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Cañete pide a España ser «ambiciosa» en materia de Clima y Energía y espera cerrar pronto los procedimientos de infracción

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, demandó a la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «ambiciosa» a la hora de redactar el plan integrado de energía y clima que todos los países miembro tienen que presentar a Bruselas antes de final de año para alcanzar el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases invernadero en un 40% para 2030 y que debe servir de hoja de ruta para la descarbonización.

Arias Cañete ha reflexionado sobre las principales líneas de actuación de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para iniciar una transición ecológica global. Tal y como ha comentado, en la reunión con la ministra le trasladó la «visión global» de la Unión Europea y le ha reclamado que establezca planes ambiciosos, con la pretensión de actualizarlos cada 5 años, para que cumplan la legislación comunitaria. «No tiene sentido iniciar una revolución energética, si no se cumple», ha indicado Cañete. Sobre la posición del nuevo Gobierno socialista, el comisario europeo ha apostillado que, cuando se han estado «discutiendo los objetivos sobre renovables» para buscar un consenso entre todos los país, España «apoyó objetivos ambiciosos».

Además, el comisario europeo habló con Ribera sobre los procedimientos de infracción abiertos a España en materia climática y energética, para poder cerrar los 5 relativos a Energía y así no tener que acudir a los tribunales de Justicia europeos. Arias Cañete se ha mostrado confiado en poder cerrar «en los próximos 6 meses» los 5 procedimientos de infracción abiertos a España en materia de energía. Según indicó, en estos momentos hay abiertos 1.819 procedimientos de infracción en la Unión Europea por no cumplir con las actuaciones relacionadas con el Clima en el ámbito europeo, de los cuales 116 afectan a España, mientras que en materia de Energía, hay abiertos a nivel comunitario 104 procedimientos, 5 de ellos en España.

Dentro de estos cinco procedimientos abiertos por la Unión Europea a España se encuentra el correspondiente a las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que éste se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas. A este respecto, Ribera ya ha mostrado su intención de desactivar estas medidas, aunque Arias Cañete consideró que esperará a «ver cómo quedan plasmadas las competencias del legislador en una norma».

A este respecto, Cañete subrayó que, al igual que hace con el resto de países, transmitió a Ribera la necesidad de que los países miembros «cumplan con la legislación comunitaria», aunque señaló a Ribera que se cuenta con «poco» tiempo para cerrar estos frentes ya que España está «a punto» de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Estoy seguro de que se resolverá», confió Cañete, que espera que al menos se cierre 1 procedimiento. Por otro lado, Cañete se ha mostrado convencido de que la Unión Europea puede incrementar su objetivo de reducción de emisiones hasta el 45% en 2030 y convertirse en el primer firmante del Acuerdo de París que revisa sus objetivos al alza.

Además, ha recalcado que el Acuerdo de París «no es una aspirina para un dolor de cabeza que se te quita en 4 horas», sino un sistema «dinámico«, y ha recalcado que él ya afirmó que con la aprobación del Acuerdo no se estaría en condiciones de evitar que el aumento de la temperatura media del planeta suba menos de 2 grados centígrados a finales de este siglo. Pero, ha insistido, cada 5 años se van a reunir para procurar subir el nivel de ambición.

«No hemos diseñado un sistema estático. Tenemos estas contribuciones, pero cada 5 años nos vamos a reunir, vamos a tener un sistema de transparencia y vamos a ver dónde estamos y propondremos subir el nivel», apuntó Arias Cañete, para después destacar que el Acuerdo de París ha sido firmado por más de 190 países y ratificado por más de 179.

En este sentido, se ha mostrado «muy contento» de que la Unión Europea pueda incrementar sus compromisos hasta el 45%. «Se lo dije a la ministra. Si España, Francia, países ambiciosos, pueden liderar, hagamos formalmente lo que de facto ya tenemos. De facto, tenemos legislación para reducir emisiones un 45%, formalmente las podemos considerar», añadió. A su juicio, en este contexto, «lo fundamental» es que la Unión Europea tenga un liderazgo tecnológico, que financie a los países en vías de desarrollo para que caminen en la misma dirección. «Y que nosotros mismos vayamos marcando el camino», recalcó, al tiempo que destacó que, por eso, se va a realizar la estrategia de descarbonización a largo plazo.

«La lucha contra el cambio climático es a lo largo de todo este siglo, y supone revoluciones tecnológicas, revoluciones de la movilidad, transición energética. También cambiar los pactos sociales de esta transición, cambiar totalmente la formación profesional. Es un reto que afecta universalmente y a todos», recalcó. Sobre si el Acuerdo de París seguirá siendo válido si Estados Unidos lo abandona, Arias Cañete aclaró que «el Gobierno Federal está de vacaciones climáticas, pero Estados Unidos está haciendo la transición energética«.

Finalmente, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía apuesta por que las empresas cotizadas hagan un informe anual de evaluación de riesgo climático y carbono de su actividad. «Es bueno para las empresas saber cuál es su grado de exposición y cuál es el impacto que puede tener», ha apuntado. El encuentro tuvo lugar en Madrid con la asistencia de numerosas autoridades, cargos públicos y presidentes de empresas, embajadores, ONG y asociaciones. Entre ellos, destacan los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente, José Domínguez y Hugo Morán, respectivamente; o el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín.

Teresa Ribera y Arias Cañete se reúnen para hablar sobre el plan nacional integrado de energía y clima

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, dentro de la ronda de conversaciones que el comisario está manteniendo con los países miembro de la Unión Europea para tratar las claves en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima que los Estados deben remitir a la Comisión a final de año.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, Ribera ha expuesto las prioridades de su departamento en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, señalan que el Ministerio ya trabaja en la elaboración del citado plan, que la ministra Teresa Ribera ha calificado como «un documento estratégico en el que se deben definir y acordar las sendas a seguir en materia de energía y clima, identificar retos y oportunidades, facilitando la coherencia y la solidez, así como las perspectivas seguras para inversores, sobre todo en materia de energía limpia, que permita que el conjunto de los sectores emisores aporten su esfuerzo para lograr los objetivos marcados en el horizonte 2030″.

El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

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Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

El Gobierno trabaja en una Ley «transversal» de Cambio Climático y Transición Energética que se tramitará a final de año

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta «clara y firme» para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será «transversal» para «abrir la puerta» a España «en el siglo XXI» y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria «antes de final de año» porque España es «una excepción» entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

Considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo «sólido, amplio y participado» que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una «transición justa y equitativa» con herramientas como un Plan de Transición Justa para «no dejar a nadie atrás», sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, indicó que la ley deberá introducir al menos 4 grandes ejes que serán transversales para facilitar una «señal clara» a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20% en 2030, respecto a 1990, lo que supondrá «partir a la mitad las emisiones actuales», porque sin ello, «apenas se podrá alcanzar los objetivos de París«.

«Debemos adoptar sendas de descarbonización», ha insistido la ministra, que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un «lastre» para la competitividad. A este respecto recordó que, según los datos del Inventario nacional de emisiones, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4% en el último año, sobre todo «arrastradas» por el carbón, que generó el 58% de las emisiones del sector eléctrico.

«Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea», ha reprochado al anterior Ejecutivo. «España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático», sentenció. Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera insistió en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada 5 años.

Ribera ha recordado que, de cara al horizonte 2050, España remitirá en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la Ley de Cambio Climático pasa porque entre las «obligaciones» de las empresas cotizadas estará presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono. Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios «verdes» obligatorios en la contratación pública. Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que «ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas».

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y acometer una reforma fiscal para que España deje de estar «en el furgón de cola» de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que «quizá la medida más relevante para dar coherencia» es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática. Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa.

Ribera ha agregado que una pieza «crítica, complementaria» a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá para sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales «claras» que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. «Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos», ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador este año.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno «más sofisticado, descentralizado, plural» en el que es «imprescindible» una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo. Entre los objetivos que considera «irrenunciables», destaca la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial. De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o apostar por un transporte público y bajo en emisiones.

En esa línea ve fundamental «rescatar» al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que «se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas», y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el «nuevo papel» que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia. Finalmente, del mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería.

El Gobierno fija un nuevo techo a las emisiones de gases contaminantes de España para los horizontes 2020 y 2030

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Europa Press.– El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de España a la atmósfera, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Así, se establecen nuevos compromisos nacionales con nuevos techos a las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5.

Además, el Real Decreto prevé la elaboración de un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con medidas aplicables a sectores como la agricultura, la generación de energía, la industria o el transporte, entre otros. También se establecerá una red de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas. Con esta decisión, el Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030. Con la aprobación de esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, que establece los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos).

La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono contribuirá a reforzar la protección de la salud y del medioambiente y a mejorar la calidad del aire. Para ello, será importante que los sectores afectados integren la variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías más limpias y eficientes.

El Real Decreto establece la obligación estatal de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. El programa contendrá medidas que impulsen un comportamiento más sostenible de los sectores mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. En todo caso, el programa tendrá que ser aprobado y presentado a la Comisión Europea, como muy tarde en abril del 2019, y deberá ser revisado de manera periódica.

Por otro lado, el Decreto establece que se creará una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica para realizar un seguimiento de sus efectos negativos en los ecosistemas. La red, que permitirá seguir la contaminación en ecosistemas naturales y seminaturales, ya se está constituyendo y cubre tres regiones biogeográficas de la Península Ibérica. En concreto, tanto los emplazamientos de las estaciones como los parámetros medidos deberán comunicarse a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fijará los puntos que conformen esta red utilizando, cuando sea posible, emplazamientos y datos recabados según otros programas de medida ya en marcha.

Iberdrola llevará electricidad a 16 millones de personas de países emergentes que carecen de ella antes del año 2030

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció que la compañía llevará electricidad, a través de modelos sostenibles, a 16 millones de personas que actualmente carecen de ella en países emergentes y en vías de desarrollo antes del 2030. Así lo indicó en su intervención en la I Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El nuevo objetivo anunciado por Galán se enmarca dentro del programa Electricidad para Todos, puesto en marcha por Iberdrola en 2014, con el propósito inicial de garantizar el suministro eléctrico a 4 millones de personas vulnerables en países en vías de desarrollo antes del año 2020, algo que ya se ha cumplido. Los otros 12 nuevos beneficiarios para 2030 procederán, fundamentalmente, de Brasil y de México. «La empresa tiene un compromiso ineludible con la extensión del acceso a unos servicios energéticos asequibles», ha subrayado Galán.

«Iberdrola, como empresa española, iberoamericana y global, quiere contribuir decididamente a lograr un mundo más sostenible: la acción de todos es ineludible y debe empezar hoy. Se trata de hacer germinar un nuevo estado de conciencia. La salud del planeta demanda actuaciones precisas y tenemos que llevarlas a cabo ya», añadió. Para Galán, el sector privado «está llamado a realizar una aportación fundamental hacia este esfuerzo común«, ya que la empresa «debe ser el motor del crecimiento y del empleo, factores que constituyen la base del desarrollo económico y social».

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

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Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

Domínguez Abascal se compromete como secretario de Estado de Energía a dotar de un marco regulatorio «predecible» a las renovables

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Redacción / Agencias.– El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se comprometió a dotar de un marco regulatorio «predecible» al sector eólico español para facilitar el «desarrollo y crecimiento estable» de esta industria. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, antes incluso de tomar posesión como secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Domínguez aseguró que el Gobierno hará «todo lo necesario para que haya una regulación y unas reglas del juego que permitan ser previsibles«.

También ha señalado que para integrar toda esa energía renovable que la Unión Europea se ha marcado como objetivo en el 32% de la demanda final para 2030 hace falta tener un «sistema solvente», donde el regulador jugará un papel destacado. «Creo que es una oportunidad para el desarrollo económico y la prosperidad de nuestro país», subrayó. Además, el secretario de Estado de Energía afirmó que en el pasado se han cometido «errores» con las renovables en lo que respecta a «inestabilidad, falta de confianza e incluso abusos», por lo que aseguró que para el nuevo Gobierno es «una prioridad» conseguir un contexto estable de crecimiento para todos los actores que intervienen en el desarrollo del sector de las renovables.

Domínguez Abascal se ha referido a la energía eólica, a la que ha definido como un «elemento central» en el desarrollo de la energía renovable y ha agregado que, a nivel general, «tenemos que desarrollar una nueva industria y una nueva forma de hacer las cosas«. En este sentido, ha subrayado, además, el papel que tiene la industria renovable en el desarrollo de los países, que siempre radica en la capacidad de «generar productos complejos y que otros no son capaces de hacer por medio de un conocimiento colectivo aplicable».

Finalmente, Domínguez Abascal consideró que la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ha mandado un mensaje claro» respecto a la dirección que quiere tomar en el mundo de la energía, con el medio ambiente y la energía como «las dos grandes apuestas para hacer una transición hacia un mundo más sostenible».»Nos lo planteamos como una oportunidad y tenemos que transmitir a la sociedad la convicción de que el desarrollo sostenible no es una obligación como una rémora con el medio ambiente, sino que es una oportunidad», concluyó.

AEE subraya que los nuevos objetivos de energías renovables para 2030 suponen «una clara oportunidad» para el sector eólico

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Redacción / Agencias.- La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, indicó que la reciente aprobación de los objetivos de renovables para 2030 por la Unión Europea supone «una clara oportunidad» para el sector eólico español. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, Sicre destacó que el nuevo objetivo de alcanzar un 32% de la demanda con energías renovables representa, a su vez, «un fuerte compromiso» para el sector para mantener las condiciones de continuidad que impidan posibles limitaciones de generación.

Además, subrayó que las decisiones políticas que se adopten hoy «afectarán al futuro de los parques eólicos actuales y próximos». «El consenso político para diseñar una hoja de ruta que nos guíe en la transición energética es fundamental para no dar pasos cortoplacistas y poder apuntar a objetivos más ambiciosos», apuntó Sicre, que considera necesarias señales de «seguridad, visibilidad y certeza» para el sector, ya que la energía no es “cortoplacista” y las inversiones que se hacen hoy «tienen que durar». «Es necesario un compromiso y el apoyo de los partidos políticos a las renovables y las decisiones deben de ser a largo plazo», recalcó.

“Es una historia de éxito”

Sobre el cambio de Gobierno, Sicre destacó que el sector eólico seguirá trabajando en el desarrollo de una tecnología “clave” para la transición energética porque “la eólica es una historia de éxito”. En cuanto al futuro del mix energético, AEE aboga por apostar por “soluciones híbridas, que permitan aportar potencia firme a la operación del sistema y optimicen el uso de la infraestructura eléctrica”. En este sentido las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía jugarán un papel importante.

Respecto a los datos del sector, la presidenta de AEE indicó que en 2017 ha instalado 96 megavatios (MW) eólicos en el territorio nacional, 59 de ellos en Canarias. «Durante el pasado año, la energía eólica ha producido el 18,23% de la demanda eléctrica en España. En el mundo se instalaron 53 gigavatios (GW) eólicos, sumando un total de 539 GW instalados eólicos. España ostenta el quinto puesto en el ranking de países por potencia instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India», concluyó. La próxima edición del Congreso Eólico Español tendrá lugar en Bilbao el 2 y 4 de abril de 2019, coincidiendo con la WindEurope Conference & Exhibition.

Naciones Unidas reelige al consejero delegado de Enel, Francesco Starace, como miembro del Pacto Mundial

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Europa Press.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reelegido al consejero delegado y director general del grupo Enel, Francesco Starace, como miembro del Consejo del Pacto Mundial de esta organización por un segundo mandato, según indicó la eléctrica.

Este organismo de la Naciones Unidas trata de alinear las estrategias de las compañías a los diez principios del Pacto Mundial en materia laboral, de derechos humanos, de medio ambiente y en la lucha contra la corrupción, además de tratar de conducir su negocio hacia los compromisos de la Agenda 2030.

El grupo Enel, que mantiene una participación del 70% en la española Endesa, ha sido miembro de este pacto desde el año 2004 y desde 2011 también ha formado parte la lista que reúne a las empresas más sostenibles de todo el mundo.

En concreto, la firma ha incluido en su plan estratégico 2018-2020 una serie de objetivos en el ámbito de la sostenibilidad, como alcanzar una educación «inclusiva e igualitaria», que beneficiaría a 800.000 personas hasta 2020; el acceso a una energía «más moderna» en África, Asia y Latinoamérica, que beneficiaría a 3 millones de personas, y un crecimiento más «sostenible», que beneficiaría a otros 3 millones de personas.

Esta política ha provocado que los inversores preocupados por elementos medioambientales, sociales o de gobierno corporativo hayan aumentado un 56% sus participaciones en la compañía, hasta el punto de que a finales del pasado año, el 8,6% del accionariado era de este tipo.

Starace se ha mostrado «orgulloso» de que Naciones Unidas le haya reelegido para seguir formando parte del Pacto Mundial, al mismo tiempo que ha admitido que se tendrá que trabajar «de forma colaborativa y rápida para trazar el camino que está por venir».

«Como sociedad, tenemos varios retos y problemas muy urgentes que afrontar, y la visión y los objetivos del Pacto Mundial, no solo establecen una clara hoja de ruta para conseguir un desarrollo sostenible del planeta, sino que también alienta a las compañías y comunidades a llevarlo a cabo«, ha añadido Starace.