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El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

Podemos En Marea y Foro Asturias piden este martes en el Congreso cambios en el sistema de interrumpibilidad eléctrica

Europa Press.- En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las últimas elecciones generales, y Foro Asturias (FAC) defenderán este martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la necesidad de modificar el sistema de interrumpibilidad eléctrica para favorecer la competitividad de las empresas electrointensivas, de gran importancia en sus respectivas regiones.

En Marea señala en su iniciativa que el actual sistema de subastas anuales y la oferta de megavatios que se incluyen en ellas resultan insuficientes tanto para cubrir toda la demanda de las industrias como para facilitar la planificación de inversiones por parte de las empresas. Por ello, piden al Ejecutivo que negocie con los grandes consumidores eléctricos las medidas necesarias para mejorar el sistema tanto en el aspecto temporal de la oferta como en la cuantía de los bloques.

Por otra parte, la confluencia gallega de Podemos critica que la «dejadez» del Gobierno del PP a la hora de atender las necesidades de este sector industrial para que pueda acceder a la energía a precios «idóneos», junto con la estrategia de algunas empresas como Alcoa, suponen una «peligrosa amenaza» para el empleo y mantienen el «fantasma» de la deslocalización.

Evitar esta situación exige, cree En Marea, que las administraciones definan un nuevo modelo energético «sostenible y social» que prevea un «retorno adecuado» a la contribución que regiones productoras de energía eléctrica como Galicia realizan al conjunto del país, y que consiga mantener precios adecuados para mantener la actividad industrial. Y, en concreto, la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que impulse medidas para garantizar el empleo de Alcoa en La Coruña, para fomentar la implantación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de emisiones y el desarrollo de la actividad productiva en la compañía; y que redefina el sistema energético gallego.

Rebajas fiscales o de peajes

Por su parte, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, considera que la solución al problema pasa por conseguir un «nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible» para los sectores electrointensivas como la metalurgia, siderurgia, cementera o química, lo que podría lograrse mediante rebajas fiscales o en los peajes, en aras a evitar deslocalizaciones industriales. Y es que, según recuerda, la directiva europea sobre Ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permite las «reducciones de la carga fiscal, coste de acceso e incentivos a las energías renovables» para los grandes consumidores eléctricos.

Una posibilidad que países como Alemania o Francia ya han empezado a aplicar para «evitar la deslocalización silenciosa» de este tipo de compañías, y que en España debería plantearse «sin demora» dentro de una «política inaplazable» de fomento de la competitividad industrial que el Ejecutivo debería estar planteando. Pero, además, Martínez Oblanca reclama «medidas de emergencia», particularmente una tarifa eléctrica de aplicación «inmediata». La iniciativa plantea, por último, la necesidad de reformar «con urgencia» el sistema de costes energéticos al completo para evitar que la situación actual, en la que España cuenta con las tarifas «más caras» de toda la Unión Europea, «condene al país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores económicos clave».

Equo reclama en el Congreso una ley que prohíba el fracking por los «daños» que esta técnica causa

Europa Press.- Los diputados de Equo en el Congreso, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail, adscritos al grupo parlamentario de Podemos, registraron una iniciativa para exigir al futuro Gobierno una ley que prohíba la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos, el llamado fracking, en toda España apelando al principio de precaución por los «daños» que esta técnica causa.

Martínez recuerda que la «peligrosidad para la salud y el medio ambiente» del fracking ha motivado un gran «rechazo social», y defiende la necesidad de comenzar un cambio de modelo energético desvinculándose de las energías fósiles. «Apostemos por el sol y el viento para transformar el modelo energético y luchar contra el cambio climático», añade la diputada de Equo. «El fracking se ha demostrado económica, social y ambientalmente inviable, es una técnica que promueve un modelo de negocio especulativo. Lo que tenemos que trabajar es por un futuro energético basado en renovables«, coincide Jorge Luis.

Por último, ambos diputados recuerdan que la principal causa de rechazo de Equo al acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Ciudadanos es que plantea una moratoria para el fracking en lugar de apostar por su prohibición. Sin embargo, los socialistas tienen registradas en el Congreso dos iniciativas para paralizar los proyectos autorizados en Burgos y Cantabria y promover la prohibición del fracking en todo el país. ERC también ha presentado una proposición no de ley del mismo tenor.

La Junta de Castilla y León recalca que el fracking no figura entre sus prioridades

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló en el Parlamento autonómico que la técnica de la fractura hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos «no es una actividad prioritaria» para la Junta. Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada en las Cortes por el procurador burgalés de Podemos, Félix Díez, quien ha considerado que el borrador del Plan de Director de Industria sí incluye a la fractura hidráulica como una prioridad, lo que ha negado la consejera.

El representante de Podemos ha denunciado la existencia de versiones contradictorias entre representantes del PP y de la Junta de Castilla y León sobre esta materia y ha llegado a afirmar que «salta a la vista» que después de un año al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, tras más de una década con Hacienda, a Del Olmo «le viene grande» este departamento. Le ha recomendado que «sepa qué pone en sus informes», que ponga «a gente preparada y solvente» en las direcciones provinciales de Industria y «destituya a quienes amparan» las actuaciones de su antecesor, Tomás Villanueva.

«Está usted muy equivocado, es usted el que no se ha leído el documento», comenzó por decir Del Olmo, convencida de que en las 200 páginas del borrador del Plan Director de Industria no figura la palabra «fracking» o «fractura hidráulica«. La consejera consideró «una frivolidad» que el representante de Podemos la acuse a ella de no haberse leído del borrador y le pidió que aprovechen la mesa de trabajo abierta para mejorar el documento. «Pónganse a trabajar y si hay errores se corregirán», concluyó.

Discrepancias por las cuencas mineras

En la misma sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda ha contestado a otra pregunta sobre la enmienda pactada entre Ciudadanos y el PP para incorporar una línea de ayudas para los municipios mineros, que en opinión del procurador Manuel Mitadiel (C’s) no están respondiendo «al espíritu del acuerdo». Mitadiel ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en los 31 municipios afectados directamente por el cierre de explotaciones mineras y en que las actuaciones no se limiten a dotar de infraestructuras, ya que estas inversiones deberían ser ordinarias y no vinculadas a estos planes extraordinarios, y a contratar a parados durante seis meses. La consejera argumentó que el plan aún no está completado.

Precisamente, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, había indicado previamente que el Ejecutivo autonómico estaba «tergiversando» el acuerdo que alcanzaron para reactivar la actividad económica de los municipios enclavados en las cuencas mineras y se limita a ofrecer una especie de «plan E» de «aceras». En este sentido, Fuentes se quejó de que la Consejería de Economía y Hacienda haya cambiado la intención del plan de dinamización de los pueblos mineros que acordaron en el debate de los presupuestos para 2016.

Fuentes insistió en que lo acordado significaba que la Administración iba a ofrecer facilidades a las empresas que quisieran implantarse en estas zonas afectadas por la disminución de la actividad minera de León y Palencia, pero en opinión de Ciudadanos la Junta lo ha convertido en «un plan E como el de Zapatero» para «hacer rotondas, aceras y arreglar calles». «Eso no es lo que habíamos pactado con el Gobierno», ha insistido antes de recordar que el acuerdo preveía que se dedicarían a estos fines entre 5 y 10 millones de euros y que las acciones se limitarían a los 31 municipios mineros afectados directamente por la crisis del carbón.

En Comú Podem exige al Gobierno adoptar acciones legales para que Escal asuma responsabilidades por los seísmos causados por Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de Industria de En Comú Podem (Podemos) en el Congreso, Josep Vendrell, y la diputada Ángela Ballester exigen al Gobierno que tome las medidas legales necesarias para exigir a la empresa promotora de Castor, Escal UGS, que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas por los más de 1.000 terremotos causados por la actividad del proyecto Castor.

Ambos diputados explican que han presentado esta proposición porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos. Para ello, consideran que deberían peritarse los «daños materiales y morales» que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los seísmos, así como que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.

En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya registró recientemente en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de una retribución adicional. Finalmente, Podemos exige que se impulsen los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público. En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

El Tribunal Supremo ratifica la ilegalidad de la regasificadora de El Musel en Gijón y el Principado insiste en legalizarla

EFE / Europa Press.- El consejero de Empleo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, emplazó al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para «legalizar» la regasificadora del puerto de El Musel, que tuvo un coste de 380 millones de euros sin que nunca se haya puesto en funcionamiento, después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró en 2013 que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la ley.

El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el TSJM, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora de Musel debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Supremo considera que resulta fundada la apreciación del TSJM de concluir que a la fecha de entrada en vigor de la Ley autonómica 11/2006, que introducía un apartado que dejaba sin aplicación la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejasen 2.000 metros del núcleo más próximo de población, «el procedimiento administrativo» de la regasificadora «ya se había iniciado«.

El fallo sostiene, por tanto, que «siendo el comienzo del proyecto anterior al 1 de enero de 2007″ (concretamente de mayo de 2006), era de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fijaba dicha distancia mínima. El Supremo considera que la interpretación del TSJM «se encuentra justificada en atención a la singularidad concurrente en este caso, en el que en el momento de la solicitud formal de autorización existía una regulación diferente a aquella vigente». Pero además entiende que la ley autonómica que derogó el RAMINP «no es aplicable a los proyectos cuya autorización completa la administración General del estado«. Asimismo niega que el Principado «tenga competencia para derogar normativa medioambiental aprobada por el Estado».

Equo Asturias, partido en el que están integrados los Verdes de Asturias, los que iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora, «se alegra de que por fin se haga justicia y pide que todas las personas implicadas asuman sus responsabilidades». En definitiva, la decisión judicial viene a dar la razón a Los Verdes de Asturias contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética de 2008 y de la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio de 2009 que desestima el recurso de alzada contra la anterior. La primera de las resoluciones concedió a Enagás la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de El Musel.

Según Equo, esa regasificadora costó «más de 380 millones de euros» y aún en 2015 «se estuvieron dilapidando millones de euros» al conectarla con el gasoducto estatal, algo que, a su juicio, es «ilegal además de inútil». «Nunca ha estado en funcionamiento y no hay ninguna previsión de que así vaya a ser. Aún así, se mantuvo una ficción para no reconocer ante la ciudadanía el gravísimo error cometido», criticaron.

Asturias quiere impulsar la legalización

Por su parte, el consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco, recordó que la tramitación de todo el proceso fue «estatal» y que fue el Gobierno central quien decidió la construcción del equipamiento gasístico, con lo que el Principado está a la espera de hablar con el Ministerio y con Enagás «para ver cuál es su planteamiento». Según el consejero asturiano, buscar la fórmula para legalizar la instalación «parece lo más razonable» en lugar de plantearse una posible demolición de la planta dada la millonaria inversión que supuso y las expectativas de futuro que tiene.

Podemos pide responsabilidades al PSOE

Podemos exige que el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, asuman sus responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la regasificadora. Podemos señala que la sentencia del Supremo «refleja los despropósitos y sinsentidos del gobierno socialista para con Asturias». Podemos exige que se deben asumir responsabilidades políticas por «un nuevo despropósito» y recuerda que Areces, ahora senador, era el máximo responsable político de Asturias y que Fernández ocupaba en 2004 una viceconsejería del área. La formación morada considera que la consejera Belén Fernández acumula ya “demasiados despropósitos” por lo que «la situación es lo suficientemente grave como para no seguir manteniéndola en su cargo».

Podemos critica que el PSOE sea «capaz de defender la gestión de una consejera que, con sus decisiones está perjudicando por un lado, la salud de las y los asturianos y, por otro, a las arcas públicas» «El proyecto de la regasificadora nunca había estado en los documentos de planificación de los sectores de electricidad y gas. Fue una decisión política totalmente injustificada, un pacto Areces-Zapatero, la que introdujo en la planificación la planta de Gijón, curiosamente la misma modificación que permitió la instalación de Castor, con todos los efectos, especialmente económicos, que conocemos», asevera.