésta fuera, tendrán que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.

PSOE exige comparecer a Nadal

El diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, ha reclamado explicaciones al ministro por su bloqueo a una ley que «surgió de la iniciativa popular y que fue aprobado por unanimidad» de todos los partidos en el Parlamento autonómico, «incluso con los votos del PP aunque ahora su portavoz reconozca que no lo deberían haber hecho», según indicó el PSOE.

Con todo, Pons ha recordado que los socialistas del Congreso han defendido en varias ocasiones la tramitación de esta iniciativa legislativa tras el veto de la Mesa, pidiendo a este órgano que reconsidere su decisión siguiendo el camino marcado por el Gobierno. Así, los socialistas pretenden que el ministro de Energía explique a la ciudadanía por qué el Gobierno no quiere prohibir las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo y recordaron el «peligro ambiental y económico que suponen estas actividades ante las costas de Baleares».

Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.

Las cementeras reclaman costes energéticos más bajos para poder competir

/0 Comentarios/en , , , , , , , , /por

EFE / Servimedia.- El vicepresidente de la patronal cementera Oficemen, Isidoro Miranda, ha reclamado medidas para que el diferencial de precios de energía de la industria española con otros países se reduzca, pues «con los costes eléctricos que estamos soportando es difícil competir en otros mercados». Miranda hizo un llamamiento al Gobierno español en este sentido y aseveró que si el Ejecutivo «quiere que la industria crezca», España tiene que tener «una política industrial más clara y firme que la que tenemos actualmente».

Isidoro Miranda, que achacó la caída del 7,6% de las exportaciones en los cinco primeros meses de este año al encarecimiento de la electricidad en España en los dos primeros meses de 2017, recordó que la electricidad supone el 35% de los costes variables de la industria cementera. En este sentido citó el importante repunte que ha habido de los precios en el mercado mayorista este año, así como que el diferencial con Alemania se sitúa en 20 euros el megavatio hora (MWh), lo cual está haciendo que España pierda cuota de mercado en exportaciones.

Miranda ofreció su respaldo al Gobierno a la hora de defender en Europa la ejecución de las interconexiones energéticas con la Península Ibérica y ha afirmado que si éstas existieran, el sector cementero español podría beneficiarse de situaciones de precio que se están produciendo en otros países de Europa. Añadió que esa desventaja competitiva que tiene España por el alto precio de la energía se tiene que «arreglar», pues «exportaríamos más», al tiempo que advirtió que se están perdiendo oportunidades.

«La incertidumbre de los costes eléctricos de producción resta competitividad a nuestra industria frente a países vecinos con mejores precios finales y continúa frenando las exportaciones», indicó el vicepresidente de la organización. «Si queremos tener una industria fuerte, tenemos que tener costes energéticos homologables a los competidores», ha afirmado Miranda, quien ha indicado que aún «queda mucho por hacer» en esta cuestión, aunque ha valorado que este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan una primera partida para la compensación a la industria electrointensiva.

Compromís recurre en el Congreso el veto del Gobierno a una iniciativa que presentó sobre la retribución a las fotovoltaicas

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Compromís ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso con la intención de que reconsidere su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno que impidió la tramitación de una proposición de ley de la formación valenciana sobre la retribución a las fotovoltaicas.

El Ejecutivo está facultado para frenar las iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos y en lo que va de legislatura ya ha recurrido a esta herramienta en 34 ocasiones. Para Compromís, el uso de este instrumento debería ser «extraordinario» pero el Gobierno lo está usando habitualmente de forma «partidista, partidaria y a la carta» para «trampear las incomodidades de una legislatura en minoría«.

Ante el veto a su ley, Compromís solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria de las Cortes que, según el diputado Ignasi Candela, les respondió con un texto plagado de «errores». «Utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto», señaló Candela, quien también se queja de que, en lugar de estudiar el impacto presupuestario de su iniciativa se limita a hacer un «análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno». Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y por eso han solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite su tramitación.

Podemos y PDeCAT se unen a ERC contra el veto del Gobierno a la ley balear que prohíbe las prospecciones

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- El grupo de ERC en el Congreso, con el apoyo de Podemos y PDeCAT, entre otros, registró un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara para pedir la suspensión del veto a la tramitación de la ley del Parlamento balear sobre la prohibición de prospecciones petroleras en el Mediterráneo.

Según el grupo catalán, y tal y como se recoge en el texto registrado, ERC y los grupos firmantes (Compromís, Nueva Canarias y Bildu) solicitan a la Mesa que reconsidere su aval al veto del Gobierno. El Ejecutivo ejerció su derecho al veto a iniciativas parlamentarias por considerar que la ley balear afectaba a ingresos y gastos de los Presupuestos, lo que la Mesa del Congreso aprobó con los votos de PP y de Ciudadanos.

Como quiera que la «última palabra» en cuanto al respaldo o rechazo de los vetos del Gobierno la tiene la Mesa, tal y como establece un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, ERC y los firmantes apelan a ella ante lo que consideran una decisión «arbitraria» y «no justificada» del Ejecutivo. Tanto el grupo catalán como los que le han dado apoyo en el escrito quieren que se tramite en el Congreso la proposición de ley, que pretende la protección del Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a los «daños» que puedan ocasionar «la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

ERC cuestiona un informe del Ministerio de Energía, sin firma, en el que se señala que la Ley incidiría en los Presupuestos, ya que la norma hace referencia a la autorización de concesiones o prórrogas. De acuerdo con el citado informe, la prohibición por la que aboga la proposición de la cámara autonómica balear conllevaría un aumento de los créditos debido «a la potencial exigencia de responsabilidad patrimonial» por los titulares de las concesiones. Para ERC, dicha responsabilidad patrimonial no procede, pues la propuesta de Baleares «no está revocando ninguna concesión otorgada», sino que impide que se concedan otras nuevas.