EFE / Europa Press.– La representación de la Comisión Europea ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara rechazó iniciar un procedimiento de infracción contra España por los recortes retroactivos en energías renovables aprobados por el Gobierno y la regulación al autoconsumo tras las denuncias que ha recibido de varios ciudadanos españoles. El Ejecutivo comunitario respondió así a las peticiones de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PX1NME) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER).
La Comisión Europea consideró que las demandas de las tres asociaciones sobre la aplicación retroactiva del nuevo régimen retributivo sobre la producción de energía renovable no poseen una “base jurídica suficiente”. En ese sentido, se negó a investigar a España por vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legítima. La representante de la Comisión Europea defendió que «los tribunales nacionales son los más adecuados para hacer una evaluación caso por caso de si estos principios se han respetado o no» y recordó que tanto el Tribunal Constitucional español como el Tribunal Supremo han sentenciado que las modificaciones a estos programas de apoyo no van en contra de estos principios».
«La Comisión públicamente ha manifestado críticas a estas modificaciones a los programas de apoyo que se han producido en varios Estados miembro, entre ellos España, puesto que tienen un impacto muy negativo en la confianza de los inversores», ha zanjado la funcionaria comunitaria, que recordó que el Ejecutivo comunitario insiste en sus orientaciones para que los Gobiernos diseñen los nuevos regímenes de apoyo defienden que «deberían evitarse» los «cambios retroactivos o no anunciados» porque «impiden y obstaculizan la inversión futura«. La representante del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que la directiva europea sobre energías renovables «da a los Estados miembro el derecho de discreción en cuanto a cómo diseñar y planificar los planes de apoyo«.
No obstante, el Ejecutivo comunitario reconoció que sus servicios jurídicos supervisan si España cumple la directiva comunitaria de energías renovables, que obliga a los Estados a extraer el 20% de energías renovables en el 2020, si bien admitió que «España parece que va a poder cumplir con los objetivos» a la luz de los datos más recientes de Eurostat que indican que en 2014 España consiguió una cuota de renovables del 60%, «lo cual hace que la trayectoria haya sido superada, que era del 12,5%». También aseguró que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su equipo preparan un nuevo marco regulador sobre las energías renovables más estable y que evita la retroactividad.
Pese a la negativa del Ejecutivo comunitario a investigar a España, la Comisión parlamentaria se comprometió a mantener abiertas las peticiones y a supervisar el diálogo entre el país y el brazo ejecutivo de la Unión. Asimismo, los eurodiputados acordaron enviar una carta a las autoridades españolas para solicitar información sobre los cambios en la regulación de las energías renovables. Igualmente, a propuesta del parlamentario de Los Verdes, Ernest Urtasun, se acordó plantear a los coordinadores de la Eurocámara la redacción de una resolución sobre las peticiones de la sesión.
Respecto a la regulación española sobre el autoconsumo, la representante explicó que los servicios de la Comisión «están en estos momentos realizando una evaluación jurídica para determinar si el reglamento está quebrando la legislación comunitaria o no» en materia de energías renovables, eficiencia energética y la directiva del mercado único tras recibir «varias quejas». «Si hay incumplimiento nos pondremos en contacto con las autoridades españolas y adoptaremos las medidas oportunas para garantizar una correcta aplicación de la legislación comunitaria», zanjó.
Durante su intervención, el director general de UNEF, José Donoso, ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por violar el principio de seguridad jurídica y denunció que la actual regulación, vigente desde 2014, «desconfía» del empresario y del libre mercado, “penaliza a las plantas eficientes” y es “un problema europeo”. «Perpetúa la inseguridad jurídica, ya que cada 3 y 6 años el secretario de Estado de turno podrá modificar las variables sobre las que se establece la retribución», criticó Donoso, que reclamó a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que «cierre» su investigación sobre la supuesta «sobreretribución» del sector renovable.
También cuestionó que Bruselas crea que España va a cumplir el objetivo del 20% renovable cuando «no se ha introducido ni un solo megavatio» en los últimos años y la mejora del ratio se produjo por una caída en la demanda provocada por la crisis. Además, Donoso criticó el llamado impuesto al sol y las barreras administrativas al autoconsumo. «El autoconsumidor ya contribuye por lo que consume», argumentó, insistiendo en el «derecho cívico» de tener instalaciones fotovoltaicas «sin tener que pagar ningún tipo de peaje» y en el principio de «que se paga por utilizar la red». Finalmente, Donoso solicitó la elaboración de un informe sobre el impacto real del autoconsumo en el sistema eléctrico.
Por otro lado, el secretario general de ANPIER, Juan Castro-Gil, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo español de principios de junio, que por 4 votos a 3 dio la razón al Gobierno sobre los recortes a las renovables aprobados en 2014. «Cuatro magistrados aseguraron que los inversores tenían que haber previsto que su Estado les iba a engañar», comentó Castro-Gil. Así, criticó los 10 cambios durante los últimos 5 años en las retribuciones por la producción de energía renovable. Tras los recortes a las renovables aprobados en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, varias asociaciones han iniciado procesos judiciales ante tribunales nacionales e internacionales por recortes que han alcanzado «hasta el 50% de la retribución comprometida inicialmente».
Por su parte, Alejandro Lorenzo, que ha recabado ya más de 240.000 firmas a favor de la retirada del impuesto al sol a través de Change.org, ha instado a que el próximo Gobierno «sea cual sea deje de poner impedimentos para el correcto» desarrollo de las energías limpias y ha considerado «alarmante» que expolíticos o sus familiares sean «contratados» como consejeros en empresas energéticas, incluido en sus filiales extranjeras «para evadir» la ley sobre incompatibilidades.
El PP se quedó en solitario frente a las críticas del resto de partidos, PSOE, ICV y ERC, por los recortes a las energías renovables en España en un agrio debate. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, denunció que «la incertidumbre regulatoria y las barreras administrativas continúan impactando en las inversiones» y criticó que España es uno de los países «con menor avance en megavatios verdes» en los últimos años». «El Gobierno español ha legislado contra el desarrollo del sector», aseguró. Por su parte, la eurodiputada popular Rosa Estarás, recordó que la Justicia española «ha fallado a favor de los cambios aprobados por el Gobierno» y recordó que «el peaje» existe en otros países de la Unión Europea, como Alemania.
