El acuerdo, adoptado en la COP21, ya está en vigor, tal y como se acordó, 30 días después de que al menos 55 países que suman el 55% de las emisiones globales de CO2 ratificaran su compromiso de lucha para conseguir que el incremento de la temperatura global del planeta se quede por debajo de los 2 grados centígrados y conseguir una economía libre de emisiones en la segunda mitad de siglo. Lo cierto es que España no ha ratificado todavía el acuerdo formalmente, aunque sí participó en la firma del mismo en una ceremonia auspiciada por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, el 22 de abril.

A este respecto, el secretario de Estado en funciones, Pablo Saavedra, explicó que ya está «todo preparado» pero «no ha sido posible ratificarlo por parte de un Gobierno en funciones» y confía en que, en el primer consejo de ministros «ordinario» del próximo viernes 11, el Ejecutivo pueda elevar a las Cortes Generales su ratificación y que el Parlamento pueda tramitarlo «en el menor tiempo posible«. En todo caso, ha admitido que no se puede esperar que España deposite sus instrumentos de ratificación antes o durante la COP22 de Marruecos porque la tramitación parlamentaria llevará «entre 3 y 6 meses».

«Es un tema de procedimiento y no tiene más consideración porque estoy seguro de que va a existir un consenso de todas las fuerzas parlamentarias están de acuerdo en la ratificación», ha apostillado. Una vez elevado, todo dependerá del Parlamento, aunque reconoce que la aplicación práctica para España viene dada por la ratificación de la Unión Europea y que bajo este paraguas estará representada en la toma de decisiones, ya que la posición común de cara a la COP está aprobada por sus Estados miembro.

En cuanto al papel de España, Saavedra ha manifestado que en la Cumbre de Marrakech que se celebrará del 7 al 18 de noviembre España persigue avanzar en «todos los temas» de forma «equilibrada» y prestará especial atención a obtener resultados «tangibles en los textos de negociación». Igualmente, ha destacado que en ese marco España perseguirá aumentar la acción climática y los mecanismos de transparencia antes de 2020, de modo que en esta cumbre se logren reglas que hagan «operativo» el Acuerdo de París y sentar las bases para que los países implanten sus planes de lucha contra el cambio climático a partir de 2020.

Saavedra destacó que el acuerdo es «un paso decisivo y salto cualitativo» respecto al Protocolo de Kioto por lo que su entrada en vigor es «una excelente noticia» porque supone que el acuerdo tiene continuidad y que el impulso tras la COP21 «no ha cedido«. Del mismo modo, espera que su «gran ambición» se vaya incrementando y resaltó que ha sido firmado por todo el mundo y ratificado tempranamente por más de 80 países que suman en torno al 70% de las emisiones de CO2.

Piden a España ratificarlo ya

Por su parte, las ONG ambientales celebraron la entrada en vigor del Acuerdo del Clima, que consideran «el de mayor trascendencia social» de la historia. La directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, pide a España «la máxima diligencia al nuevo Gobierno para que pueda ratificar los compromisos climáticos durante la celebración de la COP22 «. «Sería una fantástica señal al mundo de que España está a la altura de los problemas globales a los que se enfrenta en próximas décadas», manifestó. A su juicio, se deberá dar un «vuelco» al modelo económico y energético que se ha construido durante décadas en el planeta. En este sentido, ha pedido que la nueva legislatura siente las bases de ese cambio de modelo.

Por su parte, Greenpeace ve una «muy buena noticia para el planeta» su entrada en vigor porque comienza un «camino irreversible» hacia la «completa» eliminación de los combustibles fósiles. La directora internacional de la ONG, Jennifer Morgan, ha calificado de «momento crucial» el presente para «evitar el caos climático» mediante soluciones limpias, seguras e inteligentes que ya están probadas y listas para ser implantadas. «Las renovables son beneficiosas para la salud, el empleo y el medio ambiente, por lo que no podemos dejar pasar esta oportunidad con objetivos nacionales débiles que supondrán grandes gastos y grandes riesgos», ha concluido Morgan.

A nivel nacional, Greenpeace espera que el nuevo Gobierno «no eluda sus responsabilidades y comience a poner en marcha medidas para reducir sus emisiones». La responsable de la campaña de cambio climático de la ONG, Tatiana Nuño, advierte al nuevo Gobierno de que «tiene que dar un giro de 180 grados a las políticas energéticas que han marcado los últimos años» y favorecer un crecimiento «acelerado» de las energías renovables, permitir el autoconsumo y fijar en 2025 como máximo el cierre de las térmicas de carbón. «Son objetivos imprescindibles tras la entrada en vigor del Acuerdo de París», ha apostillado.

Del mismo modo, espera que en las negociaciones de Marrakech, los Gobiernos aborden con urgencia la brecha entre los compromisos asumidos y los necesarios para lograr que la temperatura del planeta no supere 1,5ºC de incremento. En esta línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, lamentó que el acuerdo COP21 entra en vigor con un nivel de ambición «insuficiente» ya que aunque se cumpliera «todo lo previsto en el acuerdo» se seguirá superando los límites del objetivo de seguridad, pues la temperatura global se incrementaría unos 3,4ºC.

A nivel nacional, criticó que el Gobierno no haya ratificado el acuerdo con la «excusa» de que estaba en funciones pero asegura que con ahora ya no hay razón para que España no ratifique el acuerdo. Aún más, quiere que España sea un «actor relevante» que contribuya a ese esfuerzo global y para ello cree que lo primero es «hacer los deberes en casa». En ese sentido, recomienda al nuevo Ejecutivo que impulse las renovables, acabe con el carbón y aporte recursos suficientes al Fondo Climático porque por mucha crisis económica que tenga España «están mucho peor en los países en desarrollo que sufren las peores consecuencias del cambio climático».