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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PSOE cuyo objetivo es instar al Gobierno a declarar al Mar Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos, y por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos que se hagan en el mar Mediterráneo y archivar los expedientes en marcha.

La iniciativa ha salido adelante con los 23 votos a favor de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, ERC y PNV; con los 15 votos en contra del PP; y las 5 abstenciones de Ciudadanos. El PSOE recuerda que Francia ya tomó medidas en su momento declarando el Mar Mediterráneo francés libre de prospecciones. «Desde hace años, la sociedad civil se manifiesta en contra de las mencionadas actividades en el Mediterráneo, dando lugar a multitud de iniciativas impulsadas por organizaciones ecologistas, instituciones locales y autonómicas», argumentó la diputada socialista Sofía Herranz.

Hernanz indicó que «el peligro de prospecciones no ha desaparecido del mar Mediterráneo» pese a que hace unos meses la petrolera Cairn Energy renunció a un proyecto en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y de Formentera. «Existen otras compañías con proyectos de prospecciones petrolíferas en diferente estado de tramitación que afectarían a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares», añadió. La diputada socialista calificó de «justicia poética» que José Manuel Soria, «el principal valedor de las prospecciones», haya dimitido hace pocos días como ministro de Industria, Energía y Turismo. «En Baleares no vamos a llorar la pérdida del señor Soria», apuntó.

En este sentido, indicó que la iniciativa aprobada puede suponer un «viaje necesario en materia de política energética y de protección de nuestra biodiversidad y patrimonio natural». «Soria ya no está, pero el peligro de prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo sigue presente mientras este Gobierno a la deriva no cambie su rumbo», apostilló. A su juicio, la exploración de hidrocarburos representa «una seria amenaza para los ecosistemas y la fauna y flora marina” y representan «una gran amenaza» para la industria turística del Mediterráneo, «una actividad dependiente del mar y poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo hábitat donde se hallan ubicadas sus puertos y playas».

En este sentido, el PSOE alerta en su iniciativa de que se trata de «peligros y amenazas» que en un mar cerrado, como el Mediterráneo, se agravan ya que los efectos negativos pueden trasladarse con facilidad de una zona a otra. «Máxime cuando los citados permisos o autorizaciones son tramitados, a menudo, encadenados unos a otros, o solapándose espacialmente entre sí, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos que significa todo ello, ni en cuanto al conjunto del Mediterráneo, ni en cuanto a cada una de las zonas afectadas», sostuvo.

Además, Herranz señaló también que “muchas de estas actividades de exploración petrolífera se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas o con zonas en las que existen estudios que solicitan su protección, atendiendo su alto valor natural”. Desde Podemos apoyaron la iniciativa, si bien su portavoz, Sofía Castañón, planteó no sólo declarar al Mediterráneo como zona libre de prospecciones, sino a todo el litoral español. «Continuar con las prospecciones es mantener la constante amenaza de mareas negras», advirtió. A su juicio es una «vergüenza que se permitan proyectos de prospecciones» en espacios marinos por su «altísimo riesgo de vertidos». «No confiamos en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras porque sabemos que no son eficaces», sentenció.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Antonio Calle, explicó que su grupo se abstuvo en la votación porque aunque su formación está a favor de preservar el medio ambiente y de favorecer las renovables, España en la actualidad es dependiente del petróleo, puesto que sólo produce un 0,5% de lo que consume, y es “insustituible”. “Pensar lo contrario sería autoengañarnos”, agregó. A su vez, apostó por que cada investigación que se realice en búsqueda de hidrocarburos debe respetar «siempre» el medio ambiente. Sobre Francia, ha dicho que no es comparable la situación del país galo con la de España, porque estos no son dependientes energéticamente como España, dado el peso que la energía nuclear tiene en el país.

Calle señaló que España gastó 37.000 millones de euros en importar 59 millones de toneladas de petróleo en 2014, aproximadamente un 77% de los ingresos por turismo, por lo que abogó por aumentar la capacidad de producción petrolífera, que ese año ascendió a 305.000 toneladas. «Paralizar sin más cualquier actividad dirigida a la investigación de nuestros potenciales yacimientos es un sinsentido, equivalente a lo que supondría en su día el enfrentamiento al ferrocarril, la automoción y cualquier actividad de progreso de nuestra sociedad», dijo, antes de añadir que los sondeos de hidrocarburos deben mantenerse «como actividades de interés estratégico nacional.

Por otro lado, María Teresa de Lara, del PP, criticó que la declaración es «una petición demagógica de una figura jurídica que no existe en el ordenamiento español» y argumentó que el PP modificó en 2013 la legislación de impacto ambiental y estableció que los proyectos de exploración mediante sísmica marina debían someterse «siempre» a una evaluación ambiental. Además, criticó «la demagogia y la desinformación» que encierra la proposición no de ley por varios motivos, entre ellos que el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero concedió permisos de investigación de hidrocarburos, “una actividad de innegable interés estratégico para España» y no hubo ninguna contestación de los socialistas.  «Solicito al PSOE una mayor coherencia en sus iniciativas y en sus actuaciones», sentenció.

Podemos pide al primer ministro de Italia que intervenga para evitar el cierre de Elcogas

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EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al primer ministro italiano, Matteo Renzi, que medie para evitar el cierre de la central termoeléctrica de Elcogas, de Puertollano (Ciudad Real), gestión que el presidente regional, Emiliano García-Page, agradeció en las redes sociales. Iglesias ha pedido ayuda al primer ministro italiano para defender la continuidad de Elcogas y que medie ante la empresa italiana Enel, propietaria del 70% del accionariado de Endesa, uno de los dueños de la planta puertollanense.

«Inexorablemente unidos en el objetivo de construir un proyecto europeo inclusivo, democrático y sustentado en los Derechos Humanos», Iglesias indica al primer ministro, Matteo Renzi, que «la reactivación económica de Europa del sur tiene en el cambio de modelo productivo uno de los principales retos». Por ello, «la desconexión el pasado 31 de enero y el inminente riesgo de cierre de la termoeléctrica de Elcogas es una muy mala noticia«.

Iglesias apuntó que «aquellos que creen en la necesaria transición energética y la lucha contra el calentamiento global no pueden permanecer de brazos cruzados frente al posible cierre» de la planta ciudadrealeña. Ha destacado que los «continuos proyectos de investigación» convirtieron a Elcogas «en un referente en materia de generación de electricidad limpia, reconocido internacionalmente» y recordó que la planta «ha logrado llevar casi a cero la emisión de CO2 mediante su línea de fabricación de hidrógeno que puede ser empleado como combustible 100% limpio».

«Pero Elcogas es mucho mas. Es una empresa esencial para la economía local de Puertollano, generando 300 puestos de empleos directos y más de 1.000 empleos inducidos», indicó. Iglesias añadió que «me permito escribirle para solicitarle que nos ayude a encontrar una solución para evitar el cierre definitivo de Elcogas» tras exponer que la compañía italiana Enel, de carácter público, «posee el 70% de las participaciones de Endesa, principal inversor de la planta de Elcogas».

Defender Elcogas, según Iglesias, «es apostar por frenar la desertización industrial en los países de la Unión Europea» y, además, «significa defender una empresa estratégica en la reducción de las emisiones de CO2», de tal forma que se cumplan «los compromisos de la cumbre de París». «Tengo la certeza de que ambos compartimos que la mejor manera de defender y crear empleos de calidad es apostar por industrias innovadoras que tienen un compromiso firme con el medio ambiente», señaló antes de concluir con un «soy consciente de que no queda mucho tiempo, pero estoy seguro que contando con el apoyo de un país amigo evitaremos el cierre definitivo de Elcogas».

La petición de Iglesias fue aplaudida por el presidente del Gobierno castellanomanchego, Emiliano García-Page, que agradeció al líder de Podemos su posicionamiento: «Es de agradecer su gesto. En la misma dirección que trabajamos desde hace tiempo en Castilla-La Mancha para garantizar el futuro de Elcogas. Una misma dirección, que ponga fin a los despropósitos y mentiras que Cospedal y Soria han tenido siempre con Elcogas».

Podemos rechaza apoyar las inversiones que Endesa tiene que acometer en sus térmicas porque “reparte dividendos”

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EFE.- El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha asegurado que «no tiene sentido» que se subvencione con dinero público las inversiones que tiene que hacer Endesa en la central térmica de Andorra (Teruel), puesto que es una empresa «sin problemas de liquidez», con «solvencia» y que “reparte dividendos”.

Echenique está convencido de que la empresa «tiene capacidad» para hacer la inversión que le exige la Unión Europea para poder seguir con su actividad en las centrales térmicas, puesto que ha obtenido «beneficios milmillonarios» y ha informado a sus accionistas de que en 2016 todos los beneficios los va a repartir en dividendos. Según su discurso, no es una empresa que tenga problemas de liquidez, sino que tiene capacidad de inversión precisamente por la riqueza que «ha extraído» del territorio, tanto en lo referente a recursos como al trabajo de sus habitantes. «No entendemos por qué hay que hacer una subvención a fondo perdido cuando hay liquidez y vías de financiación accesibles para estas empresas con buenos beneficios», indicó.

Para que se pueda plantear y para que surtan efecto las presiones a Endesa para que invierta es necesario, a juicio de Echenique, que haya «un cambio en el gobierno«. Y por eso Podemos quiere «ganar» y gobernar, porque «si vuelve a haber la misma gente y las mismas lógicas en los ministerios, no van a cambiar las políticas», advirtió. Por otro lado, insistió en que para Podemos es «prioritario» el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero a la vez defienden que se acometa «una transición» a un modelo basado en las energías renovables pero, según matizó, es necesaria una «transición justa» porque «buena parte del PIB de la provincia depende de este sector».

Podemos-Equo, PSOE y Ciudadanos exigen el «cierre definitivo» de la central de Garoña con el voto en contra del PP

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición no de ley impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que «aboga por el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento».

Así lo anunció el impulsor de la iniciativa, el diputado de Podemos-Equo, Juan López de Uralde, quien también subrayó que la propuesta promueve un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas para transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en las renovables y en la eficiencia y el ahorro energético. La propuesta también contó con el apoyo de Democracia y Libertad, PNV, y EH Bildu. Precisamente, existe un pacto parlamentario desde diciembre de 2014, sellado por PSOE, Izquierda Plural, PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

La práctica totalidad de los diputados aludieron a los rumores de que la planta no reabriría por motivos económicos. Uralde también señaló que Garoña es la planta más antigua del parque nuclear español, que en 2011 cumplió 40 años, y que lleva cerrada 3 años «sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético» porque es «prescindible«, un aspecto que a su juicio «hace dudar de si todo lo que hay detrás de este proceso es reclamar el lucro cesante» de la misma.

Entre otros puntos, ha recordado que la planta atómica es «peligrosa», «está recalentando el Ebro», carece de espacio para almacenar sus residuos radiactivos, y avisa de que su reactor es gemelo al del accidente nuclear de Fukushima. «La industria nuclear experimenta con Garoña para alargar la vida útil de las centrales hasta los 60 años de funcionamiento. Sólo Soria quiere mantenerla abierta, no la quieren tener abierta ni sus propietarios», indicó el parlamentario, señalando también que los municipios de la zona también han reclamado su cierre definitivo, así como los parlamentos vasco, navarro y aragonés.

«Garoña ya cumplió y lleva 4 años sin actividad sin perjuicio para el suministro eléctrico», resaltó también Enrique Bueno, diputado de Ciudadanos, quien apostó por un Pacto de Estado de energía con la participación de todas las fuerzas políticas y agentes económicos. Ese pacto debe apostar por una transición hacia un modelo energético basado en las renovables, en el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, añadió el diputado de Ciudadanos, que también recordó las recientes palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalando que las centrales nucleares «se cerraban por motivos económicos y no por políticos». Tampoco se mostró partidario de prolongar la vida útil de las instalaciones atómicas más allá de 40 años.

En la misma línea se pronunció la diputada del PSOE, Adriana Lastra, quien subrayó que la energía nuclear de Garoña no es «ni necesaria, ni barata ni garantiza la seguridad«. Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, espera que sea la última vez que se habla de Garoña y que la energía nuclear se vaya sustituyendo por otras energías sostenibles en el futuro modelo energético.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu repasó las numerosas iniciativas que se han defendido en la Cámara Baja en favor del cierre de la planta atómica, una central «pequeña», que «está obsoleta» y que es «innecesaria para la generación eléctrica». «Su cierre, aparte de mejorar la seguridad y preservar el medio ambiente, evitaría peligros innecesarios«, apostilló, indicando que el PP vasco también aboga por el cierre de Garoña, pero no el PP en el Gobierno central.

Por parte del PP, el diputado Juan Bravo, ha defendido que sí es necesario un pacto de Estado por la energía, pero no el cierre de Garoña, como solicita la iniciativa. «Somos los únicos” que no apoyan su cierre», reivindicó. Según argumentó, es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%. Además resaltó que la industria nuclear da 30.000 puestos de trabajo en la actualidad y subrayó la importancia de Garoña para la comarca burgalesa en la que se ubica.

«Mientras una nuclear cumpla con los criterios de seguridad, que les sean impuestos por el CSN, no se puede, ni se debe prescindir de ninguna fuente energética, y la nuclear debe continuar con la optimización de los costes energéticos, y favorecer en la emisión cero de gases de efecto invernadero«, añadió. Además, Bravo preguntó a los diputados cómo se va a compensar la pérdida de producción de Garoña, tras su cierre, a pesar de que en su día aportaba el 1,6% de la producción energética.

A su vez, advirtió que favorecer el cierre de las centrales nucleares a sus 40 años de vida útil conllevaría el cierre en 8 años de 5 plantas atómicas, que actualmente aportan el 13% de la producción energética en España, que no se puede obtener de otra forma. También cuestionó de qué manera los otros partidos van a defender si se cierran las nucleares una rebaja de la tarifa eléctrica, un 33% más alta que en Europa según indicó, al tratarse de la fuente de energía con menor coste y que además no realiza emisiones de gases de efecto invernadero.

CCOO pide un plan B

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llamó a recuperar el Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo en la comarca burgalesa de Garoña ante las noticias de posible cierre de la central nuclear, así como la convocatoria del Consejo creado para su seguimiento y que «también fue desactivado«. El sindicato pide el cierre de Garoña por haber sobrepasado «con creces» su período de vida útil y representar «un riesgo para el entorno» y defiende que «debe aprobarse un plan ordenado de cierre de todas las centrales nucleares al cumplir los 40 años de su vida útil».

Para CCOO, los sucesivos cambios de posición respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña «han perjudicado» las perspectivas de empleo para la comarca norteña burgalesa. Según recordó el sindicato, el Plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de unos 100 millones de euros para el periodo 2010-2013 (25 millones por año, 6 en subvenciones directas y 19 en anticipos reembolsables sin interés). El Plan funcionó en 2010, poniendo en marcha 37 proyectos, y en 2011, con otros 17 proyectos, pero el nuevo Gobierno paralizó los fondos para 2012 e interrumpió las inversiones.

El Congreso pide por primera vez facilitar el autoconsumo y ampliar hasta diciembre el plazo para registrar las instalaciones

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Europa Press.- La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluido el llamado impuesto al sol, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original había sido presentado por el PSOE, finalmente se ha votado una iniciativa consensuada también con Podemos, Ciudadanos, ERC y Democracia y Libertad al que sólo se opuso el PP.

Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Además, se solicita que el autoconsumo se incorpore al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 del IDAE, priorizando las viviendas de familias vulnerables, y que se auditen los costes reales integrados en la tarifa eléctrica para facilitar su «progresiva adecuación al nuevo modelo energético».

En la iniciativa también se reclama al Gobierno que prorrogue hasta el 31 de diciembre los plazos para adecuarse a la normativa de autoconsumo, dado que el periodo transitorio finalizó hace unos días sin que muchas instalaciones se hayan adecuado todavía, lo que podría conllevar multas. En esta misma línea, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las instalaciones desaladoras de Canarias, que funcionan en régimen de autoconsumo a partir de renovables, del pago de peajes hasta 2020.

El Congreso debate la Ley 25 de Podemos, que propone un ampliado bono social que sea costeado por las empresas

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Europa Press.- El pleno del Congreso debatirá este martes un posible giro en la política antidesahucios y de lucha contra la pobreza energética llevada a cabo en los últimos años, que se recoge en la proposición de ley que Podemos ha denominado Ley 25 de Emergencia Social.

Para completar las medidas contra los desahucios, la iniciativa de Podemos regula también un nuevo bono social para la electricidad y el gas, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. La aplicación de esta medida comenzaría por la redefinición por parte del Gobierno de lo que se considera un hogar vulnerable y la actualización de los parámetros para medirlo, que no se limitarán a la renta.

Una vez los servicios sociales certifiquen esta situación y el grado de vulnerabilidad, la familia podrá acceder al bono social, que se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta un límite fijado anualmente por el Ministerio de Energía. Así, los hogares con un grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de la factura de luz o gas, y el porcentaje se irá reduciendo proporcionalmente al nivel de pobreza, teniendo en cuenta en este cálculo otras ayudas públicas contra la pobreza energética que se puedan estar recibiendo.

Además, Podemos quiere impedir con su iniciativa que las empresas energéticas puedan cortar los suministros en la vivienda habitual a las familias vulnerables, por lo que antes de proceder a esta medida los servicios sociales tendrán 60 días para verificar la situación del hogar. El corte sólo podrá aplicarse si determinan que no existe vulnerabilidad, se ha superado el Consumo Mínimo Vital anual y han pasado tres meses desde la factura adicional de gastos adeudados, siempre y cuando el nivel de pobreza no haya variado, en cuyo caso se tendrá que ajustar la cuantía del bono social con carácter retroactivo.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas del sector las que, al menos en parte, costeen el bono social en función de su volumen de negocio. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se hacen cargo de los gastos. La proposición de ley hace especial hincapié en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, que podrán solicitar una vivienda con todos los suministros básicos cuando sufran «precariedad económica debido a la violencia padecida”.

El plazo para inscribir instalaciones de autoconsumo termina con sólo 20 proyectos domésticos entre las críticas de Ciudadanos y Podemos

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Europa Press / EFE.– Mientras que Podemos carga de nuevo contra el “impuesto al sol», según la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, las desaladoras que funcionan en el archipiélago en régimen de autoconsumo «lamentablemente» son desde este lunes “ilegales o alegales”. El plazo de 6 meses concedido por el Ministerio de Industria a los autoconsumidores de electricidad para inscribir sus proyectos termina con sólo 20 instalaciones domésticas dadas de alta, según datos del registro.

De la veintena de instalaciones domésticas registradas, cuatro se encuentran en Lugo, tres en Málaga, tres en Lleida, dos en Madrid y dos en Asturias. Tanto Alicante como Jaén, Murcia, Navarra y Castellón registran una instalación. Estos proyectos corresponden a los del tipo 1 con potencia inferior a 10 kilovatios (kW), propios de un autoconsumidor doméstico con placas solares. Esta tipología permite verter a la red el sobrante de la energía generada, pero sin retribución económica. Dentro del tipo 1 con potencias superiores a 10 kW, se dieron de alta 20 autoconsumidores, mientras que el tipo 2 cuenta con 115 inscritos. En esta segunda modalidad, pensada para perfiles empresariales, se puede vender la energía sobrante.

En los últimos días, varias comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y asociaciones empresariales del sector han reclamado a Industria que ampliase el plazo para inscribirse en el registro para evitar. Como parte de estas peticiones, llegaron a remitir una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, fuentes de Industria no quisieron comentar esta cuestión, al tiempo que desde la Unión de Empresas Fotovoltaicas (UNEF) se asegura que han sido varias las ocasiones en las que se insistió ante el Ministerio para lograr una ampliación en el plazo de registro.

Las organizaciones denuncian en la carta dirigida a Rajoy la «indefensión» en que quedará gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica. Asimismo, consideran que Industria, que «fraguó» en octubre un real decreto «contra el autoconsumo», está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, ya que aún no ha desarrollado las exigencias técnicas. Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que resuelva «el caos» creado por el ministro José Manuel Soria y acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean «ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria».

El real decreto sobre autoconsumo obliga a los autoconsumidores conectados a contribuir en la parte fija de su contrato, que es la del término de potencia, con los costes regulados del sistema eléctrico, entre ellos el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables o los pagos por capacidad. En cuanto a la parte variable, que es la correspondiente a la energía autoproducida, también se obliga a contribuir a los costes del sistema eléctrico. Esta medida es la que genera polémica y ha sido tildada por el sector como impuesto al sol.

Ciudadanos se preocupa por desaladoras

Melisa Rodríguez denunció que los propietarios de las desaladoras en régimen de autoconsumo tienen que fiarse de la buena voluntad del gobierno español para no ser sancionados, y afirmó que, como el real decreto 900/2015 no está derogado, esas plantas sean ilegales. La diputada añadió que Ciudadanos ha presentado iniciativas para solucionar el problema y ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique la situación el miércoles en Comisión del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Melisa Rodríguez no sabe si el ministro querrá «honrar» con su presencia a la Comisión de Industria y aseguró que, aunque desde el PP se diga que todo está solucionado, no es así.

Podemos critica los cargos impuestos

Por su parte, el diputado regional de Podemos en Murcia, Antonio Urbina, recordó la oposición de Podemos «al impuesto al sol», y auguró que cuando se apruebe la Ley de generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo ese real decreto quedará derogado. El proyecto de Ley está ahora admitido en la Mesa del Congreso de los Diputados, avanzando en su tramitación «para que por primera vez desde una comunidad autónoma se pueda regular una política de ámbito estatal», comenta. «Solicitamos que agilice la tramitación de la Ley aprobada en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ello, en 2016 se abrirá una nueva etapa con el relanzamiento de las energías renovables en nuestro país», añadió.

Podemos / Equo exige de nuevo en el Congreso que «nunca más» vuelva a reabrirse la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, volverá a solicitar el miércoles de esta semana en el Congreso de los Diputados que no se reabra «nunca más» la central nuclear de Garoña. «Consideramos que nunca debe volver a ponerse en marcha», sostiene en la proposición no de ley que defenderá en la Comisión de Industria.

«Ha sido bastante indignante conocer que de repente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señaló en su día el diputado de Equo. En este sentido, recordó el acuerdo parlamentario sellado en 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

En la iniciativa, Podemos recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que ya es el momento de ser desmantelada. Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y es “gemela” al reactor ‘número 1’ de la central japonesa de Fukushima.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el Gobierno y la empresa propietaria, Nuclenor, están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

«El actual proceso puesto en marcha por el gobierno del PP para reabrir Garoña podría suponer la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supondrían posteriormente un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre«, sostiene el diputado verde en su iniciativa en relación a las posibles indemnizaciones que podría reclamar la empresa si se decreta el cierre de la planta una vez autorizada su reapertura.

Por ello, Podemos insta al Gobierno al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras».

Chunta Aragonesista insiste en reclamar la reversión del salto de Lafortunada mientras Podemos pide la reversión de todas las hidroeléctricas

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EFE.- El grupo de Podemos en el parlamento autonómico de Aragón solicitará impulsar la reversión de todos los saltos hidroeléctricos existentes en la comunidad, una vez extinguidas las concesiones vigentes, y promover la creación de una sociedad pública para su gestión. Una propuesta que coincide con la de Chunta Aragonesista, que reclama de la administración central la puesta en marcha de todas las iniciativas necesarias para conseguir la reversión al estado del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, en el Pirineo de Huesca.

La demanda de los aragonesistas forma parte del escrito de alegaciones presentado a la reciente resolución de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que confirma el archivo del expediente de extinción de la concesión de los derechos de explotación de la minicentral a Endesa. En su escrito, CHA señala que el archivo del expediente de extinción, iniciado en julio de 2013 a pesar de que la concesión caducó 6 años antes, se debe a la «inactividad» del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para exigir la reversión en el plazo máximo establecido de 18 meses.

A juicio de esta formación, el tiempo transcurrido desde la activación del procedimiento de extinción de derechos pone de manifiesto que «parece que alguien le ha interesado sobrepasar los plazos para archivar el expediente y favorecer a Endesa». Denuncia, asimismo, que desde 2007, el Gobierno central está «regalando» a Endesa alrededor de 4 millones de euros anuales que «deberían» invertirse en Aragón para impulsar el desarrollo socioeconómico del territorio afectado.

Por esta razón, reclaman de la CHE y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente toda la información existente sobre las causas que provocaron la caducidad del expediente a fin de que se «depuren» las posibles responsabilidades políticas existentes. También demandan de los responsables ministeriales la adopción de «cuantas medidas consideren necesarias» para evitar que vuelvan a caducar en el futuro otros expedientes de reversión de infraestructuras hidroeléctricas en Aragón.

Podemos pretende todos los saltos

Según Podemos, el proceso de reversión de todos los saltos hidroeléctricos cuya explotación mantienen las empresas energéticas aportaría a la comunidad aragonesa unos «ingresos extra» de al menos 80 millones de euros anuales. El motivo de la iniciativa, aseguran desde Podemos, es el «riesgo» de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deje caducar los expedientes de reversión y posibilite así el mantenimiento de estas infraestructuras en manos privadas, como en Lafortunada-Cinqueta. Destaca este grupo político que la CHE asumió recientemente la gestión y beneficios derivados del salto de El Pueyo de Jaca, tras 75 años de explotación por parte de las industrias energéticas.

Advierte a renglón seguido de que esta misma situación va afectar próximamente a decenas de concesiones hechas a las hidroeléctricas, cuya reversión se va a producir «en cascada» si no se amplían los plazos de explotación. Para el diputado de Podemos, Román Sierra, Aragón debe de «prepararse» para recuperar los saltos hidroeléctricos de cara a su gestión pública. Sierra considera que el Gobierno de Aragón «debería» trabajar junto a las administraciones competentes en materia hidráulica para evitar que las empresas energéticas mantengan la explotación de sus concesiones y propone dedicar los recursos que se obtengan a paliar la pobreza energética.

Podemos acusa al Gobierno de mentir al anunciar el final del permiso de Repsol para hacer prospecciones petrolíferas

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EFE.- Podemos acusó al Gobierno de «faltar a la verdad» al asegurar que los permisos que concedió a Repsol para buscar hidrocarburos en Canarias han caducado, porque considera que esas autorizaciones seguirán vigentes hasta 2017 o hasta que el BOE «certifique su nulidad».

La líder canaria de Podemos y diputada en el Congreso, Meri Pita, califica de «falsa» la información que ofreció el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, al anunciar que se abría «un periodo de 60 días para que Repsol justificara su Plan de Inversiones con respecto a los sondeos exploratorios en Canarias, después de que caducaran el 21 de marzo». Pita sostiene que los permisos de prospección «vencen en la fecha estipulada o no vencen», como sucede con cualquier «permiso otorgado por una administración y que contenga la fecha exacta» de vigencia. «En cuanto a que Repsol ha renunciado a seguir perforando, tampoco eso es válido, porque la petrolera ha perdido cualquier atisbo de credibilidad en Canarias«, opina la diputada.

La secretaria autonómica de Podemos considera que Hernández Bento «falta a la verdad» porque la caducidad de las autorizaciones no llegará «hasta agosto de 2017, como se refleja en la resolución del Ministerio de Industria publicada en el BOE el 13 de agosto de 2014». «En su condición cuarta, se expone que la vigencia de la autorización es de 3 años contados a partir de su publicación en el BOE, es decir, hasta el 13 de agosto de 2017″, especifica Pita. Hasta que el Estado no certifique la «nulidad de permisos» con una orden ministerial en el BOE, Podemos sostiene que los permisos de perforación en Canarias siguen «vigentes» y que Repsol puede seguir explorando o beneficiarse vendiendo su concesión.

Meri Pita tilda el anuncio de Hernández Bento de «irresponsable» para el cargo que ostenta y opina solo puede interpretarse como «una rectificación del Gobierno ante el gravísimo error de apoyar un proyecto privado rechazado masivamente por la sociedad canaria y española». «Estamos hablando de una de las zonas con mayor riqueza de cetáceos del mundo», subraya la dirigente de Podemos, quien recuerda que su formación ha pedido en el Congreso el cese de las prospecciones y la creación de un santuario de cetáceos en la zona, con la ampliación del espacio oceánico del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) existente.