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Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

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Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

Los auditores europeos denuncian los escasos resultados del apoyo de la Unión Europea a las energías renovables innovadoras

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Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado que los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y a las energías renovables innovadoras «no han tenido los efectos esperados», así como que el impuso a programas similares «contribuyó escasamente a la realización de proyectos y a obtener resultados».

Los auditores europeos han evaluado dos programas destinados a apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y las energías renovables innovadoras, que son el Programa Energético Europeo para la Recuperación y la iniciativa NER300. Para ello visitaron proyectos en España, Alemania, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. Ambos programas contaban con 3.700 millones de euros y fijaron objetivos «ambiciosos», según el Tribunal de Cuentas europeo, que ha recordado que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones al menos un 40% para 2030. Tras sus visitas, los auditores comunitarios constataron que el Programa Energético para la Recuperación contribuyó «positivamente» al desarrollo del sector eólico marino, pero «no alcanzó sus ambiciones en el ámbito de la captura de carbono«.

A su vez, critican que el programa NER300 tampoco generó «proyectos de éxito» en este campo, así como que «realizó escasos progresos en su apoyo a la demostración de una gama más amplia de tecnologías en el ámbito de las energías renovables innovadoras«. El Tribunal de Cuentas considera que fue el propio diseño de la iniciativa NER300 lo que «limitó» la capacidad de la Comisión Europea y los Estados miembros de «responder de forma eficaz a los cambios en las circunstancias. «La complejidad de los procesos de selección de proyectos y toma de decisiones y otras características del diseño limitaron la flexibilidad del programa», apunta.

A nivel general, los auditores señalan que ambos programas se vieron afectados por «condiciones adversas» para la inversión que, unidas a la inseguridad de los marcos reglamentarios y las políticas, «obstaculizaron o retrasaron el progreso de muchos proyectos de energía procedente de renovables y de captura de carbono«. En consecuencia, recomiendan mejorar la toma de decisiones del próximo Fondo de Innovación y mejorar su coordinación interna para hacer más coherente el apoyo de la Unión Europea y garantizar la rendición de cuentas de ambos programas.

«La Unión Europea se esfuerza por ser el líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Para cumplir su objetivo, tendrá que aprender de la experiencia de fracasos anteriores, diseñar mejores mecanismos de apoyo a las tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono y garantizar una rendición de cuentas plena de los recursos utilizados«, ha resumido el miembro del Tribunal de Cuentas Samo Jareb.

España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

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Europa Press.- España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá «la senda del país de aquí a 2030», tratando así de «evitar la improvisación«. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga «a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria», añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser «100% renovable en 2050».

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe «no solo ser un reto, sino también una oportunidad» para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario «adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria» y pidió «no caer en los errores» de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa «tremendo». El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año «preocupante» ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado «receptibilidad» por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes«.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.

El Gobierno creará un grupo de trabajo de «manera inmediata» para estudiar la reforma del mercado mayorista de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado eléctrico mayorista, el conocido como pool. En este sentido, Ribera señaló que el objetivo de este grupo será «presentar, estudiar y discutir» a partir de 2019 las propuestas que hay sobre la mesa para la revisión del mercado eléctrico.

Hay que recordar que el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo sobre Presupuestos para 2019 en el que, entre otras medidas, pactaron realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que recibe en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Ambas partes consideran que recortar esta retribución podría destinarse, directamente, a abaratar la factura eléctrica.

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del pool debe contar con «mejoras importantes«. Así, señaló que estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», pero sin que esto «suponga la aparición de retribuciones excesivas».

A este respecto, apuntó que el Gobierno presentará antes de que acabe 2018 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional de Energía, que deben marcar la hoja de ruta para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050, con el objetivo de que sea una realidad antes de finalizar la Legislatura, ya que cuenta con un «consenso elevado» por parte de los partidos políticos.

Respecto al futuro de las centrales nucleares, subrayó que no tiene todavía la información necesaria para adoptar una decisión, debido a que el anterior Ejecutivo no trabajó en «una construcción de escenarios» de descarbonización, pero recordó que es ministra de un Gobierno que pertenece a un partido en el que el cierre de las centrales al final de su vida útil «es una referencia importante» en su programa. Además, destacó que tampoco existe un plan actualizado sobre la gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la respuesta definitiva de este Gobierno respecto a las nucleares «esté en stand by».

Respecto a las centrales de carbón, recordó que existe un marco comunitario «que viene dado» que obliga a las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen «poco recorrido«. No obstante, mostró el compromiso del Gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar soluciones ha hecho que la situación sea «dramática».

Por otra parte, Ribera insistió en que es intención del Gobierno dar una respuesta «pronto» a los pequeños inversores en renovables que se vieron perjudicados por los recortes aplicados a las renovables por el anterior Gobierno. «Es verdad, hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables, con una expectativa que podría estar confundida en la manera de ser cuantificada y que ha generado un gran daño», apuntó la ministra, reconociendo que la situación «ha ido complicándose desde el punto de vista judicial» con el paso del tiempo.

Los Gobiernos de los países europeos abogan por reducir un 35% las emisiones contaminantes de los coches en 2030

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Europa Press.- Mientras las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España han crecido un 1,8% hasta septiembre, según datos de la consultora MSI, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea pactaron, tras casi 14 horas de negociación, establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 35% en 2030, con una meta intermedia del 15% para 2025, en comparación con los niveles registrados en 2021.

Con respecto a las furgonetas, el acuerdo final mantiene el recorte del 15% en 2025, pero rebaja al 30% la ambición de cara al final de la próxima década. También han acordado realizar una revisión de estos porcentajes en 2023. «Hemos conseguido llegar a un acuerdo en el último momento», ha anunciado la ministra austriaca de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, después de que los ministros constatasen en la sala de reuniones que la última propuesta contaba con los apoyos suficientes.

Los gobiernos comunitarios han conseguido así definir sus líneas rojas de cara a las negociaciones que abordarán con el Parlamento Europeo, la otra institución europea con poderes legislativos y que aboga con elevar la ambición al 40%. Se ha impuesto de esta forma una tesis intermedia a la postura que defendían, por un lado, Alemania y los países del Este, partidarios de limitar el recorte al 30%, y, por otro, el grupo de países que como Francia, Italia o los nórdicos, reclamaban una mayor ambición y apostaban por una meta de al menos el 40%.

Algunos países hablan de decepción

De hecho, algunos de estos países expresaron sus reservas con el acuerdo final. Irlanda, por ejemplo, ha hablado de «decepción» por el consenso alcanzado, que encuentra «peor» que el planteamiento con el que comenzó el encuentro. Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca han apoyado la posición irlandesa. Países Bajos también ha intervenido para aclarar que no está satisfecho con el resultado final. El texto, sin embargo, ha contado con el apoyo de países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, que se habían opuesto en principio a apoyar un objetivo superior al 30%, que es el que propuso la Comisión Europea.

En conjunto, el texto finalmente aprobado ha sido respaldado por 20 países, mientras que 4 han votado en contra y otros 4 se han abstenido, según ha detallado Köstinger. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, también ha tomado la palabra después de que se confirmarse el acuerdo para celebrar el mismo y que se puedan iniciar las negociaciones con la Eurocámara.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que el acuerdo logrado entre los Veintiocho es «una oportunidad para la innovación y la competitividad de la industria del automóvil en España». «Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global», auguró.

En concreto, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno ha señalado que este pacto permitirá al sector español del automóvil «poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios» y que «visibilice cómo se anticipa y se prepara para innovar y realizar la necesaria transición hacia una movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud». El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que España ha apoyado «un acuerdo progresista y ambicioso del 35% hacia arriba», pero «pensando más en que la decisión final se quede entre un 35%-40%».

Crecen las emisiones un 1,8%

Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con la media del mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Faconauto achaca esta subida de las emisiones a la caída en las matriculaciones de coches diésel y subraya que se continúa con la tendencia negativa que experimentó esta estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en 10 años.

«La caída en las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina y que suponen ya solo un 36,9% del mercado, es la clave que explica este incremento», destaca la federación. Las ventas de coches diésel cayeron un 16,5% hasta septiembre, mientras que de gasolina se incrementaron un 36,7%, suponiendo el 55,5% de todas las adquisiciones. Según Faconauto, los motores diésel emiten hasta un 20% menos de CO2 que los de gasolina, por lo que el descenso en sus matriculaciones, junto al repunte de los de gasolina, explica el «mal dato» de emisiones medias de CO2 en lo que va de año.

La patronal de los concesionarios explica que en España se experimentaron «importantes» caídas desde el año 2004, cuando se situaban en 155 gramos por kilómetro cuadrado, aunque durante 2017 se incrementó por primera vez en 10 años. «Esta tendencia parece continuar en lo que va de 2018, incrementándose las emisiones medias o manteniendo la cifra de 116 gramos que se alcanzó el pasado ejercicio», añade.

Para Faconauto, los vehículos impulsados por energías alternativas protagonizarán la movilidad del futuro, pero todavía no terminan de ser una alternativa real para los ciudadanos, a pesar de que están experimentando un «fuerte» repunte. Entre enero y septiembre, los eléctricos representan el 0,3% de las matriculaciones, un 5,7% los híbridos y un 1,1% los híbridos a gas. La llegada «real» al mercado de este tipo de vehículos será también, según Faconauto, clave para lograr reducciones significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la infraestructura de recarga. No obstante, para la organización, el liderazgo de las administraciones para intensificar las inversiones en infraestructuras «no está siendo suficiente».

«El incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en España es un claro indicador de que el debate sobre el diésel es poco realista, lo que resulta contraproducente para el objetivo común, en el que el sector está completamente involucrado, que es alcanzar una movilidad sostenible. Para ello, además de mantener una neutralidad tecnológica, se debe ir a la raíz del problema, un parque automovilístico muy antiguo y contaminante y fomentar la solución que pasa por facilitar el achatarramiento de esos coches más viejos», señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Un tribunal ordena al Gobierno holandés que reduzca más rápido las emisiones para cumplir el objetivo del 25% en 2020

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Europa Press.- Un tribunal de apelaciones holandés ha ordenado al Gobierno que reduzca las emisiones de gases con efecto invernadero más rápido de lo previsto, con el fin de garantizar que son al menos un 25% inferiores a los niveles de 1990 para finales de 2020. El año pasado, las emisiones de gases con efecto invernadero en Países Bajos fueron solo un 13% inferiores a los niveles de 1990. El país es uno de los que más contaminan de la Unión Europea.

«El Gobierno ha hecho demasiado poco para prevenir los peligros del cambio climático y está haciendo demasiado poco para ponerse al día», ha considerado el tribunal, que ha ratificado una sentencia de 2015 de un tribunal de distrito. Los planes actuales para combatir el cambio climático prevén que reduzcan las emisiones al 23% en 2020, con el objetivo de reducirlas a la mitad para 2030.

«Pero la incertidumbre sobre el objetivo de 2020 es muy amplia», ha sostenido la corte. «Hay una opción real de que la reducción no llegará al objetivo del 25%, lo cual es inaceptable», ha añadido. El Gobierno ha anunciado que acatará la sentencia y que el objetivo de 2020 está «al alcance». Sin embargo, también baraja recurrir, cuestionando el modo en el que el tribunal ha pesado en decisiones políticas. En su veredicto, el tribunal ha dado una clara victoria al grupo ecologista Urgenda Foundation.

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

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Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.

El IPCC de la ONU insta a implementar medidas «sin precedentes» para evitar los «daños irreparables» del cambio climático

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Europa Press.- El Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas presentó un informe en Incheon (Corea del Sur) en el que ha instado a poner en marcha «cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar así «daños irreparables».

El documento, bajo el titulo de Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza, es el quinto que presenta la organización y tiene gran relevancia para la formulación de políticas gubernamentales sobre cómo implementar el Acuerdo de París de 2015 de cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático prevista para diciembre en Katowice (Polonia).

El IPCC, que ha señalado que ya se ha producido un aumento de 1ºC desde mediados del siglo XIX debido al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, ha explicado que para limitar a 1,5ºC el calentamiento global es necesario que se realicen cambios «rápidos, de gran alcance y sin precedentes» en el uso de la tierra y la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades.

En relación con los objetivos acordados en París para reducir las emisiones, el informe indica que estos no son suficientes. Para lograr contener el calentamiento, las emisiones netas globales de dióxido de carbono generadas por el hombre deben disminuir en aproximadamente un 45% de cara a 2030 respecto a los niveles de 2010 y alcanzar así un «cero neto» para mediados de siglo. «Esto significa que se necesitaría compensar cualquier emisión remanente removiendo CO2 de la atmósfera», recoge el texto.

Para lograrlo, el informe pone el foco sobre las energías renovables y hace hincapié en que deberían suministrar entre el 70% y el 85% de la electricidad de cara a 2050, lo que permitiría permanecer dentro del límite establecido. Actualmente las energías renovables suministran el 25%. El uso de combustibles fósiles como el petróleo debería disminuir hasta el 8% y el de carbón, por su parte, a un 2% como máximo. Si las temperaturas excedieran el límite fijado de 1,5ºC, será necesario utilizar nuevas técnicas de retirada del carbón. Por contra, la eficacia de medidas como la plantación forestal, la bioenergía o la retirada de CO2 no ha sido comprobada a grandes escalas y podrían producir riesgos de diversos tipos.