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Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

La Eurocámara pide elevar al 35% el recorte de emisiones contaminantes de camiones para 2030 frente al 30% de Bruselas

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha pedido elevar al 35% el objetivo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero de nuevos camiones en 2030, con una meta intermedia del 20% para 2025, ambos en comparación con los niveles registrados en 2019.

Estos dos objetivos son 5 puntos superiores a la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea, que aboga por un recorte de las emisiones contaminantes de estos vehículos del 15% en 2025 y del 30% en 2030. Además, el organismo fijaba una sanción económica en forma de prima, siempre que se considere que un fabricante tiene un exceso de emisiones. Los eurodiputados fijaron con 373 votos a favor, 285 en contra y 16 abstenciones sus líneas rojas de cara a las negociaciones que ahora deben comenzar con los Estados miembros.

En concreto, las emisiones de vehículos pesados representan el 27% del todas las emisiones del transporte por carretera y casi el 5% de todas las emisiones de gases efecto invernadero de la Unión Europea, según los datos de 2016. Si no se aprueban nuevos objetivos, las emisiones de camiones y autobuses seguirán creciendo después de haberse incrementado un 25% desde 1990 por el aumento del transporte de mercancías por carretera.

Así, los eurodiputados han pedido que los fabricantes garanticen que los vehículos con bajas emisiones o incluso nulas representen un 20% de las ventas de nuevos vehículos para 2030 y el 5% en 2025. Además, han pedido a la Comisión Europea que elabore antes de 2020 una propuesta para realizar controles de emisiones de camiones en situaciones reales de conducción.

El pleno de la Eurocámara es consciente de que la transición hacia una movilidad sin emisiones provocará cambios en la cadena de valor y tendrá efectos sociales negativos. Por ello, plantean que la Unión Europea ayude a los trabajadores del sector mediante programas de formación y redistribución del empleo, con especial atención a las regiones y comunidades más afectadas. Por último, los eurodiputados han sugerido al Ejecutivo comunitario que evalúe las emisiones de CO2 de vehículos pesados durante todo su ciclo de vida, así como que proponga a los fabricantes la obligación de informar al respecto si lo considera necesario.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, denuncia que estos objetivos van «más allá» de la propuesta de la Comisión, considerados ya «desafiantes». «ACEA está particularmente alarmada por los objetivos de reducción de CO2 excesivamente agresivos que la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo han respaldado», denuncia la asociación.

La patronal europea acogió con satisfacción, en principio, la propuesta de la Comisión de incentivar a los camiones con bajas emisiones a través de «súper créditos». Sin embargo, los eurodiputados votaron establecer sancionar con bonus malus a los fabricantes que no venden una cuota obligatoria de camiones de cero y bajas emisiones. «Los eurodiputados parecen estar ignorando descaradamente el hecho de que el potencial de electrificación de la flota de camiones es mucho menor que la de los automóviles, debido a problemas como los costes iniciales extremadamente altos, las limitaciones de autonomía, la infraestructura insuficiente, en particular a lo largo de las autopistas, y también los clientes reacios», subrayó Jonnaert.

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

La patronal Protermosolar cree que las centrales termosolares son «la pieza que les falta a las energías renovables» como respaldo

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, impartió la conferencia inicial en la XII Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica en España, donde indicó que las centrales termosolares «son la pieza que les falta a las energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, para complementar su producción y eliminar la dependencia respecto a los ciclos combinados».

En el informe Transición Energética del Sector Eléctrico, Protermosolar demuestra que no harían falta las centrales nucleares ni la totalidad de ciclos combinados para disponer de una generación mayoritariamente renovable cumpliendo todos los requisitos y a un precio final inferior a 0,05 euros por kilovatio. «No se entendería que países como España no aprovechasen las excelentes condiciones para el despliegue de centrales termosolares», ha indicado Crespo, que añade que estas permitirían avanzar hacia una generación eléctrica mayoritariamente renovable, retirando las centrales de carbón y las nucleares sin sufrir un encarecimiento.

Además, el presidente de Protermosolar asegura que es posible limitar a 2030 el respaldo del gas a niveles inferiores al 5% con el despliegue de una nueva potencia termosolar, junto con las tecnologías, eólica, fotovoltaica y biomasa, y junto con una contribución de la hidráulica. En la Cumbre participaron más de 27 países y se expusieron los casos de Emiratos Árabes, Marruecos, China, Sudáfrica y Chile, en los que las centrales termosolares están planificándose para el sistema con una combinación del resto de energías renovables.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

Teresa Ribera asegura que el borrador de la ley de cambio climático recoge el sentir «unánime» de la conciencia social

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Europa Press.- El Gobierno asegura que el Plan Nacional de Energía y Clima combatirá la pobreza energética en España mientras que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el documento base para elaborar la Ley de Cambio Climático, cuyas líneas generales trascendieron, recoge el «sentir unánime» de la sociedad española de que hay que poner en marcha un marco regulatorio «estable y predecible, que guíe la transición hacia un desarrollo libre de emisiones”.

Ribera ha recordado que España es un país «altamente vulnerable» al cambio climático y su ciudadanía «está totalmente concienciada de la magnitud del problema». Así, este marco regulatorio deberá convertir este proceso en una oportunidad para un crecimiento «más justo y solidario». La propuesta, según ha explicado, plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España en tan solo una década. «Lo consideramos un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático», ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Gobierno defiende una ley que da «señales claras y predecibles» a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. «La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar», vaticina.

Se combatirá la pobreza energética

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de que finalice el año combatirá la pobreza energética, especialmente agravada por la subida del precio de la electricidad que, aunque en octubre quebró la tendencia alcista de los últimos 6 meses, aun presentó una cifra un 14% superior a la registrada en octubre del 2017.

Por otro lado, Domínguez Abascal ha señalado la descarbonización y la electrificación de la economía como unos objetivos que pueden parecer «ambiciosos» pero también suponen una «gran» oportunidad para los ingenieros, las empresas y la economía española. Además, añadió que se hace «urgente» revertir la situación que España ha vivido bajo las «políticas conservadoras» del Gobierno anterior. «En España tenemos un 17% más de emisiones que en 1990. Esta situación debe revertirse y el Gobierno trabajará en esa dirección«, aseguró.

2030: objetivo renovable del 32%

De igual forma, Domínguez Abascal ha matizado que la economía española seguirá las directrices de la Unión de alcanzar el 32% en generación energética mediante fuentes renovables para el año 2030 y de alcanzar la descarbonización de la economía entre el 90% y el 100% para 2050. Con el fin de lograr tal objetivo, Domínguez Abascal destacó que se debe desarrollar una labor «conjunta» entre la industria y el Estado.

Domínguez Abascal también ha apuntado a la necesidad de cambiar la forma de movilidad dentro de las grandes urbes: «Un 25% de las emisiones actuales provienen del transporte y estas crecen más rápido que cualquier otro tipo de emisiones». A este respecto, el secretario de Estado reiteró que es «oportuno» aprovechar las mejoras que se están realizando en los vehículos eléctricos, los cuales «se están volviendo competitivos, algo muy importante«.

Energía estima que se invertirán 70.000 millones de euros en fotovoltaica hasta 2030 para conseguir un 35% de energías renovables

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha afirmado que el sector fotovoltaico movilizará unas inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de euros en la senda para alcanzar el objetivo del 35% de renovables en la energía final en 2030. En su intervención en el V Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Domínguez estimó que estas cifras suponen «un gran reto, pero también una gran oportunidad desarrollo» para España.

El secretario de Estado reiteró la hoja de ruta para alcanzar ese objetivo del 35% de renovables para España, por encima del 32% de media europea y que se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se remitirá a Bruselas antes de finales de año, que estima una senda a 2030 para instalar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) renovables. Así, subrayó que de esa potencia a instalar en los próximos años, «la mitad o más será energía solar». «Teniendo en cuenta que en este momento hay más eólica que solar, tiene todo el sentido», afirmó.

Domínguez destacó que el actual Gobierno «se ha puesto las pilas» en renovables y que está «totalmente en línea» con los objetivos marcados por Bruselas para combatir el cambio climático. «No sé qué hubiera pasado si no cambia el Gobierno en España», insinuó el exdirectivo de Abengoa. El secretario de Estado de Energía consideró que España se encuentra ante una oportunidad «única» ya que, en todas las transformaciones tecnológicas, «siempre llegó tarde, pero está es la primera vez que «va a participar en primera fila».

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, valoró el «ambicioso» objetivo del 32% en renovables fijado por la Unión Europea para 2030, ya que supone cuadruplicar el porcentaje de renovables en 2004 y casi duplicar los niveles actuales del 17%. No obstante, Cañete se mostró convencido de que, en la cláusula prevista de revisión para 2023, la innovación permitirá dar lugar a revisar «mucho más al alza» esos objetivos a 2030.

De esta manera, destacó que estos esfuerzos en renovables, junto a las acciones en eficiencia energética, permitirán una reducción de las emisiones por encima del 40%, lo que da muestras de que se trata de un «objetivo ambicioso y positivo en la lucha contra el cambio climático». Además, consideró que el efecto provocado a 2050 sería de una reducción de emisiones del 60%. Por otra parte, Cañete valoró los pasos dados en Europa en regular por primera vez el autoconsumo y aplaudió los pasos en España «en esa buena dirección».

Barcelona presenta el Pla Clima para luchar contra el cambio climático con propuestas para la vivienda y la movilidad

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Europa Press.- El Gobierno municipal de Barcelona ha presentado el Pla Clima, que recoge las políticas municipales respecto a la lucha contra el cambio climático hasta 2030, un documento elaborado colectivamente que agrupa 242 medidas en cuatro ejes estratégicos y que incorpora propuestas en ámbitos como la vivienda, la movilidad y la economía.

La teniente de alcalde de Ecología, Janet Sanz, ha declarado que «Barcelona es líder en la lucha contra el cambio climático» y ha recordado que el Plan fue reconocido como el mejor de las grandes ciudades europeas por el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Sanz ha asegurado que el Pla Clima es la hoja de ruta que seguirá Barcelona durante los próximos años y que debe permitir «transformar el problema del cambio climático en un motor de cambio para mejorar la ciudad a todos los niveles».

El plan pone en valor la dimensión climática de las políticas municipales que ya se están realizando, propone reforzarlas y ofrece políticas nuevas como la reducción de emisiones y la justicia climática, con énfasis en la construcción colectiva y la coproducción con la ciudadanía. Barcelona revisa con este Plan la actuación municipal y se alinea con los objetivos del acuerdo de Naciones Unidas de París, consistentes en no superar 1,5ºC de temperatura media de la tierra respecto al periodo preindustrial.

Entre los objetivos del Plan se encuentra reducir en un 45% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por cápita el año 2030 respecto al 2005,también incrementar el verde urbano, conseguir que la financiación municipal no cuente con entidades que invierten en combustibles fósiles y el consumo de agua potable doméstica inferior a 100 litros al día por habitante.

Expertos reunidos por Iberdrola y la Plataforma G2020 abogan por la colaboración público-privada para luchar contra el cambio climático

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Europa Press.- Iberdrola y la Plataforma G2020 han celebrado el seminario Cambio climático y desarrollo sostenible ¿Cómo puedes colaborar? Está en tus manos, una jornada en la que los asistentes han coincidido en apostar por la colaboración público-privada como elemento imprescindible para la lucha contra el cambio climático.

El objetivo de la jornada fue analizar la respuesta, tanto del Gobierno como de las empresas y la sociedad civil, en la lucha por frenar el cambio climático, por lo que los expertos se han referido a los riesgos a los que se somete el planeta ante el calentamiento global. Naciones Unidas cifra en 150 millones las muertes que estarían provocadas por la contaminación atmosférica. Sin embargo, añade que si se limita el incremento medio de la temperatura a un grado y medio, los gobiernos ahorrarían 26 billones de euros y podrían crear 18 millones de nuevos puestos de trabajo.

Por ello, el presidente de la Plataforma G2020, Salvador Sánchez-Terán, apeló al Gobierno y a la sociedad a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la ONU, que supone la primera hoja de ruta global con un plan de acción común. Para lograrlo, es «imprescindible» la colaboración público-privada y «esencial» en dos sectores claves: el transporte y la energía, ya que la sostenibilidad en el transporte y en los trayectos de los ciudadanos se basa en el logro de recortes de gastos y en la eliminación progresiva de vehículos en las ciudades.

«La Agenda 2030 nos inspira confianza y nos devuelve el optimismo, por su carácter abierto y movilizador, por el gran impacto que la ciencia y la tecnología tienen para lograr las metas y por su mirada a largo plazo. Globalmente no hay alternativa», indicó. En la jornada, el coordinador del área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Clemente Álvarez, ha analizado el papel de los ODS, mientras que el director ejecutivo de Ecodes, Víctor Viñuales, ha explicado la situación en la que se encuentra España ante el cambio climático y cómo promueve el desarrollo sostenible.

Por su parte, la delegada en España de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, Isabell Buschel, ha planteado el caso concreto de los sectores del transporte y la energía en este cambio de modelo en España; mientras que la consejera de GLOBANT, Beatriz Lara, ha recalcado el papel de las empresas en el crecimiento sostenible, y el presidente de la asociación de estudiantes ICAI Speed Club, Rodrigo Ruano, presentó algunas iniciativas sostenibles en las que trabaja, entre las que destacan proyectos de diseño y construcción de vehículos eléctricos.