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El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

Ciudadanos cuestiona la decisión del Gobierno de aprobar por decreto algunas medidas de la nueva Ley de Cambio Climático

Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas piden a España que apueste por exigir niveles de CO2 más ambiciosos a los vehículos, desde Ciudadanos cuestionan la forma en la que el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Cambio Climático. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma estaría aprobada en diciembre y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a sacar adelante algunas medidas «urgentes» por decreto ley. Los naranjas buscan ahora una aclaración sobre este interminable proceso.

Los de Albert Rivera denuncian que el Ejecutivo ha ido ofreciendo información sobre este texto, sin concretar en ningún momento cuáles son sus intenciones reales. La ministra aseguró el pasado mes de noviembre que el texto se está «ultimando» y que estaba abierto un debate en el seno del Gobierno sobre la «conveniencia de anticipar» la aprobación de algunos de los elementos más urgentes que se recogen en él. En concreto, aquellos destacados por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como los más necesarios.

La aprobación de un decreto ley que, después, se tramita como proyecto de ley en el Parlamento es la fórmula a la que ha dejado abierta la puerta Ribera, sin confirmar si es el procedimiento elegido. Tampoco el presidente del Gobierno explicó cuál sería es el procedimiento a seguir para aprobar esta norma «antes de que acabe el año», tal y como anunció en el Congreso. A los naranjas les preocupa que el Gobierno piense que el proceso legislativo ordinario de consultas, tanto la pública como a los órganos consultivos preceptivos, sean «innecesarios» o «poco adecuados» y quiere que el Ejecutivo aclare qué informes técnicos va a consultar en el caso de aprobar la Ley a través de un decreto.

«En la lucha contra el cambio climático, tan importante como los objetivos sobre los que se trabaja es cómo se trabaja», advierte Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, en la que precisa que «el diálogo, la inclusión, la participación de todos los agentes sociales interesados y un amplio consenso político son clave para tener éxito en un reto tan importante como es la lucha contra el cambio climático».

Menos emisiones en los vehículos

Las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que eleve su ambición y apueste por exigir niveles de emisiones de CO2 para los vehículos ya que en la actualidad España tiene una posición intermedia en las negociaciones europeas sobre esta cuestión. Países como Alemania tratan de rebajar los objetivos a una propuesta que es crucial para conseguir los objetivos de París. Según denuncia ECODES, si Alemania gana este «pulso», «no habrá otra oportunidad para disminuir las emisiones de CO2 en vehículos hasta dentro de 10 años.

Las organizaciones Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-unión y PTP, socios nacionales de Transport&Environment, consideran que una reducción del 35% en 2030 es «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París sobre todo teniendo en cuenta que el transporte supone el 27% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, y es el único sector que continúa aumentando emisiones. En este contexto, reclaman al Gobierno que mantenga los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 en el 40% que votó el Parlamento Europeo y que, en cualquier caso, no bajen del 35% reales. Además, piden que se establezca como obligatorio el uso de medidores de consumo de combustible que dificultarían que los fabricantes puedan manipular los resultados de emisiones.

“Recompensa a los híbridos enchufables”

Para este grupo de organizaciones, España no debería apoyar la enmienda introducida por el Consejo de la Unión Europea porque consideran que «recompensa en exceso» a los híbridos enchufables, que no están exentos de emisiones invernadero. A ese respecto, advierten de aceptarse esa enmienda se motivaría a los fabricantes a seguir fabricando coches contaminantes, lo que convertiría un 35% de reducción en 2030 en un 31,8%. Asimismo, aconsejan limitar el conteo doble de vehículos eléctricos para mercados menos desarrollados a no más del 5% de las ventas de vehículos eléctricos por los fabricantes de automóviles.

De forma paralela las organizaciones recuerdan que en el Consejo de la Unión Europea se negocia también la implantación de estándares de CO2 para vehículos pesados y su nivel de ambición. Se trata de la primera vez que fijen estándares sobre consumo de combustible para camiones. La medida cuenta con apoyo de la industria por lo que los ecologistas opinan que es «sorprendente la falta de ambición» de la Comisión Europea y de los Estados miembro, incluyendo España. «Si nuestro Gobierno realmente quiere descarbonizar el transporte a largo plazo, España ha de defender la aprobación de estándares ambiciosos, pues sólo así la industria acelerará los cambios necesarios para hacerlo asegurando así los empleos asociados», concluyen.

43 multinacionales de la industria de la moda se comprometen a lograr las cero emisiones en 2050

Europa Press.- Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda han firmado un compromiso por el que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor y lograr el objetivo de cero emisiones en 2050 con un paso intermedio del 30% en 2030.

Las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales empresas de transporte y envíos, han acordado de forma colectiva comprometerse para frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda en toda su cadena de valor. Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH, entre otras, como las organizaciones Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; global logistics Maersk, así como la ONG WWF.

Todas estas entidades implantarán y/o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática, como contribuidor a las emisiones invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir las emisiones mientras puede contribuir al desarrollo sostenible.

Alineados con los objetivos del Acuerdo de París, el Estatuto establece el reto de que la industria alcance un objetivo de cero emisiones en 2050 y define los aspectos que serán consignados por los firmantes, comenzando con la descarbonización en la fase de producción, seleccionar materiales sostenibles y amables con el clima, fomentar un transporte bajo en carbono, mejorar el diálogo y la conciencia de los consumidores y trabajar con la comunidad financiera y los decisores políticos para catalizar las soluciones aplicables y explorar modelos de negocio de economía circular.

Además, para concretar el progreso de estos compromisos, se han establecido 6 grupos de trabajo en los cuales los firmantes trabajarán para definir los distintos pasos y etapas de implantación del nuevo Estatuto. Los firmantes aseguran que no esperarán a que estos aspectos estén completamente elaborados y por ello han fijado un objetivo inicial para reducir sus emisiones agregadas de gases en un 30% en 2030 y han definido medidas concretas, tales como eliminar gradualmente las calderas de carbón y otras fuentes de energía calorífica o de generación eléctrica a base de carbón en sus empresas y en toda su cadena de suministro en 2025.

«La industria de la moda está siempre dos pasos por delante cuando hay que definir la cultura del mundo, así que estoy encantada de ver que ahora también está liderando el camino en términos en acción climática», ha celebrado la secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinoza, que felicita a los firmantes por este importante Estatuto que representa, en su opinión, un «compromiso único y la colaboración desde los diversos líderes de la moda. «El nuevo estatuto, como prestigiosa moda que recorre las pasarelas del mundo, fija un ejemplo que espero que otros también sigan», ha añadido.

El compromiso está apoyado por una amplia de organizaciones relevantes y ONG que fomentarán la ambición que deberá ser monitorizada y reconocida por la oficina de cambio climático de la ONU. El acuerdo pretende dirigir la acción climática en el sector de la moda e incluye otras iniciativas para completar este objetivo de modo que permita incrementar la acción climática.

El director ejecutivo de PUMA, Bjorn Gulden, ha reconocido que son conscientes de que más del 90% de la huella de carbono de PUMA está siendo generada en la cadena de suministro. «Si queremos reducir las emisiones en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar juntos con nuestros proveedores», reconoció. «El Estatuto de la Industria de la Moda para la Acción Climática proporciona un esfuerzo colectivo de la industria para apoyar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Apreciamos que la oficina de Cambio Climático de la ONU haya establecido una plataforma global y llame a través nuestro a la industria de suministros a sumarse a la iniciativa», añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de H&M, Karl-Johan Persson, ha celebrado que este compromiso va sobre como la industria de la moda unida está realizando un importante trabajo climático. «Nuestra industria tiene un alcance global y solo juntos podemos crear el cambio urgente que se necesita», ha apostillado. A principios de 2018, líderes de la moda dieron forma voluntariamente a un movimiento climático a través de las discusiones en grupo dirigidas por PUMA y H&M. Este compromiso constituye una llamada de atención a la industria global de la moda para suscribir la acción climática.

Con este acuerdo, los directores ejecutivos y los presidentes de estas organizaciones confirmaron su compromiso para abordar el cambio climático y su disposición a redoblar su colaboración hacia dentro y más allá de los sectores de la moda hacia un futuro limpio y bajo en emisiones. La industria de la moda abarca también al sector textil, piel, calzado, ropa y la producción de materias primas y la manufactura de prendas, accesorios y calzado para su distribución y consumo ha tenido a lo largo del tiempo una cadena de suministro y una producción intensiva en energía.

El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti, destacó que la compañía está orgullosa de haber firmado este compromiso. «Mientras nos comprometemos con ser neutros en carbono en nuestras operaciones, el objetivo de lograr una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda a nivel global en 2030 requerirá innovación y colaboración. «Trabajando juntos con otros firmantes, podemos lograr un cambio sistemático y construir un futuro más sostenible», ha manifestado. Por su parte, la diseñadora Stella McCartney, cree que el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos, si no el mayor, de esta vida.

El secretario de Estado de Energía cree que el gas renovable es «esencial» para combatir el cambio climático

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha destacado que el gas renovable juega un papel «esencial» como elemento transformador del sector energético a la hora de resolver los problemas derivados del cambio climático, los cuales asegura que deben ser confrontados de forma «coordinada y urgente«. Domínguez resalta que existe una «urgencia» por adoptar «nuevas» soluciones tecnológicas que permitan producir energía mediante fuentes «renovables y competitivas» y combatir el cambio climático.

«Tenemos que buscar nuevas formas de almacenamiento y el gas es una de ellas», recalca. Sin embargo, Domínguez matiza que, aunque el gas emite menos que otros combustibles, para llegar a alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 promovido por la Unión Europea, se debe dejar atrás el gas tradicional y dirigir el camino hacia «gases que no emitan», como el renovable. Domínguez reconoce su apuesta por la «transformación» del sistema hacia las energías renovables, con medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la propuesta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

En relación a este plan, Domínguez ha explicado que integrará objetivos como la reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 o la meta de que el 35% de la energía final sea renovable para 2030, lo cual implicaría que entre el 70-75% de la electricidad fuera renovable entonces. El secretario de Estado también ha apuntado que ayudará a la reducción de emisiones el cierre a mediados de 2020 de aquellas centrales térmicas de carbón que no han cumplido con las reformas «correspondientes», ya que el carbón es el combustible responsable del 59% de las emisiones del sistema eléctrico.

Horizonte 2030: el gas renovable

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado el Plan de Desarrollo de Gas Renovable, una hoja de ruta hacia la economía baja en carbono definida por la Unión Europea hasta 2050, la cual integra objetivos para 2030 como la reducción del 40% de las emisiones de gases en comparación con 1990, la implantación de un 32% de cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en un 32,5%.

Para la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, el Gobierno debe instaurar objetivos «concretos» que permitan avanzar hacia un cambio sostenible. Ha resaltado el caso de Francia, país que ha marcado como estrategia energética que el 10% del gas usado como combustible sea renovable para 2030. En este sentido, Sanz ha destacado las «ventajas» de una transición hacia el gas renovable, apelando a que no solo no produce residuos, sino que es sumidero de dióxido de carbono (CO2) y, además, no precisa de las inversiones en infraestructuras al ser totalmente intercambiable por el gas tradicional, permite el desarrollo de las zonas rurales y contribuye al estímulo de la generación distribuida.

Por otro lado, la presidenta de Sedigas ha matizado que en la transición hacia el gas sostenible, es preciso analizar el modelo de negocio «al completo», teniendo en cuenta toda la cadena de valor y considerando las ventajas medioambientales que presta frente a otras formas de energía asentadas, ya que «no se puede competir a pelo con el gas tradicional».

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

Bruselas autoriza a Francia a invertir 600 millones en instalaciones solares innovadoras mientras la ONU pide triplicar la lucha climática

Europa Press.- La ONU ha advertido a los países de que deben triplicar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y lograr así reducir las emisiones después de que alcanzaran un récord en 2017. Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado el plan de Francia para invertir 600 millones de euros de fondos públicos en instalaciones solares eléctricas innovadoras, al concluir que la medida ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus objetivos energéticos y climáticos sin distorsionar la competencia.

El esquema está financiado con el presupuesto estatal francés y busca impulsar el despliegue de 350 megavatios adicionales de capacidad de generación. Los fondos están disponibles para instalaciones tanto en edificios como a nivel del suelo con una capacidad de entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Los beneficiarios serán seleccionados a través de licitaciones públicas que se celebrarán a lo largo de 2019 y recibirán el apoyo público en forma de tarifas de alimentación o de complemento de remuneración durante un periodo de 20 años.

El Ejecutivo comunitario determinó que este programa de ayudas cumple con las normas europeas sobre ayudas de Estado por estar destinado a impulsar el despliegue de energías solares renovables e innovadoras y evitar que los beneficiarios sean sobre compensados. «Nuestro futuro estará alimentado por energía renovable. La iniciativa francesa que aprobamos promocionará las instalaciones solares innovadoras y contribuirá a la transición de Francia a un suministro de energía bajo en carbón y sostenible», destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Las emisiones en niveles récord

Por otro lado, un informe de Naciones Unidas ha concluido que las emisiones globales podrían llegar a estar entre 13.000 y 15.000 millones de toneladas por encima del nivel que se ha estimado como necesario para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento térmico global de 2 grados centígrados. El noveno informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU ha analizado en detalle el impacto del cambio climático y confía en que durante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) se alcance un manual de normas sobre la implantación del Acuerdo del Clima de París que insta a limitar el aumento global de las temperaturas.

El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) ha indicado que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero llegaron a 53.500 millones de toneladas en 2017 después de tres años consecutivos de descensos. Sin embargo, las emisiones de GEI en 2030 deberán bajar desde un 25% a un 55% para situar al mundo en el camino para limitar la temperatura global de 2ºC a 1,5 ºC. El aumento de las emisiones y la lacónica acción significa que la brecha para el informe de este año es «mayor que nunca», según el estudio.

Las políticas climáticas actuales deberán acometer un recorte de 6.000 millones de toneladas de CO2 en 2030, para detener el calentamiento a la atmósfera para 2100, aunque sus efectos seguirán más allá de ese horizonte. El estudio advierte también de que si la brecha de emisiones no se cierra en 2030 es muy plausible que el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 2ºC esté también fuera de alcance. Para mantener como posible este reto de los 2ºC los países deberán triplicar sus esfuerzos actuales, mientras que para alcanzar el objetivo de 1,5ºC la ambición se deberá quintuplicar.

En la actualidad, las 20 mayores economías del mundo (G20) no están de forma colectiva en el camino de alcanzar sus compromisos, según la UNEP. Así lo confirma el análisis y la revisión del progreso de los compromisos de los países en este sentido, las también llamadas contribuciones nacionales, que indican que son «insuficientes». A esto se suma el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU (IPCC) que advertía de que para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento de 1,5ºC se deberá hacer rápidamente un esfuerzo sin precedentes.

Las instituciones locales, nacionales y los gobiernos regionales; las compañías, los inversores, la educación superior y las organizaciones de la sociedad civil están incrementando sus compromisos para la acción climática mundial y están ejerciendo una fuerte presión. Aunque las estimaciones de reducción de emisiones potenciales varían, se prevé que se podría evitar hasta 2030 unos 19.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y con ello se podría alcanzar el objetivo de los 2ºC.

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

Fundación Renovables critica «la falta de ambición» del Gobierno para reducir las emisiones mientras Ribera destaca al sector del automóvil

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la transformación del sector del automóvil hacia una industria libre de dióxido de carbono (CO2) se hará de acuerdo a una hoja de ruta que asegure que este siga contando con un peso «relevante» dentro del PIB español. Pero, mientras tanto, la Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición» en los objetivos de reducción de emisiones al considerar que reducir un 20% las emisiones para 2030 es «insuficiente«.

La Fundación echa de menos una mayor ambición en los objetivos de las renovables, que está fijado en una contribución del 35% para 2030, algo que considera insuficiente, así como en la gestión de la demanda y en eficiencia y ahorro energético. Para la asociación, es imprescindible un recorte del 100% de las emisiones para 2050 respecto a las de 1990, en línea con el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que aconseja un escenario neto de cero emisiones para 2050, frente al recorte del 90% propuesto por el Ejecutivo.

La Fundación Renovables cree que esta falta de ambición es resultado «de las cautelas que emanan del conjunto del documento», como la no fijación de objetivos «ni concretos ni ambiciosos», ni de la reducción del volumen de tráfico y penetración del vehículo eléctrico, ni en autoconsumo ni en rehabilitación energética. En cuanto al objetivo para las renovables, la Fundación propone una penetración en el consumo final de energía de un 50% en 2030, frente al 35% que fija el borrador.

Además, para la Fundación Renovables, «llama la atención» que no se fijen objetivos para el autoconsumo ni en potencia ni en porcentajes de energía, así como que se realicen desarrollos pormenorizados fuera del ámbito del alcance de la futura ley, como pueden ser las redes cerradas, y que, en cambio, no se defiendan los derechos del consumidor y el acceso a los datos de su contador eléctrico en tiempo real.

Ribera: “peso relevante” del automóvil

Por su parte, Ribera ha declarado que su Ministerio, junto con el de Industria, tienen aún pendiente reunirse y dialogar con las patronales del automóvil. «Lo que tenemos es un documento de trabajo mediante el cual se están planteando diversas opciones», ha declarado. Por otro lado, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno establezca multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras que en 27 meses no presenten puntos de recarga para coches eléctricos. Esta medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.