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El comité ambiental del Parlamento Europeo apoya ampliar el objetivo de eficiencia energética del 27% al 40%, según EBB

Europa Press.- El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha apoyado, en una votación celebrada este jueves 7 de septiembre, ampliar sus objetivos de eficiencia energética para 2030, de un 27% a un 40%, además de cambiar la meta de «indicativa» a «vinculante» para los Estados, según indicó la organización ambiental European Environmental Bureau (EBB), que ha acogido la noticia con «satisfacción».

Según el marco sobre clima y energía para 2030, el Consejo Europeo había aprobado para 2030 un «objetivo de ahorro energético indicativo del 27%, revisable en 2020, teniendo presente otro del 30%». Para la EBB, este cambio es un «paso positivo» que inicia las negociaciones del paquete de energía limpia en el Parlamento Europeo, al tiempo que lo ha calificado como «clave para cumplir el Acuerdo de París». «Es vital que aceptemos este nivel de compromiso y hagamos que las reglas sobre eficiencia energética sean vinculantes», han añadido. Asimismo, otra de las novedades es que también ha incluido el sector del transporte en el ahorro anual de energía, así como mejorar el monitoreo y la presentación de informes, según EBB.

Los países de la Unión Europea proponer elevar el objetivo de eficiencia energética para 2030 del 27% al 30%

Europa Press.- Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, 3 puntos superior al objetivo anterior, que era del 27%, pero no han aclarado si esta meta es vinculante como proponía la Comisión Europea o se trata de un porcentaje indicativo. Fuentes comunitarias han señalado que esta ambigüedad es la que ha permitido desbloquear el debate entre los Estados miembros, que aún contaban con muchas diferencias.

En concreto, los 28 Estados miembro fijaron su posición con respecto a las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la nueva directiva de eficiencia energética, negociaciones que comenzarán a lo largo de los próximos 6 meses bajo la presidencia de turno de Estonia. «Tras largos debates e intercambios de ideas, estoy contento de anunciar que el Consejo consiguió acordar su posición sobre la directiva de eficiencia energética», según anunció el ministro de Energía de Malta, Joe Mizzi, representante del país que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, destacó que el objetivo del 30% de eficiencia energética incrementará el PIB de la Unión Europea en 17.000 millones, creará alrededor de 400.000 empleos, especialmente en pymes y reducirá las importaciones de gas del bloque comunitario en un 12% en 2030. No obstante, Cañete lamenta que el acuerdo final entre las capitales sea menos ambicioso que la propuesta original del Ejecutivo comunitario. Además, los países han fijado una obligación de ahorro energético del 1,5% a partir de 2020, que se reducirá hasta el 1% para el periodo 2026-2030, excepto que una revisión que se efectuará en 2024 demuestre que el bloque comunitario no está en camino de cumplir los objetivos.

Por otro lado, los ministros de Energía de la Unión Europea han respaldado la directiva de eficiencia energética de edificios, de cara también al inicio de las negociaciones con la Eurocámara durante los próximos meses. El objetivo de la propuesta, presentada también por la Comisión Europea en noviembre del año pasado, es impulsar la eficiencia energética de edificios y apoyar la renovación de aquellos que son «ineficientes» desde el punto de vista energético. Los edificios representan el 40% del consumo final de energía en Europa, según los datos de Bruselas. Así, los Estados miembros tendrán que diseñar estrategias de renovación de edificios a largo plazo, que además busquen atajar el problema de la pobreza energética.

Otro aspecto importante dentro de la propuesta es la promoción de la movilidad eléctrica, puesto que se obligaría a establecer un punto de carga para vehículos eléctricos por cada 10 aparcamientos en edificios no residenciales y a preparar la instalación para futuros puntos de carga en todos los aparcamientos de los edificios residenciales. «Este acuerdo es crucial para alcanzar nuestros objetivos en eficiencia energética; también beneficiará a los ciudadanos y a las empresas reduciendo significativamente sus facturas energéticas», apuntó Mizzi.

La Eurocámara aprueba simplificar el etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos, que volverá en 2019 a la escala A-G

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la simplificación del etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos, por la que a finales de 2019 se introducirá una escala única (de la A a la G) que reemplazará de manera progresiva a la actual clasificación (A+, A++ y A+++).

La nueva norma prevé asimismo la creación en 2019 de un registro de productos para facilitar el trabajo a las autoridades de supervisión de los Estados y garantizar que los cálculos de eficiencia energética se corresponden con los declarados por los fabricantes. El objetivo principal es asegurar a los consumidores una información más clara que les facilite la toma de decisiones a la hora de adquirir los aparatos. Las primeras etiquetas revisadas llegarán al mercado a finales de 2019 y seguirán el ritmo de las mejoras tecnológicas en eficiencia energética. La clasificación se revisará cuando el 30% de los productos en el mercado comunitario reciban la máxima clasificación (A) o cuando el 50% esté en las franjas A y B.

Los productos llevarán las etiquetas adheridas y los consumidores podrán obtener más detalles en Internet. Según la Comisión Europea, el 85% de los ciudadanos se fija en las etiquetas de eficiencia energética para comprar electrodomésticos, pero las categorías actuales del etiquetado resultan «confusas» y ocultan las diferencias reales en eficiencia entre productos. Bruselas estima que entre el 10% y el 25% de los productos que se encuentran en el mercado no cumplen con los requisitos de etiquetado y eficiencia energética y que en torno al 10% del ahorro de energía previsto se pierde por este incumplimiento, que en parte se debe al «escaso» control por parte de las autoridades nacionales.

Mar Blava califica de «auténtico desvarío» que el Gobierno rechace la propuesta balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo

Europa Press.– La Alianza Mar Blava califica de «auténtico desvarío» la postura del Gobierno central en relación a la proposición de Ley para proteger el Mediterráneo frente a las prospecciones. Según explicaron desde la entidad, la Alianza es «consciente» de que esta proposición de Ley propone la protección de las aguas del Mediterráneo y que la jurisdicción sobre éstas recae dentro del marco competencial del Estado español.

El pasado enero, Mar Blava planteó a todos los grupos del Parlamento balear que asumieran como suya la citada proposición de Ley y la tramitaran conforme se establece en la Constitución y en el reglamento de las Cortes Generales. «Son pues las Cortes la quién puede legislar sobre materias de competencia del Estado; este es precisamente el procedimiento que se ha seguido», han explicado. Mar Blava considera que «es completamente absurdo» que el Gobierno afirme que la proposición «está viciada de inconstitucionalidad, por ser extraterritorial e invadir la competencia estatal sobre el mar territorial sin amparo Estatutario o competencial alguno».

Además, la entidad ha mostrado su sorpresa por el hecho de que en el informe del Ministerio de Fomento, como en el del Ministerio de Energía, «se cometa reiteradamente el error de considerar que esta proposición es meramente una norma autonómica, de manera que se critica que la comunidad autónoma de Baleares se exceda en su ámbito competencial al pretender la propuesta abarcar todo el mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza jurisdicción».

Mar Blava ha reiterado que el Gobierno central se equivoca cuando considera que la proposición persigue una «prohibición genérica de una actividad» ya que lo que esta proposición pretende es la protección del Mediterráneo con la exclusión de una actividad «perjudicial». «Lo único que hace es excluir un determinado territorio de la realización de determinadas actividades de alto impacto», indicaron. Finalmente, el citado «innegable interés estratégico» que argumenta el Ministerio para mantener las actividades de alto impacto en el Mediterráneo derivadas de las prospecciones de hidrocarburos «no está justificado«, recalcaron.

El PP pide que el Parlamento Europeo no se pronuncie sobre Garoña porque «compete exclusivamente al Gobierno de España»

Europa Press / EFE.- El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, defendió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que esta institución no debe pronunciarse sobre la situación de la central nuclear de Garoña (Burgos), ya que se trata de una cuestión que «compete exclusivamente al Gobierno de España». La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará información al Gobierno tras debatir este asunto a raíz de una petición del alcalde de Valle de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, próximo a la central.

Díaz de Mera ha recordado que Asensio «no pudo argumentar que haya ningún incumplimiento legal», por lo que la petición de que este tema se aborde en la Comisión de Peticiones «debería ser archivada». «Esta petición sobre Garoña no tiene ningún sentido sin una decisión previa de reapertura de la central, cosa que de momento no ha ocurrido, y para lo que es competente el Gobierno español», ha añadido. «Se pretende usar a las instituciones europeas como una alerta preventiva, usando argumentos puramente ideológicos«, criticó Díaz de Mera, que recordó además que el déficit energético de España «es del 80%».

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

La Unión Europea acuerda simplificar las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos y volver a la escala A-G

Europa Press.- La Unión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos para volver a una escala única de A a G y eliminar de forma gradual las categorías A+, A++ y A+++, así como para crear una base de datos de productos que facilite las actividades de supervisión en los países del bloque comunitario.

Los equipos negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea alcanzaron este acuerdo preliminar, que ahora debe ser refrendado por las dos instituciones, antes de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, el 85% de los ciudadanos se fija en las etiquetas de eficiencia energética para comprar electrodomésticos. Los productos con mejores rendimientos se sitúan en las categorías A+, A++ y A+++, lo que provoca elecciones «confusas» y «oculta» las diferencias reales en eficiencia entre productos.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, considera que la revisión del etiquetado energético puede suponer un ahorro para los hogares de 500 euros al año e incrementar los ingresos de vendedores y fabricantes en 65.000 millones al año. En concreto, el acuerdo establece un calendario definido para abandonar las categorías A+, A++ y A+++ y reajustar la etiquetas actuales a una escala única entre A y G para mejorar la información disponible para consumidores sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos.

El acuerdo incluye la creación en enero de 2019 de un registro de productos a fin de facilitar el trabajo a las autoridades de supervisión de los Estados miembros y garantizar que los cálculos de eficiencia energética se corresponden con los declarados por los fabricantes. La Comisión estima que entre el 10% y el 25% de los productos que se encuentran en el mercado no cumplen con los requisitos de etiquetado y eficiencia energética y que en torno al 10% del ahorro de energía previsto se pierde por este incumplimiento, dado el «escaso» control por parte de las autoridades nacionales.

El Parlamento Europeo reclama proteger el ecosistema del Ártico de la explotación petrolera

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha alertado sobre la necesidad de tomar medidas para proteger el frágil ecosistema del Ártico y prohibir la explotación petrolera en la región. En una resolución adoptada por 483 votos a favor, 100 en contra y 37 abstenciones, los eurodiputados alertan de la explotación «insostenible» de los recursos del Ártico y avisan que ello no sólo destruirá una región «única», sino que acelerará el cambio climático, tendrá un efecto «catastrófico» sobre los recursos pesqueros y contaminará una importante fuente de agua limpia.

Cada año se funden 280.000 millones de toneladas de hielo debido a los efectos del cambio climático y el aumento de las temperaturas globales, según recoge el documento. El Ártico se calienta a un ritmo dos veces mayor que la media mundial y su superficie helada ha disminuido un 40% con respecto a 1981, lo que pone en peligro el futuro de los cuatro millones de habitantes y la fauna. «Se deben respetar y proteger los derechos fundamentales de la población y el entorno vulnerable del Ártico», reivindican los eurodiputados.

Entre las medidas clave que señalan los eurodiputados figura vetar la extracción petrolera en aguas del Ártico por parte de miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, al tiempo que reclaman prohibir el paso comercial de combustibles pesados. Una medida, esta última, que si no se logra imponer en el plano internacional, los eurodiputados piden que al menos se aplicase a los buques que pasen por puertos europeos. También abordan el problema de las «tensiones geopolíticas crecientes» con Rusia y piden que «se impida su militarización». Asimismo, el interés de China por el Ártico para explotar recursos energéticos es otra de las cuestiones que deben ser vigiladas.

La Eurocámara aprueba que los países comunitarios tengan que informar a Bruselas antes de negociar acuerdos energéticos con terceros países

Europa Press.- El Parlamento Europeo aprobó la normativa que obliga a los Estados miembros a informar a Bruselas sobre su intención de negociar un acuerdo de suministro energético con países de fuera del bloque comunitario antes de comenzar las conversaciones. Esta resolución fue aprobada por 542 votos a favor, 87 en contra y 19 abstenciones y forma parte del conjunto de propuestas de la Comisión Europea para avanzar en la Unión Energética.

En la actualidad, los países de la Unión Europea están obligados a remitir los acuerdos a Bruselas únicamente después de que hayan sido firmados. Bajo estas nuevas reglas, el Ejecutivo comunitario contará con un plazo de entre 5 y 12 semanas para responder a la notificación para aclarar cómo el futuro acuerdo puede ser compatible con la legislación europea, incluyendo cláusulas que puedan servir de modelo y directrices que Bruselas elaborará en colaboración con los Estados miembros. Además, la Comisión Europea podrá participar en las negociaciones, o pedir participar, como un actor observador. No obstante, esta participación estará sujeta a una aprobación previa por parte del Estado miembro en cuestión.

La Eurocámara apoya que se reforme el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha apoyado la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) de la Unión Europea, cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021 con el objetivo de contribuir al recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. El informe ha sido aprobado con 379 votos a favor, 263 en contra y 57 abstenciones. La Eurocámara y los Estados miembros comenzarán ahora las negociaciones para aprobar definitivamente la reforma.

El sistema europeo de comercio de emisiones abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. En concreto, limita las emisiones contaminantes de 11.000 instalaciones de elevado uso energético y de las compañías aéreas que operan entre los socios del bloque comunitario, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En virtud del mecanismo ETS, se establece un límite sobre la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir instalaciones incluidas en el régimen. El límite se reduce paulatinamente con el tiempo de forma que las emisiones totales desciendan.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó que el recorte anual de los créditos subastados sea del 2,2%, a pesar de que la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara había abogado por aumentar este factor al 2,4%. Los eurodiputados propusieron, no obstante, incrementar la reducción a partir de 2024 en línea con la propuesta de la comisión europarlamentaria. Los eurodiputados también abogaron por duplicar la capacidad del programa de estabilidad de mercado (MSR) para absorber el exceso de derechos de emisión en circulación y retirar 800 millones de derechos a partir de enero de 2021.

Los cambios con respecto a los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión de Medio Ambiente han provocado las críticas de socialistas y ecologistas al Partido Popular Europeo (PPE). La eurodiputada socialdemócrata Jytte Gutelan denunció que los populares europeos han «saboteado y diluido» la propuesta. «Obviamente, el PPE se preocupa más por complacer a algunos sectores industriales que por combatir el cambio climático», denunció la política sueca socialdemócrata. Sin embargo, el eurodiputado del PPE, Ivo Belet, ha defendido que la posición aprobada por la Eurocámara es «equilibrada» y «garantiza la implementación del Acuerdo de París» al mismo tiempo que asegura el empleo y la competitividad de la industria europea».