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El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto

Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 287 millones de euros, a la menor retribución del sistema peninsular en 55 millones de euros, y a la menor retribución de la actividad de distribución en 147 millones de euros, así como a una mayor facturación por peajes de acceso con 30 millones de euros más. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 6.045,8 millones, mientras los costes regulados se elevaron a 8.119,6 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (103.914 GWh) fue un 2,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Asimismo, la CNMC advierte de «la escasa relevancia» de esta liquidación debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. En cuanto a las energías renovables, se liquidaron 63.611 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada hasta junio ascendió a 3.553 millones de euros antes de impuestos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, con lo que los ingresos no son suficientes para cubrir los costes reconocidos, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,69% a cada coste a pagar con cargo a la liquidación, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 425 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 36,455 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,3 millones de euros, antes de impuestos.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 78 millones de euros, frente a los 175 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 94,6% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.505 millones de euros, un 5,1% superior a los ingresos previstos para la liquidación, y un 8,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta sexta liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.444 millones de euros, que es un 0,6% superior a la del año anterior. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

El CES plantea sacar costes ajenos al suministro eléctrico de la tarifa pero Nadal descarta “pasar el problema” a Hacienda

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que su obligación es tratar de reducir lo máximo posible los costes del sistema eléctrico y no trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas, pero el Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria una reforma normativa que saque de la tarifa eléctrica los costes ajenos al suministro de electricidad que, en su opinión, deberían financiarse por otros medios, por ejemplo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ésta es una de las propuestas incluidas en el informe El Sector Eléctrico en España, que presentó el presidente de la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales del CES, José Manuel Morán. El informe señala que debería considerarse la posibilidad de financiar fuera de la tarifa eléctrica los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), al tratarse de una política de cohesión territorial, y también, aunque «de forma escalonada», las ayudas a las energías renovables y las anualidades del déficit tarifario acumulado. El reciente informe del grupo de expertos sobre transición energética también abogaba por eliminar de la factura eléctrica algunos costes.

El CES considera que la trayectoria «ascendente» de los precios de la electricidad en los últimos años, incluso en la etapa de crisis, «resulta paradójica», un comportamiento que vincula con «el incremento de los costes ajenos al suministro». El informe recalca que «muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura«. Según el CES, esta evolución pone de manifiesto las disfunciones que presenta el sistema en cuanto a la determinación del precio, lo que obliga a revisar los mecanismos que lo conforman.

El informe aboga por impulsar los contratos bilaterales y los mercados a plazo, y por fomentar la entrada de nuevos participantes. El CES cree que los superávit de tarifa registrados en los últimos ejercicios deberían destinarse a amortizar el déficit acumulado. El estudio también destaca la necesidad de mejorar la tributación energética «respondiendo a la necesidad de armonizar la fiscalidad medioambiental», y asegura que existe «un amplio margen» para hacerlo.

Según el CES, «la internalización de los costes medioambientales debe ser el principio a seguir al fijar el tratamiento fiscal de la electricidad en España». En este ámbito, el consejo pide reducir el IVA que se aplica a la electricidad (ahora del 21%), al ser un bien de primera necesidad; revisar el impuesto especial de la electricidad; y suprimir los gravámenes que generan una doble imposición. Para el CES, la presencia de tributos a la generación de electricidad y al consumo industrial son discriminatorios respecto a los principales socios comunitarios.

El estudio aboga también por clarificar los conceptos de la factura eléctrica y señala que las rebajas establecidas en el bono social «tienen un alcance muy limitado», ya que se aplican solo a la tarifa regulada y no tienen en cuenta el término de potencia ni los impuestos. Asimismo, el CES plantea financiar con los Presupuestos la parte del bono social que asumen las comercializadoras.

El informe pide también que se revisen los pagos por capacidad y el mecanismo de interrumpibilidad (que proporciona mejores tarifas a las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro si es necesario). El CES se refiere también al autoconsumo y asegura que la normativa española recoge «una serie de trabas administrativas» que dificultan su desarrollo. En este sentido, pide revisar la normativa actual, en concreto el tratamiento de los costes regulados, y reclama simplificar los trámites.

El estudio defiende un mix de generación (reparto de producción eléctrica entre las distintas tecnologías) «equilibrado», que proporcione precios «competitivos». Demanda también el desarrollo de las infraestructuras energéticas, en especial de las interconexiones internacionales. Para el CES, el sector eléctrico debe jugar «un papel fundamental» en el proceso de descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático. No obstante, precisa que la electricidad es «cara», lo que, a su juicio, dificulta la electrificación de la economía.

“Pasar el problema” a Hacienda

Por su parte, el ministro Nadal asevera que «la solución no consiste en trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas y sí tratar de reducir los costes del sistema lo máximo posible». «La obligación del ministro de Energía es rebajar los costes y no que el problema lo solucione Montoro«, remachó. Nadal ha señalado que todavía espera la respuesta de los grupos políticos a su propuesta de revisar la retribución de algunos activos energéticos que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), están retribuidos en exceso.

Finalmente, el ministro de Energía afirmó que no se puede cargar de más costes al sistema eléctrico, en referencia a propuestas como el autoconsumo, ya que «hemos agotado toda nuestra flexibilidad y no tenemos margen, con unos costes fijos mucho más altos que el resto de países«. Por ello, Nadal ha rechazado la liberalización total del autoconsumo y que los autoconsumidores conectados a la red dejen de pagar su parte de los costes fijos del sistema porque “eso elevaría la factura de la luz para el resto de los consumidores”. Además, añadió, el sistema entraría en déficit a medida que aumente el número de autoconsumidores.

Urkullu reclama al Gobierno central que cumpla el acuerdo para rebajar el precio de la electricidad a la industria vasca

EFE.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo sobre tarificación eléctrica para empresas vascas recogido en los Presupuestos de 2017 que el Ejecutivo pactó con el PNV. «Esto ha de hacerse porque es un compromiso del Gobierno español en 2017 y con proyección a 2018. No debe estar sujeto a la negociación de este año», matizó. En este sentido, ha indicado que el incumplimiento de este acuerdo “afecta a la competitividad de las empresas vascas».

Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.

El Gobierno dará hasta 10 millones de euros en ayudas para reducir las emisiones en las centrales térmicas de carbón

EFE.- El Gobierno promoverá mecanismos de apoyo por un importe de hasta 10 millones de euros para reducir las emisiones en centrales térmicas de carbón, según recoge una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La disposición señala que esos mecanismos de apoyo estarán sometidos a los requisitos y límites previstos en la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea.

Una directiva comunitaria sobre emisiones industriales obliga a realizar proyectos de desnitrificación (para eliminar las emisiones de dióxido y monóxido de nitrógeno) en las instalaciones que quieran seguir funcionando más allá de 2020 y, si no lo hacen, la Unión Europea les irá reduciendo las horas de funcionamiento. Asimismo, el Gobierno promoverá la firma de convenios marco de colaboración con las comunidades autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón para otorgar ayudas al desarrollo de proyectos de infraestructuras y restauración en las cuencas mineras. Estos convenios marco podrán incorporar proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón que se encuentren pendientes de liquidación hasta un importe máximo de 21,3 millones de euros.